Autor: Redaccion DEM

Al menos 55 personas han muerto y más de 500.000 familias han resultado afectadas por las intensas lluvias que azotan Bolivia, según informó el domingo el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

En total, se contabilizan 419,628 familias afectadas y 90,529 damnificadas en 6,174 comunidades. Además, 1.204 viviendas han sido completamente destruidas, 55 personas han perdido la vida y ocho personas continúan desaparecidas, explicó Calvimontes en una entrevista en Bolivia TV.

Tres departamentos se han declarado en desastre: Beni, Oruro y Chuquisaca, mientras que La Paz y Santa Cruz se encuentran en emergencia departamental. 127 municipios se han declarado en desastre y 25 en emergencia, sumando 252 municipios con algún grado de afectación, ha añadido.

Calvimontes advirtió de que las lluvias siguen ocasionando crecidas en las principales cuencas del país, como sucede en Beni y Pando. Asimismo, 78 municipios están bajo alerta hidrológica y se han emitido avisos por fuertes vientos en Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba.

Serán necesarios 122 millones de bolivianos (más de 17.6 millones de dólares) para atender las necesidades provocadas por estos desastres naturales.

Por otra parte, el jefe de la Unidad de Riesgo de Emergencias, Milton Gonzales, informó de que se han desplazado brigadas médicas a las zonas afectadas por las lluvias en los departamentos de Beni, La Paz, Santa Cruz, Tarija y Potosí.

En Beni se han realizado 2.295 intervenciones médicas; en La Paz, 997; y en Santa Cruz, 349. Las afecciones más comunes han sido resfriados, laringitis, diarreas, micosis y cefaleas, asociadas principalmente a la exposición prolongada a la humedad y la falta de acceso a servicios básicos en las comunidades damnificadas.

La candidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa Gonzu00e1lez, fue denunciada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por infracción electoral grave por violencia política de género, tipificada en los artículos 279 y 280 del Código de la Democracia.

La denuncia, presentada por un miembro del partido Acción Democru00e1tica Nacional (ADN), el partido de su rival electoral y el actual presidente, Daniel Noboa, recoge que el 23 de marzo, durante el debate presidencial, Gonzu00e1lez «indicaba que la directora nacional de ADN, María Moreno, era una narcotraficante, cuando ya se conocía abiertamente que la señora estaba eximida de ese delito, que después en la formulación de cargos queda totalmente absuelta y no recibe acusación por parte de la Fiscalía General del Estado».

Gonzu00e1lez dijo que Noboa tiene una familia «banquera» y señaló que habría un vínculo entre esas actividades y el lavado de dinero. «Quien financia partidos y campañas políticas con dinero del narcotru00e1fico es usted, señor Noboa», acusó antes de agregar que María Moreno «estu00e1 vinculada a un caso de tru00e1fico de drogas y maneja nueve empresas del grupo Noboa».

Según la denuncia, al decir que Moreno «mantenía y se dedicaba al tru00e1fico de drogas, o sea, daba afirmaciones que en cadena nacional lesionaban a una mujer y muy aparte de que esa mujer ostentaba la calidad de directora nacional, por eso se convierte en un delito de falta muy grave de violencia política de género».

«La señora Luisa Magdalena Gonzu00e1lez Alcívar, actual candidata a la Presidencia de la República del Ecuador, ha incurrido en infracciones electorales muy graves, acusando de narcotraficante a nuestra militante políticamente activa la señora María Moreno Heredia, recibiendo expresiones denigrantes basadas en una investigación previa incoada con falacias en la que no se ha comprobado ni se comprobaru00e1 delito alguno, afectando el buen nombre y la honra de nuestra compañera», arguye la denuncia.

Por todo ello, el denunciante, Manuel Peñafiel Falconí, solicita al TCE que se le retiren los derechos políticos a la candidata Luisa Gonzu00e1lez, según el escrito presentado con fecha 4 de abril.

El caso ha sido asignado por sorteo al juez electoral Guillermo Ortega, quien emitió una primera providencia el 5 de abril y otorgó un plazo de dos días para que el denunciante aclare y complete los requisitos determinados en el artículo 245.2 del Código de la Democracia.

El próximo 13 de abril Noboa se enfrenta en segunda vuelta con Gonzu00e1lez para revalidar su mandato tras una primera vuelta celebrada el 9 de febrero en la que el actual mandatario fue el candidato mu00e1s votado (44,14 por ciento) por un estrecho margen por delante de Gonzu00e1lez (44 por ciento). Gonzu00e1lez ha cerrado un acuerdo electoral para el apoyo del partido indigenista Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), que en la primera vuelta logró un 5,25 por ciento de votos.

Noboa, heredero de la familia mu00e1s rica de Ecuador, se convirtió en octubre de 2023 en el presidente mu00e1s joven de la historia del país al imponerse en las elecciones presidenciales anticipadas tras la caída de su predecesor, Guillermo Lasso, quien dio un paso al lado en medio de acusaciones de corrupción. Bajo las siglas de ADN, Noboa ha gobernado 18 meses en un contexto complejo en lo que a la seguridad se refiere, con un auge de la violencia a manos de grupos armados y que llevó a declarar el estado de emergencia.

Las autoridades de Honduras decomisaron el domingo al menos 786 kilos de cocaína ocultos en un camión durante una operación en el norte del país, en la que detuvieron a dos hondureños, informó el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.

La Policía Nacional y la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) incautaron un «fuerte cargamento de supuesta cocaína en un contenedor que transitaba a la altura de Chamelecón», al sur de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, indicó Sánchez en sus redes sociales.

«Equipos antidrogas venían dándole seguimiento desde hace algunos días y hoy se logró localizar al vehículo. Hasta el momento van 260 kilos, dos detenidos e igual número de vehículos requeridos», subrayó.

La inspección del camión se lleva a cabo en las instalaciones de las Fuerzas Especiales en la ciudad de El Progreso, en el departamento de Yoro, donde también participan agentes del Ministerio Público (Fiscalía), según el informe oficial.

Por su ubicación geográfica, principalmente en el Caribe, Honduras es utilizada por narcotraficantes internacionales para enviar cargamentos, especialmente de cocaína, hacia Estados Unidos, utilizando avionetas y embarcaciones rápidas.

Según las autoridades hondureñas, se ha incautado al menos una tonelada de cocaína y otras drogas en lo que va de 2025.

Carlos Lehder, uno de los fundadores del cartel de Medellín y figura central del narcotráfico en los años ochenta, reapareció públicamente en Colombia tras 38 años de haber sido extraditado a Estados Unidos. En una entrevista con la revista Semana, el excapo aseguró estar «complacido» de regresar a su país y admitió que el narcotráfico fue su «mayor error».

Lehder, quien permaneció 33 años preso en cárceles de máxima seguridad, relató cómo sobrevivió al encierro y cómo logró una reducción de pena tras testificar en el juicio contra el dictador panameño Manuel Antonio Noriega. «Me condenaron a cadena perpetua más 135 años. Pensé que moriría encerrado. Pero Dios tenía otros planes», confesó entre lágrimas.

En su regreso, el exnarcotraficante fue detenido brevemente por una alerta judicial de 1985, ya expirada. Tras demostrar que no tiene procesos pendientes en Colombia, quedó en libertad y anunció su participación en la Feria del Libro de Bogotá para presentar su obra «Vida y muerte del cartel de Medellín».

Durante la entrevista, Lehder fue enfático al advertir sobre los peligros del negocio ilícito. «Traficar cocaína es un mal negocio. Tarde o temprano los atrapan o los matan», dijo. Además, criticó a las guerrillas y pidió que «quienes crean en el comunismo, se vayan a vivir a Cuba».

También reconoció que felicitó a Pablo Escobar tras el asesinato del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, un hecho del que se arrepiente. «Fue un error de mi parte. Hoy, en retrospectiva, lamento profundamente ese pronunciamiento», sostuvo, negando cualquier participación directa en el magnicidio.

Lehder negó rotundamente que el cartel de Medellín financiara la toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del M-19. «Escobar y el cartel no tenían negocios con esa guerrilla. Popeye se inventó esa historia», afirmó, y acusó a la Comisión de la Verdad de haber utilizado testimonios sin verificar.

A la pregunta sobre los políticos que habrían recibido dinero del cartel, el excapo evitó dar nombres directamente, aunque reiteró que «en el libro están». Sin embargo, reconoció que el cartel financió campañas y pagó sobornos a funcionarios para proteger sus operaciones.

Sin lujos ni fortuna

Pese a haber manejado millones, tener yates, islas y aviones, Lehder aseguró que hoy vive de sus libros y solo tiene «1,000 euros» en el bolsillo. «Perdí todo. El narcotráfico no deja nada. Es un negocio que destruye», insistió.

Ahora con 75 años, y planes de volver a Alemania, Lehder expresó su deseo de recorrer Colombia en paz. «No creo que alguien quiera hacerme daño. Pero si detecto algo, tomaré las medidas necesarias», advirtió.

Al ser cuestionado sobre la legalización de las drogas, fue tajante: «Estoy en contra. Bastantes problemas hay ya. Solo apoyo la legalización del uso recreativo de la marihuana».

Finalmente, Lehder pidió perdón a los colombianos: «Fui parte del cartel, transporté cocaína. Pero no he matado a nadie. Estoy arrepentido. No quiero que ningún joven repita mi error».

El excapo, que ahora se define como «un hombre libre y arrepentido», busca cerrar su capítulo con Colombia sin pretensiones políticas ni protagonismo. Solo, como él mismo lo dijo, «vivir tranquilo los años que me quedan».

Una jueza federal en Estados Unidos rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de revocar su orden del viernes de repatriar inmediatamente a Kilmar Abrego Garcia, un migrante salvadoreño que fue deportado erróneamente y actualmente se encuentra detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

La jueza Paula Xinis reiteró la orden al gobierno del presidente Donald Trump la cual exige que u00c1brego García sea retornado a territorio estadounidense antes del lunes por la noche. La administración Trump argumentó que la Corte carece de competencia para ordenar acciones de política exterior, pero la magistrada insistió en que la deportación violó múltiples normas legales.

«Los acusados detuvieron a u00c1brego García sin autoridad legal, lo mantuvieron en tres centros de detención, no lo presentaron ante ninguna autoridad migratoria y lo enviaron a El Salvador en contravención directa de una orden judicial de 2019», escribió Xinis en una opinión de 22 pu00e1ginas publicada la madrugada del domingo.

Xinis también señaló que en El Salvador el migrante fue internado en el Cecot, una prisión que, según la jueza, «por diseño, priva a los detenidos de alimento, agua y refugio adecuados, fomenta la violencia y mezcla intencionalmente a miembros de pandillas rivales».

La jueza cuestionó ademu00e1s que el gobierno estadounidense haya calificado públicamente a u00c1brego García como miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), sin presentar pruebas ante el tribunal. Este señalamiento, advirtió, lo expone a represalias dentro del penal salvadoreño, donde también hay integrantes de bandas rivales como Barrio 18.

El caso ha provocado una ola de críticas desde distintos sectores, incluyendo miembros del Congreso, juristas y defensores de derechos humanos. La fiscal general Pam Bondi confirmó que el abogado del Departamento de Justicia que defendió la actuación del gobierno, Erez Reuveni, fue suspendido tras mostrarse frustrado por la falta de información y acciones para corregir el error.

u00c1brego García vivía en Maryland desde 2012 y contaba con un permiso laboral. En 2019, un juez determinó que enfrentaría persecución de la pandilla Barrio 18 si regresaba a El Salvador, por lo que se le otorgó protección contra la deportación. Sin embargo, fue detenido nuevamente sin aviso y expulsado el mes pasado, sin comparecer ante un juez migratorio.

El Departamento de Justicia apeló la orden de Xinis ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond, Virginia, y solicitó una suspensión de emergencia. Hasta la mañana del domingo, el tribunal no había emitido resolución.

Mientras tanto, Jennifer Vu00e1squez Sura, esposa de u00c1brego García y ciudadana estadounidense, continúa liderando manifestaciones para exigir el retorno de su esposo.

«Es una pesadilla interminable. Nadie debería pasar por esto», declaró en un acto público en Maryland.