El peso económico de las micro y pequeñas empresas (MYPES) en El Salvador es indiscutible. Están presentes en la vida diaria de millones de personas, tanto como proveedoras de bienes y servicios, como fuente de ingresos para miles de familias. Su presencia es tan profunda que ha moldeado incluso nuestra forma de hablar: expresiones como “andar en la rebusca” no solo reflejan el esfuerzo, la astucia y la perseverancia de estos emprendedores, sino que encarnan una de las convicciones más profundas del ser salvadoreño: la de pertenecer a “uno de los pueblos más trabajadores del mundo”.
Y no es para menos. Las MYPES representan más del 99 % del tejido empresarial del país, generan empleo para más de dos terceras partes de la población ocupada y aportan más de una tercera parte del producto interno bruto (PIB). Tómese en cuenta que las remesas —mucho más visibles en el discurso público— apenas superan el 20 % del PIB.
A pesar de su enorme importancia socioeconómica, las MYPES continúan siendo ignoradas o subestimadas en las discusiones clave sobre las políticas públicas y el desarrollo nacional. Esta exclusión resulta aún más preocupante en un país que, durante las últimas dos décadas, ha registrado una de las tasas de crecimiento económico más bajas de América Latina y del conjunto de países en desarrollo, y donde, consecuentemente, la principal preocupación de la ciudadanía es la situación económica.
Una primera medida para revertir esta situación sería reorientar parte de los subsidios que históricamente se han dirigido a los consumidores o a medianas y grandes empresas hacia el sector MYPE. Esta política sería particularmente efectiva en el segmento de las microempresas de subsistencia y de acumulación simple, donde una leve mejora en los ingresos o una reducción de costos puede marcar la diferencia entre cerrar o seguir operando.
También podrían implementarse subsidios al empleo en el sector MYPE, a través del cofinanciamiento de salarios. Esta medida no solo ayudaría a sostener empleos, sino que incentivaría la productividad y la formalización en uno de los sectores más desatendidos.
Más allá de los subsidios, los micro y pequeños empresarios tienen bastante claro el tipo de apoyos que necesitan del Estado y de la cooperación internacional. En encuestas que se le han pasado para la preparación del informe anual sobre El Estado de la MYPE: La otra cara de la economía, elaborado por FUSAI y FLACSO, solicitan cosas básicas pero fundamentales tales como: acceso a servicios como agua potable, tratamiento de aguas residuales, electricidad e internet; acceso a programas de seguridad y protección social; trámites más simples; reconocimiento de parte del gobierno central y los gobiernos municipales; y más oportunidades de formación técnica. Sin embargo, a pesar de lo claras y razonables que son estas demandas, las políticas públicas siguen enfocándose en el gasto asistencial o en apoyar a los empresarios medianos y grandes, dejando de lado a los pequeños negocios que sostienen la economía local.
¿Por qué ocurre esto? Desde la economía política del desarrollo, autores como Ha-Joon Chang y Dani Rodrik han mostrado cómo los sectores con bajo poder de negociación, como las MYPES, son sistemáticamente marginados de las decisiones de política pública. No cuentan con estructuras organizativas fuertes, ni visibilidad institucional ni presencia mediática. Desde un enfoque institucionalista, Douglas North agregaría que las reglas del sistema —formales e informales— tienden a favorecer a los grandes actores económicos, creando una «ceguera estructural» que limita la capacidad del Estado para promover un desarrollo más equitativo.
A esta dimensión estructural se suma otra simbólica y comunicacional. El psicólogo Rainer Mausfeld ha demostrado cómo las élites económicas manipulan el discurso público mediante fragmentación y descontextualización de narrativas, con el fin de preservar el statu quo. En el caso de las MYPES, esto ocurre cuando se les reduce a problemas como el desorden urbano, la informalidad o la evasión de impuestos, sin contextualizar estas situaciones en las condiciones que las originan.
Se omite, por ejemplo, que muchas grandes empresas también ocupan espacio público —como estacionamiento o extensión comercial—, que el desorden muchas veces refleja ausencia de infraestructura básica, y que la informalidad fiscal responde con frecuencia a una normativa diseñada sin considerar la escala ni la realidad económica de los negocios más pequeños.
Al presentar a las MYPES como parte del problema —y no de la solución— se termina justificando su exclusión de las políticas. Esta visión fragmentada impide reconocer su verdadero potencial como motor del desarrollo nacional y debilita su legitimidad como actores económicos.
Reconocer esta distorsión —estructural y simbólica— es el primer paso para corregirla. Si de verdad se quiere dinamizar la economía salvadoreña, hay que dejar de ver al país productivo que “anda en la rebusca” como un obstáculo, y empezar a tratarlo como lo que es: el núcleo vital de la economía nacional.
• Gabriel Pleités, PhD en economía por la Universidad de Utah e investigador asociado de FLACSO EL Salvador
