Sí, así, con «zeta». Porque marzo es un mes cargado de significado y heroísmo, al hablar de la defensa de los derechos humanos en este mi país. Algunas personas pensarán que lo digo por la figura más reconocida en esa lucha acá y puede que también mundialmente. Obviamente hablo del cuarto arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuyos verdugos consumaron su encargo hace 45 años: el lunes 24 de marzo de 1980. Claro que tiene que ver con él, si hasta la Organización de las Naciones Unidas ha dedicado esa fecha a la conmemoración del Día internacional del derecho a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Pero no solo es por él, ahora santo de la Iglesia católica y pastor inmortal de su pueblo, sino también por otra cantidad de personas que fueron igualmente sacrificadas durante ese mes por haber abrazado –cada cual a su manera– tan noble y riesgosa cruzada. Algunas pocas, las recuerdo enseguida.
Comienzo este breve recorrido trayendo a cuenta al amigo de Romero: Rutilio Grande. Este jesuita fue asesinado el 12 de marzo de 1977 junto a: Manuel Solórzano de 72 años y Rutilio Lemus de apenas dieciséis, que por la edad de ambos representaban a nuestro campesinado. Hoy los tres son beatos. El martirio del padre Grande –así le decíamos en el colegio Externado de San José cuando, en 1971, era nuestro prefecto de disciplina– no fue lo que propició que monseñor pasara de ser «malo» a convertirse en «bueno», como se suele simplificar la historia; pero sí terminó siendo, junto con el sufrimiento del pueblo, un factor fundamental para su evolución.
Me hubiera encantado verlos en poderosa dupla, lista y dispuesta siempre a denunciar ‒cada cual por su lado o a dos voces‒ los crímenes y otras graves violaciones de derechos humanos que impunemente cometió la dictadura en aquella época. Bueno, ni tan impunes porque precisamente este par de valientes curas ya las venían denunciando con corazón ardoroso y voz potente; ello los condujo hasta el inaceptable sacrificio de sus vidas. La puesta en escena de esa generosa pareja jugándose el pellejo por su gente, bien pudo titularse «Rutilio y Romero, el pueblo primero». Pero no pudo ser: Grande fue inmolado dieciocho días después de que a monseñor lo encumbraran como cuarto arzobispo de San Salvador.
Debió transcurrir un año, luego de este par de acontecimientos, para conocer el surgimiento de un nuevo organismo defensor de la dignidad de nuestra gente más sufrida: la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. Una de sus fundadoras y primera presidenta, fue Marianella García-Villas. A esta abogada y filósofa salvadoreña, el ejército gubernamental la emboscó ‒junto con más personas indefensas‒ en La Bermuda, Suchitoto, departamento de Cuscatlán el 13 de marzo de 1983; se la llevaron herida para luego torturarla y asesinarla a mansalva.
Previamente, el 17 de marzo de 1982, fueron víctimas fatales de otra emboscada artera el periodista holandés Koos Koster junto a tres colegas más de la misma nacionalidad. También defendían los derechos humanos del pueblo salvadoreño, investigando en el terreno y difundiendo la denuncia de lo que ocurría en nuestro país.
Y el 15 de marzo de 1993 presentó su informe público la Comisión de la Verdad; sin embargo, cinco días después, los señalados como responsables de las graves violaciones de derechos humanos incluidos en el mismo fueron «premiados» con la mal llamada «Ley de amnistía general para la consolidación de la paz». Lo hicieron sin importar el sufrimiento que le causaban y aún le causan a las familias de sus víctimas. Pero así pretendieron enterrar la historia dolorosa de lo ocurrido antes y durante la guerra, como también pasó en 1932 con el «perdón» dictado por el tirano salvadoreño del siglo pasado ‒Maximiliano Hernández Martínez‒ en favor de los autores de la matanza perpetrada en enero de ese año, incluido él mismo.
Ahora, marzo permanece desafiante para quienes nos empeñamos en no abandonar a las víctimas de las cochinadas pasadas y presentes. A seis días de iniciado ese mes en 1980, se suspendieron garantías constitucionales al decretarse un estado de sitio que duró casi siete años; en el presente, a finales de marzo del 2022 Bukele impuso su régimen de excepción que está por cumplir tres. En este último escenario, se han violado y se continúan violando derechos humanos. No queda más que seguir y persistir siendo «marzistas»: convencidos militantes y combatientes por la verdad y la justicia que, además, debemos convencer a más personas para que abracen esta causa como la verdadera ruta hacia la verdadera paz.
