Redacción DEM

Autor: Jessica Guzman

  • Raquel de Guevara y Roswall Solórzano entre los cinco candidatos a procurador de derechos humanos

    Raquel de Guevara y Roswall Solórzano entre los cinco candidatos a procurador de derechos humanos

    La actual procuradora Raquel Caballero de Guevara y el sindicalista del Órgano Judicial Roswall Gregorio Solórzano figuran entre los cinco candidatos que aspiran a ocupar el cargo de procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

    Los cinco aspirantes entregaron sus hojas de vida y documentación ante la Asamblea Legislativa para ser evaluados por los diputados y considerados para la elección del nuevo titular encargado de defender los derechos humanos en el periodo octubre de 2025 a octubre de 2027.

    El diputado presidente de la Asamblea Legislativa dio por recibido los cinco perfiles, que pasan a estudio de la Comisión Política de la Asamblea, que entrevista a los aspirantes a funcionarios de segundo grado sin seleccionar ni dar alguna propuesta al pleno legislativo.

    ¿Quiénes son los aspirantes a procurador de derechos humanos 2025-2027?

    Raquel Caballero de Guevara

    La actual procuradora, quien termina su período el 15 de octubre de 2025, está buscando un tercer período. El primero lo hizo entre el 2016-2019. En ese período el Tribunal de Ética Gubernamental la sancionó por la contratación de la hija de su cónyuge en la institución.

    Caballero de Guevara fue elegida nuevamente procuradora en 2022, propuesta por Nuevas Ideas. En este período, ha sido cuestionada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) «por guardar silencio sobre abusos en régimen de excepción».

    En su currículum, ella destaca es la presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y que ha sido presidente de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA). Además, es la representante de las INDH de América ante el Comité de Finanzas de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANRHI) y ocupa el cargo de coordinadora general de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente.

    Roswall Gregorio Solórzano Hernández

    En su currículum, el dirigente sindical detalla que actualmente labora en el Órgano Judicial, específicamente en la Corte Suprema de Justicia, desempeñando el cargo de colaborador jurídico desde el año 2014, obtuvo el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas. De forma adicional, se desempeñó como secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), además de ser presidente de la «Fundación de la Defensoría del Pueblo».

    Es coordinador del Movimiento Ciudadano Poder Popular de El Salvador, con el que en el 2022 promovió la reelección presidencial de Nayib Bukele.

    Solórzano ha protagonizado controversias con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a quien en 2022 acusó de tramar un sabotaje en la marcha del 1 de mayo, por lo que Castro pidió a la Fiscalía investigarlo calificándolo de «mercenario que se hace pasar por sindicalista».

    Carolina María Hernández de Hernández

    Abogada con 26 años de servicio. Desde desde el 13 de septiembre de 1999 a la fecha es secretaria interina con funciones administrativas en la delegación departamental de San Miguel de la PDDH.

    Coordinadora de las Unidades Juveniles de Difusión de Derechos Humanos de la Delegación Departamental de San Miguel, ha realizado capacitaciones de difusión de los derechos humanos según su hoja de vida.

    También indica que ha sido encargada de la Red Ciudadana de Derechos Humanos y de la Mesa de Salud de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

    Walter Edgardo Fuentes Rodríguez

    Abogado y notario, actualmente se desempeña como procurador especializado de Defensoría Pública Penal en la PDDH, desde el 2023. También, ha sido fungido como juez suplente de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena en La Libertad, juez suplente de Paz en Suchitoto, juez suplente e Primera Instancia en La Libertad, entre otros.

    David Oswaldo Escobar Menéndez

    Es abogado y notario, especializado en derecho administrativo y patrimonial, derecho registral, derecho societario y juicios de cuentas, según su hoja de vida.

    Se desempeña como juez de cuentas de la Cámara Sexta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR). También indica que tiene experiencia en la Corte de Cuentas de la República en Auditoría Gubernamental y juicios de cuentas. Ha cursado estudios superiores en derechos humanos, criminología y derecho penitenciario. Formó parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

  • Diputado Lira teme privatización de la salud y cuestiona contratación de médicos extranjeros sin homologación

    Diputado Lira teme privatización de la salud y cuestiona contratación de médicos extranjeros sin homologación

    El diputado de Arena, Francisco Lira, cuestionó duramente la nueva Ley de creación de la Red Nacional de Hospitales asegurando que abre la puerta para la privatización de la salud para desmantelar al gremio médico nacional y cometer abusos de poder contra la empresa privada.

    Sobre la facultad de autorizar concesiones que tendrá la nueva Red, el diputado opositor mencionó que el ministro de Salud, Francisco Alabi, no le respondió en la Comisión de Salud, al explicar la normativa, «si esto es privatización o no es».

    Lastimosamente solo se quedó diciendo que no es privatización, pero queda abierta la puerta para el tema de privatización de la salud en nuestro país». Francisco Lira, diputado de Arena.

    El artículo 3 de la ley faculta a la nueva Red Nacional de Hospitales a «autorizar la contratación de las obras, adquisición de bienes y servicios, concesiones y otros que le competen y los que fueren necesarios para la realización y ejecución de los fines de la Red Nacional de Hospitales».

    En el pleno, el diputado de Arena cuestionó que, en el artículo 30, se permita la contratación de médicos extranjeros sin exigirles la homologación de sus títulos. «¿Por qué no les van a pedir ese requisito que a todos los profesionales se los tienen que pedir? No sé por qué aquí lo están ocultando», cuestionó.

    Parte del inciso 2 del artículo 30 dice: «Los médicos especialistas o profesionales de la salud extranjeros que cuenten con título acreditado en su país de origen y presenten la documentación que demuestre que cuentan con la autorización o registro para el ejercicio de la profesión en su país, debidamente autenticados o apostillados, según aplique, estarán exentos de realizar el trámite de homologación de estos y obtención de credenciales establecidos en las leyes 15 salvadoreñas, siempre y cuando provengan de un país que se encuentre por encima de la escala del sistema de salud de El Salvador, y que posean contrato vigente con la Red Nacional de Hospitales». La ley no explica qué sistemas de salud están «por encima» de El Salvador.

    El arenero señaló a Nuevas Ideas y al gobierno de buscar «desmantelar el gremio médico en este país y traer a médicos extranjeros que los sustituyan».

    Lira pidió modificar el artículo 97, el cual establece la obligación para «todas las entidades públicas o privadas» de «brindar colaboración prioritaria y especial en los requerimientos que formule la Red Nacional de Hospitales, por lo que las peticiones que esta realice deberán de ser atendidas con la celeridad, prontitud y prioridad, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo y oportuno de los fines propuestos».

    Consideró que este artículo busca «forzar a los hospitales privados y especialistas privados a prestar servicios sin que existiere una emergencia nacional, ni calamidad pública».

    «Esto abre las puertas de abuso de poder. Es una señal muy negativa para la empresa privada, para los inversionistas, porque el uso discrecional de ordenarles sin ninguna restricción es una señal muy grave. Intervenir una actividad económica en el sector salud o en cualquier otro es una señal que preocupa». Francisco Lira, diputado de Arena.

    El diputado propuso nueva redacción para el artículo 97 de esta manera: «En caso de que el Órgano Ejecutivo, a través del presidente de la República, declare formalmente una emergencia nacional, una calamidad pública, o un desastre nacional, todas las entidades públicas y privadas, incluyendo hospitales, clínicas y laboratorios está obligados a brindar colaboración prioritaria a la red nacional de hospitales, para atender las diferentes situaciones. Dicha colaboración se regirá sobre el marco de transparencia, temporalidad y con la compensación justa para los servicios y recursos utilizados», planteó el diputado tricolor, argumentando que se trata de evitar «abusos».

    Lira pidió en el pleno la reforma. El diputado presidente Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, sometió a «consideración del pleno la reforma al artículo 97». «Quienes estén de acuerdo, favor votar», instó. Sin sorpresas, la propuesta de reforma no contó con el apoyo de Nuevas Ideas ni de sus aliados.

    Al final, se sometió a votación la Ley de creación de la nueva Red Nacional de Hospitales, que fue aprobada con 57 votos a favor de Nuevas Ideas y sus aliados; y tres votos en contra, los dos de Arena y el de Vamos.

  • Claudia Ortiz: “La falta de controles va a generar problemas mayores en Salud”

    Claudia Ortiz: “La falta de controles va a generar problemas mayores en Salud”

    La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, considera que, con la recién aprobada Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, no es cierto que se mejorará la salud, ya que «la falta de controles va a generar problemas mayores en la salud».

    Para Ortiz, es importante resaltar que la compra de insumos de salud a partir de esta Ley no pasará por la Ley de Compras Públicas, por lo que cuestionó qué pretenden ocultar en las adquisiciones y compras.

    «Nos parece importante advertirle a la población que el tema de las compras públicas de insumos para esta Red hospitalaria no va a pasar por la Ley de Compras Públicas, ley que ellos mismos aprobaron porque dijeron que la Lacap (Ley de Adquisiciones y Contrataciones) no daba las suficientes herramientas. La pregunta es qué ocultan, ¿qué le ocultan a los servidores públicos? ¿Qué quieren ocultar de las compras públicas? ¿Qué están escondiendo?», cuestionó.

    El artículo 26 inciso segundo de la ley indica que «la Red Nacional de Hospitales creará los procedimientos a través de los cuales regulará, vigilará, autorizará la compra, importación de productos farmacéuticos, medicamentos, insumos médicos, reactivos, suplementos nutricionales, dispositivos y equipos médicos, otras tecnologías sanitarias, de uso humano».

    La legisladora también criticó la reducción de presupuesto en Salud para este año 2025 y la facultad de la nueva Red Nacional de Hospitales de otorgar «concesiones».

    «Quiero decirles que cuando se apartan de las supervisiones, del control de la ciudadanía, del mismo personal sanitario que saca a la luz las realidades, de que la misma ciudadanía pueda conocer cómo se hacen las compras públicas, los contratos y, aunque quieran vender que esto va a ser un avance y que se va a mejorar el servicio con este esquema, en el mediano plazo y largo plazo, la falta de controles, la falta de vigilancia ciudadana, va a generar problemas mayores», indicó.

    Según Ortiz,  hay informes de la Corte de Cuentas de la República que mostraron irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante la pandemia de covid-19 en el año 2020.

    «Cuando no hay suficientes ojos pudiendo vigilar lo que está pasando con los recursos públicos y en este caso de la Salud, hay más espacios para que existan esquemas de corrupción, beneficios a los cheros, a los familiares, a los compadres», insistió.

    La Ley de Creación de la nueva Red Nacional de Hospitales fue aprobada este 19 de agosto por 57 votos de Nuevas Ideas y Aliados, Vamos y Arena votaron en contra.

  • Marcela Villatoro a Nuevas Ideas: “Gracias por copiarnos”

    Marcela Villatoro a Nuevas Ideas: “Gracias por copiarnos”

    Luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la prórroga para la circulación de las placas de vehículos automotores, iniciativa similar a la que la diputada Marcela Villatoro, de Arena, había presentado en julio pasado, la legisladora de oposición agradeció a diputados de Nuevas Ideas «por copiarles».

    Nosotros vamos a seguirle proponiendo muchas iniciativas, no nos importa que las copien, lo que nos importa es que las hagan realidad». Marcela Villatoro (Arena).

    La diputada relató que «varias personas» le pidieron la prórroga por la «situación económica muy difícil» y le dijeron que «el dinero lo podían ocupar las familias en alimentos o medicina». «Nosotros como Arena, tuvimos a bien presentar la iniciativa en julio, iniciativa que fue rechazada por Nuevas Ideas y sus aliados y que ahora aprueban porque viene justamente y directamente del Ministerio», intervino en el pleno la diputada Villatoro.

    La arenera señaló que la ciudadanía debe darse cuenta que la oposición presentó iniciativas «de beneficio para la población» pero que es apoyada.

    «Es importante hacerle ver esto a la población salvadoreña: porque esto quiere decir que, aunque nos copien, nos dan la razón. Nos dan la razón en que hay cosas que son buenas para la gente y, aunque hay que copiarlas, si son buenas, hay que hacerlas. Gracias por copiarnos y gracias por hacer realidad esto que la gente quería desde hace muchos meses para su bienestar y su economía», les dijo a sus colegas de la bancada mayoritaria y sus aliados, PDC y PCN.

    La diputada instó a Nuevas Ideas a «copiarles» otras iniciativas del partido de oposición presentadas «desde hace varios meses» y que han sido agendadas por la Asamblea Legislativa.

    Arena pedía la prórroga por dos años, es decir que finalizara en 2027; la prórroga vence el plazo el 31 de agosto de 2026.

    «Es que no nos íbamos a encontrar en un momento prelectoral y eso es para que después no les salgan diciendo a la gente que gracias a ustedes se han tomado estas decisiones, por eso que se indicaba que fueran dos años, lastimosamente solo se va a hacer por un año, pero lo importante es que nos hicieron caso», explicó.

    Según la diputada de oposición, eso demuestra que «se puede trabajar en equipo».

    El diputado Caleb Navarro de Nuevas Ideas pidió el uso de la palabra para decir que «no es la primera vez que se prorroga para esta nueva Asamblea Legislativa, lo hemos realizado, porque estas placas debieron haberse cambiado hace algunos años».

    La prórroga fue aprobada con 59 votos, incluidos los votos de Arena y el de Vamos.

  • Claudia Ortiz dice que una candidatura presidencial suya "está en discusión interna"

    Claudia Ortiz dice que una candidatura presidencial suya «está en discusión interna»

    La diputada Claudia Ortiz del partido Vamos dice que una posible candidatura presidencial para los comicios de 2027 aún está en discusión interna dentro de su instituto político.

    “Este es un tema que está en una discusión interna a nivel partidario. El próximo evento electoral, sabemos que no es un solo partido el protagonista, debe ser la sociedad, por ello, hemos hecho un llamado a todas las fuerzas vivas a que se sumen para poder sacar adelante a El Salvador con democracia, dignidad y justicia”, afirmó la legisladora, férrea crítica del gobierno del presidente Nayib Bukele y de su partido Nuevas Ideas.

    Lo que sí hace Ortiz es un llamado a todos los salvadoreños a sumarse a su partido, de cara a las elecciones presidenciales, legislativas y municipales que se desarrollarán en casi dos años.

    “Hago un llamado a todas las fuerzas vivas de la sociedad, a movimientos sociales y liderazgos que han luchado por causas justas. El partido está abierto, los estamos esperando. Llegó el momento para que todos ustedes sean partes de las alternativas que el país necesita», indicó.

    El miércoles 13 de agosto, la secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, también “hizo un llamado a la ciudadanía en general”, a ser parte de Vamos. Rivas sostuvo que “no participar (en las elecciones presidenciales de 2027) sería un grave error».

    «Participar es nuestro derecho y nuestra obligación», indicó.

     

  • Marcela Villatoro: nueva ministra debe “enfocarse en mejorar la educación, no solo infraestructura"

    Marcela Villatoro: nueva ministra debe “enfocarse en mejorar la educación, no solo infraestructura»

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que la militar y médico Karla Trigueros como nueva ministra de Educación desde el pasado 14 de agosto “tiene mucho trabajo qué hacer” en la calidad de la educación en El Salvador.

    “Yo deseo realmente que le vaya bien, pero en carteras tan importantes es necesario contar con personas con experiencia y que conozca no solo el sistema, sino también el magisterio. Lo ideal y lógico es que a los puestos lleguen personas por meritocracia; si es Ministerio de Salud, un doctor; si es Obras Públicas, un ingeniero civil; si es Educación, debe ser un maestro. Zapatero a su zapato”, señaló Villatoro.

    La legisladora aseveró que la nueva funcionaria tiene trabajo que hacer, no solo en infraestructura, sino en subir la calidad educativa, algo que, dijo, ministros anteriores no pudieron hacer.

    “Ojalá que ella pueda llenar ese lugar, porque los últimos ministros que han estado en educación han sido un desastre e incompetentes, todos los ojos están puestos en ella, ella es la que debe demostrar con trabajo e independencia sin dejarse mangonear. Este momento es para enfocarse en mejorar la educación, no solo en infraestructura sino la calidad de la misma», exhortó.

    Agregó que debe tomar varios temas en cuenta como el presupuesto educativo, parar los despidos y mejorar las condiciones laborales de maestros.

    “Mejorar a los maestros y sus condiciones laborales y por supuesto sus salarios que son muy bajos, incluir la salud mental en las escuelas es algo básico y necesario por la sociedad en las que vivimos. También, debe trabajar en mejorar el presupuesto en educación, no permitir más despidos masivos de docentes, ni más cierres de centros escolares”, detalló.

    Se le preguntó a la diputada si con el nombramiento de una militar en Educación considera que traerá cambios en la currícula, o un posible adoctrinamiento a futuro, y respondió:

    «Con tal que no vayan a salir con estar militarizando, porque es regresar al pasado y un grave retroceso a lo que tanto ha costado». Marcela Villatoro, diputada de Arena.

    La capitán y médico fue nombrada como ministra de Educación el jueves 14 de agosto por la noche por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien aseguró en su publicación en su perfil de X que le ha encomendado preparar con éxito a las nuevas generaciones.

    «Su misión será preparar a las futuras generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo», prometió el gobernante salvadoreño.

  • Claudia Ortiz ve más “autoritarismo” en nombramiento de militar como ministra de Educación

    Claudia Ortiz ve más “autoritarismo” en nombramiento de militar como ministra de Educación

    La diputada de oposición Claudia Ortiz consideró el nombramiento de la capitán y doctora Karla Trigueros como nueva ministra de Educación, Ciencia y Tecnología como un nuevo síntoma de autoritarismo en El Salvador.

    «Tenemos autoritarismo en diferentes niveles y esto es un síntoma más de eso, por eso quiero llamar la atención de la sociedad salvadoreña, para que no veamos solo una parte… Esto es un síntoma más de autoritarismo que el país está enfrentando, no desde hace dos semanas, no desde hace dos años, llevamos poco más de cinco años en este proceso; esto empezó el día que se metieron militares acá a la Asamblea Legislativa», aseveró la diputada Ortiz, al referirse a la irrupción de militares el 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa.

    La legisladora detalló momentos que han venido sucediendo que considera síntomas de autoritarismo en el país.

    «Continuó el día que destituyeron magistrados de la Sala de lo Constitucional y fiscal y se impusieron nuevos funcionarios obedientes, continuó cuando se retiraron un tercio de los jueces por decreto; luego con un régimen de excepción que encerró a inocentes, llevamos 41 meses en esto. Entonces, veamos las cosas en su justo contexto, veamos todos estos síntomas», exhortó.

    Según la legisladora estos síntomas están afectando a la pobreza y desigualdad en el país. «Cómo unos pocos tienen acceso a créditos VIP, acceso a grandes beneficios y las grandes mayorías cada día más pobres, con más hambre, con menos empleo y con menos oportunidades acá», cuestionó.

    El nombramiento

    El presidente salvadoreño Nayib Bukele juramentó la noche de este miércoles a la Capitán y médica Karla Trigueros como nueva ministra de Educación, Ciencia y Tecnología.

    «La nueva ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo», dijo Bukele en redes sociales.

    Trigueros, quien es parte del Comando de Sanidad Militar, coordinó la logística del plan de vacunación, durante la pandemia por covid 19.

  • Marcela Villatoro: "Hay personas que están con la necesidad de ser candidatas a la presidencia, cuando el enfoque debe ser la Asamblea Legislativa"

    Marcela Villatoro: «Hay personas que están con la necesidad de ser candidatas a la presidencia, cuando el enfoque debe ser la Asamblea Legislativa»

    La diputada de Arena, Marcela Villatoro, afirmó que la eventual participación del partido tricolor en las elecciones presidenciales 2027 deberá ser consultada con las bases, ya que considera que el enfoque principal debe ser fortalecer la Asamblea Legislativa y recuperar la pluralidad política.

    “Este es un tema que se debe consultar con las bases y no lo hemos discutido como partido. Tengo entendido que se va a convocar y que el presidente y el COENA hablarán con las estructuras del partido”, explicó Villatoro.

    La legisladora criticó que algunos políticos prioricen aspiraciones presidenciales sin respaldo, cuando —a su juicio— el verdadero reto es lograr una Asamblea con diversas corrientes de pensamiento.

    «Hay personas que Dios mío, están con aquella necesidad de ser candidatas a la presidencia que andan locas”, ironizó Villatoro.

    “Yo creo que debemos enfocarnos en lo que se está viviendo ahora, lo que se está viviendo en la Asamblea Legislativa y cómo recuperar desde la Asamblea Legislativa, en lugar de andar pensando en pajaritos en el aire, porque ahorita el problema más grande que tenemos es que en la Asamblea Legislativa no tiene una mayoría de personas con diferentes corrientes de pensamiento que puedan tomar decisiones en beneficio del país y no una Asamblea Legislativa que está obligada a hacer lo que dice una persona», dijo la diputada.

    En contraste, Vamos, otro partido de oposición, sí considera participar en las presidenciales. Su secretaria general, Cesia Rivas, afirmó que “sería un error no participar, es nuestro derecho y obligación”.

    Villatoro insistió que, en lugar de buscar protagonismo sin apoyo popular, Arena debe enfocarse en los espacios donde sí puede generar cambios, como la Asamblea Legislativa.

    Por su parte, el diputado Francisco Lira, también de Arena, manifestó que el partido no debería presentar candidato presidencial en 2027, argumentando que “eso es avalar una reelección inconstitucional”.

    Arena aclaró posteriormente que las declaraciones de Lira son a título personal y reiteró que participará en las próximas elecciones, sin precisar si será en la contienda presidencial, legislativa o municipal.

     

  • Gobierno pide prórroga para la entrada en vigencia de la Ley de Energía Nuclear

    Gobierno pide prórroga para la entrada en vigencia de la Ley de Energía Nuclear

    El gobierno salvadoreño ha pedido una prórroga para que la Ley de Energía Nuclear, aprobada el 22 de octubre de 2024, entre en vigencia el 28 de junio de 2026. La solicitud, presentada por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, busca contar con “un plazo razonable” que permita armonizar el marco normativo con los estándares internacionales y las recomendaciones de organismos especializados.

    La Ley de Energía Nuclear regula toda actividad o práctica relacionada con el uso de energía nuclear en el país y establece que las personas o empresas interesadas deberán presentar una solicitud formal ante la Dirección de Regulación.

    Entre las medidas clave, la normativa contempla la creación del Comité de Emergencia Nuclear, integrado por varios ministerios y entidades como Medio Ambiente, Gobernación, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Salud, Bomberos, Autoridad Salvadoreña del Agua, PNC y Protección Civil, además de la Dirección de Energía. La PNC colaborará con la nueva Dirección de Control y Supervisión de Energía Nuclear.

    Las sanciones incluyen multas desde $10,000 hasta el 10 % del costo final de la instalación nuclear autorizada, con posibilidad de revocación de licencias y responsabilidades civiles por daños ambientales o humanos de al menos $150 millones, ampliables con fondos estatales hasta $300 millones para cubrir reclamos.

    La petición será evaluada por la Comisión de Turismo, Tecnología e Inversión de la Asamblea Legislativa.

     

  • Fiscalía tendrá dos años más de plazo para procesar a capturados del régimen de excepción, tras reformas a Ley contra Crimen Organizado

    Fiscalía tendrá dos años más de plazo para procesar a capturados del régimen de excepción, tras reformas a Ley contra Crimen Organizado

    La Fiscalía de El Salvador contará con un plazo adicional de dos años para presentar casos contra detenidos bajo el régimen de excepción, tras las reformas a la Ley Especial contra el Crimen Organizado aprobadas este jueves por diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa.

    Con esta modificación, la FGR tendrá hasta cuatro años en total para concluir las investigaciones y llevar a juicio a los procesados vinculados a pandillas y delitos contemplados en esta legislación. La ampliación del plazo responde al alto volumen de detenciones efectuadas desde marzo de 2022, cuando entró en vigor el régimen de excepción.

    El fiscal general Rodolfo Delgado  argumentó que esta extensión permitirá realizar investigaciones más completas, recabar pruebas sólidas y garantizar condenas contra estructuras del crimen organizado.

    “Respecto al tiempo que ha transcurrido durante la vigencia del Decreto 803, este tiempo transcurrido guarda relación directa con el artículo 8 del Código procesal Penal que se refiere a la detención provisional. Estos son denominados tiempos muertos, porque no hay una actividad procesal ante los tribunales de justicia. Para lo que nos ha servido es para ordenar a todas las personas que han sido detenidas de una forma desordenada porque se encontraban huyendo de la acción de nuestros policías y nuestros soldados”, aseguró Delgado.

    Dijo que en estos 24 meses han podido solicitar los agrupamientos de los pandilleros de la “Mara Salvatrucha” y de la “Pandilla 18”.

    “Entonces en este tiempo transcurrido nos ha permitido solicitar los agrupamientos de todos los pandilleros de la Mara Salvatrucha en 230 organizaciones criminales y organizar todos los pandilleros de la pandilla 18 en 295 organizaciones y de esa manera que se vayan iniciando los juicios correspondientes”, explicó el fiscal.

    Según Delgado, con estas reformas, lo que está sucediendo es que un mismo juez es el que va a conocer de la acusación e inmediatamente instala la vista pública y empieza el juzgamiento de todas estas personas.

    “Claro está, esa gran cantidad de gente no se va a juzgar en una o dos semanas, tiene que pasar un tiempo considerable para que los jueces reciban las pruebas que atañen a cada uno de ellos y que posteriormente emita las sentencias que conforme a la ley corresponden”, afirmó el fiscal general.

    Delgado detalló que a la fecha son 88,750 personas detenidas bajo el régimen de excepción, que serán vinculados a 600 procesos judiciales.

    Y que en los dos años que han pasado desde la aprobación del Decreto 803 el 26 de julio de 2023, le ha servido a la FGR para ordenar a los pandilleros en las organizaciones criminales a las que pertenecen.

    Si no hay acusación, serán liberados

    Dentro de las reformas también se establece en el Art. 17 de la Ley que si la Fiscalía General de la República no presenta dictamen de acusación en el plazo legalmente dispuesto (los 24 meses), el juez intimará al fiscal superior, y si este no contesta, sin más trámite dictará sobreseimiento definitivo a favor de los imputados y dejará sin efecto la medida cautelar. Ante esto, el diputado presidente de la Comisión, Caleb Navarro dijo que esa parte le parece “una válvula de escape, porque qué pasará si pasan los 24 meses, ¿la Fiscalía podrá solicitar más tiempo?”, consultó.

    El fiscal general dijo que es responsabilidad del Estado presentar la acusación en el plazo establecido y “al contrario a lo que dicen algunos que andan movilizando gente, sí se respeta el debido proceso y los derechos humanos de las personas que están siendo acusadas en este país”.

    También explicó que con esa herramienta se evita que los fiscales no presenten acusación por motivos de negligencia u “otros intereses de cualquier naturaleza o de naturaleza económica el fiscal auxiliar no presente acusación en el tiempo establecido, entonces se da la opción que el juez debe notificar al fiscal superior para determinar si el fiscal ha actuado de manera correcta o no. Esto es trasladar una garantía para el procesado también”, aseguró Delgado.

    Agregó que los 24 meses le parecen un “plazo razonable, pero si me preguntan a mí, me sentiría más tranquilo que este plazo sea sujeto a una solicitud de prórroga justificada y valorada adecuadamente por la autoridad judicial competente”, dijo Delgado.

    El diputado Navarro pidió entonces si tenían alguna propuesta de reforma sobre este tema y Delgado propuso agregar otro inciso en el artículo 17 de esta manera “en aquellos casos en las que el fiscal considere que es necesario ampliar la investigación, solicitará al juez de manera motivada, diez días antes de la finalización del plazo inicial dispuesto, su ampliación, la cual será por un período de 12 meses”, propuso el fiscal.

    Navarro pidió al equipo técnico hacer la modificación en las reformas.

    Los diputados de la Comisión aprobaron dictamen favorable para las reformas a la Ley contra el crimen organizado, que podrían ser aprobadas en la plenaria de este viernes 15 de agosto.