Representantes de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil señalaron este viernes que el caso Santa Marta, contra cinco líderes comunitarios de Victoria, en el departamento de Cabañas, acusados de un homicidio cometido en el contexto de la guerra civil (1980-1992), representa «una persecución» y «tiene como propósito la criminalización».
Los líderes comunitarios y ambientalistas, residentes de la comunidad Santa Marta fueron capturados el 11 de enero de 2023 y aunque fueron sobreseídos de cargos en octubre de 2024, una corte ordenó un nuevo juicio cuyo comienzo estaba programado para febrero pasado pero fue aplazado para abril y luego reprogramado para finales de julio.
«El tiempo y los hechos han demostrado que el caso fue fabricado con el propósito de criminalizar y perseguir penalmente a nuestros compañeros debido a su labor de defensa del medioambiente, especialmente por denunciar los intentos de reactivar la minería metálica en el país«, indicó en una conferencia de prensa Alfredo Leiva, de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES).
Apuntó que este caso «es también una instrumentalización de la justicia restaurativa y transicional, y una revictimización de una comunidad (Santa Marta) que fue víctima de torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y masacres cometidas por el Ejército y sus grupos paramilitares durante la guerra«.
Ante este escenario, «ADES y las organizaciones que nos acompañan, insistimos en la demanda de libertad para nuestros líderes ambientalistas», declaró Leiva.
«Son 30 meses de violación del debido proceso y violaciones a derechos humanos, sobre todo durante los ocho meses que (los procesados) estuvieron en prisión. Ahí sufrieron violencia, hambre, sed, enfermedades y otras consecuencias de hacinamiento, insalubridad y demás condiciones carcelarias», agregó.
Los ambientalistas procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco y Saúl Rivas.
También está involucrado Fidel Recinos, que no pertenece a la comunidad de Santa Marta, ubicada en el departamento de Victoria, que es reconocido por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica.
Igualmente, son procesados Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos -uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra interna- y Arturo Serrano Ascencio.
Los ambientalistas fueron sobreseídos el 18 de octubre de 2024 por un juzgado de sentencia de Sensuntepeque y, posteriormente, una corte de apelaciones revirtió el fallo y ordenó que se realizara un nuevo juicio.
La Fiscalía General salvadoreña señaló en su momento que «todos los procesados» son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, supuestamente perpetrado el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso, que permanece bajo reserva.
