La Casa Blanca sostiene que el gobierno del presidente Donald Trump actuó dentro de «la ley» en las deportaciones a El Salvador y confía en ganar la batalla judicial sobre el uso de una legislación de guerra de 1798 para expulsar a migrantes.
Un juez de Washington se pronunciará este lunes por la tarde sobre si es legal la operación de expulsión de 261 migrantes a El Salvador realizada el fin de semana.
El magistrado ordenó el sábado suspender durante 14 días las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII, y quiere saber si algunas de las expulsiones de ese día se llevaron a cabo pese a la prohibición.
«Esta administración actuó dentro del marco de la ley», declaró el lunes la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt durante una rueda de prensa. «Tenemos plena confianza en que ganaremos este caso en los tribunales», añadió.
Según ella los aviones despegaron antes de que el dictamen judicial se emitiera.
Las autoridades «están seguras sobre las identidades de los individuos que estaban en estos aviones y la amenaza que representan para nuestra patria», afirmó Leavitt, que los calificó de «monstruos atroces, violadores, asesinos, secuestradores, depredadores sexuales».
De los 261 migrantes expulsados en la operación, 137 «fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros», 101 eran venezolanos removidos en virtud de una norma migratoria y 23 eran miembros de la pandilla M-13, detalló.
El presidente republicano quiere aplicar por primera vez en tiempos de paz una ley concebida para detener y expulsar a «enemigos extranjeros». Hasta ahora solo se invocó durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
«Estos son tiempos de guerra, porque (el expresidente demócrata Joe Biden) permitió que millones de personas, muchas de ellas criminales, muchos de ellos en las más altas esferas, vaciaran las cárceles (…) en Estados Unidos. Eso es una invasión», estimó Trump el domingo.
«Invadieron nuestro país. Esto es una guerra en muchos sentidos. Es más peligroso que la guerra porque, como saben, en la guerra, llevan uniformes», añadió. Venezuela lo condenó tajantemente.
«Lo que se está cometiendo contra los venezolanos secuestrados en El Salvador y contra los migrantes venezolanos en Estados Unidos es un crimen de lesa humanidad y así lo vamos a denunciar en todas las instancias», dijo el presidente del parlamento y jefe negociador con Washington, Jorge Rodríguez.
«No vale la pena el supuesto sueño americano convertido en pesadilla salvadoreña» porque «es un vulgar secuestro lo que está ocurriendo», añadió.
Indultos «nulos»
En otro gesto de desafío al poder judicial, Donald Trump prometió el lunes perseguir a sus adversarios políticos a pesar de los indultos otorgados por Joe Biden.
En un mensaje en su red Truth Social el magnate republicano afirmó que los indultos preventivos otorgados por Biden a varios enemigos acérrimos de los republicanos eran «nulos y sin efecto» porque se firmaron con un «autopen» y no a mano.
El autopen es una máquina que se usa para firmar documentos de forma automática a partir de una firma real. Existen distintos modelos, pero estas máquinas suelen incluir unos brazos mecánicos que sostienen el bolígrafo para firmar como lo haría la propia persona.
Los indultos «se declaran por la presente nulos, vacíos y sin más fuerza o efecto, debido al hecho de que fueron hechos con autopen», publicó Trump.
No está claro qué autoridad tiene Trump, si es que tiene alguna, para anular los indultos presidenciales emitidos por su predecesor.
Horas antes de entregar el poder el 20 de enero, Biden otorgó una serie de indultos preventivos a funcionarios y ex altos cargos para protegerlos de «procesamientos injustificados y con motivaciones políticas».
Entre ellos destacan el ex jefe de gabinete general Mark Milley, el exarquitecto de la estrategia de la Casa Blanca contra el covid-19, el doctor Anthony Fauci, y varios congresistas que participaron en la comisión de investigación sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
