Autor: Redaccion DEM

Laura C. tiene 55 años de edad y trabaja en una tortillería en Ciudad Delgado. Ella nunca ha tenido licencia de conducir ni siquiera tiene vehículo, sin embargo, la semana pasada le enviaron un mensaje a su cuenta de WhatsApp a través del cual le notificaban que en el Viceministerio de Transporte tenía una multa por $50, pero que si a partir del aviso pagaba en dos días hábiles la cantidad de $25, el resto se lo descontaba. Si no pagaba le amenazaban con suspenderle la licencia de inmediato. En el mensaje, con procedencia de un código telefónico de Filipinas, le explicaban como tenía que hacer la transferencia del dinero.

Sin entender lo que eso significaba prestó $25 y le pidió ayuda a una hija para que fuera a realizar el depósito transferencia a un banco. Su hija le explicó que eso era una estafa y que era imposible que ella tuviera una multa, pues no tenía licencia de conducir. ¿Cuántas personas inocentes habrán caído en esta burda estafa?. Un amigo en Ecuador me contó que en su país también pretendieron estafarlos de esa manera.

Las estafas a través de las redes sociales están a la orden del día. Las innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial sumado a la inocencia de las personas que dan como verdadero todo lo que se publica, así como la adicción enfermiza a las redes sociales y al contenido basura, “bayunco” e inservible de los ”dizque””influencer” hacen factibles las manipulaciones y las estafas.

La forma más usual es pedir los datos del usuario de redes sociales porque ganaron premios en concursos que no participaron o porque tendrán acceso a beneficios determinados. A las personas les piden direcciones, nombres completos, números de teléfonos y WhatsApp, datos familiares, números de cuentas bancarias, números de DUI y licencia de conducir, lugar de trabajo, estado civil, claves para acceder a nuestras redes sociales y otros datos estrictamente privados.

Algunos contenidos están tan finamente elaborados que engañan a cualquiera. He visto videos, audios e imágenes, incluso textos, donde los manipuladores de la inteligencia artificial retoman a personajes reconocidos como políticos, funcionarios, periodistas, artistas y celebridades en diferentes áreas para elaborar contenidos. Un excompañero de escuela discute que la Tierra es plana porque ha visto video donde supuestos científicos lo afirman.

Por eso me parece atinada la campaña gubernamental que insta a la población a estar atenta y a no ser tan ingenua. La campaña busca advertir a los salvadoreños sobre las nuevas modalidades del hurto informático. Todos los usuarios de redes y servicio de telefonía antes de caer en el engaño deben cerciorarse que no estén siendo víctima y si los buscan estafar deben llamar al 2999-9999 para interponer la respectiva denuncia.

En redes sociales, por ejemplo, circulan cientos de videos, en los que se ve a científicos, funcionarios de gobierno y celebridades hablando de la diabetes y sus posibles curas. Los que padecen la enfermedad y buscan información en las redes salen confundidos. Conozco a más de algún diabético que dejó el tratamiento médico para seguir los consejos que un supuesto experto dio a través de un video propagado a través de youtube. El resultado es que se agravaron.

Los salvadoreños debemos tener presente que nadie nos va a regalar dinero o herencias, que nadie gana un premio en un concurso en el cual no ha participado, que ningún desconocido nos manda paquetes del exterior y que ninguna persona o institución nos pide datos personales si en ningún momento ha tenido tratos con nosotros. También tenemos que tener claro que lo que circula por las redes sociales no suele ser verídico, que mayoritariamentelos “dizque” youtubers, creadores de contenidos o “influencer”, difunden material sin importancia, nulo y vacío de valores. Además, tenemos que estar conscientes que con la inteligencia artificial la manipulación y el abuso son factibles y por tanto el engaño y la estafa.

Así cómo es posible denunciar a los estafadores y engañadores por redes sociales, también se debe denunciar a los usureros. La usura en El Salvador es ilegal. Hay personas que se dedican a prestar dinero con altos intereses diarios. Las víctimas, generalmente, son personas de bajo nivel económico que no pueden acceder al sistema financiero formal.

Quienes son víctimas de los usureros deben acudir a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil o a cualquier juzgado de Paz, pues existe la Ley contra la Usura que pretende evitar y sancionar las prácticas abusivas de los usureros que se aprovechan de la necesidad de las personas, que generalmente se ven obligadas a prestar para trabajar como pequeños comerciantes y vendedores informales.

La Ley contra la Usura busca establecer los límites de los intereses, prohibir el cobro de intereses sobre intereses, proteger a consumidores y usuarios y le da competencia a la Superintendencia del Sistema Financiero y a la Defensoría del Consumidor para investigar y sancionar a los usureros.

Hay personas terriblemente abusadoras. Inclusive algunas instituciones financieras. Tal es el caso de Carmen Z. quien se dedica vender en las afueras del mercado San Jacinto. Además de lidiar con los agentes del CAM de San Salvador que la corretean para que no venda en la acera del mercado, debe sufrir el estrés de los usureros que todos los días le llegan a cobrar. Ella prestó $150 para comprarle medicina a su madre, y diariamente debe pagar $12 sin que esa cantidad abone a capital. Literalmente sigue debiendo los $150 pese a que ya pagó esa cantidad y más. Ella no esa la única, otras pequeñas vendedoras del mercado también están siendo víctimas.

Quien les llega a cobrar les amenaza con llevar sus casos a los tribunales, incluso se ha presentado con un supuesto abogado que les dice que es el apoderado legal de la “financiera” que ha extendido el préstamo. En redes sociales circula un video en el cual se observa un pleito entre el usurero y un “uber”, porque el primero quiere embargarle el vehículo porque el taxista no tenía para abonar, pese a que solo debe $70. Los embargos solo proceden si son autorizados por la autoridad judicial tras un debido proceso.

Así son los usureros. Tal vez haya necesidad de una difusión masiva de la Ley contra la Usura para evitar el abuso de los usureros y el sufrimiento de la gente más necesitada. La gente por desconocimiento no denuncia a estos aprovechados o porque toda su vida han dependido de un usurero que se ha hecho rico a costa de los pobres.

Entonces a los estafadores y engañadores a través de las redes sociales hay que ignorarlos y denunciarlos al 2999-9999 y a los usureros abusivos hay que denunciarlos ante la PNC, la Fiscalía y los juzgados. Salvadoreños, tenemos que protegernos.

* Jaime Ulises Marinero es periodista

Si hay un calificativo que se ajusta perfectamente a los servidores de las dictaduras sin importar el tinte, es el título de esta novela de Víctor Hugo, que le ha garantizado por siempre un destacado lugar en la literatura universal por su sólida defensa de los perseguidos y condena a los esbirros sin piedad.

Los miserables, sujetos seducidos por una ideología, liderazgo, o simplemente por sus instintos depredadores, no se cuestionan lo que hacen. Actúan en base a sus tendencias criminales o intereses, lo que les conduce a victimizar a quienes no comparten sus iniquidades.

Es apropiado señalar que muchos de estos canallas no se consideran tales porque son incapaces de percatarse de que el simple hecho de servir a un déspota los convierte en victimario. Su elección lo lleva a participar en un circulo de terror que se acentúa en base a la perversidad de cada uno.

Es evidente que toda sociedad cuenta con individuos prestos a las canalladas más horrendas, incluidas las democracias, aunque sin duda alguna, las dictaduras, sin importar el tipo, son más proclives a producir sujetos sin escrúpulos prestos a servir en la acción más deleznable.

Por otra parte, no faltan los que se comportan con indiferencia ante lo mal hecho, individuos sobre los que escribió Jose Martí, “el hombre no tiene la libertad de ver impasible la esclavitud y deshonra del hombre, ni los esfuerzos que los hombres hacen por su libertad y honor”. Estas personas por su indiferencia ante las víctimas, se vuelve también cómplice de los abusos que contemplan.

En honor a la verdad el control social que ejercen los regímenes de fuerza sobre sus ciudadanos es tan vasto y profundo que compromete casi a toda la ciudadanía, envolviendo en particular en la saña oficial a la mayoría de los que sirven en las esferas gubernamentales, aun, cuando no formen parte directa de la estructura represiva.

Todo esto se complica todavía más cuando se padece un sistema totalitario como el cubano, una forma que no permite la existencia del más insignificante resquicio de independencia social, económica y política. El totalitarismo significa ignorancia de los deberes y prerrogativas del ciudadano, un desconocimiento total del derecho de los otros, lo que no exime al verdugo de la responsabilidad de los abusos en los que haya incurrido.

Durante años hemos sido testigo de esbirros del totalitarismo cubano que al salir de la Isla se aprestan a servir el enemigo que escogió Fidel Castro, Estados Unidos, asumiendo, en ocasiones, las posiciones más extremistas, pretendiendo borrar así sus vilezas.

Esta situación se repite con los que en la actualidad son calificados como regímenes castro chavistas, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, siendo Cuba el país que ha dado más renegados con independencia de que es un mandato que se ha extendido por 66 años.

Los desertores del castrismo no son los profesionales de la salud que abandonan las llamadas misiones de la dictadura, sino los funcionarios y represores que, en los últimos tiempos con la acentuación de la miseria y el deterioro estructural del sistema, han decidido dejar el servilismo atrás y partir para la casa del enemigo.

Los jueces y burócratas gubernamentales de diferentes áreas, que por su cargo debieron actuar como cómplices directos de acciones represiva o que causaron daños y perjuicios a las víctimas, pretenden tachar sus compromisos con el castrismo como si tal acción los pasara por un Jordán que limpia sus pecados.

Sin embargo, podemos estar seguros de que más de un victimario se ha de refugiar, para limpiar su conciencia y mostrarse trasparente moralmente ante sus familiares, aludiendo que siempre cumplió con su deber o que simplemente cumplía ordenes en base a la famosa excusa de la “obediencia debida”.

Estos sujetos no deberían recibir refugio en ningún país democrático y si denunciados ampliamente por sus crímenes, colocados en una lista publica que los señale como depredadores y enemigos de la democracia por haber servido a los autócratas que tanto daño han hechos en nuestros países como una advertencia a los depredadores de que el crimen si paga, así, quizás, los nicaragüenses, venezolanos, bolivianos y cubanos con espíritu de verdugos, tal vez no actúen como tales.

* Pedro Corzo es periodista cubano