Autor: Jessica Guzman

  • Sindicalistas de la PDDH denuncian supresión de plazas y a la procuradora Caballero de Guevara

    Sindicalistas de la PDDH denuncian supresión de plazas y a la procuradora Caballero de Guevara

    Trabajadores y miembros del sindicato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) denunciaron a la procuradora Raquel Caballero de Guevara por «graves violaciones de derechos humanos laborales,

    al suprimir de forma irregular las plazas de 89 o más personas trabajadoras y atropellar el fuero, garantías y libertades sindicales.»

    Son siete directivos del Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduria para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador que fueron notificados en diciembre por medio de un correo electrónico, que «… se le comunica que, la plaza que usted ostenta ha sido suprimieda, a partir del día uno de enero del año dos mil veinticinco.»

    “La decisión adoptada no constituye despido o destitución, sino que constituye un a medida presupuestaria de urgencia para salvaguardar los servicios de esta institución”, informa la notificación que Recursos Humanos de la PDDH envió a los trabajadores que se quedaron sin trabajo.

    Según la nota, les informa que la indemnización se aplicaría según lo establece el artículo 30 de la Ley de Servicio Civil, sin embargo, Juan Ibarra, uno de los sindicalistas despedidos asegura que Recursos Humanos no les ha explicado si esa indemnización será en un solo pago, o cuotas.

    “Sin haber hablado, ni llegado a ningún convenio, la administración de PDDH está haciendo depósitos a nuestras cuentas bancarias, un salario mensual, bajo el concepto de abono de planilla salarial, pero no se sabe nada, ni cuáles son los términos”, explicó Ibarra.

    Los sindicalistas presentaron la denuncia en la PDDH, pero no fue recibida, ya que en el reglamento interno establece que no se puede denunciar un trabajador de la misma institución, explicó Ibarra, “lo que nos parece ilógico, porque ella es funcionaria”, dijo.

    Piden que se investigue “las actuaciones de la titular y que se deduzcan responsabilidades.”

    “No solo se trata de andar con el chaleco de la procuraduría”

    Por su parte, Guillermo García, que con otro grupo de trabajadores despedidos hicieron una protesta frente a la institución denunció el “mal” trabajo de la procuradora, quien “no se pronuncia por ninguna violación de los derechos huamnos, laborales” que están sufriendo, “no solo en la PDDH, sino en varias instituciones del Estado.”

    “Las unidades han sido desmanteladas, y los temas como de VIH, de salud, se han quedado sin cabeza. Sobre las indemnizaciones, en la nota dice que nos van a indemnizar respecto al artículo 30, pero cuando vamos al Ministerio de Trabajo allá nos dan otro monto, el artículo 30 da otro monto y en la práctica dan otro monto. Denunciamos estos hechos porque no solo se trata de nosotros, se trata de muchos más, tenemos que hacer valer los derechos de la clase trabajadora, tenemos que defender los derechos, porque somo defensores de derechos humanos, no se trata solo de andar con el chaleco de la procuraduría,” aseveró García.

    García, quien era coordinador de la unidad de Acciones Inmediatas en el departamento de denuncia, tenía 23 años de trabajar en la PDDH, aseguró que seguirán denunciando los despidos que está realizando la institución, porque supuestamente “seguirán los despidos.”

  • Marcela Villatoro: "Era el momento para pedir que se les diera una situación migratoria legal"

    Marcela Villatoro: «Era el momento para pedir que se les diera una situación migratoria legal»

    La diputada de oposición Marcela Villatoro aseguró que lamentaba que el tema migratorio no se abordara en la reunión que sostuvieron el secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, con el presidente Nayib Bukele, el pasado 3 de febrero en El Salvador.

    “Con la venida de Marco Rubio, tuvo que abordarse el tema de la migración, ese debió ser el tema prioritario. Hay muchos salvadoreños que no tienen en orden sus papeles, este era el momento para luchar por ellos y pedir que se les diera una situación migratoria legal de forma permanente, incluso abogar por los tepesianos salvadoreños y buscar que ya queden de forma permanente… Fue una lástima haber desaprovechado esa oportunidad”, cuestionó la diputada Villatoro.

    Sobre el ofrecimiento que hizo Bukele de recibir criminales extranjeros, Villatoro dijo que Estados Unidos debe revisar la legalidad de ello, pero que además consideró que El Salvador “no está en condiciones para ello”.

    “No estamos en condiciones, apenas estamos saliendo del problema que hemos tenido con las pandillas, para venir a traer más criminales a nuestro país y reitero, yo hubiera priorizado luchar por los salvadoreños que están en el exterior y buscarles una situación legal permanente”, concluyó.

    La reunión entre Rubio y Bukele dejó como fruto un memorando de cooperación nuclear, el ofrecimiento de parte de Bukele a Trump de recibir criminales que le envíe Estados Unidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), a cambio de una “tarifa” no revelada; y la promesa de que “muchas funciones” de USAID se mantendrán siempre y cuando se alineen con los intereses de Estados Unidos.

  • Oposición pide levantar reservas de siete años por Ley Anticorrupción

    Oposición pide levantar reservas de siete años por Ley Anticorrupción

    Tal como estaba previsto, la Asamblea Legislativa probó este viernes la Ley Anticorrupción, que contó con 59 votos, incluidos los del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Vamos es abstuvo.

    Sin embargo, momentos antes de la aprobación, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, había pedido coherencia del gobierno con la ley, iniciativa del Ejecutivo.

    Aprobar esta ley “es un paso que hay que apoyar pero que no va a ser suficiente, sino se toman medidas en coherencia con eso. La transparencia es un gran déficit de esta administración. Esta Asamblea Legislativa tampoco ha aprobado propuestas que hemos hecho para que los acuerdos de Junta Directiva sean públicos”, señaló Ortiz.

    La diputada de Vamos reiteró que, en aras de la transparencia y en consonancia con esta ley, se deben quitar las reservas de información.

    “Todos los esfuerzos de lucha contra la corrupción son importantes, son necesarios. Se va a aprobar esa ley, de acuerdo, pero también levantemos la reserva de información, que la reserva de información no dure siete años, sino que dure tres años, como hemos propuesto”, exhortó.

    Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, también señaló que ya que se creó y aprobó esta ley “ya es momento” que se investiguen los casos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) dio aviso de posible corrupción.

    “Todos los salvadoreños queremos que se combata la corrupción, pero también hay varios casos que se dieron durante la pandemia, que ya es momento que se empiecen a investigar qué fue lo que pasó, y lo que hicieron fue eliminar la CICIES, pues ahora con esto ya tienen una forma más para proceder e investigar a cualquier funcionario”, señaló Villatoro.

    La diputada de Arena reiteró que es importante que, con esta ley, “el fiscal general de la República podrá proceder de forma oficiosa cuando vea que hay algún tipo de enriquecimiento ilícito y cualquier ciudadano puede poner algún tipo de denuncia cuando vea que algún funcionario está actuando de forma ilegal”.

    El diputado Francisco Lira, de Arena, también criticó la reserva de información pública. “Para que se les crea al gobierno de Nuevas Ideas, que quiere combatir la corrupción, los invito, levanten la restricción del acceso a la información pública que tienen por 12 años, desentierren los 12 casos de la CICIES que ustedes mismos cerraron”, dijo, en un video de TikTok.

  • Claudia Ortiz: "Háganse cargo también de apoyar a los hermanos en el exterior"

    Claudia Ortiz: «Háganse cargo también de apoyar a los hermanos en el exterior»

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, exhortó a apoyar a los salvadoreños que viven en los Estados Unidos, así como a los retornados en torno a la reciente visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a El Salvador.

    La diputada aseguró que hay «mucha inquietud» en los salvadoreños en Estados Unidos pero que hay «muchas cosas que se pueden hacer desde el gobierno salvadoreño» para apoyarlos.

    “Ya la Asamblea Legislativa les dio el derecho al voto, ahora háganse cargo también de apoyar a los hermanos en el exterior con programas que les apoyen allá, porque quienes no tienen ciudadanía, ni residencia, están totalmente desprotegidos. No tiene acceso a atención médica, una situación laboral más complicada, es ahí donde los servicios consulares deben reforzarse y acá deben reforzar los servicios de apoyo a personas retornadas, para que la gente pueda tener opción de reconstruir su vida y también que existan condiciones para que la gente no se vaya”, recalcó.

    Desde el primer día de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó múltiples decretos para declarar la emergencia nacional en la frontera con México, bloquear la entrada de migrantes y deportar a «millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron». Esto ha generado mucha incertidumbre en los latinos con estatus irregular en Estados Unidos y entre ellos la comunidad salvadoreña.

    Sobre los salvadoreños beneficiarios del TPS eran cerca de 234,000; según una presentación de Diálogo Interamericano son 180,375.

    El Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano prevé al menos 14,000 salvadoreños deportados anualmente durante el gobierno de Trump.

  • Asamblea sube penas a delitos de corrupción en Código Penal y crea nueve delitos más

    Asamblea sube penas a delitos de corrupción en Código Penal y crea nueve delitos más

    La Asamblea Legislativa aprobó, con 59 votos a favor, la noche de este viernes un pliego de reformas al Código Penal con las que aumentan penas a delitos de corrupción y crean nuevos delitos.

    En la discusión del proyecto de decreto, el diputado Caleb Navarro, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, expuso todos los delitos que tiene que ver con la corrupción de los funcionarios «se están aumentando los años de prisión, todos».

    «A los actos arbitrarios que tiene el artículo 320 del Código Penal, estaba de 2 a 4 y pasa de 3 a 6 años de prisión… en el artículo 334-F le protege ciudadanía cuando usted tenga pruebas en sus manos para que vaya a denunciar actos de corrupción… También, hay un nuevo delito en el artículo 336-A el testaferrato o consentimiento de uso de nombre: el que presta su nombre para adquirir bienes con dineros que provengan de delitos de corrupción será sancionado con prisión de tres a seis años», detalló Navarro.

    También, solicitó una modificación a la iniciativa, ya que en el artículo 39 en el concepto de «agentes de autoridad», que establece que son los agentes de la Policía Nacional Civil, agregaban a los militares cuando acompañen o realicen funciones de seguridad pública.

    Navarro pidió modificación de la propuesta, que ya contaba con dictamen aprobado, para que siempre y únicamente quede como «agentes de autoridad» a los agentes de la Policía Nacional Civil.

    ¿Cómo quedaron las penas en la reforma al Código Penal a delitos de corrupción?

    Actos arbitrarios: De 3 a 6 años.

    Desobediencia: De 3 a 6 años

    Denegación de auxilio: De 3 a 6 años

    Revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial: De 6 a 9 años

    De los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, empleados públicos, servidor público, agente de autoridad y autoridad pública:

    Peculado: de 6 a 9 años, de 9 a 12 y de 12 a 15 años.

    Peculado por culpa: De 3 a 6 años. De 3 a 5 años. De 6 a 9 años.Concusión: De 6 a 9 años.

    Negociaciones ilícitas: De 12 a 15 años

    Cohecho propio: De 6 a 9 años

    Cohecho impropio: De 3 a 6 años

    Malversación: Multa de hasta 100 días – Hasta 9 años

    Enriquecimiento ilícito: De 5 a 15 años

    Infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos: De 9 a 12 años.

    Los nuevos delitos de corrupción en el Código Penal

    Artículo 334-A. Ocultamiento o alzamiento de bienes producto de la corrupción.
    Será sancionado con prisión de tres a seis años.

    Artículo 334-B. Actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas.
    La sanción será por la pena que esté prevista por el delito por el que estaban preparando, proponiendo, conspirando o concertando.

    Artículo 334-C. Encubrimiento real.
    Será sancionado con prisión de tres a seis años.

    Artículo 334-D. Encubrimiento personal.
    Sanción de tres a seis años de prisión.

    Artículo 334-E. Omisión de denuncia o aviso. Para funcionarios públicos, civiles o militares.
    Sanción de tres a seis años de prisión.

    Artículo 334.F. Represalias por denuncia o aviso de corrupción.
    Sanción de dos a cuatro años de prisión a inhabilitado para desempeño del cargo.

    Además se crean y se intercalan entre los artículos 336 y 337:

    Artículo 336.A. Testaferrato o consentimiento de uso de nombre.
    Sanción de tres a seis años de prisión.

    Artículo 336.B. Agravantes especiales:
    a) Que el autor sea encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en esta ley.
    b) Que el hecho delictivo haya sido cometido por un grupo delictivo.
    c) Que el hecho haya sido cometido utilizando violencia en cualquiera de sus expresiones.
    d) Que el hecho haya sido declarado culpable, en un delito análogo, por un tribunal nacional.
    e) Cuando se utilice a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad para ocultar o alzarse de los bienes producto de las acciones u omisiones de los hechos delictivos contenidos en esta ley y esté comprobado que estos no tenían conocimiento de la responsabilidad del imputado en los mismos.
    En los casos anteriores, la pena podrá aumentarse hasta en una tercera parte del máximo de la pena señalada al delito cometido.

    Artículo 336.C. Atenuantes especiales:
    Podrá rebajarse la pena hasta la mitad del mínimo en este Código para los delitos de corrupción si:
    a) Revela cómplices.
    b) Si da información que haga posible la incautación o decomiso de los bienes.

  • Eligen a Walter Salvador Sosa Funes presidente de la Corte de Cuentas

    Eligen a Walter Salvador Sosa Funes presidente de la Corte de Cuentas

    Luego de poco más de cuatro meses que la Corte de Cuentas de la República quedara acéfala, la Asamblea Legislativa decidió nombrar a Walter Salvador Sosa Funes como el nuevo titular del ente fiscalizador hasta el 27 de agosto de 2026.

    La propuesta de Nuevas Ideas coincidió con la propuesta que hicieron también los partidos PCN y PDC.

    El nombre de Walter Salvador Sosa Funes fue propuesto en el pleno por el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas. Inmediatamente, el diputado Reinaldo Carballo, del PDC, coincidió con el nombre de Walter Salvador Sosa Funes. De manera inmediata, Rebeca Rodríguez, del PCN, dijo que el perfil idóneo lo cumple el mismo candidato.

    La elección del nuevo funcionario contó con 57 votos a favor de Nuevas Ideas y sus aliados, Arena votó en abstención y Vamos en contra.

    “Habiéndose realizado la votación nominal y pública, el resultado es el siguiente: dos abstenciones, un voto en contra y 57 votos a favor. Por lo tanto, con 57 votos a favor, queda electo como presidente de la Corte de Cuentas de la República el licenciado Walter Salvador Sosa Funes, para el período que concluirá el 27 de agosto del año 2026”, afirmó el presidente del Legislativo, Ernesto Castro.

    Inmediatamente, Sosa Funes fue llamado y juramentado.

    Walter Salvador Sosa Funes fue uno de los once candidatos que fueron entrevistados para el cargo, luego de que Roxana Soriano de Viaud, quien era la titular de la CCR fuera nombrada como presiente del Tribunal Supremo Electoral.

    Walter Salvador Sosa Funes, ha ejercido como juez de paz en Dulce Nombre de María (Chalatenango), jefe ad honorem de Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo, fue técnico II en el Conna, receptor de denuncias de la Junta del Departamento de La Paz y colaborador jurídico de la oficina jurídica de José Virgilio Cornejo según el currículo público en el portal de transparencia de Trabajo.

    En la entrevista ante los diputados de la Comisión Política, en noviembre, prometió «cumplir la Constitución».

    Sus propuestas:

    • Seguir apostándole a los cambios impulsados por Roxana Soriano.

    • Digitalización de la Corte de Cuentas.

    • Dotar con un capital humano para que puedan realizar su trabajo.

    • Posicionar a la Corte de Cuentas y no volver a la institución «un circo», ejemplificó cuando llegó la entonces vicepresidenta Ana Vilma de Escobar al entonces presidente de la CCR, Rosalío Tóchez.

    • Lo más importante, dijo, es «cumplir la Constitución» para fiscalizar «todas aquellas instituciones, aquellos municipios» y «seguir todos los planes y todas las metas».

  • Diputada Villatoro cuestiona aprobación de nuevo préstamo: “Se había dicho que no se iban a endeudar más”

    Diputada Villatoro cuestiona aprobación de nuevo préstamo: “Se había dicho que no se iban a endeudar más”

    Luego de que los diputados de Nuevas Ideas y aliados autorizaron al gobierno a que suscriba un contrato de préstamo por $60 millones para infraestructura de datos, la diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), dijo: “No cumplen su palabra, dicen una cosa y hacen otra”.

    “El presidente (Nayib Bukele) había dicho que ya no iban a haber este tipo de endeudamiento y los diputados rompieron con su palabra, porque fueron los primeros que empezaron a poner en redes sociales y andaban con la algarabía que esta Asamblea ya no se iba a endeudar más y es lo primero que hacen en las primeras sesiones plenarias de este año. Pero como todos conocemos, ellos no cumplen su palabra, dicen una cosa y hacen otra”, cuestionó la diputada Villatoro.

    El préstamo por $60 millones será destinado al «Programa para el desarrollo de la infraestructura de datos de El Salvador» financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

    Según el proyecto aprobado, “con dicho financiamiento se busca avanzar con la mejora de la prestación de los servicios digitales del Estado, mediante la realización de diferentes intervenciones para ampliar la infraestructura digital del país y a la vez permita aumentar las habilidades para el uso de dicha infraestructura y prestación de servicios.

    La legisladora lamentó que seguir endeudando al país solo hará más pesada la carga financiera del país y que serán las nuevas generaciones que tendrán que irla pagando.

    “Es una lástima para los salvadoreños, porque al final de cuentas es dinero que le va a tocar ir pagando a generación, tras generación y no tenemos responsabilidad fiscal como país, sino al contrario, terminamos endeudándonos en cosas que no son tan importantes como lo que sí necesita el país, por ejemplo: mejorar la infraestructura escolar o mejorar los hospitales entre otras cosas que no se están haciendo”, señaló la legisladora del partido opositor.

    La autorización para el contrato de préstamo contó con 57 votos a favor.

  • Imputados podrían pasar en detención provisional indefinidamente "en algunos casos", advierten abogados

    Imputados podrían pasar en detención provisional indefinidamente «en algunos casos», advierten abogados

    La reforma al al artículo 8 del Código Procesal Penal aprobada el miércoles y que establece la privación de libertad, podría provocar que el imputado pase en detención provisional el tiempo de la pena, o la mitad de años del delito más grave, si el juez o el fiscal lo requieren, advirtieron abogados.

    El abogado penalista, Carlo Avelar explicó sobre la reforma en el artículo 8 que habla sobre la detención provisional y es que la modificación establece que, si bien el plazo de detención provisional para delitos menos graves es de 12 meses y el de delitos graves de 24 meses máximo, esto podría no aplicarse y extenderse el plazo cuando un juez o un fiscal lo requieran.

    “Por ejemplo, en el caso del régimen (de excepción) son más de 80,000 casos y la mayoría de ellos no han llegado a sentencia, entonces se van a extender los plazos, van a aplicar que cuando sea motivada la resolución va a poder estar en detención el tiempo que sea necesario, porque no existe un techo seguro en algunos casos por ejemplo en extradición, ahí no hay certeza del tiempo que pueda tardar”, explicó el abogado.

    La reforma afirma que: “…en ningún caso podrá sobrepasar las penas o medidas máximas previstas en la ley, ni exceder los plazos de 12 meses para los delitos menos graves y de 24 meses para los delitos graves. Excepcionalmente y mediante decisión judicial debidamente fundada emitida de oficio o a petición del fiscal no se aplicará esta regla mediante la realización de actos o diligencias de duración prolongada tales como peritajes, pericias complejas, conflictos de competencia, asistencia legal, mutua activa en materia penal y mientras dure el trámite de extradición activa o pasiva”.

    Entonces, según el abogado Avelar, «a petición del juez o la fiscalía, bajo resolución motivada no aplicarán esos plazos, entonces van a extender y podrán irrespetar los plazos de 12 y 24 meses. Tiene que ver mucho en los casos de agrupación ilícita y crimen organizado que van a durar años».

    Según la reforma, la detención provisional también podrá extenderse “mediante resolución fundada por el equivalente de la medida pena dispuesta, para el delito imputado y en caso que se imputen varios delitos, por la mitad de la pena señalada en el delito más grave durante o como efecto de trámite en los recursos de sentencia condenatoria…”.

    El abogado penalista explicó que, con la reforma, si el delito por el que ha sido imputado tiene una pena de cinco o diez años, podría pasar ese tiempo en detención provisional.

    El miércoles también se aprobaron un pliego de otras reformas al Código Procesal Penal, entre ellas al artículo 417, sobre la admisión para un proceso abreviado.

    La reforma incluye un cambio total al numeral 3 de ese artículo en donde establecen que podrá proponerse el procedimiento abreviado cuando “el imputado rinda voluntariamente confesión judicial o extrajudicial detallando las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión de los delitos atribuidos y que señale a los copartícipes y cómplices en caos los hubiere; así como los elementos de prueba que faciliten la comprobación de los hechos del proceso en su contra o de otros que tuviere conocimiento”.

    Esta reforma, según el abogado litigante Waldo Feusier es “la más preocupante”.

    “De todas las reformas presentadas, esta me parece la más preocupante. Convierte cada procedimiento abreviado, y cada persona que opte por uno, en un «criteriado» listo para condenar miles de personas. Creo que la reforma tiene dedicatoria: El régimen de excepción y sus condenas”, cuestionó el abogado en su cuenta de X.

    Estas reformas fueron dictaminadas favorables por los diputados de la Comisión, por lo que serían aprobadas en pleno este viernes 7 de febrero.

  • Estos son los delitos con más aumentos de penas que aprobaron los diputados

    Estos son los delitos con más aumentos de penas que aprobaron los diputados

    El proyecto de reformas al Código Penal que llegó a la Asamblea Legislativa en julio de 2024 que entró a la Asamblea en julio de 2024 por iniciativa del ministro de Justicia y Seguridad Pública solo contemplaba aumentos de penas para delitos patrimoniales.

    El proyecto fue retomado el miércoles en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, de la Asamblea Legislativa con modificaciones para aumentar penas, no solo a delitos patrimoniales, sino también a otros delitos como homicidio simple, violación, agresión sexual en menor incapaz.

    «Esta propuesta ya había sido estudiada, debatida y se ha hecho una nueva redacción, no la redacción que se trajo en un primer momento, sino una nueva redacción con todos los argumentos de cada una de las personas que ha venido que ha traído argumentos y que ha justificado esta nueva manera de redactar el descongestionamiento de los tribunales», explicó el diputado secretario de la Comisión, Walter Coto, de Nuevas Ideas.

    En primer lugar modifican el romano IV en el que solo establecía sobre la protección a los bienes jurídicos relativos al patrimonio privado y le agregan «a los bienes jurídicos relativos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, la libertad sexual y el patrimonio»… considerando también el aumento de penas para algunos delitos con mayor incidencia delictiva.

    Así, los delitos que agregaron en la nueva redacción de reformas al Código Penal con los aumentos de penas son:

    Homicidio simple artículo 128: El que matare a otro será sancionado con prisión de quince a veinte años. Aumenta a de 20 a 26 años.

    Lesiones agravadas artículo 145: Si en los casos descritos en los artículos anteriores, concurriere alguna de las circunstancias del homicidio agravado, la sanción se aumentará hasta en una tercera parte de su máximo.

    Cambia a: La sanción se aumentará con una pena que se fijará entre la mitad del mínimo y el mínimo.

    Privación de libertad artículo 148: El que privare a otro de su libertad individual, será sancionado con prisión de tres a seis años. Cambia de 3 a 8 años.

    Violación artículo 158: El que mediante violencia tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con otra persona, será sancionado con prisión de ocho a doce años. Aumenta de 10 a 16 años.

    Violación en menor o incapaz articulo 159: El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de quince años de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de catorce a veinte años. Aumenta de 18 a 26 años

    Reforma al inciso primero y final del artículo 161
    Agresión sexual en menor o incapaz artículo 161:
    La agresión sexual realizada con o sin violencia que no consistiere en acceso carnal, en menor de quince años de edad o en otra persona, aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de ocho a doce años. Aumenta de 10 a 15 años

    Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la incapacite para resistir, incurrirá en la misma pena, si realiza la conducta descrita en el inciso primero de este artículo. Si concurriere cualquiera de las circunstancias señaladas en el inciso tercero del artículo anterior, la sanción será de catorce a veinte años de prisión. Aumenta de 18 a 26 años

    Estupro artículo 163: El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal mediante engaño, con persona mayor de quince y menor de dieciocho años de edad, será sancionado con prisión de cuatro a diez años. Aumenta de 5 a 13 años

    Estupro por prevalimiento artículo 164: El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con persona mayor de quince y menor de dieciocho años de edad, prevaliéndose de la superioridad originada por cualquier relación, será sancionado con prisión de seis a doce años. Aumenta de 8 a 10 años.

    Sobre los delitos al patrimonio que ya estaban contemplados en el proyecto inicial los delitos con más incrementos de penas son robo que se castiga con penas de seis a diez años y aumenta a de diez a 20 años y el robo agravado que contempla penas de ocho a 12 años y con la reforma aumenta a de 20 a 30 años.

    En robo agravado que es el artículo 213 se agrega el numeral 4) «Si en el hecho interviniere un funcionario, empleado público o municipal, agente de autoridad, autoridad pública o servidor público.

    El expediente con todas sus reformas fue dictaminado favorable y sería aprobado en la plenaria de este viernes 7 de febrero.

  • Tiempo de detención provisional aumentará a petición de un juez o fiscal

    Tiempo de detención provisional aumentará a petición de un juez o fiscal

    Siete meses después y con nueva redacción fue aprobada una reforma al Código Procesal Penal que habilita el tiempo máximo de detención provisional para delitos graves y muy graves.

    Una reforma al artículo 8 del Código Procesal Penal permitirá extender la detención provisional hasta la mitad de la pena del delito más grave imputado.

    Actualmente la detención provisional tiene un plazo máximo de 12 meses para delitos menos graves y 24 meses para delitos graves, extendible a 12 meses más en trámites de recursos de sentencia condenatoria.

    Con la reforma, “excepcionalmente” no se aplicarán estos plazos cuando ocurran peritajes complejos sin contar el tiempo de las prácticas dilatorias, conflictos de competencia, asistencia legal mutua, extradición, así como “mediante resolución fundada”, algo que “deberá aplicarse a todos los procesos penales que no cuenten con una resolución firme”.

    El detalle de la reforma

    La iniciativa entró a la Asamblea Legislativa a petición del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para reformar el artículo del artículo 8 sobre «privación de libertad», que actualmente establece que la detención o internamiento provisional «deberán guardar la debida proporción a la pena» y que en ningún caso podrán «exceder el plazo de 12 meses para los delitos menos graves y de 24 meses para los graves», exceptuando únicamente la extradición. Actualmente, puede «extenderse 12 meses más para delitos graves» por el trámite de los recursos ante la condena.

    Con la reforma aprobada, esos tiempos máximos no aplicarán mediante decisión judicial o petición del fiscal cuando tengan que llevarse a cabo diferentes diligencias como pericias complejas, extradición activa o pasiva, entre otros, por lo que el artículo 8 del Código Procesal Penal queda de la siguiente forma:

    “La detención o internamiento provisional deberá guardar la debida proporción a la pena o medida de seguridad que se espera y en ningún caso podrá sobrepasar las penas o medidas máximas previstas en la ley, ni exceder los plazos de 12 meses para los delitos menos graves y de 24 meses para los delitos graves. Excepcionalmente y mediante decisión judicial debidamente fundada emitida de oficio o a petición del fiscal no se aplicará esta regla mediante la realización de actos o diligencias de duración prolongada tales como peritajes, pericias complejas, conflictos de competencia, asistencia legal, mutua activa en materia penal y mientras dure el trámite de extradición activa o pasiva. Así mismo, de oficio o de parte del juez, al decidir sobre el cumplimiento del plazo de la privación de libertad, para efectos de cesión de la medida cautelar, deberá descontar del cómputo el tiempo de las actuaciones que sean calificadas como prácticas dilatorias, litigación temeraria, incidentes procesales infundados u otras infracciones similares a la buena fe procesal y que influya en la dilación del proceso”.

    Según la reforma, la privación de libertad también podrá extenderse “mediante resolución fundada por el equivalente de la medida pena dispuesta, para el delito imputado y en caso que se imputen varios delitos, por la mitad de la pena señalada en el delito más grave durante o como efecto de trámite en los recursos de sentencia condenatoria. Si al término de dichos plazos, el tribunal que conoce estos recursos no hubiese pronunciado la sentencia definitiva que corresponda sus miembros incurrirán en responsabilidad penal”.

    El decreto de reforma también establece, como disposición especial, que este cambio deberá aplicarse a todos los procesos penales que no cuenten con una resolución firme.

    Para ello, la autoridad judicial correspondiente deberá pronunciarse, sobre la continuidad o imposición de la detención provisional con base a los plazos dispuestos en este decreto.

    “Para efectos de este artículo, el tiempo que el imputado hubiese permanecido en detención provisional se abonará a la contabilización del tiempo máximo de dicha medida cautelar establecida en este decreto”, indica el proyecto aprobado ayer en el dictamen favorable de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia.

    El dictamen favorable podría aprobarse en el pleno en la sesión plenaria de este viernes 7 de febrero.