Autor: Jessica Guzman

  • Afectados Cosavi piden audiencia a embajador chino en busca de ayuda

    Afectados Cosavi piden audiencia a embajador chino en busca de ayuda

    Los afectados del fraude millonario de la Cooperativa Santa Victoria (Cosavi de R.L.) buscaron este viernes ayuda del gobierno de la República Popular de China para que incida ante el gobierno salvadoreño, y en lugar de regalar dinero para un estadio, le preste para que conforme el fideicomiso para los defraudados en la cooperativa.

    Un grupo de los afectados en el caso Cosavi llegó ayer a la embajada de la República Popular China en El Salvador, con el objetivo de entregar una carta al embajador Zhang Yanhui en la que le exponen el caso sobre el fraude millonario y le solicitan que el gobierno chino intervenga.

    «Solicitamos a su distinguida persona, audiencia con el objeto de recibir una delegación de afectados de Cosavi, darle a conocer nuestro caso, exponerle las alternativas de solución y lo más importe: Cómo el gobierno de la República Popular de China puede incidir y colaborar con el gobierno salvadoreño y con el país a darle viabilidad a dichas alternativas de solución que han sido planteadas al gobierno salvadoreño, particularmente la figura de un FIDEICOMISO como la alternativa mas favorable para los afectados, lo que permitiría mejorar la imagen nacional e internacional del gobierno y el país en su conjunto ante la comunidad internacional», explica la misiva.

    El documento no fue recibido por nadie de la embajada ni tampoco fueron recibidos los afectados, solo les brindaron una dirección de correo electrónico para que envíen la carta, dijo el vocero de los afectados Juan José Ortiz.

    Vocero de afectados del fraude Cosavi, Juan José Ortiz.

    «La idea de venir hoy a solicitar una audiencia a la embajada de la República Popular China es pedirle al gobierno de China que reoriente los recursos destinados a la construcción de un estadio, para que se puedan resolver problemas del pueblo salvadoreño y que no atienda prioridades del gobierno que no son necesidades del pueblo salvadoreño. Entonces en vez de gasta $200 millones para un estadio y acabarse la finca El Espino, esos $200 millones pueden servir para resolver nuestro problema y nosotros ayudar con nuestro dinero a inyectar dinamismo a la economía».
    Juan José Ortiz, vocero de los afectados de Cosavi.

    Los afectados han dejado claro que el sistema de entrega de dinero por capas no les resuelve. La última capa habilitada fue hasta por $45,000 y fue en el mes de abril, es decir, han pasado casi cuatro meses y la superintendente Evelyn Gracias no ha informado nada más al respecto.

    En septiembre se cumplen dos fechas importante, una se vencen los seis meses de prórroga que la Fiscalía General de la República solicitó para seguir recabando pruebas del caso, y dos, el 8 de septiembre, también se cumple un año de la tragedia del helicóptero en el que murió el gerente de Cosavi, Manuel Coto Barrientos, capturado en Honduras, y quien era traído en la aeronave por el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, quien también falleció en el hecho.

    «Sí, sabemos extraoficialmente que la Fiscalía solicitó ampliar el plazo, pero a año y medio de poner más de 600 denuncias en la Fiscalía, hemos sido llamadas a declarar, no sabemos cómo va el caso»; sobre que se cumple un año del accidente fatídico del helicóptero «nos estamos preparando con una conferencia de prensa».

    Al consultarles cómo se sienten tras todo este tiempo sin poder recuperar sus ahorros que habían depositado en la cooperativa, comenta que se sienten «defraudados».

    Julio Flores, presidente de la Directiva de Afectados Cosavi, también dijo que se sienten «frustrados», pero que no van a rendirse.

    «Frustrados, pero no vamos a dejar por nada del mundo que estos señores nos roben nuestros ahorros, son ahorros de toda una vida de trabajo, son ahorros, en muchos casos de personas de la tercera edad y que decidimos poner ahí nuestro dinero para poder sobrevivir, y ni siquiera estamos recibiendo los intereses», reiteró Flores.

     

  • Gobierno destinó $77,517 a alimentación y atención de personas deportadas en último año

    Gobierno destinó $77,517 a alimentación y atención de personas deportadas en último año

    El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó que ejecutó $77,517 para la alimentación y la atención de personas retornadas (deportadas) entre junio 2024 y mayo 2025.

    Los recursos fueron destinados en dos programas para salvadoreños retornados, el primero fue la alimentación para las personas salvadoreñas retornadas entre junio de 2024 y mayo de 2025.

    Entre junio y diciembre del 2024, el Ministerio ejecutó $56,186.20; y entre enero y mayo de 2025 sumaron $13,634.50 en gastos de alimentación para 10,421 personas retornadas.

    El otro programa es la readecuación de espacios físicos para la atención de personas retornadas con perfil vulnerable.

    La descripción detalla que se invirtió, entre junio de 2024 y mayo de 2025, un total de $7,696.31 en la «readecuación de espacio en la Gerencia de Atención al Migrante, obra realizada con la donación de Cooperación Española, proporcionando mobiliario y materiales de construcción». El proyecto se realizó por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

    Según datos de la DGME proporcionados en julio, de enero a marzo de 2025, son 2,797 los salvadoreños deportados vía aérea, en cambio, en el mismo período de 2024, sumaron 3,769 los retornados a El Salvador, lo que representa una disminución del 26 % para este año.

    El mes con mayor deportación fue febrero, cuando se registró el ingreso de 1,411 connacionales, le siguió marzo con 1,228 y enero, con 1,130. Entre enero y febrero, hubo un aumento del 24 %. La diferencia entre lo reportado en 2024 y 2025 fue de 972 personas.

  • Junta de Vigilancia Electoral solicita $1.5 millones para fiscalizar elecciones 2027

    Junta de Vigilancia Electoral solicita $1.5 millones para fiscalizar elecciones 2027

    La Junta de Vigilancia Electoral (JVE) solicitó este viernes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un incremento en su presupuesto como entidad encargada de fiscalizar las elecciones, que ahora se desarrollarán junto a las presidenciales debido a las reformas constitucionales aprobadas en julio.

    Irving Sorto, miembro de la JVE por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), explicó que actualmente el presupuesto de la JVE  asciende a $815,000. Señaló que, para realizar la fiscalización de las elecciones, tanto a nivel nacional como en el extranjero, necesitan $1.5 millones.

    «En esta reunión no se tocó el tema de las reformas, se tocó el tema de presupuesto de la Junta de Vigilancia y la presidente, muy amable, se comprometió para la otra semana hacer otra reunión para tocar el tema de la reforma y lo demás», informó Sorto.

    Según el miembro de la JVE, el TSE les envió una notificación «hace unos días», para realizar una reorientación del presupuesto y «agregar la elección presidencial», que no estaba en el calendario electoral.

    «Se está buscando un presupuesto más ampliado, el monto que solicitamos es de $1.5 millones y el actual es de $815,000», explicó Sorto.

    El director dijo que la presidenta del TSE, Roxana Soriano, se comprometió a solicitar en conjunto el incremento de presupuesto al Ministerio de Hacienda.

    «La presidente va a poner sus buenos oficios para hacer la solicitud al Ministerio de Hacienda, recordemos que ellos ya lo pidieron, el presupuesto ampliado… Básicamente, dentro del presupuesto del TSE. el (presupuesto) de la JVE representa el 0.3% o 0.5%, cuando debería ser un poquito más alto», opinó.

    Por el mismo tema que nosotros nos encarguemos de la fiscalización y que a ellos, en este momento, hoy más que nunca, por el tema de las reformas, les conviene tener claridad, transparencia, porque venimos de unas elecciones señaladas». Irving Sorto, miembro de la JVE por el FMLN.

    En esta reunión, según Sorto, también conversaron sobre «cómo tener las suficientes herramientas para la fiscalización» de las elecciones en el exterior.

    La JVE también pidió una reunión con la nueva registradora electoral que les permita estar a tiempo y no «a última hora» en la fiscalización de cada proceso electoral incluyendo la elección presidencial; pero aún no han dialogado sobre los ajustes con las reformas a la Constitución de la República aprobadas el 31 de julio, que avalaron la reelección presidencial inmediata, aumentaron el periodo presidencial a seis años y adelantaron las próximas presidenciales de 2029 a 2027.

    «No se ha tocado, lo vamos a tocar en una reunión futura, lo importante es subsanar estas solicitudes del presupuesto para mayor fiscalización por parte nuestra», respondió. Sorto defendió el presupuesto solicitado por la JVE como mecanismo para hacer «valer la democracia» y fiscalizar el próximo evento electoral. «No es un tema de capricho», dijo.

    Las reformas constitucionales fueron aprobadas el 31 de julio. Un día después, el TSE anunció que haría las modificaciones en sus planes estratégicos para cumplir con las reformas y desarrollar elecciones presidenciales en 2027 con un “compromiso de respeto a la legalidad”. Las reformas constitucionales fueron consideradas como inconstitucionales por el FMLN y otros partidos de oposición, ya que consideran que violó artículos pétreos de la Carta Magna.

  • Diputados oficialistas defienden medidas disciplinarias de la nueva ministra de Educación: “refuerzan disciplina y orden”

    Diputados oficialistas defienden medidas disciplinarias de la nueva ministra de Educación: “refuerzan disciplina y orden”

    Diputados de Nuevas Ideas defendieron este jueves las disposiciones obligatorias implementadas en los centros escolares públicos por la nueva ministra de Educación, Karla Trigueros, quien ordenó que desde el 20 de agosto los estudiantes ingresen con uniforme limpio, corte de cabello adecuado y un saludo respetuoso, bajo supervisión directa de los directores.

    Las medidas, formalizadas en un memorándum enviado el 18 de agosto, han provocado reacciones divididas en redes sociales, con opiniones que califican las disposiciones como necesarias para reforzar la disciplina, mientras otros critican una supuesta «militarización de la educación».

    “He visto comentarios en redes queriendo asustar a la población diciendo que vamos a militarizar la educación pública y no pueden estar más lejos de la realidad… la verdad que estamos trabajando para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los salvadoreños”, dijo la diputada Suecy Callejas, primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa.

    Por su parte, la legisladora Diana Fuentes afirmó que las disposiciones refuerzan la disciplina: “En el Centro Escolar Doctor Doroteo Vasconcelos, en San Salvador, más de 940 estudiantes ingresaron puntualmente con uniforme completo y presentación adecuada. Cada paso en la formación de nuestra niñez y juventud es por un mejor El Salvador”, publicó en su cuenta de X.

    Otros diputados como Walter Alemán y Raúl Chamagua insistieron en que las medidas fomentan el civismo y los valores en las nuevas generaciones. Chamagua destacó que la ministra personalmente verificó el cumplimiento en la entrada de los centros escolares.

    La diputada Alexia Rivas agradeció el apoyo de los padres de familia: “La familia ejerciendo su rol, la escuela ejerciendo su rol, el Estado ejerciendo su rol. Parece un sueño el país que está por venir”, expresó en redes.

    Mientras tanto, el jefe de fracción cian, Christian Guevara, respaldó el perfil militar de Trigueros y señaló que las críticas provienen de quienes antes toleraban la presencia de pandillas cerca de los centros educativos. “Los que ahora se preocupan porque llegue la Ministra a una escuela son los mismos que estaban felices cuando había un marero reclutando niños a la entrada”, aseveró.

    El memorándum advierte que los directores que omitan estas disposiciones incurrirán en una falta grave de responsabilidad administrativa, que podría dar lugar a sanciones.

  • Nuevo embajador alemán presenta cartas a canciller salvadoreña

    Nuevo embajador alemán presenta cartas a canciller salvadoreña

    El nuevo embajador de Alemania en El Salvador, Friedo Sielemann, entregó sus cartas de estilo a la ministra de Relaciones Exteriores Alexandra Hill Tinoco, informó la legación diplomática europea.

    «Durante la entrega se abordaron temas de interés bilateral. El Embajador designado reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo los lazos de amistad entre ambos países», dijo la embajada alemana.

    La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, dijo que empresas alemanas podrían estar interesadas en proyectos energéticos y de inversión en El Salvador.

    La canciller informó además que en la reunión que sostuvieron hablaron sobre temas de cooperación, económicos y de inversión, entre otros.

    «Durante el encuentro, conversamos sobre el potencial de El Salvador para fortalecer la relación bilateral en áreas como energía, medio ambiente, turismo y educación. También, conversamos sobre iniciativas de cooperación», publicó la canciller.

    Hill Tinoco informó que Sielemann le comentó sobre el interés de empresas alemanas sobre proyectos de energía y de inversión en el país.

    «Conversamos de la visita de empresas alemanas interesadas en proyectos energéticos y de inversión. Así, reafirmamos nuestro compromiso de seguir estrechando los lazos de amistad y cooperación», aseguró Hill Tinoco.

  • Presentan una tercera demanda de inconstitucionalidad contra reforma que autoriza la reelección presidencial indefinida

    Presentan una tercera demanda de inconstitucionalidad contra reforma que autoriza la reelección presidencial indefinida

    El Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora presentó este miércoles una demanda ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que declare inconstitucionales las reformas constitucionales que habilitan la reelección presidencial indefinida en El Salvador. La organización solicitó además la suspensión inmediata de la entrada en vigencia de dichas reformas, aprobadas y ratificadas por la Asamblea Legislativa el pasado 31 de julio.

    El abogado Patricio Pineda, miembro del movimiento, explicó que el recurso se fundamenta en que el procedimiento de reforma constitucional fue violentado y contradice el espíritu de la Constitución de 1983, redactada tras una Asamblea Constituyente electa democráticamente.

    «Uno de los argumentos que más pesa en la demanda es que el procedimiento como tal para la reforma constitucional ha sido violentado; por otro lado hay un contexto histórico del que poco se habla y es que la Constitución vigente de 1983 se realizó por medio de elecciones del soberano, fueron convocadas en marzo de 1983 y llevó todo un proceso, para que en diciembre de ese mismo año estuviera entrando en vigencia y que estableció los artículos 152 y 154 que son los que limitan ese abuso de darle continuidad en el poder a un solo individuo», alegó Pineda.

    Asimismo, los demandantes cuestionan la disposición transitoria que recorta el periodo presidencial 2024-2029 hasta el 2027, con el argumento de hacer coincidir las elecciones presidenciales con las municipales y legislativas. Para Pineda, esta maniobra representa una manipulación ilegítima de las reglas del juego electoral con fines populistas.

    Para Pineda esa disposición obedece a que haber «cortado el período presidencial que era 2024-2029 y se lo han cortado hasta el 2027, esto es una salvaguarda, ellos están manipulando las reglas del juego, porque saben que de cara a la población, estos señores que están aquí en la Asamblea Legislativa están completamente derribados, ahí están las estadísticas, la nota que estos señores tienen no llega ni al 6, por tanto ellos necesitan agarrarse del populismo de la persona que está en Casa Presidencial y por ello han cambiado las reglas del juego de forma ilegítima».

    Otro de los firmantes, Guillermo García, indicó que en la demanda se pide a la Sala de lo Constitucional decretar la suspensión inmediata del Acuerdo de Reforma Constitucional No. 3 y su decreto de ratificación. De no admitirse, los abogados afirmaron que acudirán a organismos internacionales para denunciar lo que consideran una amenaza grave a la democracia salvadoreña.

    La demanda presentada este 21 de agosto se convierte en la tercera acción de inconstitucionalidad contra las reformas de reelección presidencial. La primera fue interpuesta por la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos el 8 de agosto, y la segunda por el Movimiento de Izquierda Salvadoreña, liderado por Walter Raudales, el 20 de agosto.

    El abogado Luis Rivera, también firmante del recurso, advirtió que aunque la demanda cumple con los requisitos legales, la composición actual de la Sala de lo Constitucional responde a intereses políticos, lo que podría impedir su admisión.

     

     

  • Organizaciones rechazan reelección de Raquel Caballero como procuradora para Defensa de Derechos Humanos

    Organizaciones rechazan reelección de Raquel Caballero como procuradora para Defensa de Derechos Humanos

    Organizaciones rechazaron que Raquel Caballero de Guevara busque nuevamente su reelección como procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, ya que señalan que su trabajo ha sido «todo lo contrario».

    Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), cuestionó que Caballero de Guevara busque reelección y señala que el gobierno la tiene en el puesto para «callar y encubrir».

    «No ha hecho ningún trabajo en defensa de los derechos humanos, no he podido encontrar ningún pronunciamiento suyo sobre los cientos, quizá miles, de denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos cometidas en los últimos 6 años del mandato. Está ahí para callar y encubrir, tal cual demuestra su silencio, su paso por dicha institución cumple casi al calco con el significado de la palabra pusilánime», cuestionó.

    El periodista agregó que, de los otros cuatro aspirantes a ocupar el puesto de procurador, aparte de Guevara, solo tiene referencias de Roswall Solórzano, a quien también cuestiona.

    «No conozco el perfil de las cinco personas que están aspirando, pero dos sí son caras conocidas por sus vicios y mañas. Una es funcionaria ligada al partido más cuestionado del espectro, Gana, y el otro es un sindicalista que se arrodilla al gobernante de turno», criticó.

    Arauz dice que solo hay que recordar cuando Caballero de Guevara fue procuradora por primera vez entre 2016 y 2019, cuando se conoció la contratación de un familiar en la institución.

    «Raquel Caballero de Guevara cumple con el perfil de ‘los mismos de siempre’, acuñado por el mismo partido de gobierno. Basta recordar la señora Caballero, estuvo EN ese cargo entre septiembre de 2016 y septiembre de 2019 gracias a un reparto de cuotas entre Arena, el FMLN y Gana. Volvió y quiere mantenerse en esa institución, pese a que ya ha sido declarada culpable de nepotismo y condenada al pago de multas por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG)», aseveró el presidente de APES.

    Por su parte, Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), dijo no sorprenderse de que la procuradora busque la reelección y que seguramente será la elegida porque «ha hecho la plana tal y como se la ha dictado» Nayib Bukele, que para ella ha sido «ser adorno» y «abandonar a las víctimas que todos los días acuden a la PDDH a denunciar violaciones de derechos humanos» ya que reciben «dilación en los procesos, negación de esas violaciones e incluso criminalización».

    Para Patricio Pineda, miembro de la Mesa por una Pensión Digna, Caballero de Guevara debería responder preguntas sobre denuncias de violación de derechos humanos, como: ¿por qué no ha acompañado las demandas de habeas corpus de pesronas detenidas bajo el régimen de excepción?, ¿cuál ha sido su papel de los más de 430 fallecidos en custodia del Estado?, ¿por qué no ha dicho nada por la persecución contra periodistas y su salida del país?, ¿por qué  no se ha pronunciado sobre la expropiación en comunidades?

    Por su parte, Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), consideró «lamentable» que Caballero de Guevara busque la reelección en la PDDH cuando su trabajo ha sido nulo.

    «Es lamentable, pues ella ha tenido un papel totalmente contrario a defender a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos, creo que no merece pretender continuar en el cargo. Por dignidad, debería mejor apartarse. Pero creo que es la misión que tiene ella. El presidente no va a querer poner a otra persona porque ella es de mucha confianza», dijo Ramírez.

    El líder de Movir señaló que lo mismo sucedió con el titular de la Procuraduría General de la República, René Escobar, de quien consideró que «ha actuado opuesto a las víctimas» y fue reelecto.

  • Asamblea Legislativa entregó 100 becas "Dagoberto Gutiérrez"

    Asamblea Legislativa entregó 100 becas «Dagoberto Gutiérrez»

    La Asamblea Legislativa hizo la segunda entrega de las becas «Dagoberto Gutiérrez» a 100 jóvenes para que estos puedan iniciar sus estudios superiores.

    El presidente del Legislativo, Ernesto Castro, aseguró que «nunca antes otra Asamblea Legislativa se preocupó por desarrollar medidas, que permitieron a jóvenes de comunidades que fueron olvidadas, acceder a una carrera universitaria».

    «Por años, la vieja clase política ignoró las grandes necesidades de los territorios que ellos mismos abandonaron, le dieron la espalda a los ciudadanos más golpeados por la desigualdad y lo único que les preocupaba era repartirse el dinero público. Nosotros hemos dejado atrás esa manera de hacer política», aseguró.

    Detalló que las becas fueron entregadas a jóvenes de «Lotificación Edén 1, en San Miguel, Moncagua, Coatepeque en Santa Ana, Zacatecoluca, en La Paz, San Rafael Cedros, en Cuscatlán y de todos los lugares de los 14 departamentos del país. También tenemos de Apopa, la comunidad Santa Cecilia, la Calle Delgado de San Salvador, Santo Tomás, San Marcos, Panchimalco y de todos los lugares».

    Castro dijo a los jóvenes que este proyecto representa un «cambio histórico» en el país e hizo referencia a que los primeros 150 jóvenes becarios ya están cursando las carreras que eligieron.

    «Podemos decir sin temor a equivocarnos que el poder reside en la gente y no en los políticos… Jóvenes becarios, ustedes viven el privilegio que muchas generaciones nunca gozaron, tienen un país en paz… Ahora, lo que estamos viviendo en este país es obra de un milagro de Dios y eso, en el buen sentido de la palabra, debemos de aprovechar», les dijo el diputado Castro.

    La primera entrega de becas «Dagoberto Gutiérrez» que realizó la Asamblea se realizó en enero de este año, a 150 jóvenes.

    Fue el 17 de julio de 2024 que la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que ordena reorientar un total de $5 millones durante lo que resta del periodo legislativo 2024-2027 a programas o proyectos como becas según el decreto aprobado.

     

  • Marcela Villatoro cuestiona el trabajo de actual procuradora: "A mí me hubiera dado pena postularme"

    Marcela Villatoro cuestiona el trabajo de actual procuradora: «A mí me hubiera dado pena postularme»

    La diputada de Arena, Marcela Villatoro no ve con buenos ojos que Raquel Caballero de Guevara, actual procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, esté buscando ser reelegida en el cargo.

    «Lastimosamente ha existido un grave retroceso a los derechos humanos, es una lástima la gran vulneración que se ha dado de ellos y falta de garantías en procesos judiciales; la población se ha visto desnuda, desprotegida e indefensa. No ha existido un trabajo eficiente, a mí me hubiera dado pena postularme», señala la diputada.

    Para Villatoro, la funcionaria no ha cumplido con el rol que implica el cargo, que afirma debe ser «protagónico de defensa de los derechos de los desposeídos y menos privilegiados; y no ‘cachiporra’ por conservar un puesto.».

    Este 19 de agosto, el presidente de la la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó que son cinco los aspirantes a titular de la PDDH, entre ellos Caballero de Guevara. Respecto a los otros cuatro dijo: «Hay que estudiarlos en la Comisión Política y ver su participación en las entrevistas, así como respuestas y conocimiento real en materia de derechos humanos».

    Al consultarle si considera que puede haber sorpresa en esta elección de segundo grado o si cree que Nuevas Ideas reelegirá a Caballero de Guevara, la diputada respondió: «Con ellos es sencillo, el que se alinee, ese va a ser».

    La actual procuradora, quien termina su período el 15 de octubre de 2025, está buscando un tercer período. El primero lo hizo entre el 2016-2019. En ese período, el Tribunal de Ética Gubernamental la sancionó por la contratación de la hija de su cónyuge en la institución.

    Caballero de Guevara fue elegida nuevamente procuradora en 2022, propuesta por Nuevas Ideas. En este período, ha sido cuestionada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) «por guardar silencio sobre abusos en régimen de excepción».

  • Nueva demanda contra reelección indefinida se apoya en la resolución que permitió la primera reelección

    Nueva demanda contra reelección indefinida se apoya en la resolución que permitió la primera reelección

    La resolución que abrió la puerta a la primera reelección presidencial en El Salvador sirvió de argumento de una segunda demanda que presentó un grupo de personas contra la reforma constitucional para permitir la reelección presidencial indefinida.

    La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por el Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIS) la mañana de este miércoles 20 de agosto ante la Sala de lo Constitucional contra las reformas a la Constitución de la República aprobadas el 31 de julio para permitir la reelección presidencial indefinidamente.

    «Esta es una demanda de inconstitucionalidad con argumentos constitucionales, con la idea que se sume a la demanda inicial que presentó la diputada Claudia Ortiz, en la línea de exponerle a la Sala de lo Constitucional los artículos violentados con el paquete de reformas aprobado el 31 de julio», dijo Walter Raudales, líder del MIS.

    Uno de los argumentos de la demanda retoma la resolución de la Sala de lo Constitucional del 3 de septiembre de 2021, cuando abrió las puertas a la reelección presidencial, al permitir que “una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido Presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”. Esa disposición, el polémico primer inciso del artículo 152 de la Constitución, que según los magistrados permitía la reelección presidencial «por una sola vez», fue eliminado en la reforma constitucional del 31 de julio.

    Así, la Sala defendió que Bukele podía optar a ser candidato presidencial, ya que no fue presidente en ese periodo anterior, que fue gobernado por el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

    «La Sala no se puede contradecir así misma, por aquella notificación donde argumentaron legalmente la reelección donde dijeron que solo se podía dos veces, entonces cómo van a argumentar ahora la reelección indefinida es importante ese planteamiento. Bueno ahí hay magistrados que creo van a actuar éticamente», comentó Raudales.

    El demandante rechazó el argumento de Nuevas Ideas sobre que las reformas fueron una demanda de la población durante consultas que han hecho por años. «La verdadera consulta hubiera sido un referéndum, esa hubiera sido la verdadera consulta y hubiéramos ido todos a votar si queríamos esas reformas o no. Pero preguntarles a un par de vecinos de ellos no es una consulta», cuestionó.

    Esta es la segunda demanda contra las reformas constitucionales que aprobó y ratificó, el mismo día, la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas, el 31 de julio pasado.

    Raudales dijo que, aunque conocen «las condiciones en las que está el sistema judicial», creen qu «hay magistrados, jueces y abogados notables que pueden estudiar la petición ciudadana desde el punto de vista ético» .

    «El esfuerzo de presentar esta demanda es también poner a prueba el sistema y evidenciarlos y hacer uso de un recurso constitucional, porque la misma Constitución nos valida esta opción de que los ciudadanos podemos acercarnos a las instituciones cuando sentimos que han sido violentados nuestros derechos, y la Sala tiene que hacer un estudio profundo de lo que se le está presentando», dijo.

    Raudales es un exmilitante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que fundó el MIS con la idea de «expresarse en las calles».

    Para este jueves 21 de agosto, el Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora (MDT) presentará una tercera demanda de inconstitucionalidad contra ese paquete de reformas constitucionales, indicó Patricio Pineda, quien es miembro de la Mesa por una Pensión Digna y que también acompañó la presentación de la demanda de este miércoles.