Autor: Redaccion DEM

El fiscal general de México,

Alejandro Gertz, afirmó este martes que no han encontrado por el momento indicios de que en el Rancho Izaguirre, en el estado de Jalisco, y utilizado por el cártel Jalisco Nueva Generación existan hornos crematorios clandestinos.

«Primero mandamos hacer una prueba de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación. No la encontramos», señaló en una rueda de prensa.

Gertz defendió así que el rancho era «un centro de reanudación de operaciones y de capacitación». «Algunos restos humanos están muy fraccionados. Son pequeños cuencos donde se hayan restos que no corresponden directamente a un solo cadáver«, afirmó.

No obstante, ha reconocido que algunos huesos tienen «huellas de algún tipo de cremación». «Lo que estamos haciendo con la tierra y las construcciones es mandarlo a los laboratorios de la Universidad Nacional para que se establezca con toda precisión la antigüedad de esos restos», agregó.

El fiscal general también ha informado de que hay 15 detenidos que ya fueron detenidos por otros delitos vinculados con la delincuencia organizada. «Hay una buena cantidad de información que vamos a tener en el curso de esta y la próxima semana», indicó.

El cártel reclutaba a jóvenes con falsas ofertas de empleo que divulgaban principalmente en redes sociales. Durante un mes, estos jóvenes permanecían incomunicados mientras recibían formación física y de manejo de armas en el Rancho Izaguirre.

El colectivo Guerreros Buscadores encontró en el lugar lotes de restos óseos fragmentados y con indicios de exposición térmica. El grupo criminal, además de calcinar los restos de sus víctimas, los ocultaba bajo una losa de ladrillo y una capa de tierra.

El caso ha reabierto el debate en México sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran miles de jóvenes y la capacidad de reclutamiento que siguen ostentando los cárteles, así como la poca capacidad de las autoridades para detectar estas prácticas.

Los muertos en el accidente ocurrido esta madrugada en una discoteca en Santo Domingo se elevan ya a 44, según cifras provisionales facilitadas este martes por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mientras que los heridos superan el centenar.

El desplome del techo de la discoteca Jet Set, donde continúa la búsqueda de personas entre los escombros, se produjo hacia la 01:00 hora local mientras estaba actuando el popular merenguero Rubby Pérez, quien también estaría entre los heridos.

En declaraciones a los medios desde el lugar del siniestro, el director del COE, general Juan Manuel Méndez, indicó este martes que además se han llevado a cabo 134 traslados a centros sanitarios, con un total de 150-160 pacientes.

Además, otras personas acudieron a los hospitales por sus propios medios y otras lograron abandonar sanas y salvas la discoteca, donde en el momento del siniestro se encontraba actuando el popular merenguero Rubby Pérez.

Los fallecidos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Al lugar, donde se suceden las escenas de dolor, han sido enviadas decenas de ambulancias y unidades del COE, de la Policía Nacional, del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Bomberos, Defensa Civil y del Ministerio de Defensa.

Según el director del COE, en las labores de rescate trabajan más de 200 socorristas, que, aseguran las autoridades, seguirán con sus labores hasta encontrar a todas las personas afectadas por el desplome del techo en la discoteca, muy popular por sus fiestas de los lunes y a la que acuden personalidades locales.

Mientras tanto, en torno a la discoteca se arremolinan familiares de las personas que estaban en su interior en el momento del suceso intentando conocer el destino de sus parientes.

Al lugar acudió el presidente del país, Luis Abinader, junto a su esposa y varios ministros para solidarizarse con las víctimas y sus familiares, donde confirmó el fallecimiento de la gobernadora de la provincia de Montecristi, Nelsy Cruz.

En un comunicado, Abinader lamentó la tragedia y aseguró: «Todos los organismos de socorro han brindado la asistencia necesaria y están trabajando incansablemente en las labores de rescate».

La Fiscalía israelí acusó este martes al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de haber destituido al jefe del Shin Bet (servicio secreto interno), Ronen Bar, por un «asunto personal», durante una bronca vista ante el Tribunal Supremo que se ha tenido que suspender varias veces por las protestas del público.

Esta audiencia judicial, que continúa tras más de 8 horas ante el alto tribunal ubicado en Jerusalén, busca determinar las causas del despido del jefe del Shin Bet e investiga si las conexiones entre allegados de Netanyahu y Catar son ilegales debido a un conflicto de intereses, tal y como alegan los demandantes, entre los que se cuentan todos los partidos de la oposición.

Durante la vista, el representante de la Fiscalía, Aner Helman, afirmó que si Netanyahu considera que la intención «por parte del jefe del Shin Bet es un intento de derrocarlo, claramente tiene un asunto personal» para detituirle.

«Existen vídeos del primer ministro (Netanyahu) diciendo eso», continuó Helman según declaraciones recogidas por el diario israelí Haaretz.

Helman añadió que no era urgente despedir a Bar y que el gobierno, que aprobó el cese la noche del 20 de marzo, y Netanyahu podrían haber esperado para consultar la decisión con la fiscal general, Gali Baharav-Miar, para fundamentar el despido.

La audiencia se vio interrumpida en varias ocasiones por protestas del público, entre ellos de la parlamentaria Tali Gotliv del Likud (el partido de Netanyahu),que fue expulsada, y de otros asistentes que mostraron su apoyo al gobierno.

Por su parte, uno de los abogados del Gobierno, Zion Amir, insistió durante la vista que mantener a Bar sería «una afrenta a la democracia y una usurpación de poder por parte de los tribunales», detalló Haaretz, ya que el gobierno tiene plena autoridad para destituirle.

Otro de los firmantes de las apelaciones y líder de la coalición Unidad Nacional, el opositor Benny Gantz, añadió en X que «la decisión del Tribunal Supremo debe ser respetada, cualquiera que sea», en alusión a los llamados del gobierno de desoírla si el cese es revocado.

En la vista participaron también familiares que perdieron a sus hijos en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, a petición del representante de la organización sionista B'Tsalmo, quienes respaldaron la decisión de echar a Bar y le responsabilizaron del fracaso de seguridad que permitió ese día la muerte de 1,200 personas en suelo israelí.

«El motín orquestado en la Corte Suprema y la vergonzosa explotación del dolor de las familias en duelo por parte de Netanyahu y su pueblo es una acción patética del gobierno criminal del 7 de Octubre que está tratando de dañar el estado de derecho y la vida comunitaria en Israel», dijo en X el opositor Yair Lapid, uno de los firmantes de la apelación.