En una pequeña localidad del Caribe panameño, el venezolano Luis Montilla espera reunir el dinero suficiente para pagar una lancha que lo lleve de regreso tras su fallido intento de llegar a Estados Unidoss. Prefiere dormir en la playa antes que permanecer en los albergues habilitados para migrantes. «No somos animales», expresó a la AFP.
Montilla, de 28 años, junto a otros 50 venezolanos, permanece varado en Miramar, en la provincia de Colón, mientras aguarda el envío de $260 por parte de sus familiares, dinero necesario para costear el viaje en lancha hasta la frontera con Colombia y continuar su camino de retorno.
Después de recorrer México y Centroamérica a pie y en autobús, su travesía se vio frustrada por las nuevas restricciones migratorias del presidente Donald Trump, quien eliminó la aplicación CBP One, utilizada para solicitar asilo en Estados Unidos.
«La migración inversa no es un retorno voluntario, sino el reflejo de una crisis mayor que ha dejado a miles en el limbo. Es un flujo de retorno forzado», explicó Diego Chaves, analista del Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington.
«Te tienen como un delincuente»
Ni Montilla ni sus compañeros han aceptado el plan de Costa Rica y Panamá, que busca trasladar a los migrantes en autobuses –pagados por ellos mismos– hacia refugios ubicados en zonas fronterizas remotas.
«Te tienen ahí como si fueras un delincuente, estás preso. La gente prefiere caminar», comentó Víctor Díaz, de 19 años. Como cientos de migrantes en el último mes, Díaz ha optado por cruzar el mar antes que enfrentar nuevamente la peligrosa selva del Darién, en la frontera con Colombia.
Muchos venezolanos decidieron regresar tras ser deportados desde México. En su recorrido, Montilla ha pasado noches en la calle durmiendo sobre cartones y ha dependido de la caridad para alimentarse.
«Nos trataron como perros»
Jinnelis Navas, de 50 años, llegó a Miramar junto a 10 familiares y lucha por reunir el dinero para la lancha. Cuenta que en México estuvo en un albergue donde la trataron «como perros». «Por eso no nos entregamos» a las autoridades de Costa Rica y Panamá, dijo.
Los migrantes que llegan a Costa Rica desde Nicaragua son trasladados en autobuses hasta el refugio «Catem», ubicado a 360 kilómetros al sur de San José, en la frontera con Panamá. Desde allí, son llevados hasta los centros de Lajas Blancas y San Vicente, en el Darién, a 260 kilómetros de la capital panameña.
Aunque el plan contempla la posibilidad de vuelos humanitarios, hasta ahora no se ha realizado ninguno.
Albergues bajo la mira
Costa Rica y Panamá, bajo presión de Trump, se han convertido en «puentes» de deportación. En los centros de Catem y San Vicente también permanecen más de 200 migrantes asiáticos deportados por Estados Unidos, entre ellos afganos e iraníes, que rechazan ser repatriados. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) busca una solución para ellos.
«Los migrantes son criminalizados» y los albergues en Costa Rica y Panamá «son centros de detención», afirmó la abogada Gabriela Oviedo, del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
En estos centros, resguardados por la policía, los migrantes duermen en barracones y reciben alimentación y servicios básicos. Sin embargo, también son sometidos a controles biométricos para descartar antecedentes penales.
Oviedo, coordinadora de Movilidad Humana de CEJIL en Centroamérica y México, advierte que los migrantes no tienen acceso a asesoría legal ni defensa, y cuestiona que haya niños en estas condiciones.
Hasta el momento, la AFP no ha obtenido autorización para ingresar a los refugios en Costa Rica y Panamá.
El costo del retorno
El flujo de retorno ha aumentado. En febrero, más de 2,200 migrantes ingresaron a Panamá en sentido inverso, según cifras del gobierno.
Sin embargo, regresar también implica gastos. Solo el traslado en autobús desde la frontera con Nicaragua hasta Lajas Blancas cuesta $120, a lo que se suman los costos de las lanchas y otros transportes en el camino.
«La migración inversa no será el final del camino para muchos, sino un nuevo ciclo de precariedad y movilidad forzada», advirtió Chaves, quien subrayó la necesidad de una «estrategia regional» para atender a quienes quedan atrapados en este proceso.
En Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes informó que muchos migrantes en el Catem desean salir a trabajar informalmente para reunir el dinero necesario para continuar su travesía.
«Tienen derecho a que su libertad de circulación no sea restringida arbitrariamente», señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Sin embargo, un funcionario costarricense justificó la permanencia de los migrantes en los refugios, asegurando que es preferible mantenerlos «controlados».
Mientras espera el día para zarpar, Montilla, frustrado por su fallido intento de llegar a Estados Unidos, solo pide «ayuda para avanzar», esta vez, rumbo al sur.
