El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, cumplió el jueves su tercer y penúltimo año de Gobierno, el cual ha estado marcado por resultados macroeconómicos positivos, el creciente número de homicidios y la constante confrontación con los demás poderes del Estado y la prensa crítica de su gestión.
«Hemos logrado resultados asombrosos pese a la resistencia de muchas de las personas que ocupan instituciones que se convirtieron en fines en sí mismas porque fueron capturadas», dijo Chaves el pasado lunes al rendir su tercer informe anual de labores ante la Asamblea Legislativa.
La economía costarricense creció un 4,3 % en 2024 y mantuvo la inflación baja en un 0,84 %, mientras que la deuda del Gobierno cayó por debajo del 60 % del Producto Interno Bruto consolidando la tendencia hacia la baja de los últimos años.
El crecimiento de las exportaciones en un 5,8 % y de la inversión extranjera directa en un 14 %, sumado a la caída de la pobreza al 18 % y del desempleo al 6,9 %, figuran entre los principales resultados económicos del país en el último año.
Chaves, un economista de profesión que terminará su Gobierno el 8 de mayo de 2026, ha mantenido una elevada popularidad en las encuestas, aunque en la última medición de abril pasado del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica, perdió 9 puntos de apoyo para ubicarse en el 54 %.
La encuesta del CIEP también reveló que la seguridad ciudadana es el principal problema de este país con un 43,7 % de las opiniones, el nivel más alto registrado en la serie histórica.
En 2024, Costa Rica registró 880 homicidios, la segunda cifra más alta de su historia, y alcanzó una tasa de 16,6 por cada 100.000 habitantes. En 2025 la tendencia es similar a la del 2024, según los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En 2023, el sufrió la mayor cantidad de homicidios de su historia con 905, lo que representó un aumento del 38 % en comparación con 2022. Las autoridades atribuyen este fenómeno al narcotráfico.
El incremento en los homicidios ha sido atribuida por el Gobierno a sicarios del narcotráfico que los jueces dejan libres con o sin medidas cautelares.
Como una solución al problema, el Gobierno de Chaves ha prometido una «mega cárcel» para 5.000 presos basada en el modelo que utiliza El Salvador.
En su reciente informe de labores, Chaves aseguró que «el Estado costarricense, en sus tres partes (poderes), tiene que sufrir una transformación profunda si queremos seguir avanzando para lograr el bienestar común» y se quejó de lo que considera «obstaculización» y «sabotaje institucional» a su labor.
Las constantes críticas a la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial han sido un sello de Chaves que este año se ha intensificado contra el fiscal general, Carlo Díaz, quien le investiga por supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña y por el aparente uso irregular de una partida del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El mandatario encabezó el pasado 18 de marzo una marcha organizada por un grupo de sus seguidores para exigir la renuncia del fiscal general.
El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, alertó el pasado lunes que Costa Rica está «transitando por una ruta hacia un populismo autoritario».
Ese populismo «inicia con el descrédito sistemático de las instituciones democráticas, la prensa y la intimidación de personas y empresas, adornando con promesas grandilocuentes de soluciones milagrosas, que termina inevitablemente en la concentración absoluta del poder, el auge de la corrupción, de la persecución de las voces disidentes y el despojo de la libertad», explicó.
La prensa ha sido otro blanco de señalamientos del presidente, lo que ha causado que durante su mandato Costa Rica cayera del puesto 8 en 2022 en el índice de libertad de prensa de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), al lugar 36 este 2025.
