Autor: Jessica Guzman

  • Raquel de Guevara reelecta como procuradora de derechos humanos, diputadas Villatoro y Ortiz la señalan de "cómplice"

    Raquel de Guevara reelecta como procuradora de derechos humanos, diputadas Villatoro y Ortiz la señalan de «cómplice»

    La Asamblea Legislativa reeligió, en medio de una polémica, a la actual procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, para que siga en el cargo por tres años más.

    Caballero fue propuesta por Nuevas Ideas y sus aliados, PCN y PDC, coincidieron en la propuesta.

    La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, defendió el proceso de elección diciendo que respetaron los parámetros que exige la Constitución.

    «Los parámetros que exige la Constitución, para las preguntas en estas entrevistas, son principios son democracia, pluralismo, participación, publicidad y transparencia, estos son los principios que deben de regir los procesos de elección de segundo grado», dijo.

    Según la diputada, la Comisión Política «hace un trabajo previo» de entrevistas, verificar datos de los candidatos, pero «quienes tienen la potestad de decir sobre los candidatos de segundo grado somos el pleno legislativo, conformado por todos los diputados electos, tomar la decisión de quién será el nuevo procurador de derechos humanos», detalló la diputada.

    No explicó cómo tomaron la decisión de optar por Raquel Caballero de Guevara y descartar a los otros cuatro candidatos.

    Luego, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, también «en la sintonía de la diputada Callejas» para defender la transparencia del proceso de elección que se siguió para elegir titular de la PDDH.

    «Es un proceso transparente y ha sido responsable, y en nombre de la Comisión Política quiero proponer a la doctora Raquel Caballero de Guevara para que siga al frente de la institución», dijo Guevara.

    El diputado Serafín Orantes, del PCN, pidió la palabra.

    Anunció que respaldan «la propuesta del diputado Guevara y su total apoyo a la doctora Raquel Caballero de Guevara como procuradora para los próximos tres años».

    También coincidió el diputado Reinaldo Carballo, del PDC.

    «Como diputado del partido de la nueva Democracia Cristiana, hemos analizado y revisado el perfil de la doctora Raquel Caballero de Guevara y estamos de acuerdo que sea ella quien ocupe el cargo de procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos», dijo.

    Tampoco explicó cómo llegaron a la decisión de optar por la candidata. «En uso de las facultades que me confiere la Constitución y el Reglamento Interior de esta Asamblea Legislativa, deseo manifestar que también proponemos a la doctora Raquel Caballero de Guevara, para que ocupe el cargo de procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos», manifestó Carballo.

    Oposición señalan a PDDH: «encubrimiento», «complicidad» y «útil al régimen»

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, en uso de la palabra, y como parte de la Comisión Política, dijo que si bien es cierto se entrevistó a los candidatos y se conocieron los perfiles es necesario que los salvadoreños sepan sobre la elección, por la funcionaria debe velar por los derechos humanos de los salvadoreños.

    «Dijo varias respuestas que nosotros consideramos que no cumplen lo necesario, porque fueron respuestas de una persona que encubría, que se volvía cómplice y que silenciaba la realidad de los derechos humanos en el país. Por ejemplo, yo le pregunté si había casos de personas sufriendo tortura y ella me decía que no; entre otras cosas, nosotros pudimos comprobar que sí habían casos de tortura en nuestro país, que incluso la CIDH y otras instituciones han podido corroborar y es por eso que nosotros como grupo parlamentario no acompañaremos a la procuradora actual en su reelección», aseveró la diputada Villatoro.

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, expresó que este día «es muy triste para  la democracia en El Salvador y para la protección de la dignidad humana en nuestro país», cuestionando la falta de idoneidad de la procuradora para seguir en el cargo.

    «Estamos hablando que en este momento es el Estado salvadoreño y que ha sido señalado a nivel internacional en repetidas ocasiones es el que ha sido señalado como mayor violador de los derechos humanos de la sociedad civil en El Salvador», señaló Ortiz.

    La diputada de Vamos mencionó que hay más de 400 muertes documentadas bajo custodia del Estado en un contexto de «masivas detenciones arbitrarias» de personas sin vínculos con el crimen organizado ni con las pandillas y una  suspensión de las garantías constitucionales que vive El Salvador por más de tres años.

    «La institución que fue creada desde Los Acuerdos de Paz, para que vigilara y acompañara a los ciudadanos salvadoreños para defenderse del Estado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha sido una institución ausente y cómplice», aseveró Ortiz.

    La diputada de Vamos aseguró que la procuradora Raquel de Guevara «deja en evidencia que ha sido útil» al régimen.

    «Lo último que ha hecho esta titular es estar del lado de las víctimas, ha estado del lado del perpetrador y ha sido útil a este régimen, porque ha intentado tapar esas violaciones, pero no se puede tapar el sol con un dedo y El Salvador está siendo reconocido como un país violador de derechos humanos», aseveró.

    Nuevas Ideas habla sobre «derechos de la gente honrada»

    Sin referirse a Raquel de Guevara, la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, pidió la palabra para defender el proceso de entrevistas de los candidatos y los derechos «de la gente honrada».

    «Aquí es importante decir que si se contestaron las preguntas o se contestaron de la forma que a mí me hubiera gustado, los salvadoreños pueden escuchar las entrevistas», dijo.

    También se refirió a la actividad de los pandilleros en el país antes del régimen de excepción.

    «Durante 30 años, pasamos siendo acribillados, violados, renteados, amenazados, viviendo en la zozobra y de pronto agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos, tienen derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, eso dijo el presidente Nayib Bukele hace algún tiempo y coincido en que El Salvador vive una nueva realidad, donde se respetan los derechos humanos de la gente honrada y trabajadora. El verdadero Estado violador fue el que abandonó a su gente y permitió que las pandillas controlaran su territorio «, respondió Rivas.

    También, agregó que «algunas personas» «solo dicen no» y no proponen.

    Villatoro señala a Caballero de «genuflexa»

    La diputada Villatoro pidió nuevamente la palabra, para reiterar que la reelección de la procuradora no es la correcta por «los informes de torturas y de violaciones de derechos humanos» que existen en El Salvador y que «están documentados».

    Villatoro recalcó que «nadie está justificando lo que han hecho mareros, todos queremos que sigan presos, estamos velando por las personas que no han cometido delito, que tienen carta de liberación y no han sido liberadas por este sistema. Dejen de manipular a la gente… Y dejen de justificar la elección de una persona que no ha hecho nada y necesitan a alguien que  no haya hecho nada, y necesitan que sea cómplice, que guarde silencio, una persona genuflexa, que solo diga que sí, porque un verdadero procurador de derechos humanos no le importa quién esté en el poder, va a velar por la gente, le guste o no le guste al gobierno, aquí nadie está defendiendo mareros, estamos hablando por el salvadoreño de bien».

    Luego, el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, dijo que «la mayoría manda» y que le dan cumplimiento de lo que «la ley dice», y que si «algunos les gusta y a otros no, pero se respetan los pensamientos, que no se comparten es otra cosa», defendió.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, solicitó el uso de la palabra para recalcar que no se conocieron los expedientes completos de los candidatos sino solo un resumen.

    Ortiz pregunta por qué es la idónea

    La representante de Vamos dijo pidió a Nuevas Ideas explicar «las razones por qué la candidata reelecta es la más idónea. ¿Por qué esa persona ha hecho un gran trabajo según ustedes?».

    Rivas intervino y con celular en mano aseguró que hay un video en «donde están los expedientes de los candidatos», «hasta la foto», dijo. La diputada Ortiz no le respondió.

    Finalmente, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sometió a votación la reelección de la procuradora, quien fue reelecta en el cargo con 57 votos a favor y tres en contra. La funcionaria fue juramentada por el diputado Castro.

  • Asamblea incorpora $149 millones de títulos valores a presupuesto de Hacienda, oposición cuestiona endeudamiento

    Asamblea incorpora $149 millones de títulos valores a presupuesto de Hacienda, oposición cuestiona endeudamiento

    La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos a favor, de Nuevas Ideas y aliados, y tres votos en contra de Arena y Vamos, incorporar al ramo de Hacienda $149 millones, que provienen de títulos valores por $1,500 millones emitidos en 2024.

    De esos $1,550 millones emitidos, se colocaron y se incorporaron $1,200 millones al ramo de Hacienda, en septiembre de 2024, por lo que ahora «se requiere», argumenta el documento de incorporación de los $149 millones, «para necesidades generales del Presupuesto del Estado y/o la financiación de operaciones de manejo de pasivos».

    Según el decreto, «se incrementa en el rubro de agrupación 31 Endeudamiento Público, Cuenta 311 Colocaciones de Títulos Valores en el Mercado Nacional, la Fuente Específica 31101 Bonos del Estado con la cantidad de $149,625,000.

    En el Apartado III – Gastos, se refuerzan las asignaciones vigentes del ramo de Hacienda, en las diferentes líneas de trabajo de la Unidad Presupuestaria 13 Obligaciones Generales del Estado.

    Las diputadas de Arena y Vamos cuestionan el constante endeudamiento por parte del Legislativo y las aprobaciones que da el oficialismo y la falta de transparencia, ya que no se da «ninguna» especificación de plazo del crédito, ni a qué rubro van los recursos .

    «Aquí no dice ni de plazo, ni de cuánto, ni para dónde, esto es una falta total de transparencia, para la población salvadoreña que desconoce hacia donde van los recursos de todas las emisiones de bonos que este gobierno ha estado haciendo y es lamentable, porque al final de cuentas es más deuda que la van pagando las futuras generaciones», señaló la diputada Marcela Villatoro, de Arena.

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, cuestionó que «en la Asamblea» están viendo «que hay muchos procedimientos que no se hacen bien, al aprobar leyes, al aprobar préstamos» y «que todas las semanas se aprueban préstamos y más préstamos y cuando los decretos vienen sin suficiente información, lo que queda claro que le están ocultando información a la gente».

    «Hay algo que estos diputados y el grupo que gobierna no quieren que la gente sepa, que no sepa cómo se está manejando el dinero, cómo están manejando el endeudamiento o cuál es el costo que va a implicar para nosotros y las próximas generaciones este endeudamiento descontrolado que están generando semana, tras semana», aseveró Ortiz.

    En el decreto y tal como fue leído en el pleno por el diputado Giovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas.

    En el documento, no se especifica el detalle de las «obligaciones generales del Estado» que se cubrirán con los $149 millones.

     

  • Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja tendrán leves incrementos en sus presupuestos para 2026

    Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja tendrán leves incrementos en sus presupuestos para 2026

    El Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja contarían con leves incrementos en sus presupuestos para 2026, en comparación a lo que les fue aprobado para este 2025.

    El Cuerpo de Bomberos ha solicitado $24.6 millones como presupuesto para su operatividad en 2026, $1.9 más, respecto a lo aprobado para 2025.

    Bomberos ha clasificado la asignación de sus recursos en tres propósitos, el primero es lo relativo a la dirección y administración del a institución, coordinando las políticas y lineamientos generales y la administración de los recursos asignados, en el que planea ejecutar $11 millones.

    El segundo es la sobre la prevención, control y extinción de incendios de todo tipo, para esto han destinado $13.3 millones. En esto incluye, así como a la protección a las personas, sus propiedades y el medio ambiente; actividades de evacuación y rescate, y el resto de las actividades encomendadas por Ley.

    Además investigar, estudiar y prevenir mediante inspecciones y capacitaciones, las posibles causas de incendios, explosiones y siniestros de toda clase.

    En este propósito incluyen la formación y capacitación de los miembros del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, para elevar sus estándares de calidad del servicio que prestan y especializarlos en las áreas de su competencia

    El tercer propósito que establecen es mejorar la infraestructura, y adquisición de equipo, por $200,000.

    Por su parte, la Cruz Roja ha solicitado para 2026 $4.5 millones, lo que significa un pequeño incremento de $194,125, respecto al 2025.

    El monto lo divide en $624,940 para la dirección y administración de la institución y $3.7 millones para la prestación de primeros auxilios, prevención de enfermedades y la prestación de atención en casos de desastes, asistencia humanitaria y de rehabilitación, además de establecer puestos de socorro y guardavidas en temporadas específicas.

     

     

  • Diputada Ortiz critica falta de debate en aprobación de Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos

    Diputada Ortiz critica falta de debate en aprobación de Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos

    La diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, cuestionó este martes a sus colegas de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, tras la aprobación del dictamen favorable del proyecto de Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF), sin que —según denunció— se realizara una discusión técnica y detallada de sus 64 artículos.

    Durante la sesión de la comisión, la diputada expuso su inconformidad luego de que la comisión recibiera a representantes del Ministerio de Economía, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y el Centro Nacional de Registros (CNR), quienes brindaron una breve exposición del proyecto, orientado a atraer a inversionistas con capitales mayores a $250,000.

    “Se acaba de leer un dictamen, pero no se han discutido los artículos de la ley. Esta es una mala práctica que se ha vuelto común en esta Comisión: aprobar dictámenes sin un debate real ni técnico”, expresó Ortiz.

    La legisladora insistió en que el papel de los diputados debe ir más allá de “leer leyes y aprobarlas sin analizarlas”, y acusó a la mayoría oficialista de bloquear deliberadamente los espacios de discusión necesarios para comprender el alcance y los impactos de la legislación.

    “Esto no es representar al pueblo. Es ocultar información al debate público y tomar decisiones bajo un velo que excluye a la ciudadanía”, añadió.

    Ortiz también invocó los artículos 41 y 42 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, que obligan a garantizar la participación de todos los grupos parlamentarios y asegurar procesos legislativos transparentes y ordenados.

    La respuesta de la diputada Dania González, presidenta de la Comisión, fue escueta. Agradeció los comentarios de Ortiz y dijo que “se toma nota”, antes de proceder a someter el dictamen a votación.

    Con mayoría de votos del bloque oficialista, el dictamen favorable fue aprobado y será conocido por el pleno legislativo este miércoles 15 de octubre.

    ¿Qué es la Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF)?

    La iniciativa busca atraer inversionistas sofisticados que puedan asumir proyectos de riesgo en sectores como energía, tecnología y bienes raíces.

    Establece requisitos mínimos de inversión de $250,000 y una supervisión indirecta por parte del Banco Central de Reserva (BCR) y la SSF, aunque no incluye estos fondos dentro del sistema financiero formal.

  • Diputados emitieron dictamen a favor de crear la “Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos”

    Diputados emitieron dictamen a favor de crear la “Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos”

    La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable para la nueva Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF), una propuesta que busca atraer capitales sofisticados al país con inversiones no menores de $250,000, en proyectos de riesgo como activos digitales, energía e infraestructura inmobiliaria.

    Durante la sesión, Marta Solís, representante del Ministerio de Economía, explicó que los PAIF estarán dirigidos a inversionistas con experiencia financiera acreditada y capacidad de asumir riesgos. Las sociedades administradoras deberán estar constituidas con un capital mínimo de $10 millones y contar con autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

    «En palabras sencillas el inversionista sofisticado debe tener conocimiento y experiencia acreditable sobre inversiones y operaciones financieras, tener la capacidad financiera de asumir los riesgos de sus operaciones, ser capaz de valorar los riesgos de su inversión y principalmente debe de contar con la disposición, eso quiere decir que debe estar libre de la cantidad de igual o superior a $250,000», explicó Solís.

    Uno de los principales incentivos es la exención del Impuesto sobre la Renta para las utilidades, dividendos o ganancias generadas por los PAIF, incluyendo beneficios entre fondos. Estas figuras estarán fuera del Sistema Financiero, pero sujetas a supervisión por parte de la SSF y del Banco Central de Reserva (BCR).

    Agregó en su explicación que las sociedades administradoras de los PAIF deben estar constituidas con un capital mínimo de $10 millones y su constitución y funcionamiento debe ser autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y estará limitada a un capital fijo domiciliado en El Salvador «cuyo propósito es administrar los PAIF».

    Los PAIF estarán exentos del Impuesto sobre la Renta respecto de las utilidades, dividendos, regalías, rentas, ingresos, ganancias de capital o todo tipo de beneficios económicos que obtengan en el ejercicio de sus operaciones. En el caso de que estos sean inversionistas de otros PAIF, los montos que perciban en concepto de utilidades por parte de estos también estarán exentos.

    En la Comisión también estuvo presente la superintendente del Sistema Financiero, Évelyn Gracias, quien sus propuestas para modificar tres artículos y eliminar uno.

    La superintendente  Gracias propuso modificaciones a los artículos 27, 28, 29 y 45, y solicitó eliminar completamente el artículo 28 por considerarlo innecesario en el contexto operativo de estos fondos, ya que se manejarán fuera de bolsa.

    Además pidió modificar los artículos 29 y 45 para “dar facultada a la SSF de autorizar o no el funcionamiento de un PAIF subordinado y adicionando criterios macroprudenciales”.

    El director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Jorge Camilo Trigueros solicitó ajustes técnicos en los artículos 2 y 20, especialmente en materia de fusiones, para garantizar que estas operaciones tengan un marco registral eficiente.

    También propuso modificar el artículo 20, en cuanto al tema de fusión, de la siguiente manera “el acuerdo de fusión deberá publicarse por una sola vez en un diario de circulación nacional. Una vez transcurridos treinta días de la publicación antes mencionada, la fusión se ejecutará, siempre que no haya oposición”.

    La diputada Dania González consultó a la superintendente sobre el artículo 45, cuáles son los criterios a considerar para la autorización que otorgue la SSF “¿cuáles son las bases que evaluarán para emitir la autorización?”

    “En materia macro prudencial esperamos que al incorporar esa disposición en ley, a través de la normativa técnica que el banco central va a dictar, podamos incorporar metodologías concretas que nos van a permitir hacer un análisis coyuntural, en el momento que recibamos la solicitud, para hacer la revisión de los requisitos ya establecidos con el contexto macroeconómico del país en ese momento”, respondió la superintendente.

    Debate por la supervisión y prevención de lavado de dinero

    La diputada Claudia Ortiz (Vamos) cuestionó el mecanismo de vigilancia de estos fondos, al no formar parte del sistema financiero formal. Solís respondió que estarán sujetos a las normativas de prevención del lavado de dinero y supervisados tanto por la SSF como por el BCR. “El hecho de no integrar el sistema financiero no los exime de cumplir con el marco legal”, añadió la superintendente.

    Ortiz propuso un cambio en el artículo 14, sustituyendo el verbo “podrá” por “deberá” en relación con la función de la SSF para reforzar la obligación de fiscalización en materia de riesgo y lavado de activos, conforme a recomendaciones de GAFILAT. La moción no obtuvo respaldo de los diputados oficialistas.

    “Los Fondos de Inversión Privados Alternativos no serán considerados dentro del Sistema Financiero… cuál será el mecanismo por el cual se hará esta vigilancia y que recién se aprobó una ley, entonces cómo se ha pensado esta vigilancia de cara a los Fondos de Inversión Privados Alternativos?”, consultó Ortiz.

    La funcionaria del Ministerio de Economía le respondió que “aclarando, si bien es cierto, no van a ser parte del Sistema Financiero, van a estar supervisados y controlados por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero y el BCR y es más el Banco Central va a emitir las normas y el hecho de identificar la materia de lavado de dinero en la ley es para reafirmar el compromiso de El Salvador, respecto a evitar el lavado de dinero y activos”

    Agregó que el punto de regulación dependerá del negocio en el que esté enfocada la constitución del fondo, porque no solo va a estar la obligación de respetar las leyes de lavado de dinero por parte de los PAIF, sino también para las sociedades administradoras, aseguró Solís.

    La superintendente tomó la palabra para “complementar la respuesta” y explicó a Ortiz que “el hecho que no aparezca categorizado como integrante del Sistema Financiero no lo exime de cumplir con la prevención contra el lavado de dinero y dado que la ley lo estaría obligando a cumplir con todo lo que tenga que ver con ese marco legal le va a aplicar la Ley contra el lavado, todo lo que dicte la Fiscalía y la normativa técnica, entonces ese sería el marco que estaría vigilando que cumple”.

    ¿Beneficios de la ley?

    El diputado Edgardo Mulato pidió a los funcionarios explicaran los beneficios que obtiene El Salvador con la creación de esta ley.

    Solís tomó la palabra y aseguró que la figura de inversionistas sofisticados ayuda a El Salvador a atraer a inversionistas “esos inversionistas que no van a traer $100,000, que estamos buscando los mecanismos legales que nos permitan hacerle ojitos para que estos inversionistas sofisticados puedan instalarse en El Salvador, porque recordemos que tienen que estar domiciliados en El Salvador, para que se puedan constituir”.

    Según explicó la funcionaria de Economía, la nueva ley daría certeza jurídica a los inversionistas sofisticados, para fondos enfocados a activos digitales, o proyectos de energía o proyectos inmobiliarios “para invertir en proyectos que puedan parecer riesgosos respecto al retorno de la inversión o que pueda demorar mucho tiempo”.

    Las Sociedades Administradoras estarán obligadas a contar con el personal, equipo, plataforma tecnológica, procedimientos, políticas, controles internos, y manuales que garanticen el adecuado funcionamiento en la administración de los PAIF, todo de conformidad con lo establecido en esta ley y a las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

     

  • La PDDH destinaría el 44 % de su presupuesto a unidad sobre defensa y vigilancia de derechos en 2026

    La PDDH destinaría el 44 % de su presupuesto a unidad sobre defensa y vigilancia de derechos en 2026

    La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha solicitado un presupuesto de $8.8 millones para el ejercicio fiscal del 2026, una disminución de $1.9 millones respecto a lo que le fue aprobado en el Presupuesto General del Estado 2025.

    Un total de $4.9 millones, un 55 %, se destinarían a la Dirección y Administración Institucional, que busca «conducir estratégicamente a la institución» y «administrar con eficiencia y eficacia el talento humano, recursos materiales y financieros que se tengan a disposición», detalla el documento del presupuesto de la PDDH.

    Para la unidad de «Defensa, protección, vigilancia y educación de los derechos humanos» planea ejecutar $3.9 millones, un 44 % de los fondos, de los cuales $3.4 millones se orientarán a «optimizar métodos y procesos que permitan brindar servicios de calidad con atención pronta, oportuna y eficaz a los usuarios del sistema de protección de los derechos humanos que diariamente demanda la población salvadoreña, incidiendo en políticas públicas, promoviendo espacios de diálogo y acrecentando las acciones ante instituciones públicas y privadas, así como organismos internacionales».

    Los $449,315 restantes servirán para «desarrollar un sistema de promoción de derechos humanos», el cual será dirigido a la ciudadanía, grupos sociales en situación de vulnerabilidad, servidoras y servidores públicos y población víctima; analizar y dar seguimiento a la realidad nacional e internacional a fin de generar investigaciones académicas sobre derechos humanos; elaborar informes periódicos de carácter general y coyuntural sobre la situación de los derechos humanos y desarrollar acciones educativas, de difusión y sensibilización en derechos humanos que permitan realizar su efectiva promoción, dirigida a la ciudadanía, grupos sociales en situación de vulnerabilidad, servidoras y
    servidores públicos y población víctima».

    Estos tres propósitos fueron los mismos planteados en el documento del presupuesto para el ejercicio fiscal del año en curso.

    Para el próximo año, la PDDH trabajará con 82 plazas menos respecto al 2025, ya que el documento para 2026 presenta 360 plazas, 253 por Ley de Salarios y 107 por contratos, con un monto total de $4.9 millones.

    El salario para el titular de la PDDH se mantiene en $3,800 mensuales y $571.43 en gastos de representación. El procurador adjunto se mantiene con un salario de $2,800 mensuales con $571.43 de gastos de representación.

  • Cancillería dice que camión implicado en accidente en Honduras no quitó logo del gobierno después de ser alquilado

    Cancillería dice que camión implicado en accidente en Honduras no quitó logo del gobierno después de ser alquilado

    La Cancillería aclaró por medio de un comunicado que la rastra que involucrada en un accidente en San Pedro Sula, Honduras, no tiene vínculo con el gobierno de El Salvador.

    «Ante la información difundida en medios de comunicación y redes sociales, sobre un accidente de tránsito ocurrido en Honduras, en el que se vio involucrado un camión con rótulos del gobierno de El Salvador, se aclara lo siguiente: el vehículo no pertenece al gobierno de El Salvador, ni a ninguna de sus instituciones», aclaró la Cancillería en un comunicado difundido en su perfil de X.

    También, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, también aseguró que «ese camión no tiene contrato con el Gobierno, el motorista no trabaja con el Gobierno, es una empresa privada».

    El accidente se registró la mañana de este lunes 13 de octubre en el Segundo Anillo Periférico, en San Pedro Sula, en el que murió un niño de 11 años, informaron medios hondureños.

    Imagen de video tomada por televisión en lugar del accidente.

    «Fue alquilado temporalmente»

    La Cancillería emitió el comunicado a las 11:47 a.m. de este día, en el que explicó que el camión «fue alquilado temporalmente en noviembre de 2024, con el propósito exclusivo de transportar ayuda humanitaria hacia Costa Rica, en el marco de un programa de asistencia ante la emergencia por lluvias, en ese país».

    Que «durante esa misión humanitaria, la rastra portó distintivos del gobierno de El Salvador, con carácter temporal, para facilitar su identificación en los puntos de entrega de ayuda, sin embargo, una vez concluida la operación, el propietario del vehículo no retiró dichos logos, lo que ha generado confusión respecto a su atribución».

    El gobierno normalmente, cuando hace proyectos, cuando hace diferentes acciones, pues, subcontrata camiones, lo hicimos en la pandemia para las vacunas,

    Fue por ello, asegura la Cancillería, que «al momento del accidente, el camión operaba bajo una empresa privada de transporte, realizando un servicio comercial de traslado de productos de consumo (específicamente paquetes de leche para Pricesmart Honduras)», señala.

    La oficina de gobierno recalcó que el conductor del camión «no es empleado del gobierno de El Salvador» y que no cumplía funciones vinculadas a ninguna entidad gubernamental.

    Además expresó su pesar a la familia afectada: «El gobierno de El Salvador lamenta profundamente el hecho ocurrido y expresa su solidaridad con la familia afectada».

    Según la información difundida por los medios hondureños, el niño acompañaba a su papá quien trabaja de guardia de seguridad y fue atropellado por la rastra cuando intentaba cruzar la calle.

    El menor era Jairo Isaac García Vásquez, de 11 años. Entrevistado por HCH, el padre del menor, Héctor Eduardo García, relató que estaba haciendo el alto y en el retorno, cuando la rastra se tiró las “boyas amarillas”; lo arrastró con el cabezal y después con la rastra; el menor se desprendió y él pasó por medio de los dos ejes. “Venía de trabajar conmigo”, indicó.

  • Presidencia pide $190.2 millones para 2026, $50.6 millones más que lo aprobado para 2025

    Presidencia pide $190.2 millones para 2026, $50.6 millones más que lo aprobado para 2025

    La Presidencia de la República ha solicitado un presupuesto de $190.2 millones para 2026, un incremento de $50.6 millones respecto al presupuesto aprobado para 2025.

    Para el año 2025, la Presidencia de la República tuvo una asignación presupuestaria de $139.6 millones.

    En lo que va del año le han reforzado con más recursos; en julio, los diputados le aprobaron $16.7 millones; el 15 de agosto, le aprobaron $15 millones; el 7 de octubre, la reforzaron con $32 millones para «compromisos impostergables».

    Con estos refuerzos, el presupuesto de la Presidencia suma los $203.3 millones, un incremento de $63.7 millones respecto al aprobado para 2025.

    Para el ejercicio fiscal de 2026, ha solicitado a Hacienda $190.2 millones, de los cuales los mayores incrementos van asignados a la Secretaría de Innovación con $73.3 millones; y al Organismo de Inteligencia del Estado, que pasaría de $1.5 millones a $12 millones.

    El informe de ejecución presupuestaria a agosto emitido por el Ministerio de Hacienda aún no registra todas las modificaciones; en el mismo se puede ver que la Presidencia ha aumentado su presupuesto de $139.7 millones a $181.2 millones, un total de $41.5 millones.

    En cuanto a las plazas, el documento detalla 229 plazas por Ley de salarios, 925 por contratos, haciendo un total de 1,154 plazas, por un monto de $20.9 millones.

    Respecto a 2025, aumentan las plazas pero disminuye el monto destinado a los salarios. Para el presente año la Presidencia tenía asignadas 1,222 plazas con un monto para salarios de $22 millones.

    Así distribuirá Presidencia su presupuesto 2026

    Dirección y administración institucional: $23.5 millones, un incremento de $5.4 millones respecto 2025.

    Dirección y Administración Institucional: destina $376,470 para el “programa de becas presidenciales para educación superior, orientado a la población en condiciones de mayor pobreza”.

    Secretaría de Innovación de la Presidencia: tendrá una asignación de $73.3 millones; $8.5 del fondo general, $62 millones de préstamos externos y $2.7 millones en donaciones.

    Inteligencia del Estado: pasa de tener una partida presupuestaria de $1.5 millones a $12 millones.

    Secretaría de Prensa de la Presidencia: $2 millones  ($2.1 millones en 2025) y la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia $7 millones ($6.8 millones en 2025).

    Secretaría Jurídica de la Presidencia: tiene una asignación de $990,170, $43,630 más, respecto al 2025.

    Secretaría de Comercio e Inversiones: tiene una asignación de $911,065, presentando una leve disminución de $31,525.

    Secretaría de Valores: una entidad creada en julio de este año.  tendrá una asignación de $2 millones. Aún no se conoce quién ostenta el cargo de secretario de Valores. El objetivo de esta entidad, según el documento del presupuesto es “impulsar la construcción de una cultura nacional basada en el respeto, la solidaridad, la honestidad, la convivencia y la tolerancia, mediante la formación permanente en valores, fe y armonía social, la coordinación interinstitucional y el apoyo a iniciativas que contribuyan al desarrollo integral de la persona y al fortalecimiento del sentido ético del servicio público”.

    Apoyo a instituciones adscritas: $67.3 millones (en 2025, $66.8 millones).

    Apoyo a otras entidades: $266,570 (mismo monto que en 2025).

    Organismo de Mejora Regulatoria: $791,119 (disminuye $39,556).

  • Salud aplicaría escalafón para salarios hasta de $1,500 con un techo máximo de $3,000

    Salud aplicaría escalafón para salarios hasta de $1,500 con un techo máximo de $3,000

    Los recursos para los escalafones de los empleados de Salud y de Educación para el año de 2026 están contemplados en el proyecto del Presupuesto General del Estado, aseguró el ministro de Hacienda, Jerson Posada, ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

    El funcionario se refirió primero al ramo de Salud y reiteró que el escalafón se aplica a todos los salarios iguales o menos a $1,500.

    “En el tema de los escalafones, se mantiene en el ramo de Salud, para todos aquellos salarios mensuales que sean menores o iguales a los $1,500 y que su aplicación al sueldo mensual no podrá exceder el techo máximo. Estamos manteniendo el escalafón conforme se aprobó para el año 2025 y que al aplicarlo al sueldo no exceda el monto”, señaló Posada.

    El artículo 4 del proyecto de ley de presupuesto indica que el “Escalafón Salarial correspondiente al Ramo de Salud se otorgará únicamente a funcionarios y empleados públicos cuyos salarios mensuales sean menores a $1,500” y que “su aplicación al sueldo mensual no podrá exceder al techo máximo”.

    El techo máximo del escalafón salarial en Salud es $3,000 según la reforma a la Ley de creación de escalafón del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, aprobada el 29 de agosto de 2023.

    Para aprobar esa reforma, los diputados argumentaron que el sistema de incentivo salarial tenía “un efecto regresivo”, ya que “beneficia a los funcionarios y empleados que tienen salarios más altos sobre aquellos que tienen salarios bajos”, lo cual contravenía “las reglas de disciplina fiscal”.

    Sin embargo, para 2026, se prevén salarios de hasta $8,500.99 en la Red Nacional de Hospitales pero según el proyecto de ley de salarios esas plazas serían bajo contrato, no por Ley de Salarios.

    En la nueva Red de Hospitales habría al menos 240 empleados con salarios superiores a $3,500 según el proyecto.

    Así, habría 15 plazas con salarios entre $8,001 y $8,500.99, 36 plazas de empleados con salarios entre $6,001 y $8,000.99, 54 plazas con salarios entre $5,001 y $6,000.99, 135 plazas con salarios entre $3,501 y $5,000.99.

    ¿Y en Educación?

    Respecto a Educación, Ciencia y Tecnología prometió que “la aplicación del escalafón continuará efectuándose conforme a los establecido en la Ley General de Educación y Ley de la Carrera Docente”.

    El ministro de Hacienda aseguró que los empleados de ambos ramos no deben preocuparse, ya que el dinero está incluido en el presupuesto.

    “Todos los empleados de Educación y de Salud tienen estar tranquilos que se están incluyendo los recursos para dar cobertura a los escalafones”, prometió.

    Al revisar los presupuestos de ambos ramos, no hay detalle del monto para cubrir el escalafón.

    En el presupuesto para 2025, sí se estableció que para Salud se habían destinado $8 millones y, para Educación, $2 millones.

    En la explicación que dio el ministro ante los diputados de la Comisión de Hacienda, no mencionó el detalle de los montos que se destinan para los escalafones 2026 ni si en el futuro se buscaría que estos  escalafones apliquen también al personal de la Red Nacional de Hospitales.

  • Caleb Navarro defiende trabajo legislativo: “Aquí no se oculta nada, aquí no venimos a burlarnos, aquí venimos a trabajar”

    Caleb Navarro defiende trabajo legislativo: “Aquí no se oculta nada, aquí no venimos a burlarnos, aquí venimos a trabajar”

    El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, aprovechó la visita del ministro de Hacienda, Jerson Posada, quien llegó a la Comisión de Hacienda a explicar el proyecto del presupuesto del Estado 2026, para defender el trabajo del Órgano Legislativo y la apertura que tienen, según el legislador, para que la población conozca la información.

    El diputado dijo que los actuales legisladores no gozan de los beneficios que anteriormente tenían legislaturas pasadas.

    «Los 60 diputados no tienen ahora seguro médico, tenemos Seguro Social como todos los salvadoreños, antes se tenía, también, seguro dental, tampoco se posee en la Asamblea Legislativa. Los presidentes de comisiones, diputados de algunos partidos, se asignaban celulares de última gama, ahora los diputados no poseen líneas pagadas por el pueblo salvadoreño… Puede que el seguro médico es necesario, pero la población salvadoreña va al Seguro Social, bueno, yo también he utilizado el seguro social», declaró Navarro.

    Sin embargo, la Asamblea Legislativa programó un total de $1,095,000 asignados a «seguros, comisiones y gastos bancarios» para el año 2025, de los cuales se han devengado ya $863,269.54 hasta junio de 2025, según la ejecución presupuestaria publicada por el Legislativo.

    Navarró recordó también los bonos que otorgaron Asambleas dirigidas por diputados de FMLN y de Arena, estos bonos eran otorgados dos veces al año y por montos muy elevados, dijo.

    «Cuando venimos había un bono que se daban en el mes de junio, en el mes de diciembre, bono que en su mayoría lo aprobaba Arena y el FMLN, hay que decirlo con nombre y apellido, es más, esos bonos, en diciembre, salía en los medios de comunicación que llegaban hasta los $20,000; aclarar a la población, por la desinformación por redes sociales y por la oposición, que tampoco los diputados poseen bonos, ni en junio, ni en diciembre», recalcó.

    Destacó que los diputados actuales no han gozado de incrementos salariales y que han bajado su presupuesto de $58 millones a $47 millones.

    Finalmente habló de la transparencia con que manejan la información pública.

    «Son dos cosas, el engaño que se quiere hacer ver de los financiamientos a proyectos y dicen ‘no, es que van para Capres los préstamos, es que no sé qué, a saber en qué se lo gastan y, aquí, en todas las sesiones se explica, vienen personeros de Hacienda a explicar el proyecto, viene el titular que lo va a ejecutar, etcétera, etcétera, y aquí hay toda la información abierta al público y se publica en los portales de la Asamblea Legislativa, por tema de transparencia, aquí no se oculta nada, aquí no estamos metiendo debajo de la mesa… Aquí no venimos a perder el tiempo, o estar haciendo burlas o memes o burlándose de la gente, aquí no venimos a eso, aquí venimos a hablar de trabajo», aseguró Navarro.

    Sin embargo, en 2021, la Asamblea Legislativa dominada ya por Nuevas Ideas, clasificó, en agosto de 2021, «reserva total» para información relacionada con los viajes hasta por siete años. La información reservada en ese entonces eran los itinerarios de vuelos de Misiones Oficiales designadas por Acuerdo de Junta Directiva, Asistencias de viajes (Seguro de viajes), a señores Diputados/as y empleados/as de esta institución, que realicen Misiones Oficiales a países en donde este requerido para su ingreso; así mismo las Carpetas Técnicas para la realización de Misiones Oficiales.