La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresó este jueves su preocupación por la «persistente renovación» del estado de excepción en Honduras, vigente desde 2022, e instó al Estado a poner fin a esta medida que ha derivado en «graves violaciones de derechos humanos».
«Esta medida, adoptada originalmente como una respuesta excepcional a un contexto de inseguridad, está en vigor desde diciembre de 2022 y ha implicado la suspensión de seis garantías constitucionales», subrayó la Oacnudh en un comunicado.
La Oficina reconoció que Honduras enfrenta una «grave situación de violencia que afecta a importantes sectores de la población, víctimas de la extorsión y delitos conexos cometidos por organizaciones criminales».
No obstante, recordó que si bien los Estados pueden decretar medidas excepcionales ante amenazas graves al orden público, el derecho internacional establece que estas deben ser temporales, proporcionales, no discriminatorias y sujetas a control judicial y legislativo.
Según la Oacnudh, la prolongación del estado de excepción durante casi 900 días ha desnaturalizado su carácter excepcional. La Oficina advirtió que esta situación pone en riesgo derechos fundamentales y podría afectar el entorno democrático previo al proceso electoral.
Agregó que el Parlamento hondureño solo ha ratificado formalmente 5 de los 17 decretos ejecutivos que prorrogaron la medida, y denunció que el Estado hondureño no ha informado al Secretario General de la ONU, incumpliendo lo estipulado en el artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Honduras.
Tanto la Oacnudh como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) han documentado que la implementación del estado de excepción ha dado lugar a «graves violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, allanamientos sin control judicial, entre otras, atribuibles a cuerpos de seguridad y defensa».
De cara a la próxima convocatoria a elecciones generales, prevista para el 30 de noviembre, es fundamental que el Estado genere, promueva y garantice «un entorno propicio para el ejercicio pleno de las libertades de expresión, asociación, reunión pacífica y circulación, las cuales se encuentran limitadas en el marco del estado de excepción».
También ofreció asistencia técnica a las autoridades para fortalecer políticas de seguridad y prevención del delito, en un marco que garantice el respeto a los derechos humanos y condiciones adecuadas para el desarrollo democrático del proceso electoral.
