Autor: Jessica Guzman

Diputadas de los partidos de oposición Arena y Vamos señalaron que un acuerdo de tercer país seguro o acuerdo de asilo con Estados Unidos, para que El Salvador reciba criminales o sospechosos de ser miembros del «Tren de Aragua» debe pasar por la Asamblea Legislativa.

El pasado 27 de enero, la congresista republicana María Elvira Salazar, integrante del Caucus de El Salvador en el Congreso de Estados Unidos, aseguró que el presidente Nayib Bukele recibiría a miembros de las pandillas «Tren de Aragua» si no los recibe Venezuela.

El viernes, enviado de EE.UU. para América Latina, Mauricio Claver-Carone, confirmó las pláticas entre Donald Trump y Nayib Bukele sobre un posible acuerdo de asilo que incluya a miembros del Tren de Aragua, aunque la apuesta es que sea Venezuela la que siempre los reciba.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, dijo que eso tendría que ser acuerdo legislativo.

“Lo que sí sé es que cualquier decisión de ese tipo que se tomen debería pasar por la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, y que al final seamos los diputados quienes le demos el aval o no”. Marcela Villatoro (Arena).

Villatoro agregó que “el problema que aquí (en la Asamblea Legislativa) hacen lo que les mandan de Casa Presidencial, porque ellos únicamente son puyabotones, no tienen iniciativa propia”.

Por su parte, la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, dijo que la Asamblea Legislativa debería de exigir explicaciones.

“Es lamentable que esta legislatura y la anterior simplemente están obedeciendo y se han vuelto, nada más, un pasapapeles de Capres. Si nosotros tuviéramos una Asamblea Legislativa que funcionara, estaría haciendo control a los otros dos Órganos del Estado, al Judicial y al Ejecutivo, si ese fuera el caso, estuviera exigiendo explicaciones acerca de eso”, aseveró.

Otro de los puntos que señaló Rivas es que El Salvador debe analizar si está “preparado para recibir” migrantes de otros países. “Imagínense, viene el Tren de Aragua, necesitamos transparencia y rendición de cuentas en ese punto», añadió.

El pasado 28 de enero, Stephen Miller, subdirector de gabinete de la Casa Blanca para políticas y Seguridad Nacional, en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca dijo el presidente salvadoreño ha ofrecido «tremendos niveles de cooperación a Estados Unidos» en temas relacionados a la migración.

“Todo lo que puedo decir al respecto, porque no quiero adelantarme al Secretario (de Estado, Marco) Rubio, es que el presidente Bukele ha ofrecido amablemente tremendos niveles de cooperación a Estados Unidos en todo lo relacionado con la migración, y esperamos que esto proporcione un marco de cooperación migratoria en toda la región», dijo Miller cuando fue preguntado sobre los rumores de que El Salvador recibiría a los miembros de la pandilla venezolana «El Tren de Aragua».

Este viernes, dichas pláticas fueron confirmadas por el enviado de EE.UU. para América Latina.

El ministro de Educación, Mauricio Pineda, envió dos iniciativas a la Asamblea Legislativa que contienen cada una solicitudes de donación de centros escolares que funcionan en inmuebles que son propiedad de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Una iniciativa busca que la Asamblea autorice a la CEL la transferencia en donación, al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, de un inmueble de naturaleza rústica en el cantón Belén Güijat, distrito de Metapán, Santa Ana Norte, para uso del Centro Escolar Central El Guajoyo.

Educación ha solicitado la donación, ya que «es necesario realizar mejoras en la infraestructura de dicho centro educativo y de esta manera acceder a proyectos de beneficio para la comunidad educativa e incluirlo en futuros planes de construcción que el Mineducyt proyecta desarrollar.

Según una evaluación que hizo en julio de 2023 que realizó Hacienda, el inmueble está valorado en $116,300.

La segunda busca el aval para recibir dos inmuebles «de naturaleza rústica», el primero, un lote ubicado en el Plan el Tamarindo en el distrito de Potonico, municipio de Chalatenango Sur, departamento de Chalatenango; y el segundo, en el Cantón Soledad Terrero, distrito de Carolina, municipio de San Miguel Norte, departamento de San Miguel.

Ambos han sido requeridos por Educación para realizarles mejoras en su infraestructura.

De estos dos últimos, el primero está valorado en $50,100; y el segundo, en $226,600.

Las solicitudes serán recibidas por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, que ha sido convocada para el martes 4 de febrero.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó un nuevo proyecto de reformas a la Ley Penitenciaria el 29 de enero. Se trata de cinco reformas enfocadas a las personas condenadas bajo la Ley de Crimen Organizado y a centros de cumplimiento a menores de edad.

En el inciso 1 del artículo 6 de la Ley Penitenciaria, se eliminaría que el juez controle el adecuado cumplimiento del régimen penitenciario y se agrega:

“En el caso de personas condenadas con base en la Ley contra el Crimen Organizado, serán los Tribunales y Cámaras contra el Crimen Organizado los competentes para cumplir esta función. Las autoridades judiciales indicadas también controlarán el adecuado cumplimiento del régimen penitenciario”.

Luego, sobre las atribuciones del juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, el ministro solicitó agregar un artículo 37-A, que establezca que las competencias de ejecución «en la aplicación de la Ley contra el Crimen Organizado está conferida a los Tribunales y Cámaras contra el Crimen Organizado».

También, pide incorporar en los centros penitenciarios un sector «para personas menores de dieciocho años de edad procesadas por delitos» del artículo 15 de la Ley Penal Juvenil: los condenados por agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas y los contemplados en la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas; y estos sean cometidos por miembros de grupos terroristas, maras, pandillas o cualquier otra agrupación criminal a las que se refiere el artículo 1 de la ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal.

La reforma, si se aprueba, también agrega a los menores de 18 años en los Centros de Cumplimiento de Penas y establece que los adultos estarían «alojados en centros distintos a los destinados para adultos mayores a esa edad o en todo caso en secciones especiales».

También, el Gobierno pide que en la ley se establezca que no solo los menores de 18 años condenados, sino los detenidos provisionalmente, sean separados de los mayores de edad.

Esta iniciativa, junto con otras tres propuestas del Gobierno sobre delitos de corrupción, Ley contra el Crimen Organizado y Ley Penal Juvenil, serán conocidas en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, que tiene previsto reunirse el miércoles 5 de febrero.

Las cuatro iniciativas presentadas por el Gobierno sobre seguridad

Reformas a la Ley Penal Juvenil: esta reforma busca regular lo relativo a los centros de cumplimientos de penas impuestas a menores de edad y la autoridad encargada de ellos. Piden que la ley permita internar a los menores de edad en los centros penitenciarios, pero separados por pabellones.

Reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado: esta reforma busca regular lo relativo a la autoridad judicial competente para controlar la fase de ejecución de la pena impuesta en el marco de la referida ley.

Reformas a la Ley Penitenciaria: busca que los jueces del crimen organizado sean los encargos de vigilar la ejecución de la pena, es decir, regular la autoridad judicial competente para ejecutar las sentencias condenatorias impuestas en el marco de la Ley Contra el Crimen Organizado y la autoridad administrativa encargada de los centros de cumplimiento de penas de prisión impuestas a menores de edad.

Reformas al Código Penal: aumenta penas para delitos de corrupción. Esta reforma busca adaptar y actualizar la legislación penal a la realidad actual y a las exigencias del Derecho Internacional, con el fin de establecer regulaciones más estrictas para los delitos cometidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, así como para los particulares que instigan o facilitan la realización de actos ilegales que impliquen sustracción de fondos públicos, contribuyendo a la corrupción estatal.

La inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), creadas con reforma al Código de Comercio en diciembre de 2023, goza de una extensión de gratuidad hasta el 31 de diciembre de 2025, luego de una extensión aprobada el miércoles por la Asamblea Legislativa. Dos terceras partes de este tipo de sociedades son conformadas por un solo socio.

“La inscripción de los formularios de constitución de sociedades por acciones simplificadas, así como el de su matrícula de empresa, local, sucursal o agencia por primera vez, no causará ningún tipo de derechos o aranceles ante el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registro. Anterior será vigente hasta el 31 de diciembre de 2025”, establece la iniciativa aprobada el miércoles con dispensa de trámites y analizada este viernes por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea.

Las sociedades por acciones simplificadas o SAS pueden constituirse de forma unipersonal, teniendo como único accionista a una persona natural o a una sociedad de capital. Un 67 % de las SAS están constituidas de manera unipersonal, según el director del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros.

Según sus estadísticas 2,400 SAS se han constituido en el CNR desde que fueron creadas; 35 % han sido constituidas en línea y el 65 %, en formato presencial.

Además de esas 2,400, el 67 % de las SAS han sido constituidas de manera unipersonal, “ahora vemos que las SAS unipersonales la gente las estaba esperando”, explicó Trigueros; el 40 % con participación accionaria propiedad de mujeres y el 70 % de las SAS ya posee cuenta bancaria en diferentes instituciones del sistema financiero salvadoreño.

Detalló que el capital social de constitución de cada sociedad oscila entre $1 y $2,000 y que entre todas las SAS el capital social suma $5,297,379 al 30 de enero. «Esto significa que esos $5 millones ya andan circulando en nuestra economía”, aseguró.

La Asamblea Legislativa estudiará una reforma al Código Municipal para eliminar la solvencia de pago de impuestos municipales como requisito para inscribir sociedades en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR) para “simplificar el trámite”.

La reforma se haría al inciso quinto del artículo 100 del Código Municipal que actualmente exige la presentación de la solvencia municipal «de los socios o de la sociedad» mercantil por su inscripción, modificación o disolución.

Con la reforma este requisito no sería obligatorio: “Tampoco se inscribirán en el Registro de Comercio los documentos correspondientes a los trámites de modificación, transformación, fusión y disolución de sociedades, sin que se le presente a los registradores de comercio la solvencia de impuestos, tasas o contribuciones especiales municipales de la sociedad”.

También, se pide reforma al artículo 101 para habilitar que las solvencias no solo se expidan en papel simple, sino también por “cualquier medio electrónico disponible” y, además, siendo emitidas por el tesorero municipal u otro funcionario a cargo, eliminando que deberán ir “firmadas y selladas”.

En consecuencia, con la reforma al artículo 100 se elimina de la Ley General Tributaria Municipal el inciso segundo del ordinal 4º del artículo 89 que también establece la solvencia de impuestos municipales como requisito. Esta iniciativa será estudiada en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de reformas a la Ley Penal Juvenil, para que los menores infractores en detención provisional o con penas por crimen organizado sean trasladados a centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales con «separación de pabellones».

La reforma se realizaría al artículo 119 de la Ley Penal Juvenil, que establece que los centros para menores infractores «serán diferentes a los destinados para los infractores sujetos a la legislación penal común».

Villatoro pide incorporar un nuevo inciso al artículo:

«En los casos de menores de edad a los que se imponga medida de detención provisional o pena de prisión por delitos cometidos en modalidad de crimen organizado, se cumplirá dicha privación de libertad en los centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales, en los que habrá separación en pabellones hasta que estos alcancen los 18 años de edad. El régimen penitenciario será el que aplique la Dirección, en atención a perfil dispuesto para la población reclusa por delitos ejecutados en esta modalidad y de acuerdo con las leyes aplicables. Una vez los internos cumplan la mayoría de edad, deberán ser sometidos al régimen general de adultos».

El proyecto contempla una disposición transitoria para que los menores que actualmente se encuentran internos por medida cautelar de internamiento o pena de prisión con base en la «Ley contra el crimen organizado» sean trasladados a los centros penitenciarios administrados por Centros Penales.

Estas reformas entrarían en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

La iniciativa pasó a estudio de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, que tiene previsto reunirse el miércoles 5 de febrero.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de reformas a la Ley Penal Juvenil, para que los menores infractores en detención provisional o con penas por crimen organizado sean trasladados a centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales con «separación de pabellones».

La reforma se realizaría al artículo 119 de la Ley Penal Juvenil, que establece que los centros para menores infractores «serán diferentes a los destinados para los infractores sujetos a la legislación penal común».

Villatoro pide incorporar un nuevo inciso al artículo:

«En los casos de menores de edad a los que se imponga medida de detención provisional o pena de prisión por delitos cometidos en modalidad de crimen organizado, se cumplirá dicha privación de libertad en los centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales, en los que habrá separación en pabellones hasta que estos alcancen los 18 años de edad. El régimen penitenciario será el que aplique la Dirección, en atención a perfil dispuesto para la población reclusa por delitos ejecutados en esta modalidad y de acuerdo con las leyes aplicables. Una vez los internos cumplan la mayoría de edad, deberán ser sometidos al régimen general de adultos».

El proyecto contempla una disposición transitoria para que los menores que actualmente se encuentran internos por medida cautelar de internamiento o pena de prisión con base en la «Ley contra el crimen organizado» sean trasladados a los centros penitenciarios administrados por Centros Penales.

Estas reformas entrarían en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

La iniciativa pasó a estudio de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, que tiene previsto reunirse el miércoles 5 de febrero.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, entregó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley de Investigación para la Salud para centralizar en el gobierno la regulación y la supervisión de las investigaciones particulares o públicas sobre salud.

“Ante la diversidad de legislación que regula la investigación en el campo de salud, es pertinente que se emita una ley especial que permita al Estado conducir los procesos relacionados en aquellas áreas de especial interés nacional y que además permita la supervisión de las investigaciones particulares o públicas, dentro de parámetros técnicos, éticos y legales…”, argumenta el gobierno.

Si se aprueba, la ley será «obligatorio cumplimiento» para: personas naturales o jurídicas, del sector público o privado, organizaciones sin fines de lucro, entidades nacionales e internacionales, que realicen investigación para la salud en el territorio nacional; y para quienes realicen investigación para la salud con fondos púbicos.

Cada investigación será supervisada por el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud (INS).

Una investigación para la salud está definida en la propuesta como todo proceso que busque “generar nuevo conocimiento relacionado con la salud o ampliar el existente” para contribuir con la salud y el bienestar de la población.

La definición incluye investigaciones para la salud con seres humanos, en donde la normativa plantea “adherirse a los estándares éticos” internacionales del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) y la Declaración de Helsinski de la Asociación Médica Mundial.

Un «Comité de Ética» electo por el ministro de Salud

Con la ley se crearía el Comité Nacional de Ética de la Investigación en Salud de El Salvador (CNEIS-ES), que tendrá autonomía y estará a cargo del monitoreo ético de las investigaciones que aprueba. Los miembros del CNEIS-ES serán electos por el ministro de Salud, previa opinión y propuesta del INS.

Para el funcionamiento del Comité Nacional de Ética, el ramo de Salud deberá incorporar en su proyecto de presupuesto una partida presupuestaria específica para gastos de funcionamiento con “diversos comités locales”.

También, con la normativa, se crearía un Biobanco del Instituto Nacional de Salud (BINS) para conservación, organización, seguridad y trazabilidad de las muestras biológicas de interés en salud pública en El Salvador.

El BINS se desarrollaría progresivamente conforme se genere la capacidad técnica instalada y la asignación de recursos debiendo quedar instalado el 1 de enero de 2026.

El proyecto de ley plantea la creación del Fondo Nacional de Investigación en Salud (Fonis), que podrá recibir transferencias estatales, de autogestión, donaciones de personas naturales o jurídicas, de venta de servicios, de proyectos de investigación y transferencias extranjeras para investigación, capacitación e infraestructura.

Se establece el certamen anual de investigación en ciencias de la salud que se denominará “Premio para la Investigación en Salud, Dr. Luis Edmundo Vásquez y a la vez se derogaría la Ley del Premio Nacional de Medicina “Doctor Luis Edmundo Vásquez, emitida mediante decreto legislativo el 12 de agosto de 1983.

También, se deroga la Ley Especial del Certamen Anual de Investigación Odontológica Dr. José Benjamín Zavaleta, emitida por decreto legislativo el 11 de diciembre de 1997.

Esta iniciativa que consta de 72 artículos será estudiada en la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, que fue convocada para el próximo lunes 3 de febrero.

El Órgano Legislativo aprobó el miércoles una exoneración retroactiva de impuesto a las ganancias de capital por la venta de inmuebles que estén en la zona delimitada para construir el Aeropuerto Internacional del Pacífico.

La reforma incorpora en el artículo 29 un inciso 1: «Exonérse del pago del Impuesto a la ganancia de capital, a que se refieren los artículos 14 y 42 de la Ley de Impuesto sobre la renta, a los propietarios de los inmuebles que los vendan a CEPA (Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma) y/o al MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transporte), siempre que estos inmuebles estén comprendidos dentro delo perímetro de delimitación» de la obra.

Según el documento de decreto de la reforma, se «ha tenido conocimiento que la mayoría de las personas que están vendiendo sus inmuebles para la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, lo hacen con la finalidad que los dineros recibidos como productos de esas ventas puedan disponerlos para la adquisición de otros inmuebles», justifica el decreto.

También, se establece que, con la finalidad de no ocasionar una afectación que impacte en los recursos que las personas que han vendido a CEPA, «recibieron o recibirán por razones de un gravamen impositivo, como es la ganancia de capital, se estima necesario, por motivaciones de orden social, no incidir impositivamente a estas personas, por lo que se vuelve necesario emitir disposiciones legales para eximir de este gravamen a estas operaciones».

La reforma sustituyó el artículo 35 para que los efectos de la reforma aprobada sobre la Ley de Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico se apliquen desde el 8 de mayo de 2022. La reforma fue aprobada con 56 votos a a favor. Vamos y Arena se absturvieron de votar.

Diputados aplazaron este miércoles, por un año, las disposiciones transitorias para la incorporación de docentes interinos para su contratación por Ley de Salarios, que estaba establecida a partir del 1 de enero de 2025.

En diciembre de 2023, fue aprobado el decreto transitorio y facultaba en su artículo 1 al Ministerio de Educación a que los docentes que tenían acuerdo de nombramiento como interinos, con fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, fueran nombrados con plaza por Ley de Salarios a partir del 1 de enero de 2025.

Sin embargo anoche, la Asamblea Legislativa, a petición del ministro de Educación, Mauricio Pineda, prorrogó las disposiciones transitorias para que esa designación de los interinos a plazas docentes a Ley de Salarios se aplique a partir del 1 de enero de 2026.

El decreto aprobado anoche solo cambia la fecha de aplicación y conserva todo exactamente igual al anterior, incluso la suspensión de los numerales 1 y 2 del artículo 18 de la Ley de la Carrera docentes que establece contrataciones de docentes.

En noviembre pasado, Paz Zetino, líder sindical de Bases Magisteriales, advirtió que, si bien el decreto aún estaba en firme, muchos maestros temían que no los pasaran a Ley de Salarios y que podrían suprimir sus plazas.

“Mire, algunos interinos temen que no los pasen a Ley de Salarios y les supriman las plazas, a mí me preguntan si pueden suprimir sus plazas y claro que lo pueden hacer… Andan suprimiendo todas esas plazas y algunos interinos me han dicho que las matrículas en sus escuelas es pobre y me preguntan si pueden suprimir esa plaza y les digo que ‘si no se necesita, la van a suprimir”, relató Zetino a Diario El Mundo. El Ministerio de Educación no ha informado el número de docentes interinos que están en espera a pasar a Ley de Salarios y que deberán seguir esperando.

Disposiciones suspendidas

1) Los aspirantes a una plaza vacante presentarán al presidente del Consejo Directivo Escolar o quien lo sustituya, la solicitud respectiva y la documentación que lo acredita como docente debidamente inscrito.

2) De haber una sola persona aspirante para ocupar la plaza, después de transcurridos cinco días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de haberse publicado su existencia, el Consejo Directivo Escolar podrá asignarle directamente la plaza si el aspirante reuniere los requisitos legales exigidos para ocuparla, comunicándolo así al Tribunal Calificador y a la unidad de recursos humanos del Ministerio de Educación para su nombramiento.