La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ordenó este sábado suspender las expulsiones amparadas en la llamada Ley de Enemigos Extranjeros que emplea la Casa Blanca para encarcelar en El Salvador a migrantes irregulares acusados de pertenencia a organización terrorista.
El fallo frena la política impulsada por la administración de Donald Trump con base en la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa poco usada desde su creación en 1798.
La resolución prohíbe al Gobierno estadounidense trasladar a cualquier miembro de la clase identificada de detenidos hasta nuevo aviso del alto tribunal. La decisión fue adoptada con los votos en contra de los magistrados conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito.
El dictamen impacta directamente a un grupo de migrantes venezolanos retenidos en el centro de detención de Bluebonnet, en Anson, Texas, donde se les acusa de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, declarado organización terrorista por el expresidente Trump.
La ley fue invocada por Trump a través de una proclamación en marzo, permitiendo la expulsión inmediata de migrantes sin proceso legal, una medida que ha sido cuestionada por su legalidad y uso arbitrario. La última vez que esta norma fue aplicada de forma masiva fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ciudadanos estadounidenses de origen japonés fueron internados en campos especiales.
Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunciaron que algunos de los migrantes ya habían sido cargados en autobuses rumbo al aeropuerto, motivo por el cual presentaron recursos de emergencia en tres tribunales distintos durante la noche del viernes.
Una de las demandas urgentes fue presentada ante la Corte Suprema por temor a una deportación inminente. En ella, se documenta que los detenidos fueron forzados a firmar formularios en inglés, pese a no comprender el idioma, y que se les aseguró que la orden “venía del presidente”.
Entre los casos destacados se encuentra el de un joven de 19 años, identificado con las iniciales Y.S.M., detenido el 14 de marzo. Las autoridades migratorias lo acusaron de ser miembro del Tren de Aragua por aparecer en una fotografía junto a una persona con un arma. Sin embargo, su abogado aclaró que se trataba de una pistola de agua.
Desde el 15 de marzo, la administración Trump ha enviado al menos cinco vuelos con migrantes hacia El Salvador, bajo un acuerdo con el presidente Nayib Bukele que permite al gobierno estadounidense recluir a los deportados en cárceles salvadoreñas a cambio de un pago. El gobierno de El Salvador no ha confirmado oficialmente los nuevos vuelos.
El juez James Boasberg, quien preside uno de los casos federales, había ordenado anteriormente pausar las deportaciones bajo esta ley. A pesar de su decisión, tres vuelos partieron desde Texas hacia El Salvador, lo que ahora podría ser objeto de una investigación por desacato.
El fallo de la Corte Suprema no solo representa un revés temporal para el plan de Trump, sino que también resalta las preocupaciones sobre el uso de leyes de guerra para justificar deportaciones sin el debido proceso, una práctica que podría erosionar los derechos constitucionales de los migrantes en Estados Unidos.
