Autor: Redaccion DEM

La radiotelevisión pública canadiense CBC y la cadena privada CTV dieron este lunes por segura la victoria del Partido Liberal en las elecciones legislativas de hoy, aunque todavía no se sabe si logrará la mayoría absoluta.

En el centro de convenciones donde el Partido Liberal ha programado su noche electoral, estos anuncios han desencadenado gritos de victoria entre sus simpatizantes, que esperan la llegada de su líder Mark Carney de un momento a otro.

Sin embargo, y según avanza lentamente el escrutinio en un país inmenso con costa en el Atlántico, en el Pacífico y en el Ártico, los escaños que hasta el momento están atribuidos con certeza son solo 40 para los liberales contra 39 para los conservadores.

Uno de los escaños confirmados es el ganado por Carney en la circunscripción de Nepean, en Ottawa. Es la primera vez que Carney es elegido diputado.

Pero según coinciden las extrapolaciones de los principales medios, el Partido Liberal tendría en estos momentos 155 escaños frente a 119 de los conservadores, seguidos por el Bloque Quebequés (21 escaños) y el Nuevo Partido Democrático, que se hunde con solo 7 escaños.

El que también tiene su escaño asegurado es el líder del Bloque, Yves François Blanchet, pese a la previsible fuerte pérdida de escaños de su partido.

La victoria de los liberales parece contundente en Quebec a expensas de los soberanistas del Bloque, lo que probablemente va a dar a Carney una gran legitimidad para formar el próximo Gobierno, al ser su partido el más votado en amplias zonas del este y el oeste del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un decreto presidencial para judicializar a las ciudades del país que no colaboran con los agentes de migración.

La orden ejecutiva instruye a los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional a elaborar una lista de las localidades -conocidas como «ciudades santuario»- que «obstruyen el ejercicio de la ley federal de inmigración».

Una vez el Gobierno identifique estas jurisdicciones, el presidente instruyó a estos dos departamentos a tomar las acciones legales «necesarias» en su contra, entre ellas, congelar los fondos federales que las ciudades «santuario» reciban.

En el decreto, firmado esta tarde en la Oficina Oval, el presidente acusa a las jurisdicciones que no colaboran con las autoridades migratorias federales de estar incurriendo en una «insurrección ilegal».

Las medidas de los gobiernos «santuario» han sido defendidas por los gobiernos locales y organizaciones asegurando que fortalecen la relación entre la policía local y las comunidades migrantes, permitiendo que las personas denuncien crímenes o colaboren con las autoridades sin miedo a ser deportadas.

Bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta criminal sino civil.

Junto con el decreto en contra de las ciudades «santuario», Trump firmó hoy otra orden ejecutiva para recrudecer su política antiinmigrante.

La segunda va enfocada a las fuerzas del orden público, y pide al Gobierno a dar apoyo legal a los agentes acusados de abusos o mala conducta, relajar las restricciones que existan a sus acciones, al igual que dotarlos de equipos y armamento militar.

El Gobierno Trump ha estado firmando cada vez más acuerdos entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para dar a los agentes de policía a lo largo del país la capacidad de arrestar a migrantes. En total, se han firmado más de 456 acuerdos de este tipo, según datos de ICE.

Una coalición de fiscales generales demócratas presentó este lunes un documento en una corte federal en Nueva York en defensa de los inmigrantes haitianos, a quienes el Gobierno de Donald Trump busca despojar de su beneficio del Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que permite a indocumentados vivir y trabajar en el país sin temor a ser deportados.

Los fiscales de 18 estados pidieron a la corte federal para el Distrito Este de Nueva York que mantenga el TPS vigente para miles de inmigrantes haitianos, incluidos los más de 5,400 que viven en la ciudad de Nueva York, de acuerdo con un comunicado conjunto.

En el documento, los integrantes de esta coalición argumentaron que a pesar de las crisis humanitarias que enfrenta Haití, la Administración Trump ha tomado medidas que pondrían fin a las protecciones del TPS para estos inmigrantes sin estatus legal, a quienes se les brindó la oportunidad de solicitar el programa en 2010, después de que un terremoto devastara la isla caribeña.

Además, los fiscales subrayaron que desde 2010, Haití ha enfrentado inestabilidad política y que Estados Unidos ha seguido extendiendo las protecciones del TPS para los haitianos desde 2011.

Dicha protección se otorga a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales y otras condiciones extraordinarias que impiden el regreso seguro a su lugar de origen.

Sin embargo, pese «a las condiciones inseguras en Haití, la Administración Trump tomó medidas para poner fin a las protecciones para los titulares del TPS, poniendo en peligro la seguridad de innumerables personas», advirtieron los togados.

El pasado febrero, la Administración Trump anunció que no continuaría extendiendo los beneficios del TPS para los haitianos, lo que afecta a más de medio millón de inmigrantes de este país que viven y trabajan en EE.UU.

Como consecuencia de esto, el TPS para Haití vencerá el próximo 3 de agosto y dejaría sin un estatus legal -y por lo tanto, vulnerables a la deportación- a más de 520,000 migrantes haitianos.

Los fiscales se unieron así como «amigos de la corte» (un término que se usa para referirse personas interesadas en una materia que presentan argumentos con la intención de brindar una solución al problema) al caso de la Asociación del Clero Evangélico Haitiano contra Donald J. Trump, presentado en la corte federal de Nueva York.

Además del impacto humanitario, los fiscales generales argumentan que terminar el TPS perturbaría las economías locales y agotaría los recursos estatales en varios estados, entre ellos Nueva York, y recordaron que muchos son propietarios de viviendas y negocios que aportan miles de millones de dólares a la economía a través de salarios e impuestos.

Francia incrementó el suministro de electricidad a España como consecuencia del apagón que afectó a la península Ibérica hasta los 2,000 megavatios, según informó la Red de Transporte de Electricidad (RTE) francesa.

«Francia ha podido incrementar su ayuda a España hasta los 2.000 megavatios a través de las conexiones que suministran a Cataluña y al País Vasco español desde Francia» hasta las 20:00 horas (2:00 pm en El Salvador), explica RTE.

Estos 2,000 megavatios equivalen a la potencia de dos reactores nucleares de los más habituales, según destaca la prensa francesa.

El apagón generalizado que afecta a España y Portugal se registró a las 12:38, momento en el que se desconectó automáticamente la red ibérica de la europea.

En Francia se registró también el apagón brevemente «unos minutos», según RTE, en el País Vasco francés, aunque el suministro se ha reestablecido al poco.

El legislador Shri Thanedar se convirtió este lunes en el primero de la bancada demócrata en iniciar el proceso para intentar la destitución del presidente estadounidense, Donald Trump, una iniciativa que tiene sus posibilidades limitadas debido a que los republicanos controlan el Congreso.

«Trump ha demostrado repetidamente que no es apto para ejercer la presidencia y representa un peligro claro y presente para la constitución de nuestra nación y nuestra democracia», dijo en su página web el congresista, originario de la India y representante por Míchigan.

En su opinión, las «acciones ilegales» del líder republicano en estos primeros 100 días en el poder, que se cumplen el miércoles, «han subvertido el sistema judicial, violado la separación de poderes y antepuesto el poder personal y el interés propio al servicio público».

«No podemos esperar a que se produzcan más daños. El Congreso debe actuar», dijo.

Su resolución incluye siete cargos, que se conocen como artículos de ‘impeachment’ (juicio político).

Entre ellos, por obstrucción a la justicia, usurpación del poder de asignaciones y abuso de poder en materia comercial y agresión internacional por la imposición de aranceles «económicamente perjudiciales y la amenaza de invasión militar contra naciones soberanas».

Thanedar también acusa a Trump de violar los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución, la que protege la libertad de expresión, o de crear una oficina «ilícita», en referencia al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por el magnate Elon Musk y que está al frente del recorte de gastos y burocracia en el Ejecutivo federal.

Los estadounidenses, en su opinión, merecen un liderazgo anclado en la integridad y la rendición de cuentas, no en el autoritarismo. «No se trata de partidismo. Se trata de proteger nuestra democracia y garantizar que nadie, ni siquiera un presidente, esté por encima de la ley», dijo.

Trump fue sometido en dos ocasiones a un proceso de ‘impeachment’ durante su primer mandato (2017-2021).

En diciembre de 2019 se convirtió en el tercer mandatario de EE.UU., por decisión de la Cámara de Representantes, en enfrentarse a un juicio político por abuso de poder y obstrucción al Congreso.

En enero 2021, a una semana de expirar su primera etapa en el poder, recibió el segundo por incitación a la insurrección de sus partidarios, quienes acabaron irrumpiendo en el Capitolio para intentar bloquear la ratificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden (2021-2025).

En ambos casos quedó absuelto por el Senado estadounidense.

El paso previsto por Thanedar sería solo el inicio de un proceso abocado al fracaso: sus acusaciones deben ser sometidas a voto en la Cámara Baja, donde los republicanos tienen el control.

En caso de que dicho hemiciclo aprobara esos artículos, la celebración del juicio político para analizar si se destituye al presidente recaería en el Senado, que también está controlado por los conservadores.