Autor: Redaccion DEM

El uso de un supuesto reloj Rolex, valorado en unos $50,000, por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en su reciente visita a una megacárcel de El Salvador, desde donde advirtió que enviaría allí a quienes ingresen sin documentos a su país, ha generado polémica en la nación norteamericana, de acuerdo con diversos medios estadounidenses.

«Cómo el Rolex de $50,000 de Kristi Noem en una prisión salvadoreña se convirtió en un punto de tensión política», título el Washington Post, mientras que The New York Times publicó «El lujoso Rolex de Kristi Noem se roba las miradas durante su visita a una cárcel de El Salvador».

La polémica por el reloj no ha trascendido en los medios salvadoreños.

En las fotografías compartidas por el Gobierno de El Salvador de la visita de la alta funcionaria de la Administración Trump, al que medios salvadoreños no tuvieron acceso, dan cuenta de un llamativo reloj dorado y un anillo en la mano izquierda de Noem.

Este reloj, que al parecer es un Rolex, aparece en las imágenes desde su llegada al Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y durante la visita que realizó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

En las imágenes se ve a Noem, junto al ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, y un amplio equipo de seguridad mientras camina frente a pandilleros cubiertos con tatuajes alusivos a las pandillas.

El escritor y periodista retirado estadounidense Seth Abramson publicó en X que la imagen de Noem «pasará a la infamia» y describe a «Kristi Noem usando prisioneros maltratados, algunos de los cuales deportó ilegalmente sin el debido proceso, como accesorios en un anuncio de Trump en el que luce un Rolex de $60,000».

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional para Asuntos Públicos, dijo en un comunicado a Business Insider que Noem utilizó las ganancias de sus libros «para comprar un artículo que pudiera usar y algún día legar a sus hijos».

EFE consultó a un experto en esta marca de relojes, pero reconoció que a través de una fotografía no puede certificar su autenticidad, ya que hay muchas falsificaciones y necesitaría tenerlo físicamente para comprobar su peso, entre otros factores.

El CECOT es una megacárcel ubicada en la localidad de Tecoluca, construida para albergar a unos 40.000 pandilleros.

A este sitio envió el Gobierno de Nayib Bukele a 238 migrantres venezolanos acusados de ser integrantes de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, que surgió en cárceles venezolanas, y que fueron deportados al país centroamericano por la Administración de Donald Trump, pese a una orden judicial que se lo prohibía.

El Ejecutivo de Bukele no ha explicado bajo que ley mantiene presas a estas personas y se desconoce si han sido puestos a orden de algún juez de control penitenciario.

«También quiero que todos sepan que si vienen a nuestro país (Estados Unidos) ilegalmente, esta es una de las consecuencias que podrían enfrentar», dijo Noem en un video publicado en X con un grupo de pandilleros salvadoreños de fondo, en el que aparecía con el polémico Rolex en su muñeca.

Dinamarca declaró el sábado que no aprecia «el tono» empleado por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien criticó la supuesta inacción de Copenhague en la isla autónoma de Groenlandia, un estratégico territorio codiciado por el presidente Donald Trump.

«Estamos abiertos a las críticas pero, para ser sincero, no apreciamos el tono en el que fueron formuladas», dijo el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, en un video en inglés en la red X.

«Así no es como se habla a sus aliados cercanos, y sigo considerando que Dinamarca y Estados Unidos son aliados cercanos», añadió.

La respuesta de Dinamarca pone fin a una semana de gran tensión entre ambos países, desencadenada cuando Estados Unidos anunció una visita no acordada de dirigentes norteamericanos al territorio autónomo.

Durante la visita, que finalmente se limitó el viernes a la única base militar estadounidense en la isla ártica, Vance estimó que Dinamarca «no ha hecho un buen trabajo para garantizar la seguridad de Groenlandia».

«El acuerdo de defensa de 1951 ofrece a Estados Unidos muchas posibilidades para tener una presencia militar mucho más fuerte en Groenlandia. Si es lo que ustedes quieren, hablémoslo», respondió el ministro danés en referencia al texto que regula la presencia estadounidense en la isla.

En 1945, Estados Unidos tenía 17 bases e instalaciones militares en Groenlandia, con miles de soldados, recordó.

«Podemos hacer más, mucho más en el marco actual», añadió.

La base de Pituffik, en la costa noroeste de Groenlandia, es una parte importante de la infraestructura de defensa antimisiles de Washington, ya que su ubicación en el Ártico la sitúa en la ruta más corta para los misiles disparados desde Rusia hacia Estados Unidos.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ya lamentó el viernes las críticas «injustas» de Estados Unidos, y recordó que Dinamarca estuvo a su lado «en algunas situaciones muy difíciles», en referencia al compromiso del país junto a las tropas estadounidenses, especialmente en Irak y Afganistán.

Dear American friends.

We agree that status quo in the Artcic is not an option.

So let’s talk about how we can fix it – together.

Lars Løkke Rasmussen
Danish Foreign Minister pic.twitter.com/vQrcUP7cwi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitió el viernes que necesitan Groenlandia porque es «muy importante» para la seguridad internacional.

«Hasta ahora, todos hemos actuado partiendo del supuesto de que el Ártico era y debe seguir siendo una zona de bajo riesgo, pero esos días han pasado», dijo el jefe de la diplomacia danesa.

«El statu quo no es una opción, por eso hemos redoblado nuestros esfuerzos invirtiendo» en la seguridad del Ártico, añadió.

En enero, Copenhague anunció que iba a destinar casi 2.000 millones de dólares a reforzar su presencia en el Ártico y el Atlántico Norte.

Pese al tono amenazante de Trump, el vicepresidente estadounidense descartó el uso de la fuerza para apoderarse del territorio autónomo danés, asegurando que Washington logrará convencer a los groenlandeses para que se unan a Estados Unidos.

«Pensamos que los habitantes de Groenlandia son racionales y (…) que vamos a llegar a un acuerdo al estilo de Donald Trump para garantizar la seguridad de ese territorio y también la de Estados Unidos», señaló Vance.

El vasto territorio de 57.000 habitantes, casi el 90% de ellos de la etnia inuit, dispone de autonomía dentro de Dinamarca, que conserva competencias en diplomacia, defensa y política monetaria y suministra una ayuda anual que representa un 20% del PIB de la isla.

Groenlandia acaba de estrenar un nuevo gobierno de coalición, y la mayoría de sus habitantes desean la independencia del territorio. Según un sondeo publicado a finales de enero, la mayoría tambin rechaza cualquier perspectiva de convertirse en estadounidense.

Los expertos afirman que el violento terremoto que sacudió Birmania el viernes fue probablemente el más fuerte registrado en el país en décadas y, basándose en modelizaciones de catástrofes, pronostican que podría haber decenas de miles de muertos.

«Cabe esperar un gran número de víctimas y daños significativos, y es probable que la zona de la catástrofe se extienda», afirmó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que localizó el epicentro del sismo, de magnitud 7,7 y poca profundidad, cerca de la ciudad birmana de Mandalay, donde viven más de un millón de personas.

El último balance difundido el sábado por la junta en el poder en Birmania era de más de 1.000 fallecidos y más de 2.000 heridos.

Pero el análisis del USGS estima que existe una probabilidad del 35% de que la cifra de víctimas sea entre 10.000 y 100.000 personas.

El organismo estadounidenses también precisa que el costo financiero de esta catástrofe podría ser de decenas de miles de millones de dólares, superando incluso el PIB del país.

Falla peligrosa

Bill McGuire, profesor en geofísica y riesgos climáticos de la University College London (UCL), aseguró que se trataba «probablemente del mayor sismo en Birmania» en los últimos 75 años.

Pocos minutos después de la primera sacudida, se produjo otro temblor de magnitud 6,7 y, según McGuire, «se esperan otras réplicas».

Para explicar este terremoto, Rebecca Bell, experta en tectónica en el Imperial College London, habla de un movimiento de superposición lateral de la falla de Sagaing.

Es en esa zona que la placa tectónica india, al oeste, se une con la placa de Sunda, que forma una gran parte del Sudeste Asiático –una falla parecida en tamaño y movimiento a la de San Andrés en California.

«La falla de Sagaing es muy larga, 1.200 km, y muy recta», comenta la experta.

«La naturaleza rectilínea hace que los sismos puedan surgir en zonas muy amplias, y cuanto mayor es la zona de la falla que se desliza, más importante es el sismo», agrega.

Los terremotos en estos casos pueden ser «especialmente destructores», advierte Bell. Cuando el temblor se sitúa a poca profundidad, su energía sísmica se disipa cuando alcanza las zonas pobladas superiores.

Esto provoca «muchas sacudidas en la superficie», abunda.

Auge de la construcción

En Birmania suelen producirse potentes sismos. Se han registrado más de 14 de al menos magnitud 6 en el último siglo, entre ellos uno de magnitud 6,8 cerca de Mandalay en 1956, enumera Brian Baptie, sismólogo del Instituto Geológico de Londres (BGS).

Según Ian Watkinson, del departamento de ciencias de la tierra del Royal Holloway, en la Universidad de Londres, el «auge de la construcción de edificios elevados con hormigón armado» ha cambiado totalmente la situación en estas últimas décadas.

En Birmania, sumida en conflictos desde hace años, el nivel de aplicación de las normas de construcción antisísmicas es muy bajo.

«Cuando ocurrieron los sismos precedentes de magnitud 7 o más en la falla de Sagaing, Birmania estaba relativamente poco desarrollada, con muchos edificios bajos de estructura de madera y monumentos religiosos de ladrillos», explica Watkinson.

«Este (del viernes) es el primer test de infraestructuras modernas de Birmania frente a un sismo de gran magnitud y a poca profundidad cerca de las principales ciudades», añade.

Baptie, del Instituto Geológico de Londres (BGS), estima que al menos 2,8 millones de birmanos estaban en las zonas más afectadas.

«El mantra habitual es que 'los sismos no matan, el derrumbe de las infraestructuras mata'», recuerda Ilan Kelman, experto en reducción de catástrofes de la University College London.

«Los gobiernos son responsables de las reglamentaciones en materia de planificación y de las normas de construcción», insiste.

Colapso de un rascacielos

Los temblores se hicieron sentir en los países vecinos, sobre todo en Tailandia, donde un rascacielos en construcción de 30 pisos quedó hecho trizas en pocos segundos. Decenas de obreros quedaron atrapados entre los escombros.

Christian Malaga-Chuquitaype, del Imperial College de Londres, explica que el tipo de terreno en Bangkok contribuyó a que la megalópolis, situada a unos 1.000 km del epicentro, se viera también impactada.

«Aunque Bangkok está lejos de las fallas activas, su suelo blando amplifica las sacudidas», asegura.

En su opinión, las técnicas de construcción en Bangkok favorecen las «losas planas» –en las que los suelos se sostienen sólo con pilares sin utilizar vigas de refuerzo, como una mesa que sólo se sostiene con las patas. Y esto supone un «diseño problemático».

Un primer análisis del video del hundimiento del rascacielos sugiere, según este experto, que se habría utilizado este método.

Los edificios construidos con esta técnica «actúan mal en los sismos, se derrumban a menudo de forma quebradiza y de repente (casi explosiva)», explica.

El estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) denunció este viernes que niñas y mujeres son de los grupos más afectados, de manera violenta, por parte de agentes estatales durante el estado de excepción que rige en el país desde diciembre de 2022.

«Solo en el primer año de la puesta en práctica del estado de excepción, el Conadeh atendió más de un centenar de quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado por violentar los derechos humanos de mujeres y niñas», indicó el organismo en un comunicado.

Señaló además que la situación es «alarmante por los niveles de violencia y arbitrariedad perpetrados por agentes de seguridad pública en el marco de la suspensión de garantías».

«La violencia física fue la de mayor recurrencia, y según el relato de las propias afectadas, las violaciones de derechos humanos incluyeron golpes, patadas, jalones de cabello y bofetadas por parte de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado», subraya la denuncia.

Según el organismo defensor del pueblo, «el uso desproporcionado de la fuerza, en el marco de las intervenciones de agentes de la seguridad pública, puede constituir un atentado a la dignidad humana, toda vez que acarrea repercusiones físicas y psicológicas en la vida de mujeres y niñas».

La misma fuente señaló que 17 de los 18 departamentos del país fueron escenario de hechos denunciados por violaciones a derechos humanos de las mujeres y niñas, en el marco del estado de excepción.

Los departamentos con mayor incidencia, en el orden, son Francisco Morazán, donde está la capital del país (centro); Cortés y Atlántida (norte) y Choluteca (sur).

El estado parcial de excepción fue declarado en diciembre de 2022 como medida para frenar la violencia en el país, principalmente el delito de extorsión, pero la ordenanza, según diversos sectores, no ha dado los frutos que esperaban las autoridades.

El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, asegura que los índices de violencia se han reducido durante el estado de excepción.

Según el Conadeh, la medida no es la herramienta adecuada para combatir la criminalidad organizada en el país.

La misma institución señaló que desde que entró en vigor el estado de excepción atendió «más de 700 quejas contra agentes de los cuerpos de seguridad del Estado por la privación arbitraria de la libertad, detenciones ilegales, torturas y la colocación de pruebas aparentemente falsas, entre otras».

El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, Daniel Cáceres, dijo que una de las preocupaciones de la institución «es la falta de control legislativo del Congreso Nacional (Parlamento), particularmente con los últimos decretos que prorrogan el primer estado de excepción, ya que no han sido objeto de un análisis por parte de ese poder del Estado.

«Esto no es para nosotros», le dijo Michael a su hijo en un supermercado estatal en La Habana que solo acepta dólares.

En su última estrategia para captar divisas, el gobierno revive su histórica relación de amor y odio con el billete verde, y acentúa las desigualdades.

El primer ministro Manuel Marrero anunció en diciembre la apertura de esas tiendas como «un proceso necesario» para «adquirir las divisas» que se mueven «de manera ilegal» y alimentan un mercado cambiario informal, donde el dólar se cotiza a 350 pesos, casi el triple de la tasa oficial (120).

Sometida desde 2017 a un endurecimiento del embargo económico de Estados Unidos, Cuba enfrenta serios problemas de liquidez y busca por esta vía captar las divisas que sus ciudadanos reciben por remesas familiares, segunda entrada de moneda dura del país, después de los servicios médicos que exporta a otras naciones.

La gran novedad de estos mercados es que reciben dólares en efectivo, lo que no sucedía en el país desde 2004.

Michael, de 40 años, que no quiso dar su apellido, contó a la AFP que al pasar por el acomodado barrio de Miramar, entró en un flamante supermercado situado en la planta baja de un hotel de lujo, que en enero se convirtió en el primero en ser dolarizado.

«Nada más que entré, me dijeron (que el pago era) en dólares», explicó Michael, que salió del mercado con las manos vacías, pues solo tenía algunos MLC (moneda libremente convertible), que cambió por pesos en el mercado informal.

El MLC es una divisa virtual creada por el gobierno en 2019, cuando comenzó la dolarización parcial de la economía, y depreciada en el mercado negro.

Entonces «fue complicado explicarle eso al niño» y le dijo: «Vámonos, porque esto no es para nosotros», comenta Michael, quien colgó su título de profesor de matemáticas y trabaja como auxiliar de carga en un negocio privado, que le paga mejor.

El príncipe y el mendigo

En una isla enfrentada a su peor crisis económica en 30 años, con escasez de alimentos, medicinas y recurrentes apagones, sorprende ver a personas saliendo de estos supermercados con carritos repletos de alimentos, un lujo para la mayoría de la población.

«Aquí siempre que hemos venido, hemos encontrado lo que buscamos», explica a la AFP Enzo Puebla, un ingeniero industrial de 24 años.

«Sacan huevos, el aceite que estábamos buscando y venden muchos cárnicos», precisa el joven, que recibe remesas de su familia.

En Cuba, donde el salario promedio ronda los 5.000 pesos ($42), quienes no tienen acceso a esa divisa encuentran difícil comprarla, incluso a la tasa de cambio oficial.

Para el economista Mauricio de Miranda, «el problema más grande de la dolarización cubana es que es parcial, porque solo se dolariza una parte importante de los gastos de consumo de la población, incluso en bienes básicos para la sobrevivencia, pero no se dolarizan los ingresos».

«Esto lleva necesariamente a la exclusión de las personas que no tienen opciones de obtener dólares», precisa De Miranda, académico de la Universidad Javeriana de Cali.

La amplia oferta en las tiendas dolarizadas, que se multiplican en la isla, contrasta con los estantes vacíos o llenos de un mismo producto en los comercios en MLC, abiertos en 2019.

Frente al Supermercado de Tercera y 70, otro comercio opera en MLC. Con sarcasmo, los cubanos los bautizaron como «El príncipe y el mendigo».

Amor y odio

La relación del gobierno comunista con el billete verde ha sido una montaña rusa. El dólar se prohibió por primera vez en 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana, y su tenencia implicaba hasta un año de cárcel.

En 1993, el líder Fidel Castro (1926-2016) despenalizó el dólar y se abrieron las primeras tiendas en esa moneda para la población, como parte de las medidas para enfrentar la crisis económica que generó la implosión del bloque soviético, entonces principal aliado económico de la isla.

En 2004, Castro retiró el dólar de la circulación directa, al reemplazarlo por una moneda local indexada.

De hecho, la nueva estrategia recaudatoria oficial «es una copia casi al carbón de la dolarización parcial de los años 1990», asegura la economista cubana Tamarys Bahamonde, investigadora asociada de la Universidad Americana en Washington.

La pandemia, la caída del turismo y una fracasada reforma monetaria en 2021, que incluyó una fuerte devaluación del peso, representaron un cóctel explosivo que disparó el precio del dólar en el mercado negro, mientras el Estado buscaba desesperadamente recuperar su liquidez.

El gobierno defiende su ofensiva dolarizadora como un paso transitorio hacia la desdolarización del país.

«Ningún proceso dolarizador se ha revertido, y Cuba es casi un caso de estudio que evidencia las dificultades que se enfrentan cuando se intenta desdolarizar», advierte Bahamonde.

Marwa huyó de Afganistán porque quería estudiar, trabajar, usar jeans e ir al parque sin la compañía obligada de un hombre. Ahora, encerrada en un refugio en Costa Rica con un centenar de deportados por Estados Unidos, teme que la hagan volver: «Me matarán los talibanes.»

Tras las rejas del Centro de Atención Temporal de Migrantes (Catem), cerca de la frontera con Panamá, esta afgana de 27 años dice, fuera de cámaras y bajo nombre ficticio, que su esposo también corre peligro y que su niña de dos años no tiene futuro en Afganistán.

«Si vuelvo, moriré. Me matarán los talibanes. Perdí a mi padre y a mi tío allí. Escuché explosiones y vi muertos. No quiero perder a mi marido ni a mi bebé», confía a un equipo de AFP que, entre matorrales en un punto sin vigilancia policial, habló con varios deportados en inglés.

Marwa, su esposo Mohammad Asadi y su hija son parte de 200 migrantes -unos 80 de ellos niños- de Afganistán, Irán, Rusia y otros países asiáticos y algunos africanos que Estados Unidos envió hace un mes en dos vuelos a Costa Rica.

El gobierno de Donald Trump cerró las vías legales de entrada a Estados Unidos, suspendió planes de refugio e inició una cacería de migrantes para deportarlos.

Además de a Costa Rica, mandó 300 asiáticos a Panamá y 238 venezolanos a El Salvador, que fueron recluidos en una prisión de máxima seguridad, alegando, sin pruebas, que integraban la banda criminal Tren de Aragua.

Limbo tropical

De quienes llegaron con Marwa, 74 fueron repatriados, 10 regresarán pronto y más de un centenar espera en un limbo: rechazan retornar a su país pero ningún otro, incluida la Costa Rica de larga tradición de refugio, les ha dado asilo.

«No podemos volver y tampoco quedarnos aquí. No conocemos la cultura ni hablamos español. No tenemos familiares como en Canadá, Estados Unidos o Europa», dice Marwa, que lleva un hiyab de tejido ligero por el calor húmedo del trópico.

A su esposo Asadi, de 31 años, vender materiales de construcción a compañías estadounidenses lo puso en la mira cuando los talibanes volvieron al poder en 2021.

Ambos salieron hacia Irán, donde todo fue también difícil. Dos años y medio después viajaron a Brasil y emprendieron por tierra la travesía por una decena de países -incluida en Panamá la peligrosa selva del Darién- hasta llegar a Estados Unidos.

«Hay muchos cárteles por el camino que nos quitaron el dinero y nos torturaron física y mentalmente», relata Alireza Salimivir, un iraní de 35 años que hizo con su esposa una odisea similar.

Ella quedó detenida en Estados Unidos en proceso de deportación, pero Salimivir espera reencontrarla pronto. Para ambos la repatriación tampoco es opción: «Por nuestra conversión del islam al cristianismo nos darán cárcel o muerte.»

Deportado con su esposa y su niño de seis años, German Smirnov, de 36, cree que en la Rusia de Vladimir Putin sería «torturado» por denunciar anomalías que dice vio de observador en las elecciones de 2024. «Me darán a elegir: ir a prisión o a la guerra», afirma.

«Cómplice» de EEUU

Cuando estuvieron detenidos para ser deportados, recuerda Asadi, oficiales estadounidenses ofendieron a Marwa por usar hiyab. «Trataron a mujeres y niños como escoria», agrega Smirnov.

En el Catem, 350 km al sur de San José, tienen buena comida y teléfonos móviles, pero sus pasaportes están retenidos por la policía y no les permiten salir, pese a no tener antecedentes criminales.

«Hay un patrón sistemático de violación de derechos humanos en un país que siempre se ha preciado de defenderlos. Es un gravísimo retroceso para Costa Rica», declaró el exdiplomático Mauricio Herrera, que presentó un habeas corpus a favor de los deportados.

Al justificar el acuerdo con Washington, el presidente Rodrigo Chaves dijo estar «ayudando al hermano poderoso del norte».

«Costa Rica no debería ser cómplice de los flagrantes abusos de Estados Unidos», advirtió Michael Garcia Bochenek, de Human Rights Watch.

Según varios deportados, las autoridades les dijeron el miércoles que si obtuvieran refugio deberán dejar el albergue. Así hizo Panamá con decenas que, tras recluirlos en un centro en el Darién, dejó libres, abandonados a su suerte.

Marwa no sabe qué pasará, pero está segura de no querer llevar burka ni quedarse en casa cocinando y criando bebés. Mucho menos desea ese futuro para su hija.

«Todo está cerrado para las mujeres… las escuelas, las universidades. No es normal. Soy un ser humano, elijo y quiero estar así», dice mostrando sus jeans poco antes de alejarse de la cerca para volver con Asadi, tomados de la mano, al encierro del Catem.