Autor: Redaccion DEM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes que una Corte de Apelaciones le permitió mantener el control de la Guardia Nacional en California, luego de que un tribunal dictaminara ilegal el despliegue de los miembros de ese cuerpo sin la autorización de las autoridades estatales.

«La Corte de Apelaciones dictaminó anoche que puedo usar la Guardia Nacional para mantener nuestras ciudades, en este caso Los Ángeles, seguras. Si no hubiera enviado a las Fuerzas Armadas a Los Ángeles, esa ciudad estaría en llamas ahora mismo. Salvamos Los Ángeles. ¡Gracias por la decisión!», escribió Trump en su red Truth Social.

Trump movilizó el sábado pasado a 2,000 miembros de la Guardia Nacional para salvaguardar edificios federales en Los Ángeles, donde el fin de semana estallaron protestas luego de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizara una serie de agresivos operativos contra varios centros de trabajo. El lunes el mandatario ordenó activar a otros 2.000 adicionales.

La decisión presidencial de mover a estas tropas pasando por alto al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, -algo inédito en el país en los últimos 60 años-, provocó denuncias inmediatas tanto de Newsom, como de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, que advirtieron que el mandatario estaba «incendiando» una situación que las autoridades estatales dijeron tener bajo control.

El estado de California demandó a Trump este martes para recuperar el control de la Guardia Nacional, calificando la decisión del republicano de «ilegal» y un ataque «a la soberanía del estado».

El jueves, el juez federal de distrito Charles Breyer dictaminó que Trump federalizó ilegalmente a miles de miembros de la Guardia Nacional de California y que debía devolver el control de estas tropas a las autoridades locales, en una victoria momentánea para Newsom.

Sin embargo, poco después tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. aprobaron un bloqueo temporal que suspende el fallo y anunciaron que escucharán argumentos sobre el caso el próximo 17 de junio.

Una semana después del inicio de los disturbios, Los Ángeles despertó este viernes en su tercera noche de toque de queda en el área del centro de la ciudad, militarizada desde el inicio de las protestas, que si bien han transcurrido de manera pacífica en su mayoría, algunas han derivado en saqueos y enfrentamientos con la policía y agentes del ICE.

La urbe californiana se prepara para la llegada de unos 700 marines enviados por la Administración Trump para apoyar a la Guardia Nacional a pesar de las objeciones de Newsom.

Desde el comienzo de las protestas, más de 350 personas han sido arrestadas y detenidas en Los Ángeles.

Las manifestaciones se han extendido a ciudades como San Antonio, Nueva York, Chicago y Seattle, mayoritariamente pacíficas, aunque manifestantes reunidos en centros de detención de inmigrantes en Portland, Oregón y Nueva Jersey fueron dispersados con irritantes químicos por agentes del orden.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, movilizó a miles de miembros de la Guardia Nacional bajo su mando para mantener el orden ante un esperado aumento de las manifestaciones.

En coincidencia con la celebración en Washington de un desfile militar el sábado por el 250 aniversario del Ejército estadounidense, presidido por Trump, se prevén unas 2,000 protestas contra las políticas del mandatario en ciudades y localidades de los 50 estados del país.

Los centros de detención de inmigración en Georgia (EE.UU.)

están abarrotados al aumentar de manera dramática el número de indocumentados arrestados desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero pasado, lo que está creando condiciones aún más deplorables para quienes se encuentran encerrados ahí, denuncian defensores de derechos humanos.

Los activistas también reportaron casos en los que algunos inmigrantes sin antecedentes penales estaban acabando en cárceles con presos comunes debido a la sobrepoblación que existe en los reclusorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en este estado.

En medio de las crecientes denuncias de hacinamiento y violaciones a los derechos humanos, ICE confirmó esta semana la muerte de un migrante mexicano que estaba recluido en el Centro de Detención de Stewart (SDC), en la remota localidad de Lumpkin, en el sur de Georgia, aparentemente tras quitarse la vida, ya que fue encontrado «con una ligadura alrededor del cuello».

Con la muerte de Jesús Molina-Veya, de 45 años, son dos los migrantes que han fallecido en Georgia en el último mes y 23 desde que inmigración comenzó a detenerlos en Stewart en 2006, según cifras de El Refugio.

Alarma entre los activistas

La situación en estos centros de ICE «es alarmante», dijo a EFE el defensor de los derechos de los inmigrantes Amílcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, una organización que brinda asistencia a los familiares de los detenidos en esa prisión y que durante años ha estado denunciando abusos y negligencia médica en esa cárcel.

«Acompañamos en el sentimiento a las personas detenidas en el SDC, para quienes otra muerte es un duro recordatorio de la crueldad de un sistema que no proporciona atención básica», declaró Valencia, quien exigió la liberación inmediata de todas la personas detenidas, en particular aquellas que sufren problemas de salud y las mujeres embarazadas.

Este centro de detención, uno de los más grandes del país, tiene capacidad para 1,752 personas, de acuerdo con el gobierno, sin embargo, actualmente, según Valencia, hay más de 2,000 detenidos.

«En los últimos dos meses hemos escuchado historias de personas detenidas ahí que nos dicen que en cada unidad, que normalmente debe haber 60 o 70 personas, hay 100 personas, por lo que muchos no tienen cama y los ponen a dormir en un colchón», aseveró el activista, quien también es miembro de la organización Detention Watch Network.

La adolescente mexicana Ximena Arias-Cristóbal, quien estuvo presa dos semanas en ese centro de ICE antes de obtener la libertad bajo fianza, testificó esta semana ante un comité del Senado de Estado Unidos sobre la «traumática» que vivió ahí tras ser arrestada por un error de la policía el pasado 5 de mayo.

La joven de 19 años denunció que a los detenidos en Stewart se les niega el acceso a necesidades básicas como alimentación nutritiva, higiene y condiciones adecuadas para dormir.

ICE ha negado reiteradamente estas acusaciones y en un comunicado donde confirmó la muerte del inmigrante mexicano Molina-Veya, dijo que la agencia «mantiene su compromiso de garantizar que todas las personas bajo su custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos».

«Se proporciona atención médica integral desde el momento de la llegada y durante toda su estancia», aseveró.

Indocumentados en cárceles regulares

En Atlanta se han dado a conocer casos de inmigrantes detenidos que han acabado presos en prisiones federales, algo que el director ejecutivo de El Refugio dijo que está ocurriendo y que el mismo ICE ha reconocido dado el alto número de arrestos en los operativos que en Georgia suman más de 100 diarios.

El Gobierno de Trump también busca ampliar el Centro de Procesamiento de ICE en Folkston, también en el sur de Georgia, a solo unas cuantas millas de Florida, y en días recientes, las autoridades locales y la agencia aprobaron un plan para hacerlo y convertir esta prisión para indocumentados en la más grande del país.

Se estima que este centro de detención triplicará su capacidad, de los 1,100 actuales a casi 3,000, según el acuerdo alcanzado entre las partes y que fue anunciado por el congresista republicano por Georgia Earl L. Buddy Carter.

Unas 70 personas murieron y más 300

resultaron heridas en Irán en los ataques de Israel, según datos proporcionados por medios iraníes que no han sido confirmados por las autoridades.

La agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, informó del número de muertos y heridos, sin citar fuentes.

as autoridades iraníes solo han confirmado la muerte de altos cargos militares como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Mohamad Hosein Baqerí; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Hossein Salamí, y el jefe de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, el general Amir Ali Hajizadeh.

A ellos se sumó el general Gholam Ali Rashid, responsable de la importante base aérea Khatam ol-Anbiya, y seis científicos nucleares, en los ataques sin precedentes contra el país persa.

Los bombardeos contra un centenar de objetivos en suelo iraní se produjeron en la madrugada y esta misma tarde ha renovado los bombardeos en al menos cuatro puntos del país persa.

Entre los objetivos se encuentra la principal planta de enriquecimiento de uranio iraní, Natanz, según confirmó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Al mismo tiempo, las fuerzas israelíes han atacado numerosas zonas residenciales en Teherán.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, condenó los ataques y prometió venganza.

“Con este crimen, el régimen sionista se preparó un destino amargo y doloroso, y sin duda lo recibirá”, dijo Jameneí en un comunicado publicado en su página web.

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, prometió una “poderosa respuesta” a Israel.

”La nación iraní y las autoridades del país no permanecerán en silencio ante este crimen, y la legítima y poderosa respuesta de la República Islámica de Irán hará que el enemigo se arrepienta de su insensata acción”, dijo Pezeshkian en un discurso televisado.

En la cabina del vuelo AI-171 de Air India, el 12 de junio de 2025, la normalidad se desvaneció en segundos. El avión con destino Londres-Gatwick 1,242 personas a bordo pareció estancarse en el aire justo después del despegue, recuerda Vishwash Kumar Ramesh, el único superviviente en la que es ya una de las peores tragedias aéreas del país.

Durante esa pausa en el cielo, las luces verdes y blancas se encendieron, indicando un posible intento de recuperación, antes de que el avión acelerara de nuevo para una toma de altura que nunca se completaría.

Pero en lugar de ganar altura, el avión se estrelló contra una residencia de estudiantes de medicina próxima al aeropuerto, causando la muerte de 241 pasajeros y tripulantes, además de al menos 27 personas en tierra, y generando una profunda conmoción en la India y el mundo entero.

«Justo después de despegar, sentí que el avión se atascaba durante 5 o 10 segundos. Y entonces, una luz verde y blanca se encendió», relató a las cámaras del canal estatal indio DD news.

Ramesh, desde su camilla en el Hospital Civil de Ahmedabad, mostró un semblante afectado pero sereno mientras compartió los detalles de su experiencia con el primer ministro, Narendra Modi, durante su visita al lugar del desastre.

«Todo sucedió delante de mis ojos. Ni siquiera puedo creer que sobreviví, porque por un momento pensé que iba a morir. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba vivo, intenté quitarme el cinturón de seguridad y lo logré. Ante mis ojos, las azafatas y otras personas estaban muertas», explicó desde el hospital.

El superviviente, un ciudadano británico de origen indio, aseguró que aterrizó en la planta baja del edificio universitario contra el que se estrelló la aeronave, y que pudo escapar porque a su lado había un espacio abierto.

«Del otro lado estaba la pared del edificio, esa es probablemente la razón por la que otros no pudieron escapar», señaló.

En el intento de huida de la aeronave, Kumar sufrió quemaduras en la mano izquierda. “El fuego me quemó la mano. Después, una ambulancia me llevó aquí al hospital”, añadió.

Durante la jornada del viernes, Modi visitó al superviviente y recorrió el lugar del accidente, mientras continúan las labores de recuperación de restos y búsqueda de las cajas negras.

Las autoridades han iniciado un complejo proceso de identificación de las víctimas mediante pruebas de ADN.

El Gobierno ha abierto una investigación oficial para esclarecer las causas del siniestro, mientras Air India ha habilitado centros de asistencia a familiares en cuatro aeropuertos y el grupo Tata, propietario de la aerolínea, ha anunciado una compensación de 10 millones de rupias (unos 120.000 dólares) por cada víctima mortal.

La tragedia ha generado una fuerte presencia mediática y policial en la ciudad de Ahmedabad, donde la morgue y el hospital central se han convertido en puntos clave de un proceso complejo, marcado por el duelo y la espera

Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado en 2020 por lo que su defensa califica como un «error administrativo» del gobierno de Donald Trump, comparece este viernes ante una corte federal en Tennessee.

La audiencia definirá si permanece detenido mientras enfrenta un juicio por presunto tráfico de personas. Ábrego, de 29 años, fue arrestado el 6 de junio de este año poco después de su reingreso a Estados Unidos. El Departamento de Justicia solicitó su detención alegando que los cargos implican a una víctima menor de edad, que existe un «riesgo serio» de fuga, y que el acusado podría obstruir la justicia o intimidar testigos. Sin embargo, sus abogados —defensores públicos designados— se oponen tajantemente a esta petición.

En un memorando de 20 páginas presentado ante la jueza federal Barbara D. Holmes, argumentan que Ábrego busca únicamente lo que se le ha negado desde su arresto y deportación: el debido proceso.

«El señor Ábrego García pide lo que le ha sido negado en meses anteriores: una audiencia justa», señala el documento. La defensa subraya que los cargos presentados no involucran explícitamente a menores de edad, y que el gobierno no ha entregado evidencia concreta sobre un supuesto riesgo de fuga o conducta obstructiva.

Los abogados también niegan cualquier vínculo comprobado de Ábrego con pandillas, en respuesta a las acusaciones del gobierno de que pertenecería a la MS-13. «Incluso si se asumiera su pertenencia —lo cual negamos categóricamente— no basta legalmente para justificar su detención preventiva», argumentaron.

Deportado a pesar de protección legal Ábrego fue deportado a El Salvador en marzo, pese a contar con protección de un juez de inmigración que reconoció su calidad de víctima de la pandilla Barrio 18 y el peligro que enfrentaba en su país de origen.

Al llegar, fue encarcelado en el Centro para el Confinamiento de Terroristas (Cecot), una prisión de máxima seguridad para presuntos pandilleros, fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos.

Durante meses, el gobierno estadounidense negó que pudiera retornarlo a su territorio. No fue sino hasta el viernes pasado que admitió su regreso.

La fiscal general Pam Bondi confirmó su presencia en suelo estadounidense y anunció que enfrentaría un juicio por su presunto rol en una red de tráfico humano, acusándolo de realizar más de 100 viajes desde Texas a otras ciudades del país y de abusar de mujeres durante los traslados. La fiscalía aún no ha mostrado evidencia concreta.

La investigación contra Ábrego, según los reportes, habría iniciado tras una parada de tránsito en Tennessee en 2022, en la que viajaba con nueve personas en un vehículo. En ese momento solo recibió una advertencia por conducir con licencia vencida y no se presentaron cargos. La acusación formal, presentada el 21 de mayo por un gran jurado, incluye cargos federales y lo vincula a la MS-13.

La defensa y sus familiares niegan categóricamente estas acusaciones. Su abogado principal, Simon Sandoval Moshenberg, calificó los cargos como «completamente inventados» y denunció que el proceso contra Ábrego ha estado plagado de irregularidades. «Esto no es justicia.
Esto es un abuso de poder. El debido proceso no comienza después del castigo, comienza antes», afirmó Moshenberg en una rueda de prensa esta semana.

Además, el caso ha generado fricciones dentro del propio sistema judicial. Dos fuentes revelaron a The New York Times que el supervisor de la oficina de fiscales en Nashville renunció recientemente por estar en desacuerdo con el manejo del caso.

Futuro incierto La jueza Holmes escuchará hoy los argumentos de ambas partes para decidir si Ábrego García puede esperar su juicio en libertad. Incluso si se le otorga esa libertad, su futuro es incierto.

Las autoridades migratorias podrían intervenir nuevamente para mantenerlo bajo custodia.

De declararse culpable —algo que su defensa descarta rotundamente— el caso de Ábrego tendría que regresar a una corte de inmigración.

Sus abogados también han solicitado esta semana que una jueza de Maryland sancione al gobierno de Trump por ignorar, durante semanas, las órdenes judiciales que exigían su retorno a EE.UU.

Mientras tanto, Ábrego se prepara para declarar su inocencia ante la corte, en un proceso que se perfila como emblemático sobre los límites del poder estatal y el respeto al debido proceso en tiempos de creciente tensión migratoria.