Autor: Redaccion DEM

Decenas de personas fueron detenidas este martes en una redada a gran escala realizada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos en una procesadora de carne en Omaha, la mayor ciudad del estado de Nebraska.

Don Bacon, congresista que representa al Segundo Distrito de Nebraska, aseguró a medios locales que el operativo se saldó con entre 75 y 80 detenidos.

La operación se llevó a cabo en una planta de procesamiento de carne en el sur de Omaha a raíz de una investigación relacionada con el uso de falsas identidades, según ICE.

Los responsables de la planta dijeron a los agentes que sus empleados tienen todo en orden y que utilizaron en las contrataciones E-Verify, la web del Departamento de Seguridad Nacional que permite a las empresas verificar si sus empleados tienen permiso para trabajar en Estados Unidos.

La acción fue respondida con protestas de familiares de los arrestados y otros miembros de la comunidad, que en un momento dado trataron de impedir que partieran los vehículos de ICE con las personas detenidas.

Según medios locales como el diario Nebraska Examiner la operación desató el pánico en la región circundante, lo que llevó a muchos comercios que emplean a inmigrantes en Nebraska a cerrar hoy sus puertas.

«ICE y sus socios federales ejecutaron hoy una orden de allanamiento federal en Glenn Valley Foods, con base en una investigación criminal en curso sobre el empleo a gran escala de extranjeros sin autorización para trabajar en Estados Unidos”, explicó a medios una portavoz de ICE, que añadió que la investigación sigue en curso.

Se cree que esta es la mayor redada contra inmigrantes en Nebraska desde el retorno a la Casa Blanca en enero de Donald Trump, que está ejecutando una política de redadas, deportaciones y expulsiones a gran escala.

Esta operación se produce en un momento en que el condado de Los Ángeles encara su quinto día de protestas por las redadas que ICE llevó a cabo ahí el pasado miércoles.

Trump decidió enviar miles de soldados a Los Ángeles pese a que las autoridades locales no lo han solicitado, acusando al presidente de querer escalar la tensión, mientras que se están celebrando y convocando otras protestas en diferentes puntos del país para criticar la política migratoria del Gobierno.

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) tiene cinco días hábiles para presentarse ante el tribunal que la condenó a seis años de prisión, un plazo que comenzará a correr una vez que sea notificada del fallo adoptado este martes por la Corte Suprema.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, que en 2022 condenó a Fernández en la denominada «causa Vialidad», emitió una resolución de ejecución de aquella sentencia, luego de que este martes el Supremo la dejara firme tras rechazar un recurso de la defensa de la exmandataria.

A los fines de ejecutar la sentencia, el tribunal oral convocó a Fernández y a los otros ocho condenados en este juicio a que se presenten en la sede del tribunal «dentro del quinto día hábil de notificados de lo aquí dispuesto, con el objetivo de hacer efectivas sus detenciones».

Veinticuatro horas para habilitar el lugar de encarcelamiento

En su resolución, tal y como ha constatado EFE, el tribunal oral requirió además al Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina que en el término de 24 horas asigne una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para alojar a la condenada.

Respecto de la pena de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, que también se impuso a Fernández en la condena dictada en 2022, el tribunal oral dispuso notificar a la Cámara Nacional Electoral de que la sentencia ha quedado firme.

Fernández, de 72 años, había anunciado la semana pasada que sería candidata a legisladora provincial en las elecciones a celebrarse en septiembre en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral de Argentina.

La exmandataria y actual presidenta del Partido Justicialista (PJ, peronista) afirmó este martes, tras conocerse el fallo de la Corte, que la Justicia le ha puesto restricciones al voto popular al impedir que haya una alternativa política cuando el modelo del Gobierno del ultraderechista Javier Milei se derrumbe.

La líder opositora, que permanece en su casa en el barrio capitalino de Constitución, aseguró que no se fugara como lo hacen los «mafiosos».

La defensa de la exmandataria tiene la posibilidad de solicitar al tribunal que le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria por ser una persona mayor de 70 años.

Un juez federal rechazó este martes la solicitud del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, de emitir una orden de emergencia que bloquee el despliegue en Los Ángeles de soldados de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina de EE.UU. ordenado por la Administración del presidente Donald Trump.

Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, habían pedido este martes un fallo de emergencia ante el Tribunal del Distrito Norte de California para impedir al Pentágono ampliar la misión actual del personal federalizado de la Guardia Nacional de California y la Infantería de Marina.

El juez federal Charle Breyer rechazó la solicitud de California sobre la orden de emergencia, y concedió la solicitud de dar más tiempo a la Administración Trump para responder a la querella legal.

Breyer dio la oportunidad al estado de California de presentar los documentos de oposición antes de una audiencia programada para el jueves.

Trump ordenó el sábado pasado desplegar 2,000 soldados de la Guardia Nacional de California, sin contar con la autorización del gobernador, lo que supone la primera vez en 60 años que el Ejecutivo estadounidense desconoce la autoridad estatal sobre las fuerzas.

Newsom y Bonta demandaron este lunes a la Casa Blanca para detener el despliegue argumentando que la Administración «abusaba de la autoridad del gobierno federal y violaba la Décima Enmienda» de la Constitución.

Pero Trump y el Pentágono respondieron ayer mismo con el envío de 700 infantes de Marina y 2.000 soldados más de la Guardia Nacional de California.

«Lo que están presenciando en California es un ataque total a la paz, al orden público y a la soberanía nacional, perpetrado por alborotadores que portan banderas extranjeras con el objetivo de prolongar una invasión extranjera de nuestro país. No vamos a permitir que eso suceda», dijo hoy el mandatario durante un mitin en Fort Bragg, la mayor base militar en suelo estadounidense.

Las manifestaciones en Los Ángeles comenzaron el viernes después que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizara una serie de operativos contra trabajadores y se han prolongado por cuatro días.

Newsom aclaró que aunque se reportaron algunos incidentes violentos e ilegales, que llevaron a arrestos «justificados» por parte de las autoridades estatales y locales, «estas protestas fueron en gran medida pacíficas» e involucraron a ciudadanos que ejercieron su derecho a protestar, amparado por la Primera Enmienda.

El gobernador, al igual que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han subrayado que la policía ha logrado controlar la situación, como en otros casos recientes de disturbios.

El despliegue total de los casi 5,000 soldados tendrá un costo de 134 millones de dólares que cubrirán transporte, alimentación, alojamiento y otros gastos hasta un máximo de 60 días, según cifras compartidas por el Pentágono.

La Corte Suprema de Argentina rechazó este martes el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó en firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales.

Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena, que la expresidenta ha calificado como un caso de «lawfare», es decir, persecución judicial y política.

«Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (…) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional», dice el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Y añade: «El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley», agrega.

La decisión ratificó así la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur).

El fallo de la Corte debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022, lo que significa que sería detenida en las próximas horas o días.

La defensa de Fernández puede solicitar a ese juez que conceda a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, tras haber cumplido 72 en febrero pasado.

El fallo del Supremo llegó ocho días después de que la expresidenta anunciara su candidatura como legisladora en los elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre.

Al haber alcanzado una decisión antes de la fecha de presentación oficial de las candidaturas para dichos comicios el próximo 19 de julio, la exmandataria queda ahora imposibilitada de competir en esa elección y cualquier otra.

La causa por la que fue condenada, conocida como «Vialidad», investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

La expresidenta fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque no fue detenida debido a los fueros que entonces tenía como vicepresidenta del país y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Cámara de Casación Penal.

En noviembre de 2024 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Fernández, quien recurrió al Supremo.

En declaraciones este lunes en la sede de su partido, en vísperas de la decisión de los jueces, la exmandataria definió a la Corte Suprema como «guardia pretoriana del poder económico» y sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan «libres» por las calles, por lo que, para ella, «estar presa es un certificado de dignidad».

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó este martes haber considerado un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, reconoció que exploró «alternativas dentro de la ley», pero rechazó cualquier intento por romper el orden constitucional.

«Cuando hablamos de un proyecto de ley, parece que se trata de algo perverso. Rechazo cualquier posibilidad de hablar de un proyecto de ley golpista o que no se ajuste a la Constitución brasileña», declaró el exmandatario en su primera comparecencia como imputado en la causa por el presunto complot golpista.

Al ser interrogado por el juez Alexandre de Moraes sobre las reuniones que sostuvo con comandantes militares a finales de 2022, Bolsonaro aseguró que todas las conversaciones giraron en torno a soluciones enmarcadas en la Constitución. «No puedo garantizar qué asunto se discutió en qué fecha. Las reuniones se basaban, en gran medida, en la decisión del Tribunal Superior Electoral», explicó.

El expresidente afirmó que la sanción económica impuesta a su partido, el Partido Liberal, por solicitar la anulación de las elecciones, limitó la posibilidad de cuestionar los resultados. «Entendíamos que, si apelábamos, la multa podía aumentar», señaló.

Sobre las acusaciones de que su administración habría considerado acciones militares, Bolsonaro fue enfático: «Por mi parte, nunca se habló de un golpe de Estado. Es abominable. Sería fácil iniciarlo, pero las consecuencias serían impredecibles. Brasil no puede vivir una experiencia así».

Asimismo, negó que el excomandante de la Armada, Almir Garnier, le ofreciera tropas para revertir los resultados. «No había clima, ni oportunidad, ni una base mínimamente sólida para hacer nada», afirmó.

En cuanto a sus declaraciones cuestionando la legitimidad del sistema de voto electrónico, sostuvo que su postura siempre ha sido favorable al voto impreso, sin tomar acciones que violaran la ley. También ofreció disculpas por acusaciones infundadas contra magistrados del Alto Tribunal: «No tenía intención de acusar a nadie, y reconozco que no existe ninguna prueba».

Bolsonaro forma parte del grupo principal de ocho personas investigadas por supuestamente integrar una trama que pretendía derrocar el orden democrático, la cual culminó con el intento de toma de las instituciones el 8 de octubre de 2023. En su contra pesan cargos por asociación criminal, tentativa de abolir violentamente el Estado de derecho, intento de golpe de Estado y daños al patrimonio nacional.