Autor: Redaccion DEM

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su ofensiva para recortar el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que permite residir y trabajar a miles de migrantes, aunque por ahora ha dejado en pie la protección para El Salvador, uno de sus aliados clave en materia de deportaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional oficializó este martes la cancelación del TPS para unos 76,000 hondureños, nicaragüenses y nepalíes, sumándose a la eliminación del beneficio para más de 800,000 venezolanos y haitianos anunciada en meses recientes. El argumento de la Casa Blanca es que los países de origen ya no cumplen los requisitos de inseguridad o crisis para justificar el amparo.

El TPS otorga residencia temporal a ciudadanos de naciones afectadas por desastres naturales o conflictos armados, protegiendo actualmente a migrantes de 17 países. Trump ya había intentado eliminar el programa en su primer mandato (2017-2021) para seis naciones, entre ellas El Salvador, Honduras y Haití, pero perdió la batalla legal.

Si los tribunales no hubieran fallado a favor de los beneficiarios —conocidos como tepesianos—, la primera ofensiva habría dejado sin protección a más del 98 % de quienes contaban con el TPS en 2017. En aquel entonces, Trump desató la polémica al calificar a El Salvador y Haití como países de «mierda» y expresar su preferencia por recibir migrantes de Noruega.

Actualmente, el amparo para El Salvador está vigente hasta septiembre de 2026 gracias a la ampliación otorgada durante la administración del expresidente Joe Biden, quien también extendió la protección a venezolanos y reforzó la cobertura para hondureños y nicaragüenses. No obstante, la reciente cancelación del TPS para Haití alimenta la incertidumbre sobre el futuro de los salvadoreños.

Pese a la buena relación entre Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele —cuyo gobierno aloja a unos 230 migrantes, en su mayoría venezolanos, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)—, defensores de migrantes temen un giro.

«Con esta administración no sabemos qué va a pasar, así que todo el mundo debe prepararse para una eventual terminación del TPS», advirtió Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal).

Tejada señaló que muchos salvadoreños amparados desde 2001 enfrentan problemas porque no han recibido sus nuevos permisos de trabajo, situación que ya provoca despidos y complicaciones para renovar licencias de conducir.

«Las empresas y las mismas autoridades locales se confunden sobre quién tiene permiso y quién no, al decir que han cancelado un TPS piensan que es a todos», explicó Tejada.

El caso de Rodolfo Villanueva Aguilar, salvadoreño detenido junto a su hijo Dennis por agentes de ICE el pasado 24 de junio en Los Ángeles mientras trabajaban en jardinería, evidencia las dificultades: ambos fueron enviados a un centro de detención en El Paso, Texas, complicando su defensa legal pese a estar amparados.

La Casa Blanca enfrenta ahora una nueva ola de demandas por la cancelación de protecciones.

«Un ataque contra un país designado para TPS es un ataque contra todos los beneficiados», subrayó José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, quien instó a «enfrentar el odio unidos».

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos traslada con frecuencia a inmigrantes detenidos a centros lejos de sus domicilios, a pesar de contar con camas disponibles en instalaciones cercanas, según un informe divulgado el martes por Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York.

A mediados de abril, ICE disponía de una capacidad contractual de 62,913 camas a nivel nacional, de las cuales una cuarta parte permanecía vacía. No obstante, datos analizados por TRAC revelan que 45 de los 181 centros de detención autorizados operaron por encima de su capacidad contractual durante la mitad del mes.

El análisis añade que 84 de los 181 centros superaron su límite de ocupación al menos un día en el año fiscal 2025. Incluso el pasado 4 de julio, cuando se reportaron cifras récord de detenciones, ICE seguía teniendo camas disponibles sin utilizar.

El informe detalla casos extremos como el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North, en Miami, que llegó a albergar a casi 1,200 personas más de su capacidad contractual, y la cárcel migratoria de Pine Prairie, en Texas, que alojó a más de 400 detenidos por encima del cupo, pese a la existencia de espacio libre en otras instalaciones.

«Estos datos revelan que el ICE a menudo tenía camas disponibles mucho más cerca del domicilio de la persona detenida», señala el documento, que resalta el impacto de estas decisiones en la relación de los inmigrantes con sus familias y abogados.

Defensores de los migrantes y familias afectadas denuncian que este patrón de traslados complica las defensas legales y vulnera derechos. Uno de los casos recientes es el del salvadoreño Rodolfo Villanueva Aguilar, detenido junto a su hijo Dennis el 24 de junio en West Covina, Los Ángeles, mientras realizaban trabajos de jardinería.

Ambos fueron enviados a un centro de detención en El Paso, Texas, en la frontera con México, dificultando su proceso de defensa.

El Gobierno de Haití condenó el martes como «un acto intolerable» el incendio intencional del emblemático Hotel Oloffson, considerado una joya arquitectónica y un símbolo cultural del país, destruido por pandilleros en un ataque que las autoridades calificaron de «violencia indescriptible».

«El Hotel Oloffson, joya arquitectónica y símbolo viviente de la historia haitiana, fue destruido por un incendio en un acto criminal de violencia incalificable», lamentó el Ejecutivo en un comunicado en el que declaró «tolerancia cero» contra las bandas armadas que siguen sembrando el terror en Puerto Príncipe.

La noche del sábado al domingo, miembros de la coalición ‘Vivre Ensemble’, liderada por el ex policía Jimmy Cherisier, alias Barbecue, incendiaron el icónico hotel ubicado en la avenida Christophe, cerca de Carrefour-feuilles, zona dominada desde hace años por grupos criminales.

«La destrucción del Oloffson arranca una parte del alma de Puerto Príncipe, de la memoria nacional y del patrimonio haitiano», denunció el Gobierno, que hizo un llamado a la población a movilizarse: «No es tiempo de indiferencia ni divisiones. Es hora de la unidad nacional para enfrentar a los bandidos que amenazan nuestra supervivencia colectiva».

El Hotel Oloffson fue testigo de la historia cultural haitiana, acogiendo a artistas, escritores y visitantes de todo el mundo. Allí, el novelista Graham Greene escribió parte de su famosa obra Los comediantes. Su pérdida ha provocado una ola de indignación entre la sociedad haitiana.

El Gobierno advirtió que este «crimen contra la nación» no quedará impune y prometió movilizar todos los recursos necesarios para perseguir, desmantelar y erradicar a los grupos responsables.

«Los instigadores del caos no destruirán Haití. Han encendido una llama que despertará la conciencia de un pueblo firme», sentenció la oficina del primer ministro.

Haití vive desde hace años una crisis profunda, con una violencia imparable. Solo en la primera mitad de 2024 se han registrado más de 4,000 homicidios, según la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH). Además, el número de desplazados internos por la violencia de las pandillas ya supera los 1.3 millones, triplicando la cifra de 2023.

Tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021 y la dimisión del primer ministro Ariel Henry a inicios de 2024, un Consejo Presidencial de Transición gobierna con la misión de pacificar el país y organizar elecciones, mientras la misión internacional liderada por Kenia no logra frenar el avance de las pandillas.