Una mayoría de los nueve jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos parecían dispuestos el martes a desestimar una demanda de México contra fabricantes de armas estadounidenses, a los que acusa de fomentar la violencia de los cárteles del narcotráfico en su territorio.
Coincidiendo con la entrada en vigor de los aranceles impuestos por la administración del republicano Donald Trump para presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum a luchar contra el tráfico de drogas a Estados Unidos, la máxima autoridad jurídica estadounidense, de mayoría conservadora, escuchó los argumentos a favor y en contra de la demanda mexicana.
México libra una guerra judicial contra ocho fabricantes de armas estadounidenses desde 2021 a los que reclama $10,000 millones por daños sufridos en su territorio.
Se trata de los grupos Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y el vendedor y distribuidor Interstate Arms, a los que acusa de comercio «negligente e ilícito» que «auxilia e instiga» al tráfico de armas que producen serios daños en México.
«Si México está en lo cierto, entonces cada organización de aplicación de la ley en Estados Unidos ha ignorado la mayor conspiración criminal de la historia realizada bajo sus propias narices», alegó Noel Francisco, abogado de Smith & Wesson.
Ese grupo recurrió junto a Interstate Arms a la Corte Suprema para que zanje el caso, después de que una Corte de Apelaciones lo reabrió, al aducir que hay una excepción a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas ( PLCAA, en inglés) vigente.
«Y Budweiser (la cerveza nacional que pertenece a la multinacional AB InBev) es responsable de cada accidente causado por bebedores menores de edad ya que la empresa sabe que los adolescentes van a comprar cerveza, conducir en estado de ebriedad y provocar accidentes», ironizó Noel Francisco.
En 2022, un juez de la ciudad de Boston desestimó la demanda al alegar que las reclamaciones de México tropezaban con la PLCAA, aprobada por el Congreso en 2005 y que exime a los fabricantes de armas de responsabilidad civil por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.
Pero una sentencia del Tribunal de Apelaciones reavivó el caso que ahora ha llegado hasta la Corte Suprema, que tiene previsto emitir un fallo esta primavera boreal.
«Río de hierro»
«Estos fabricantes saben que venden productos peligrosos a comerciantes deshonestos que luego las revenden a testaferros que trabajan para los cárteles», alegó la abogada de México Catherine Stetson.
«Se trata de un río de hierro que bombea hasta medio millón de armas, o más, cada año a México», dijo por su parte el asesor jurídico de la Cancillería mexicana, Pablo Arrocha, en un comunicado.
«Los fabricantes de armas estadounidenses, así como los distribuidores y los vendedores, alimentan este río, con pleno conocimiento de causa», denunció.
«Para frenar a los cárteles, es imperante cortar el suministro de sus armas de fuego» zanjó.
Presión de los aranceles
La vista de la Corte Suprema coincidió con la entrada en vigor de los nuevos aranceles del 25% a los productos mexicanos que llegan al mercado estadounidense, un arma que blande la administración Trump para presionar a las autoridades del país vecino a que luchen contra el tráfico de drogas.
En particular, luchar contra el fentanilo, un poderoso opioide sintético que mata a miles de personas cada año en Estados Unidos.
Trump declaró recientemente como grupos terroristas a seis cárteles mexicanos de la droga, entre ellos el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un intento de forzar a las autoridades mexicanas, a las que acusa de connivencia con el narcotráfico, a combatirlos.
La presidenta mexicana, que niega de plano dichas acusaciones, amenazó recientemente a los fabricantes de armas con ampliar las acciones legales para acusarlos de «complicidad» con los grupos criminales.
Pero la semana pasada envió sin proceso de extradición a 29 narcos para ser juzgados en Estados Unidos y comenzó el envío de 10.000 efectivos a la frontera con Estados Unidos para tareas de vigilancia.
México registra más de 340,000 asesinatos y unos 100,000 desaparecidos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales, desde el lanzamiento en 2006 de una cuestionada estrategia antidrogas con participación de fuerzas militares.
El gobierno mexicano presentó una segunda demanda en un tribunal de Arizona, estado que junto a Texas supone una de las principales vías del contrabando de armas a México, acusando a cinco empresas vendedoras de negligencia, alteración del orden público y enriquecimiento ilícito.
