Autor: Redaccion DEM

Naciones Unidas reportó este martes un aumento alarmante de la violencia en Haití, con un incremento del 24 % en los homicidios intencionados durante el primer semestre de 2024. Según la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH), se registraron 4,026 víctimas, entre ellas 376 mujeres, 21 niñas y 68 niños.

El secretario general adjunto de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenča, presentó los datos durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la crisis haitiana, y advirtió que la capital, Puerto Príncipe, está prácticamente paralizada y sitiada por bandas criminales. «Sin una mayor acción internacional, el colapso total de la presencia estatal en la capital podría convertirse en un escenario muy real», alertó.

El número de desplazados internos alcanzó ya los 1.3 millones, cifra que triplica la de 2023 y multiplica por seis la de 2022, según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos. La expansión de la violencia ha generado una crisis humanitaria cada vez más compleja.

Pese a la situación, el Consejo Electoral Provisional de Haití, con apoyo de la BINUH y otros socios de la ONU, mantiene planes para celebrar elecciones en febrero de 2026. Sin embargo, Jenča reconoció que persisten «profundas divisiones» entre actores clave, lo que podría hacer inviable el proceso si continúa la violencia.

En la sesión también intervino la directora general de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Ghada Waly, quien aseguró que los grupos criminales controlan alrededor del 90 % de Puerto Príncipe. «El crimen organizado se está expandiendo hacia el este y sur del país, mientras crece el número de grupos de autodefensa», precisó.

Waly advirtió además sobre el cierre de infraestructuras clave como la presa hidroeléctrica que provee el 30 % de la electricidad nacional, y denunció la repatriación forzada de migrantes haitianos a zonas de extrema inseguridad, sin acceso a servicios básicos.

En paralelo, un juez federal de Nueva York falló ayer a favor de miles de haitianos con estatus legal en Estados Unidos, permitiéndoles defender su permanencia frente al intento de la Administración Trump de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS), que actualmente protege de la deportación a más de medio millón de personas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este miércoles de que Hamás dejará de existir en la Franja de Gaza y que Israel liberará a todos los rehenes sin hacer ninguna mención directa al supuesto acuerdo de alto el fuego de 60 días que, tal y como anunció horas antes el presidente estadounidense, Donald Trump, su país había aceptado.

«Les anuncio: no habrá Hamás. No vamos a volver a eso. Se acabó. Liberaremos a todos nuestros rehenes», dijo Netanyahu durante su visita a unas instalaciones energéticas de la ciudad de Ascalón, en el sur de Israel, sin dar más detalles.

Estas fueron las primeras palabras del gobernante israelí después de que horas antes Trump asegurarse que el Gobierno de Israel había aceptado una propuesta de alto el fuego de 60 días en el enclave palestino a cambio de que Hamás libere a 10 rehenes con vida y entregue los cuerpos de otros 15, según indicaron medios estadounidenses.

«¡Son dos objetivos opuestos!» ¡Qué disparate! Trabajamos juntos. Lo completaremos juntos, al contrario de lo que dicen. Los eliminaremos por completo», dijo Netanyahu sobre el hecho de que puedan acabar con Hamás y al mismo tiempo lograr el retorno de los cautivos.

La mayoría de los familiares de los rehenes (quedan 50 en manos de Hamás) no confían en que la presión militar pueda traer de vuelta a casa a sus seres queridos tras más de año y medio de ofensiva y esperan que el Ejecutivo israelí firme ya un acuerdo de intercambio.

En estos últimos meses, el Gobierno israelí ha rechazado aceptar las dos principales demandas de Hamás para sellar un acuerdo de alto el fuego: la retirada total de sus tropas y el fin definitivo de su ofensiva sobre la devastada franja.

Netanyahu, además, está presionado sobre todo por los partidos de extrema derecha que forman parte de su Gobierno de coalición, ya que se oponen rotundamente a negociar con Hamás y a firmar cualquier acuerdo de tregua. Es más, estas formaciones políticas abogan por mantener la ofensiva contra el enclave y restablecer los asentamientos que fueron desmantelados en 2005.

Hamás confirmó este miércoles estar examinando la propuesta que le han hecho llegar los mediadores (Catar y Egipto, son los países que están en contacto con el grupo palestino) e insistió en su demanda para que dicho pacto incluya el final de la ofensiva israelí contra el enclave, la retirada de sus tropas y la provisión de ayuda a los gazatíes.

La cancelación del programa CBP One y otras medidas contra la migración irregular adoptadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, han tenido efectos en Tapachula, epicentro de la crisis migratoria en el sur de México, donde los traficantes de personas pelean por la ruta hasta la frontera norte, según denunciaron este miércoles activistas y migrantes.

Así lo indicó el director del Centro de Dignificación Humana (CDH) en esa ciudad fronteriza, Luis Rey García Villagrán, quien subrayó que los traficantes de personas están cobrando entre $10,000 y $15,000 por viaje.

«Por eso, la lucha intestina también de los carteles, por eso, la guerra de la policía chiapaneca (Chiapas) con los diferentes carteles porque la mitad de eso que se gana de ese botín que tienen los traficantes de personas los carteles tienen que ver con esta guerra intestina porque se está peleando la ruta del tráfico y trata de personas», informó.

De hecho, García Villagrán apuntó que, en ocasiones, los migrantes son acercados al cruzar el río Suchiate, que divide a México con Guatemala, y desde allí son llevados hasta la frontera con Estados Unidos, situación que refleja que la migración irregular no se ha detenido pese a las políticas de Washington.

Migración irregular, negocio lucrativo

En la mayor ciudad fronteriza del sur de México, se encuentra la migrante cubana Ghislayne Jiménez Moret, quien narró a EFE que pagó pasajes de $5,000 de su país hasta Nicaragua y de ese país fue trasladada a la frontera de México con Guatemala por otros traficantes.

«Claro, nosotros nos venimos de manera ilegal, pagamos hasta Nicaragua, porque Cuba es una isla que está en medio del mar y no tiene frontera y luego pagamos pasajes de $5,000 cuando llegamos a Nicaragua hay gentes o ‘coyotes’, que nos traen hasta acá (Tapachula), y estos cobran en dólares», agregó Moret.

Esta migrante, de profesión psicóloga, contó que trabaja en una empacadora donde labora alrededor de 17 horas diarias y no pueden dejar de hacer las actividades porque tiene que cubrir sus gastos diarios.

Por su parte, el ecuatoriano Fredy Lozano narró que llegó a Tapachula, la mayor ciudad fronteriza en el sureño estado de Chiapas, hace un año y durante su travesía las diversas autoridades migratorias le pedían dinero a cambio de dejarlos pasar porque no traen pasaporte o visa.

«El permiso permanente para pasar por país, como nosotros no lo teníamos y mi familia es ecuatoriana ellos les cobraban más», indicó Lozano, al señalar que se encuentra de manera irregular limpiando vidrios de automóviles, ya que está a la espera de sus documentos para poder salir de la frontera sur de manera legal.

La Administración de Trump ha eliminado una serie de programas y beneficios migratorios creados por su antecesor, entre ellos el parole humanitario para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití y la aplicación CBP One, que permitía pedir cita para entrar de manera legal por la frontera.

Como consecuencia, más de medio millón de personas se han quedado en un limbo legal -mientras los tribunales deciden sobre la legalidad de los programas- o directamente en una situación migratoria irregular.

Trump busca acelerar las deportaciones y detenciones para cumplir con su promesa de campaña de expulsar a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país.

El ‘Alcatraz caimán’ inaugurado este martes en Florida por el presidente de EE.UU., Donald Trump, evoca La Ciudad de las Carpas en Arizona, un centro abierto en 1993 por el entonces alguacil antiinmigrantes Joe Arpaio, donde los reos debían soportar humillaciones y vejaciones como las altas temperaturas del desierto, comer comida en mal estado y vestir ropa interior de color rosado.

«Sin lugar a duda La Ciudad de las Carpas sirvió de modelo para ‘Alcatraz caimán en Florida’, estamos viendo que muchas de las políticas antiinmigrantes que por años hemos luchado por terminar en Arizona, ahora están siendo implementadas por la Administración del Presidente Donald Trump en el país».
Linda Black, activista en Arizona.

Black formó parte de una coalición que entabló una demanda en contra de Arpaio, el entonces alguacil del condado Maricopa, quien orgullosamente invitaba constantemente a medios de prensa a recorrer el lugar de reclusión, que fue desmantelado en 2017.

Durante un recorrido, EFE pudo constatar en 2015 cómo los detenidos, entre ellos inmigrantes indocumentados, eran forzados a vivir dentro de carpas similares a las del Ejército de Estados Unidos, donde solo habían camas.

Durante el evento, el mismo Arpaio mostró a la prensa cómo la temperatura en el techo de las carpas llegaba a cerca de 55 grados centígrados (130 Fahrenheit).

El calor era tan intenso que quemaba la piel y los detenidos se quitaban las camisas, las cuales mojaban con agua para cubrir su cabeza y tratar de refrescarse un poco.

Este martes, el presidente Trump, que visitó ‘Alcatraz caimán’, que albergará a inmigrantes para su deportación, se mofó de cómo debían huir estos para evitar ser alcanzados por las fauces de los caimanes del gran humedal de los Everglades que circunda el centro de detención y que se caracteriza por una gran humedad y las altas temperaturas.La rudeza, una «arma política»

«Al igual que ahora lo hace Trump con el Alcatraz caimán, Arpaio utilizó la Ciudad de las Carpas como un arma política, para tener publicidad y demostrar qué tan duro era con los detenidos y los migrantes», dijo Black.

Considera que ambos lugares están diseñados para violar los derechos civiles y humanos de los detenidos.

En La Ciudad de las Carpas los reclusos, que incluían hombres y mujeres, no solo tenían que soportar el extenuante calor del verano, sino también las gélidas temperaturas del invierno.

En Arizona, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó a Arpaio después de que él mismo declarara públicamente que los reos en la Ciudad de las Carpas comían embutido «verde», es decir, con moho.

Ante la demanda y la exigencia de que se sirviera comida nutritiva a los reos, Arpaio ordenó retirar la sal de todas las comidas, dando la opción a los detenidos de comprar esta sazón para agregarle a los alimentos.

En la Ciudad de las Carpas, establecida en 1993 y con una capacidad para 2.000 detenidos, los reos eran obligados a vestir uniformes a rayas de color blanco y negro al igual que calzoncillos de color rosado.

Los calzocillos con autógrafo de Arpaio

El polémico lugar fue el blanco de múltiples críticas y demandas por parte de grupos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Arpaio, quien fungió como alguacil durante 24 años hasta perder la reelección en 2016, vendía postales y calzoncillos rosados autografiados.

Conocido como ‘El alguacil más duro del oeste’, Arpaio fue uno de los primeros en apoyar a Trump en su camino a la Casa Blanca.

El mismo Trump le otorgó a Arpaio un perdón presidencial en 2017, después de ser hallado culpable por un juez federal por desacato ya que no siguió sus órdenes en un caso de discriminación racial en contra de conductores hispanos.

«Lamentablemente estamos viviendo tiempos muy difíciles en este país, los migrantes están siendo calificados como criminales y sabemos que la gran mayoría que han sido detenidos no tienen récord criminal», dijo a EFE Vicki Gaubeca, directora de política migratoria de la frontera con Human Rights Watch.

En su opinión estas prácticas de encarcelamiento son «crueles» y una clara violación a los derechos civiles y humanos que van en contra de los tratados internacionales que Estados Unidos ha suscrito.