Autor: Redaccion DEM

Un juez federal bloqueó este jueves dos órdenes ejecutivas del presidente estadounidense, Donald Trump, para congelar fondos asignados a las llamadas ciudades santuario de inmigrantes, al considerar que la medida del Ejecutivo es probablemente inconstitucional.

El juez federal en San Francisco (California) William Orrick se puso del lado de 16 ciudades y condados que presentaron una demanda contra el mandatario, alegando que no están obligados a que sus policías colaboren con las autoridades migratorias en las labores federales.

Argumentan que esta colaboración podría minar la confianza de las comunidades en la policía local.

Como parte de su plan de deportaciones masivas, Trump instruyó a los departamentos de Justicia y de Seguridad Interna a retener fondos a gobiernos locales y estatales con políticas santuario de inmigrantes.

“Congelar o condicionar los fondos federales asignados a las localidades por el Congreso, violan los principios de separación de poderes de la Constitución y la Cláusula de Gasto”, escribió el juez Orrick en su opinión.

El fallo de Orrick protege a los 16 condados y ciudades que presentaron la querella legal, y que incluye varias zonas de California, como el condado de Monterey y las ciudades de San Francisco, Sacramento, Santa Cruz, Emeryville, Oakland, San Diego, San José, y Santa Clara.

Ciudades y condados de los estados de Washington, Minnesota, Connecticut, Oregón y Nuevo México, también se verán favorecidos por la decisión del juez que bloqueó una medida similar de Trump en su primer periodo presidencial (2017-2021).

Por las órdenes contra las ciudades santuario, Trump enfrenta también una demanda de las ciudades de Chelsea y Somerville, en Massachusetts, que busca frenar sus presiones para que colaboren en operativos de deportación masiva.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este jueves de «víbora» al excanciller Álvaro Leyva, de quien dijo que le atravesó una daga al revelar una supuesta adicción suya a las drogas.

«Tenía era que insultarme y atravesarme una daga como a veces cierto lumpen bogotano hace por la espalda. Morder la mano, la víbora nunca deja de morder en toda su existencia», dijo Petro, sin citar a Leyva, en un discurso que dio en Soledad, en el departamento del Atlántico, donde instaló los Comités Ciudadanos de la Consulta Popular con la que busca aprobar su reforma laboral hundida en el Senado.

Sin embargo, Petro dejó claro que se refería a Leyva pues señaló que cuando comenzó su Gobierno, por «ingenuo», le dio el cargo en la Cancillería porque pensó que era «la mejor forma para que termine la vida política larga de un conservador que se atrevió a hablar de paz».

Leyva, un político del Partido Conservador con buenos contactos en las guerrillas, que ha participado en numerosos procesos de paz en Colombia, tenía 80 años cuando Petro lo nombró como su primer ministro de Relaciones Exteriores, cargo en el que estuvo desde el 7 de agosto de 2022 hasta comienzos de 2024.

Carta polémica

En una carta de cuatro páginas publicada ayer, Leyva se refirió a un supuesto problema de adicción a las drogas de Petro que dice haber constatado él mismo durante una visita oficial del mandatario a Francia en junio de 2023.

«Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar», dijo Leyva en su carta publicada en X.

El excanciller agregó que en ese viaje a París para participar en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, Petro «desapareció dos días» y él fue «primer testigo» de hechos que aún le producen «desazón y desconcierto».

«Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado», afirmó Leyva.

El excanciller apuntó además a ese supuesto problema como causa de las reiteradas ausencias y retrasos el presidente en actos públicos.

Por eso Petro, que ayer dijo que su adicción es «al amor», afirmó hoy que Leyva es como «todos los oligarcas» que creen que la Presidencia de Colombia no es una democracia «sino una aristocracia hereditaria por derecho divino» y por eso no le agradeció el que lo hubiera nombrado canciller.

«Lo que yo había ofrecido con tanta generosidad él lo intuía como su derecho divino y el de su hijo y el de su nieto y el de su bisnieto», expresó el presidente.

Leyva salió del Gobierno al ser suspendido por la Procuraduría (Ministerio Público) debido a problemas con un contrato para la emisión de pasaportes durante su gestión como canciller y en los últimos meses ha redoblado sus críticas a Petro.

Al menos 35 presuntos miembros de bandas armadas de la coalición Vivre Ensemble (VIvir Juntos) murieron y otros 40 resultaron heridos el miércoles en enfrentamientos con la Policía Nacional de Haití (PNH) y las Fuerzas Armadas en Pacot, un suburbio de Puerto Príncipe, informó este jueves una ONG.

Según el director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), Pierre Esperance, en los choques contra los pandilleros también participaron miembros de las brigadas de autodefensa.

De igual forma, en su página de Facebook, la Policía comunicó el fallecimiento de seis personas, dos de ellas militares, también en Pacot.

Además, indicó la PNH, «varios delincuentes fueron detenidos», sin precisar la cifra de miembros de los grupos armados arrestados.

Explicó que, tras los repetidos ataques de miembros de bandas en Pacot, el miércoles se llevó a cabo una operativo en la zona y agregó que «la Policía, a través de unidades especializadas, sigue en el lugar para contrarrestar a estas bandas criminales».

Por otro lado, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) expresó «su profunda consternación» por un ataque perpetrado ayer contra miembros de la Brigada de Canape-Vert, un suburbio de Puerto Príncipe, por individuos fuertemente armados que «lamentablemente ha costado la vida a varios brigadistas y ha dejado varios heridos».

«Ante esta tragedia», el CPT reitera «su compromiso de combatir la inseguridad en todas sus formas y de hacer todo lo posible para restablecer de forma duradera la paz y la estabilidad en todo el territorio».

También el Gobierno, en un comunicado, expresó su «profunda emoción» por «los brigadistas y policías caídos» ayer en Canape-Vert y Pacot, «mientras cumplían con su deber, protegiendo a la población con riesgo de sus vidas».

«La seguridad del pueblo es una misión sagrada. Se llevará a cabo hasta el final», prometió el Gobierno, que reafirmó que la lucha contra la inseguridad sigue siendo su prioridad absoluta y se declaró firmemente comprometido con el restablecimiento del orden y el triunfo de la paz.

Subrayó que «ninguna banda, ninguna violencia podrá quebrantar la determinación de la República. La respuesta será implacable» y destaca que «estos valientes policías murieron cumpliendo su juramento: proteger y servir. Su valentía inspira respeto y nos recuerda que los servidores del Estado caen de pie».

En 2024 la violencia causó en Haití al menos 5,626 muertos (un millar más que el año anterior), 2,213 heridos y 1,494 secuestrados, según datos verificados por la ONU, en un país con más de un millón de desplazados tras tener que abandonar sus hogares a causa de la inseguridad.

Una juez federal ha bloqueado temporalmente este jueves un mandato del Gobierno del presidente Donald Trump que exige mostrar un pasaporte o documento similar que acredite la ciudadanía estadounidense cuando los electores se registran para votar mediante el formulario federal.

La juez de Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly se puso del lado de una coalición de organizaciones que impugnaron la orden ejecutiva argumentando que es «inconstitucional y arrebata el poder a los estados» otorgado por la ley y el Congreso para regular las elecciones.

Trump dio el mes pasado instrucciones para que la Comisión de Asistencia Electoral exija en su formulario de registro de votantes una prueba documental de que se tiene la ciudadanía estadounidense, lo que, según los demandantes, privará a «millones» de ciudadanos, especialmente a aquellos de bajos recursos y minorías, de participar en las elecciones federales.

«Nuestra Constitución confía al Congreso y a los estados —no al presidente— la autoridad para regular las elecciones federales», escribió Kollar-Kotelly en su dictamen de 120 páginas.

La jueza también se refirió a una ley que el Congreso está debatiendo actualmente sobre este mismo tema, y advirtió que ningún estatuto da poder al Ejecutivo de EE.UU. eludir el proceso deliberativo del Legislativo mediante una orden ejecutiva.

Trump ha echado mano de la antigua retórica republicana sobre el fraude electoral para emitir una serie de medidas que transformarían drásticamente la manera como se llevan a cabo las elecciones en el país, advirtió la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a las organizaciones demandantes.

El mandatario ha dicho en numerosas ocasiones que hubo fraude electoral en los comicios presidenciales de 2020, en los que perdió contra el expresidente Joe Biden, y, en concreto, ha asegurado que los ciudadanos votaron de manera ilegal, aunque no hay pruebas de ello.

Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derechos del Voto en ACLU, dijo este miércoles en un comunicado que la orden ejecutiva de Trump forma parte de un ataque más amplio contra las elecciones democráticas al promover teorías conspirativas infundadas.

“El tribunal bloqueó hoy una estrategia clave de este ataque. Y seguiremos luchando para garantizar que todos los votantes elegibles puedan hacer oír su voz sin interferencias ni intimidación”, puntualizó la abogada.

Además de la prueba de ciudadanía, la orden exige a los estados dejar de contar las boletas electorales enviados por correo o en ausencia recibidas después del día de elecciones, lo que afecta a estados como California, que cuenta votos recibidos por correo hasta siete días después de la elección.

También requiere modificaciones significativas en los sistemas de votación y las normas de seguridad de los equipos de votación. Si los estados no cumplen, el Ejecutivo ha amenazado con cortar la financiación.

Una jueza federal en Maryland ordenó pausar temporalmente el requisito impuesto al Gobierno estadonidense para dar actualizaciones sobre el caso de Kilmar Ábrego García, un migrante enviado «por error» a una cárcel en El Salvador, tras un acuerdo entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y su representación legal.

En una orden emitida en la noche del miércoles, la jueza Paula Xinis instruyó pausar la fase probatoria del caso hasta el 30 de abril, en respuesta a una petición del Gobierno estadounidense que fue presentaba bajo sello.

Xinis, que ha criticado duramente a la Administración de Donald Trump por su falta de transparencia en el caso de Ábrego, ha presionado a los abogados del Gobierno a que entreguen documentos que prueben que están haciendo las gestiones necesarias para devolver al migrante, nacido en El Salvador y afincado en Maryland hace más de 10 años.

Este nuevo acuerdo llega después de que el Gobierno Trump asegurara en declaración jurada que están involucrados en «discusiones diplomáticas apropiadas» con El Salvador sobre Ábrego, pero que se negara a entregar públicamente información específica sobre estos acercamientos.

Ábrego, arrestado en un retén de tráfico en Maryland, fue trasladado hace más de un mes a El Salvador. El Gobierno Trump lo acusa de formar parte de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), a pesar de que no tiene antecedentes penales y sin entregar pruebas que lo vinculen definitivamente con esta organización delictiva transnacional.

Ábrego García fue enviado inicialmente a la prisión de máxima seguridad salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), sobre la que recaen denuncias de abusos a los derechos humanos, y posteriormente fue trasladado a otra cárcel del país centroamericano, según confirmaron funcionarios estadounidenses.

El traslado de Ábrego al CECOT ha desatado una batalla jurídica en Estados Unidos, después de que la Casa Blanca admitiera en un primer momento que lo había deportado por «un error administrativo».

El Gobierno Trump ha iniciado, en cambio, una campaña de descrédito en contra de Ábrego García, al que ha calificado de «terrorista» y al publicar decenas de documentos judiciales de las distintas interacciones que el migrante ha tenido con las autoridades, a pesar de que no ha sido acusado o condenado de algún crimen.

Una serie de legisladores demócratas han viajado a El Salvador para pedir la liberación del migrante y el senador Chris Van Hollen logró que el Gobierno de Nayib Bukele le permitiera conversar con él.

Ábrego es uno de los más de 200 extranjero -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. y enviados al CECOT sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, lo que grupos de derechos humanos han calificado como «desaparición forzada».

Por su parte, el Gobierno Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las organizaciones delincuenciales transnacionales Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.

Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.

A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera la semana pasada un fallo que respalda la orden de un tribunal de menor instancia en Maryland que instruye al Gobierno a «facilitar» el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.

El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT y como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario salvadoreño.