Autor: Jessica Guzman

El proyecto de reformas al Código Penal que llegó a la Asamblea Legislativa en julio de 2024 que entró a la Asamblea en julio de 2024 por iniciativa del ministro de Justicia y Seguridad Pública solo contemplaba aumentos de penas para delitos patrimoniales.

El proyecto fue retomado el miércoles en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, de la Asamblea Legislativa con modificaciones para aumentar penas, no solo a delitos patrimoniales, sino también a otros delitos como homicidio simple, violación, agresión sexual en menor incapaz.

«Esta propuesta ya había sido estudiada, debatida y se ha hecho una nueva redacción, no la redacción que se trajo en un primer momento, sino una nueva redacción con todos los argumentos de cada una de las personas que ha venido que ha traído argumentos y que ha justificado esta nueva manera de redactar el descongestionamiento de los tribunales», explicó el diputado secretario de la Comisión, Walter Coto, de Nuevas Ideas.

En primer lugar modifican el romano IV en el que solo establecía sobre la protección a los bienes jurídicos relativos al patrimonio privado y le agregan «a los bienes jurídicos relativos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, la libertad sexual y el patrimonio»… considerando también el aumento de penas para algunos delitos con mayor incidencia delictiva.

Así, los delitos que agregaron en la nueva redacción de reformas al Código Penal con los aumentos de penas son:

Homicidio simple artículo 128: El que matare a otro será sancionado con prisión de quince a veinte años. Aumenta a de 20 a 26 años.

Lesiones agravadas artículo 145: Si en los casos descritos en los artículos anteriores, concurriere alguna de las circunstancias del homicidio agravado, la sanción se aumentará hasta en una tercera parte de su máximo.

Cambia a: La sanción se aumentará con una pena que se fijará entre la mitad del mínimo y el mínimo.

Privación de libertad artículo 148: El que privare a otro de su libertad individual, será sancionado con prisión de tres a seis años. Cambia de 3 a 8 años.

Violación artículo 158: El que mediante violencia tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con otra persona, será sancionado con prisión de ocho a doce años. Aumenta de 10 a 16 años.

Violación en menor o incapaz articulo 159: El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de quince años de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de catorce a veinte años. Aumenta de 18 a 26 años

Reforma al inciso primero y final del artículo 161
Agresión sexual en menor o incapaz artículo 161: La agresión sexual realizada con o sin violencia que no consistiere en acceso carnal, en menor de quince años de edad o en otra persona, aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de ocho a doce años. Aumenta de 10 a 15 años

Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la incapacite para resistir, incurrirá en la misma pena, si realiza la conducta descrita en el inciso primero de este artículo. Si concurriere cualquiera de las circunstancias señaladas en el inciso tercero del artículo anterior, la sanción será de catorce a veinte años de prisión. Aumenta de 18 a 26 años

Estupro artículo 163: El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal mediante engaño, con persona mayor de quince y menor de dieciocho años de edad, será sancionado con prisión de cuatro a diez años. Aumenta de 5 a 13 años

Estupro por prevalimiento artículo 164: El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con persona mayor de quince y menor de dieciocho años de edad, prevaliéndose de la superioridad originada por cualquier relación, será sancionado con prisión de seis a doce años. Aumenta de 8 a 10 años.

Sobre los delitos al patrimonio que ya estaban contemplados en el proyecto inicial los delitos con más incrementos de penas son robo que se castiga con penas de seis a diez años y aumenta a de diez a 20 años y el robo agravado que contempla penas de ocho a 12 años y con la reforma aumenta a de 20 a 30 años.

En robo agravado que es el artículo 213 se agrega el numeral 4) «Si en el hecho interviniere un funcionario, empleado público o municipal, agente de autoridad, autoridad pública o servidor público.

El expediente con todas sus reformas fue dictaminado favorable y sería aprobado en la plenaria de este viernes 7 de febrero.

Siete meses después y con nueva redacción fue aprobada una reforma al Código Procesal Penal que habilita el tiempo máximo de detención provisional para delitos graves y muy graves.

Una reforma al artículo 8 del Código Procesal Penal permitirá extender la detención provisional hasta la mitad de la pena del delito más grave imputado.

Actualmente la detención provisional tiene un plazo máximo de 12 meses para delitos menos graves y 24 meses para delitos graves, extendible a 12 meses más en trámites de recursos de sentencia condenatoria.

Con la reforma, “excepcionalmente” no se aplicarán estos plazos cuando ocurran peritajes complejos sin contar el tiempo de las prácticas dilatorias, conflictos de competencia, asistencia legal mutua, extradición, así como “mediante resolución fundada”, algo que “deberá aplicarse a todos los procesos penales que no cuenten con una resolución firme”.

El detalle de la reforma

La iniciativa entró a la Asamblea Legislativa a petición del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para reformar el artículo del artículo 8 sobre «privación de libertad», que actualmente establece que la detención o internamiento provisional «deberán guardar la debida proporción a la pena» y que en ningún caso podrán «exceder el plazo de 12 meses para los delitos menos graves y de 24 meses para los graves», exceptuando únicamente la extradición. Actualmente, puede «extenderse 12 meses más para delitos graves» por el trámite de los recursos ante la condena.

Con la reforma aprobada, esos tiempos máximos no aplicarán mediante decisión judicial o petición del fiscal cuando tengan que llevarse a cabo diferentes diligencias como pericias complejas, extradición activa o pasiva, entre otros, por lo que el artículo 8 del Código Procesal Penal queda de la siguiente forma:

“La detención o internamiento provisional deberá guardar la debida proporción a la pena o medida de seguridad que se espera y en ningún caso podrá sobrepasar las penas o medidas máximas previstas en la ley, ni exceder los plazos de 12 meses para los delitos menos graves y de 24 meses para los delitos graves. Excepcionalmente y mediante decisión judicial debidamente fundada emitida de oficio o a petición del fiscal no se aplicará esta regla mediante la realización de actos o diligencias de duración prolongada tales como peritajes, pericias complejas, conflictos de competencia, asistencia legal, mutua activa en materia penal y mientras dure el trámite de extradición activa o pasiva. Así mismo, de oficio o de parte del juez, al decidir sobre el cumplimiento del plazo de la privación de libertad, para efectos de cesión de la medida cautelar, deberá descontar del cómputo el tiempo de las actuaciones que sean calificadas como prácticas dilatorias, litigación temeraria, incidentes procesales infundados u otras infracciones similares a la buena fe procesal y que influya en la dilación del proceso”.

Según la reforma, la privación de libertad también podrá extenderse “mediante resolución fundada por el equivalente de la medida pena dispuesta, para el delito imputado y en caso que se imputen varios delitos, por la mitad de la pena señalada en el delito más grave durante o como efecto de trámite en los recursos de sentencia condenatoria. Si al término de dichos plazos, el tribunal que conoce estos recursos no hubiese pronunciado la sentencia definitiva que corresponda sus miembros incurrirán en responsabilidad penal”.

El decreto de reforma también establece, como disposición especial, que este cambio deberá aplicarse a todos los procesos penales que no cuenten con una resolución firme.

Para ello, la autoridad judicial correspondiente deberá pronunciarse, sobre la continuidad o imposición de la detención provisional con base a los plazos dispuestos en este decreto.

“Para efectos de este artículo, el tiempo que el imputado hubiese permanecido en detención provisional se abonará a la contabilización del tiempo máximo de dicha medida cautelar establecida en este decreto”, indica el proyecto aprobado ayer en el dictamen favorable de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia.

El dictamen favorable podría aprobarse en el pleno en la sesión plenaria de este viernes 7 de febrero.

Los diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia aprobaron un dictamen de reformas al Código Procesal Penal, entre ellas al artículo 417, sobre la admisión para un proceso abreviado.

La reforma incluye un cambio total al numeral 3 de ese artículo en donde establecen que podrá proponerse el procedimiento abreviado cuando «el imputado rinda voluntariamente confesión judicial o extrajudicial detallando las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión de los delitos atribuidos y que señale a los copartícipes y cómplices en caos los hubiere; así como los elementos de prueba que faciliten la comprobación de los hechos del proceso en su contra o de otros que tuviere conocimiento».

La confesión incorporada en un procedimiento abreviado podrá ser valorada en el proceso en cuestión o en cualquier otro proceso penal como prueba de la participación de otros imputados.

Costo de peritaje

También, agregan un inciso final al artículo 226 que, en los casos de administración fraudulenta, desde el inicio de la investigación y durante la instrucción, las partes interesadas asumirán el costo económico para la realización de las pericias que sean necesarias, para acreditar o desvirtuar los hechos.

Agrega que, si los dictámenes periciales discrepan en puntos fundamentales, si es necesario aclararlos o evaluar las conclusiones, el juez a solicitud de la Fiscalía General de la República o del imputado, deberá nombrar al perito permanente o accidental propuesto.

Investigación sumaria

También, reforman el artículo 50, que establece actualmente que el plazo para la investigación sumaria no podrá exceder de 15 días hábiles posteriores a la audiencia inicial y lo cambian a 60 días hábiles.

El expediente que contiene 11 artículos fue aprobado por unanimidad por los diputados que emitieron un solo dictamen favorable para este y para el expediente 62-7-2024-1, que aumenta los tiempos de detención provisional para delitos menos graves y graves. El dictamen será conocido en la plenaria ordinaria número 42, del viernes 7 de febrero.

La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa aprobó dos dictámenes de reforma al Código Penal que aumenta penas de prisión a delitos patrimoniales, homicidio, violación y delitos de corrupción.

Se trata de dos dictámenes favorables con reformas al Código Penal: una iniciativa recibida en julio de 2024 y otra el pasado 29 de enero de 2025, ambas del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Dentro de las reformas aprobadas, se aumenta la pena de cárcel por homicidio simple de 20 a 26 años, actualmente es de 15 a 20 años; al delito de violación en menor incapaz de 18 a 26 años; así como por enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos de cinco a 15 años.

El primer dictamen aprobado contempla aumento de penas como al enriquecimiento ilícito que actualmente contempla pena de prisión de tres a diez años, pero con la reforma, aumenta de cinco a 15 años.

Los cambios

Para este expediente, recibieron al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, quien se mostró a favor de los aumentos de penas contemplados en el proyecto de decreto, a petición del presidente Nayib Bukele.

«Considerado que la corrupción es un flagelo que hay que combatir con firmeza y está incrementando las penas, estamos totalmente de acuerdo como fiscales, ya que nos proporciona las herramientas necesarias para realizar nuestra labor… También, se están incorporando los conceptos de funcionario público, autoridad pública, empleado público, servidor público y agente de autoridad», dijo Delgado.

El fiscal dijo estar de acuerdo con las nuevas figuras delictivas que se incorporan como «ocultamiento o alzamiento de bienes producto de la corrupción», «actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas», «encubrimiento real», «encubrimiento personal», «omisión de denuncia o aviso» y «represalias por denuncia o aviso de corrupción».

Al final de la intervención del fiscal, la diputada Alexia Rivas (Nuevas Ideas) pidió la palabra para señalar que con estas reformas lo que se hace es enviar un mensaje.

«Enviar un mensaje bastante claro, que en este Estado, que todos estamos construyendo, no se va a tolerar la corrupción y se va a abrir paso hacia una nueva persecución sobre todo a aquellos que estén cometiendo algún tipo de delito», dijo Rivas.

Por su parte, el diputado presidente de la Comisión, Caleb Navarro, aprovechó para recordarles a todos sus colegas diputados y a todos los funcionarios públicos que están sujetos a esta ley y recordó que hay exdiputados de Nuevas Ideas que fueron desaforados y están siendo procesados, así como funcionarios públicos de este gobierno.

«El país ha estado sumergido por décadas, teniendo expresidente de la República procesados por estos delitos, se aprovecharon de sus cargos y no solo se han procesado a exfuncionarios de anteriores gobiernos, sino también de este gobierno. Nosotros desaforamos a tres exdiputados, tres o cuatro diputados de Nuevas Ideas, diputados de Nuevas Ideas que cometieron errores y tuvieron que afrontar las consecuencias, personas que trabajaban en Casa Presidencial, de igual forma, de esta administración, están en este momento en la cárcel», dijo.

También, dijo que es necesario este aumento de penas para funcionarios públicos que comentan delitos, ya que no puede ser tratado igual quien se roba una gallina a un funcionario público que cometa delito.

«Las penas se aumentan, porque no es posible que aquella persona que se roba una gallina le caigan montón de años y los funcionarios públicos que se dejan llevar por las tentaciones del dinero y cometen actos de corrupción le caigan los mismos años que el que robó una gallina. Cualquier político de antes dijera estos están locos porque están haciendo la ley para ellos mismos, antes era una Asamblea de transes, porque aquí venían a transar, a hacer sus negocios, sus negociaciones, pero nosotros tenemos que evitar caer de ese tipo de tentaciones, todos los que estamos acá somos funcionarios públicos y todos estamos sujetos a esta ley», concluyó el subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

Los diputados emitieron dictamen favorable para estas reformas.

Inmediatamente, procedieron a dar lectura el expediente en estudio No 63-7-2024-1 que entró a la Asamblea en julio del año pasado.

A este segundo proyecto fueron agregadas reformas que aumentan penas de cárcel a los delitos como homicidio simple, a penas de 20 a 26 años, actualmente es de 15 a 20 años; también aumentan prisión al delito de violación en menor incapaz, con incremento de 18 a 26 años, actualmente es de 14 a 20 años. La reforma aumenta penas de prisión de robo agravado, de 20 a 30 años de prisión, actualmente es de ocho a 12 años; y otros delitos patrimoniales.

Navarro sometió a votación el dictamen favorable el segundo expediente con reformas al Código Penal, que fue aprobado por unanimidad.

Ambos dictámenes serían conocidos para su aprobación en la plenaria del viernes 7 de febrero.

Luego de la reunión que sostuvo este lunes el presidente Nayib Bukele con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio y los anuncios que han hecho sobre los acuerdos tomados en esa reunión, «no hay claridad», si habrá beneficios para los migrantes salvadoreños, señala César Ríos, miembro de la organización Agenda Migrante de El Salvador.

«Ya conocimos los acuerdos a los que llegó El Salvador con EE.UU., sobre dar el servicio carcelario para Estados Unidos, para personas migrantes deportadas de alta peligrosidad. Lo que no tenemos claro es la vinculación entre este negocio entre la migración», señala Ríos.

Ayer por la noche, Bukele informó que dentro de los acuerdos tomados con Rubio hay un ofrecimiento de El Salvador para Estados Unidos, de dar servicio carcelario.

«Hemos ofrecido a los Estados Unidos de América la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario. Estamos dispuestos a admitir únicamente a criminales convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra mega prisión (CECOT) a cambio de una tarifa», dijo Bukele, pero no ha mencionado nada sobre los migrantes salvadoreños que están bajo el Estatus de Protección Temporal.

El experto en migración recalca que la población de salvadoreños migrantes en Estados Unidos amparados con TPS lo que esperan es que Bukele haya negociado específicamente sobre este tema.

«Recordemos que la población migrante está demandando temas específicos, que se dé residencia permanente a la población del TPS, está demandando que no haya deportaciones masivas, está demandando que haya un proceso de residencia permanente, que se aumenten las visas laborales. Esto no está claro», recalcó.

Según comentó Ríos, que Estados Unidos pague por servicios carcelarios no es nuevo, ya que según datos que él dio «Estados Unidos tiene alrededor de 130 prisiones privadas, tiene el 8.2 % de toda la población en prisión, la tiene en manos de empresas privadas. Para Estados Unidos no es nuevo, es nuevo para El Salvador porque estamos dando ese servicio, aprovechando esa infraestructura que se tiene».

La expectativa de esta reunión para los migrantes sigue siendo sin duda sobre el tema del TPS.

«Esperaríamos que este negocio que se está llevando sobre el tema penitenciario resulte un favor, como una demanda para la población inmigrante», concluyó el experto.

En el marco de la reunión entre Bukele y Rubio, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, también arribó al país, y en declaraciones a Diario El Mundo sobre el TPS dijo que si bien el presidente estadounidense Donald Trump ha prometido frenar la migración e incluso ya canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, aún no hay noticia de terminación para los salvadoreños en ese país.

«El tema del TPS es un tema muy sensible donde hay bastantes opiniones y hemos escuchado que a Venezuela no se le va a extender… Para los salvadoreños, todavía no hay una noticia de terminación…Lo que yo aconsejo es que se reinscriban si no lo hacen, sin duda se quedan sin estatus», dijo Mayorga.

Los acuerdos anunciados tras reunión de Bukele con Rubio

Luego de la reunión del lunes por la tarde, por la noche Rubio informó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que «en un acto de amistad extraordinaria» hacia Estados Unidos, ofreció recibir en las cárceles salvadoreñas a criminales presos cualquier nacionalidad, incluso estadounidenses.

Rubio aseguró que el acuerdo incluye que El Salvador continúe recibiendo a salvadoreños en situación migratoria irregular pero agrega la posibilidad de recibir a criminales presos extranjeros –incluidos venezolanos miembros del Tren de Aragua– y a criminales estadounidense peligrosos.

Un segundo acuerdo fue un Memorando de Entendimiento sobre la Cooperación Nuclear Civil Estratégica (NCMOU) que firmaron la Ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Y un tercero, según Rubio es que muchas de las funciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se mantendrán, sin especificar cuáles, pero que serán «alineadas» con los intereses de Estados Unidos.

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, destacó este martes que, si bien el presidente estadounidense Donald Trump ha prometido frenar la migración e incluso ya canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, aún no hay noticia de terminación para los salvadoreños en ese país.

«Ya escuchamos que el presidente Donald Trump ha prometido prácticamente frenar y parar la migración… Ahora bien, el tema del TPS es un tema muy sensible donde hay bastantes opiniones y hemos escuchado que a Venezuela no se le va a extender… Para los salvadoreños, todavía no hay una noticia de terminación», aseguró la embajadora.

Mayorga aseguró que ha tenido acercamientos con el secretario de Estado, Marco Rubio, y que los primeros que deportados de Estados Unidos son los migrantes que han cometido delitos «para limpiar Estados Unidos».

«Hemos hablado y hemos tenido diferentes acercamientos con el secretario Rubio y sin duda que los migrantes que están cometiendo delitos son los primeros en la lista, para deportarlos y limpiar Estados Unidos».

Milena Mayorga, embajadora de EE.UU.

Urge a salvadoreños se reinscriban

Los salvadoreños gozan de una extensión del TPS que beneficia a unos 180,300 compatriotas que inicia el 10 de marzo de 2025 y finaliza el 9 de septiembre de 2026. Pero, para ello, deben reinscribirse en un plazo que inició el 17 de enero y finalizará el 16 de marzo, por lo que la embajadora recalca que los salvadoreños amparados con TPS deben reinscribirse.

«Nosotros estamos en período de inscripción y lo que yo aconsejo es que se reinscriban porque puede haber algunas demandas legales que ayude a que este programa se pueda quedar por más tiempo», indicó.

«Para los salvadoreños todavía no hay una noticia de terminación, entonces que se reinscriban porque, si no lo hacen, sin duda se quedan sin estatus».

Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en EEUU

La embajadora asegura que sigue trabajando en gestionar «un camino» que beneficie a los salvadoreños para que puedan lograr una residencia o incluso la ciudadanía, pero para ellos debe lograrse en el Congreso de los Estados Unidos.

«Nosotros vamos a seguir haciendo las gestiones para buscar un camino, que es lo que nosotros siempre hicimos lobby, un camino a la residencia, a la ciudadanía, porque eso está en el Congreso y solamente ahí se puede resolver», concluyó.

Mayorga se encuentra en el país en el marco de la visita que Marco Rubio hizo a El Salvador, este lunes 3 de febrero, para reunirse con el presidente Nayib Bukele.

La reunión dejó como fruto un memorando de cooperación nuclear, el compromiso de que El Salvador recibirá criminales que le envíe Estados Unidos a cambio de una tarifa no revelada y la promesa de que «muchas funciones» de USAID se mantendrán siempre y cuando se alineen con los intereses de Estados Unidos.

Partidos de oposición pidieron este lunes «respeto» o «soluciones para migrantes» durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se reunió con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, en el Lago de Coatepeque.

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido que gobernó 10 años El Salvador, dijo en conferencia de prensa que «El Salvador no puede doblegarse ante las presiones de Estados Unidos» y que más allá de «abrazos», el presidente Nayib Bukele debe exigir «respeto».

“Dignidad le pido al presidente (Bukele), dignidad, no ande de abrazos, que exija respeto para nuestros compatriotas en Estados Unidos. No sabemos cuántos están mandando diariamente de regreso a El Salvador”, expresó Flores, dirigente cercano a China Popular, ya que es fundador de la Asociación Salvadoreña de Amistad con el Pueblo de China (ASACHI).

Cuestionó que el gobierno estadounidense considere «criminales» a los inmigrantes que han llegado a este país solo por ser indocumentados como lo dijo, el 28 de enero, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien confirmó que su gobierno considera a todos los indocumentados en el país como “criminales”.

“¿Cómo es posible que permitamos el estereotipo del latino que digan que todos son ladrones, que todos son delincuentes?, los gobiernos están para defender a nuestros ciudadanos, no para defender gobiernos extranjeros, por eso voy a pedir firmeza, firmeza como la tuvimos nosotros. Marco Rubio no es el dueño de El Salvador, ni de América Latina”, aseveró Flores.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), espera que El Salvador sea un buen negociador en busca de soluciones para los migrantes salvadoreños en Estados Unidos.

“Espero que la visita de Marco Rubio sea algo que ayude a mantener las buenas relaciones que por décadas hemos tenido con los Estados Unidos, que se pueda ver de manera integral el problema de la migración entre ambos países, buscando una solución migratoria legal permanente a quienes tuvieron que salir del país y el compromiso para mejorar las condiciones socioeconómicas en El Salvador para evitar el problema de la migración”, expresó.

Para la legisladora, es prioridad que el gobierno salvadoreño trabaje por “el apoyo y cooperación además de estrechar lazos de amistad».

«El Salvador debe velar por proteger a sus habitantes y en ese diálogo constructivo debe estrechar amistad sin comprometer el bienestar de la colectividad de los salvadoreños».
Marcela Villatoro (Arena).

Para Flores, aceptar un acuerdo para recibir a miembros de la pandilla Tren de Aragua «sería cumplir aquel tratado que este gobierno firmó con Donald Trump hace cuatro años de Tercer país seguro”, firmado con Honduras, Guatemala y El Salvador». ¿Nosotros, qué somos, pues, patios traseros, patios delanteros, terrazas, para que vayan a botar la basura o somos botaderos de basura?”, cuestionó.

Villatoro cree que cualquier acuerdo de tercer país seguro debería pasar por la Asamblea Legislativa «por medio de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior.”

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Manuel Flores, conocido como El Chino, dijo en conferencia de prensa que está dispuesto a “limpiar al partido” y que a partir de este día daría conferencia de prensa cada semana.

“Esta actividad la quiero desarrollar todos los lunes, de cara al pueblo, de cara a la gente para dar un informe, para transparentar nuestro trabajo y para dar respuesta a la prensa de cualquier interrogante… Y voy a limpiar este partido, lo voy a transparentar porque, como no tengo cola que me pateen, ni mucho menos acciones que vayan en contra mía, voy a ser muy transparente en mis opiniones y en cualquier acción”, aseveró el dirigente del Frente.

Flores se refirió a la reciente subasta del local del FMLN de Ayutuxtepeque y dijo que solo fue una acción jurídica que se completó para indemnizar a cinco trabajadores que venían de otras gestiones, ya que de 117 trabajadores se indemnizaron a más del 90 %.

“Después de eso, ya no había dinero. La gestión anterior tuvo que hacer acciones como venta de algunos muebles y de algunos vehículos porque era demanda, el partido no tiene más ingresos que los que contribuye su militancia, esto no es una empresa, no es una fábrica, ni mucho menos un banco para hacer dinero. Este es un partido que vive de la donación de sus funcionarios”, dijo.

En la actualidad, el Frente solo cuenta con una diputada en el Parlamento Centroamericano, Karina Sosa, y 22 concejales; de ellos, dijo, solo “entra de forma efectiva lo que da Sosa y una concejal”. “Esto es todo lo que tenemos ahora. Eso es lo que he recibido», añadió.

Sobre la subasta del local de Ayutuxtepeque, aseguró que «fueron cinco compañeros que demandaron el local de Ayutuxtepeque y tres que han demandado el local de Mejicanos, hay una demanda en proceso y, por lo tanto, yo no me voy a meter con el juez, eso viene desde la época del exsecretario Medardo González», reiteró.

Explicó que esto no se trata de una venta, sino de una decisión de un juez, que determinó se subastara, ya que para que el FMLN venda sus locales debe ser acuerdo del Consejo Nacional del FMLN, pero aseveró que, si “compañeros del partido con enfermedades terminales, compañeros con problemas serios y si la venta del local les ayuda a salvar la vida, lo voy a hacer, porque los locales se recuperan, la vida no”.

Pide a militantes devolver bienes

Sin referirse a alguien en específico, exhortó a militantes o extrabajadores del FMLN que aún tienen bienes del partido a que los devuelvan.

“Hay bienes que aún no he recibido, como vehículos y otras cosas, pues, voy a dar un tiempito prudencial porque, si no, voy a declarar robo. Hay gente que tiene bienes del partido en su poder, así que, antes de opinar, infórmese bien porque, ni con gritos, ni con amenazas, las cosas se hacen bien… Devuélvanlos antes de que ponga una demanda, porque son bienes del partido”, advirtió.

Flores lleva cinco meses de haber asumido junto con su nueva dirigencia las riendas del partido, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no los inscribe.

“Son cinco meses que aún estamos a la espera que el Tribunal Supremo Electoral nos inscriba en el libro de registro de las nuevas autoridades, porque no es credencial, es la inscripción de las nuevas autoridades, eso no me limita a ejercer la función de secretario general como lo establece la Ley de Partidos Políticos”, señaló.

El secretario general del FMLN detalló que como nueva dirigencia preparan una serie de actividades para dar informes a su militancia y también protestas contra la minería. “Hemos tenido ya la reunión con el Consejo Nacional, el domingo antepasado y preparamos diferentes actividades de cara a fortalecer el trabajo territorial y vamos a desarrollar 14 asambleas departamentales para informar el trabajo de los cinco meses que me ha tocado asumir el trabajo de dirección, junto con el nuevo colectivo de Comisión Política, Consejo Nacional y secretarías… También haremos protestas contra la minería”, anunció.

Los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron este lunes dictámenes favorables para siete expedientes que envió el Ejecutivo en la plenaria del pasado 29 de enero, que contienen la contribución especial de los productores de caña de azúcar, cinco garantías soberanas y un préstamo por $60 millones para un centro de datos.

La información fue publicada por el diputado del Partido de Concertación Nacional, Reynaldo Cardoza.

El canal de YouTube de la Asamblea Legislativa no transmitió la reunión de la Comisión y tampoco hay información en el perfil de X de la Asamblea Legislativa. Según comunicaciones de la Asamblea, únicamente fue transmitida en el canal de televisión legislativa.

Los expedientes aprobados fueron:

Un préstamo para un centro de datos

Los diputados aprobaron la autorización para que el Ejecutivo suscriba un contrato de préstamo por $60 millones que se pagará a un plazo de 25 años y que serviría para financiar la creación de un centro de datos en El Salvador.

El préstamo destinado al «Programa para el desarrollo de la infraestructura de datos de El Salvador» será suscrito por el Gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Financiará la adecuación y equipamiento del edificio para el Centro de Datos del Estado y la capacitación de especialistas en infraestructura digital, con «un enfoque especial en mujeres, niñas y personas con discapacidad».

Contribución al Consaa

Establecer la contribución de $0.000863, que deberán aportar los productores de caña y las centrales azucareras o ingenios por cada libra de azúcar extraída, equivalente a $0.00190 por kilogramo de azúcar extraído por la zafra 2024/2025.

“Para financiar el presupuesto de gastos e inversiones anuales del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), para el ejercicio financiero fiscal 2025”, establece el expediente.

Agrega que “esta aportación se hará en forma trismestral y anticipada dentro de los primeros ocho días hábiles de cada trimestre. No se autorizarán a las centrales azucareras o ingenios los permisos de exportación de azúcar, mientras estos no cumplan con lo dispuesto en el presente decreto”.

Cinco garantías soberanas

1. Garantía soberana del Estado para el préstamo 2059 del BCIE a CEL por $57.5 millones, fondos que se destinan al proyecto «Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre», suscrito el 8 de junio de 2012.

2. Garantía soberana para el crédito revolvente 2309 del BCIE a CEL por $100 millones, contrato suscrito el 30 de noviembre de 2022 para necesidades de «capital de trabajo».

3. Garantía soberana para el préstamo 2143 del BCIE para CEL por $301 millones suscrito el 24 de septiembre de 2015 y cuyo monto aumentó el 27 de septiembre de 2017 con Inversiones Energéticas (INE), LaGeo, Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal) y Compañía Eléctrica Cucumacayán (CEC) como codeudores.

4. Garantía soberana del Estado para el contrato de préstamo 1865 del BCIE a CEL por $163 millones para el proyecto de la central hidroeléctrica en el río Torola, San Miguel. Fue aprobado el 19 de septiembre de 2008.

5. Garantía soberana del Estado para el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por $50 millones para el Fondo Social para la Vivienda (FSV) para financiamiento para vivienda social. El préstamo no se ha suscrito, el FSV lo ha gestionado y el BID requiere la garantía.

Los siete dictámenes favorables llegarán al pleno el viernes para ser sometidos a votación de los 60 diputados.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha enviado a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas al Código Penal que van enfocadas a aumentar las penas a una lista de delitos de funcionarios y empleados públicos, así como a instigadores o terceros.

“El objeto es adaptar y actualizar la legislación penal a la realidad actual y a las exigencias del Derecho Internacional, con el fin de establecer regulaciones más estrictas para los delitos cometidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, así como para particulares que instigan o facilitan la realización de actos ilegales que impliquen la sustracción de fondos públicos o la corrupción estatal”, explica la iniciativa.

En el caso del delito de enriquecimiento ilícito establecido en el artículo 333 del Código Penal cambiaría su redacción y queda de la siguiente manera:
“El funcionario público, empleado público, servidor público, agente de autoridad o autoridad pública que obtuviere un incremento patrimonial significativo no justificado respecto de todos sus ingresos legítimos, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo, será sancionado con prisión de cinco a quince años”; actualmente tiene una pena de tres a diez años.

El delito de negociaciones ilícitas establecido en el artículo 328 también cambia su redacción y su pena máxima que es de hasta ocho años, con la reforma aumentaría la pena de 12 a 15 años.

Delitos como malversación en el artículo 332, el Código Penal actual no contempla prisión, solo establece que «será sancionado con multa de cincuenta a cien días multa». Si del hecho resultare algún provecho personal para sí o para un tercero, la sanción será de unos a tres años de prisión, inhabilitación especial del cargo o empleo por el mismo tiempo.

La reforma agrega a la autoridad pública, servidor público o agente de autoridad y pide que la pena sea de tres a seis años de prisión.

Pero, además que, si se generare un perjuicio al patrimonio del Estado o municipalidades o entidades con fondos públicos que la pena sea de seis a nueve años.

Y, si del hecho resultare algún provecho personal para sí o para un tercero, la sanción será de nueve a doce años de prisión e inhabilitación especial del cargo o empleo por el mismo tiempo.

El pliego de reformas que enlista varios delitos y sus aumentos de penas serán conocidos por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, que tiene previsto reunirse el miércoles 5 de febrero.

Los aumentos de las penas solicitados por el Gobierno a la Asamblea Legislativa

[Delito, pena actual y propuesta de reforma]

Actos arbitrarios: De 2 a 4 años – De 3 a 6 años.
Desobediencia: De 6 meses a 1 año – De 3 a 6 años
Denegación de Auxilio: De 6 meses a 2 años – De 3 a 6 años
Revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial: De 4 a 6 años – De 6 a 9 años

De los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, empleados públicos, servidor público, agente de autoridad y autoridad pública:
Peculado: De 6 a 8 años – de 6 a 9 años
Peculado por Culpa: De 2 a 3 años – De 3 a 6 años
De 3 a 5 años – De 6 a 9 años
Negociaciones ilícitas: El máximo 8 años – De 12 a 15 años
Cohecho propio: De 3 a 6 años – De 6 a 9 años
Cohecho impropio: De 2 a 4 años – De 3 a 6 años
Malversación: Multa de hasta 100 días – Hasta 9 años
Enriquecimiento ilícito: De 3 a 10 años – De 5 a 15 años
Infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos: De 2 a 4 años – De 9 a 12 años
Ocultamiento o alzamiento de bienes producto de la corrupción: De 3 a 6 años
Tráfico de influencias: De 1 a 3 años De 6 a 9 años
Testaferro o consentimiento de uso de nombre: De 3 a 6 años