Autor: Redaccion DEM

El Gobierno de Haití declaró este viernes el estado de emergencia en todo el territorio nacional durante tres meses, con el fin de facilitar las diversas intervenciones de las fuerzas del orden ante el deterioro de la seguridad por el avance de las sanguinarias bandas armadas en esta nación caribeña.

«Dada la magnitud de la situación, es imperativo decretar una gran movilización de los recursos y medios institucionales del Estado durante un período de tres meses consecutivos», señaló el Gobierno en un comunicado publicado en Facebook, en el que se recuerda que la situación de inseguridad tiene graves repercusiones en la vida de los ciudadanos y en los diferentes sectores de la economía nacional.

La adopción de estas medidas excepcionales «permitirá a las autoridades competentes disponer de medios adecuados y eficaces para llevar a cabo sus intervenciones y operaciones en mejores condiciones», prosiguió el comunicado.

Esta decisión forma parte de una serie de siete medidas adoptadas en el Consejo de Ministros el pasado miércoles, durante una sesión especial encabezada por el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Fritz Alphonse Jean, acompañado por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aime.

Así mismo, en estas circunstancias, el Gobierno anunció la creación de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS), cuya misión será aplicar la política del Gobierno en materia de inteligencia y contrainteligencia, así como el tratamiento, la centralización y la síntesis de la información estratégica relativa a la seguridad nacional y la protección de los intereses fundamentales de la nación.

Un informe publicado el miércoles en Puerto Príncipe por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh, en francés) reveló que un total de 1.617 personas murieron y otras 580 resultaron heridas en los primeros tres meses del año en el país, a raíz de la violencia desatada por las bandas armadas, grupos de autodefensa, miembros no organizados de la población, así como por las operaciones de las fuerzas de seguridad.

El balance da cuenta también de que 161 personas fueron secuestradas entre enero y marzo pasados y alertó sobre los abusos de poder.

El organismo añadió que se produjeron 80 ejecuciones extrajudiciales entre enero-marzo, presuntamente cometidas por funcionarios de las fuerzas del orden.

Este viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a la coalición de bandas criminales Viv Ansanm y a la pandilla Gran Grif, ambas de Haití, como organizaciones terroristas.

«Son una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos y a nuestros intereses en la región. Estas bandas han matado y continúan atacando a personas en Haití, a las fuerzas de seguridad haitianas y al personal de la misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad (MSS)», dijo en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio.

Viv Ansanm surgió en 2023 mediante una alianza entre G-9 y G-Pép, las dos principales bandas criminales que operan en la capital haitiana, Puerto Príncipe, casi totalmente en control de las pandillas en medio de la actual crisis que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Un total de

906 personas consideradas como presos políticos continúan detenidas en Venezuela, según un informe difundido este viernes por la ONG Foro Penal, que contabilizó 17 nuevos arrestos además de una excarcelación.

En este recuento, la ONG indicó de los detenidos se dividen en 815 hombres y 91 mujeres, de los cuales 901 son adultos y cinco son adolescentes de entre 14 y 17 años de edad.

Asimismo,

Foro Penal calcula que, desde 2014 hasta la fecha, se han llevado a cabo en la nación caribeña un total de 18.334 «detenciones políticas».

La mayoría de los ciudadanos incluidos en este conteo fueron detenidos después de los comicios presidenciales de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, proclamó como ganador al actual gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria, que defiende la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.

Por su parte, la ONG Espacio Público registró el año pasado 99 detenciones por «expresar opiniones» en Venezuela, un aumento del 254 % respecto a 2023, cuando documentó 28 casos, según el informe anual de la organización no gubernamental publicado este viernes.

Espacio Público advirtió que las presidenciales «marcaron un hito negativo en la garantía de derechos humanos» en el país.

La organización no gubernamental aseguró que

«se documentó una intensificación de la persecución y el hostigamiento contra ciudadanos, especialmente hacia opositores políticos, activistas y periodistas».

Esta semana, familiares de los considerados presos políticos pidieron a la ONU en Caracas que interponga sus «buenos oficios» en favor de la liberación de sus seres queridos.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, califican a quienes fueron detenidos tras las elecciones como «terroristas» y aseguran que no son presos políticos, sino que cometieron varios delitos.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló este viernes a la líder antichavista María Corina Machado como la responsable de la reciente propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre el intercambio de los 252 migrantes encarcelados en el país centroamericano por un mismo número de «presos políticos» en la nación caribeña.

«Quien hace la solicitud al delincuente Bukele para el supuesto intercambio es la señora María Machado a través de una carta, es María Machado la que le hace la solicitud», insistió Cabello en su programa matutino de los viernes.

La semana pasada, el mandatario salvadoreño reiteró su propuesta al dictador Nicolás Maduro, de intercambiar a los 252 migrantes deportados por Estados Unidos, que los acusa de supuestamente pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, por igual número de «presos políticos».

En respuesta, el régimen chavista dijo que se trata de una propuesta de «canje ilegal» que es «moralmente inadmisible», ya que se pretende condicionar la liberación de «personas inocentes a un intercambio por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles), sin fundamento jurídico ni ético».

También exigió la liberación «inmediata e incondicional» de esas personas en El Salvador.

Por otra parte, Cabello también señaló a Machado como «la única responsable de lo que le pase» a «los niños venezolanos, a las niñas venezolanas, que están siendo secuestrados, que están siendo robados por el Gobierno de los Estados Unidos».

En ese sentido, sostuvo que «es la responsable de lo que le ocurra» a la niña de dos años que, según el chavismo y la familia, fue separada de su madre en Estados Unidos y sigue en territorio estadounidense, mientras que la progenitora fue recientemente deportada y enviada a Venezuela.

Este jueves, Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección en 2024, también responsabilizó a Machado y otros opositores de lo que le pueda pasar a la menor.

La organización civil Causa en Común advirtió este viernes de un aumento del 26 % en las desapariciones en México entre enero y abril de 2025, periodo en el que se registraron 5,018 casos, frente a los cerca de 4,000 contabilizados en mismo periodo del año anterior, según cifras oficiales.

En un comunicado, la ONG alertó que los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del Gobierno mexicano muestran que en el país hay un promedio de 42 desapariciones diarias, lo que refleja la crisis que al respecto vive México, en donde se estima que más de 127.000 personas han desaparecido desde 1964.

Además, la organización avisó que, solo entre enero y marzo, en 11 estados mexicanos hubo más reportes de desapariciones que asesinatos.

Causa en Común indicó que en Ciudad de México se registraron 581 víctimas de desaparición y 242 de asesinato; en el Estado de México (centro), 611 personas desaparecidas y 481 asesinadas, y en Tamaulipas (norte), 110 desapariciones y 74 homicidios.

La ONG también señaló que en los primeros siete meses del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el pasado 1 de octubre, se identificaron «al menos 8,551 casos de personas desaparecidas y 155 fosas clandestinas».

«El gobierno federal sigue sin tomar acciones para enfrentar el drama de las desapariciones y opta por la indolencia ante las víctimas y el desdén hacia organismos internacionales», apuntó la organización no gubernamental.

Causa en Común se refirió así al diagnóstico del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU que hace un mes activó un procedimiento tras recibir «información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática» en México.

La organización rechazó la respuesta del Gobierno mexicano de «descalificar» a la ONU y proponer una serie de acciones sin contemplar «el fortalecimiento de instituciones clave, como las policías y las fiscalías, las unidades forenses o la Comisión Nacional de Búsqueda».

«En lugar de buscar soluciones, el gobierno ahora pretende el control de los datos biométricos de todos los mexicanos lo que, unido al amago de otras regresiones, como la intención de censurar los contenidos en redes y plataformas, refuerza la dirección de un gobierno enfocado en la destrucción de instituciones y la concentración de su poder», criticó la ONG.

Finalmente, la organización hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano para hacer frente a la crisis de desapariciones en México, en las que destaca la urgencia de «revertir la militarización» y promover la recuperación de la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Igualmente, Causa en Común pidió convocar al pleno del Sistema Nacional de Búsqueda, que no sesiona desde septiembre de 2024, y demandó la destitución de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, a quien consideró «inadecuada para el cargo».

Estas cifras se difunden luego del hallazgo de un rancho que presuntamente era un campo de adiestramiento del Cartel narcotraficante Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, en el Occidental estado de Jalisco, que ha elevado la presión para que Sheinbaum atienda la crisis de desapariciones en México.

Las autoridades chilenas cancelaron la alerta de tsunami para la región austral de Magallanes que lanzaron esta mañana tras el terremoto de magnitud 7.5 en la escala de Ritcher registrado en la ciudad chilena de Puerto Williams, la más meridional del mundo, vecina a la Antártida.

“Según la evaluación realizada, se cancela la posibilidad de un nuevo tsunami, digamos, en el territorio Chileno Antártico. Pueden volver a la base las personas que evacuaron, no así el resto de la región de Magallanes, que se mantiene todavía en estado de precaución, que es lo que vamos a seguir monitoreando ahora”, afirmó la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián López.

De acuerdo con la responsable, se produjo un aumento efectivo del nivel del mar en las bases Prat y Ucraniana, en la Antártida, de seis y 23 centímetros respectivamente, los que se considera «un tsunami instrumental». Por lo tanto, el arribo del tsunami al territorio Antártico ya llegó y se registró con esos niveles”, explicó.

Aún así, instó a la población a no “acercarse a la zona de playa, ni a la costanera”, ni a detenerse en estas áreas si es que transita en vehículo, por simple precaución.

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el segundo movimiento telúrico se registró a las 09:07 de la mañana (hora local) a unos 225 kilómetros al sur de Puerto Williams, en el entorno del cabo de Hornos, y a unos 10 kilómetros de profundidad.

Ante el riesgo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, suspendió este viernes su agenda y se desplazó a su despacho en el Palacio de La Moneda para supervisar la emergencia y la evacuación de todas las zonas costeras, incluida la ciudad de Punta Arenas, lugar del nacimiento del mandatario y la más grande del estrecho de Magallanes.

El Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 08:58 de la mañana (hora local) y su epicentro se ubicó a 218.1 kilómetros al sur de Puerto Williams, a una profundidad de 10 kilómetros. Enseguida, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) establece alerta de tsunami.

Por ello, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el borde costero de la Región de Magallanes y establecer estado de precaución la zona de playa en el Territorio Antártico Chileno.

“Llamamos a evacuar el borde costero en toda la Región de Magallanes. En estos momentos, nuestro deber es prevenir y hacer caso a las autoridades”, publicó el mandatario chileno, Gabriel Boric, oriundo de Punta Arenas.

Hasta ahora no se han reportado daños materiales ni personas afectadas o heridas, y las autoridades se mantienen atentas al riesgo de variaciones anómalas en el nivel del mar en las zonas costeras mientras la población sigue evacuando con tranquilidad.