Autor: Redaccion DEM

El gobierno de Nicaragua anunció este jueves su decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en rechazo al informe de expertos del organismo que lo acusa de represión y de acabar con el Estado de derecho en el país centroamericano.

«Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derecho Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites», dijo en medios oficialistas Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua junto a su esposo, Daniel Ortega.

El informe anual del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua aseguró que el gobierno «eliminó los pocos controles institucionales que quedaban» y creó un «poder ejecutivo con dominio absoluto» y una «maquinaria de represión» con la reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero.

Según el reporte, «el gobierno reclutó a excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos, para que se unieran» a un ejército de decenas de miles de encapuchados que vigilan y reprimen a la población.

Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una «dictadura familiar», junto a su esposa, de 73 años.

Ambos aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de abril de 2018, que consideraron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington y cuya represión, en la que según el Grupo e la ONU participó el ejército, la policía y paramilitares, dejó más de 300 muertos.

«El autodenonimado Grupo de Experto, la Oficina del Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos se han convertido en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y tranquilidad», agregó, en referencia a los manifestantes y a los miles de exiliados tras las protestas.

«Para Nicaragua estos irrespetuosos mecanismos perdieron su naturaleza y esencia. No los reconocemos y no nos vemos siendo parte o cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los Estados, la dignidad de los pueblos», aseguró Murillo.

Autoridades de México anunciaron la extradición este jueves de 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, en medio de crecientes presiones del gobierno de Donald Trump para que su vecino detenga el contrabando de fentanilo.

La entrega fue anunciada por la secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General, que sin embargo no precisaron los nombres de los extraditados que estaban encerrados en varias cárceles mexicanas.

Medios mexicanos aseguran que entre los extraditados figura el veterano narcotraficante Rafael Caro Quintero, a quien Estados Unidos reclama por el homicidio del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena» en 1985.

De acuerdo con esas versiones, también fueron entregados los hermanos Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, exlíderes del extinto y sanguinario cártel de los Zetas.

Estas extradiciones ocurren el mismo día en que autoridades mexicanas tienen previsto reunirse en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios estadounidenses para dialogar sobre comercio y el combate del narcotráfico.

Este encuentro se enmarcan en los esfuerzos del gobierno mexicano para evitar que Washington imponga aranceles del 25 % a las importaciones mexicanas a partir del 4 de marzo.

Trump acusa a México y Canadá, sus socios en el acuerdo de libre comercio T-MEC, de permitir el tráfico de drogas y de migrantes irregulares a su territorio.

En un comunicado, las autoridades mexicanas señalaron que las extradiciones fueron solicitadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

«Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones», apuntaron.

Elon Musk, el multimillonario nombrado por el presidente Donald Trump para recortar el número de funcionarios, sugirió este jueves que los congresistas cobren más para desalentar la corrupción.

Aunque oficialmente es solo un asesor, Trump le ha otorgado un enorme poder para recortar el gasto federal y la burocracia, como parte de una comisión de eficiencia conocida como DOGE.

«Podría tener sentido aumentar la remuneración para el Congreso y los altos funcionarios del gobierno para reducir la incitación a la corrupción, ya que esta última podría ser hasta 1,000 veces más costosa», publicó Musk en su plataforma social X.

Aunque los congresistas de ambos partidos generalmente se muestran reacios a aumentar los salarios, reconocen que mantener sueldos competitivos es la mejor forma de garantizar que el servicio público no se convierta en un privilegio exclusivo de los ricos.

El jefe de Tesla y SpaceX se ha lanzado en una amplia reestructuración del aparato federal, y ha comenzado a desmantelar varias agencias gubernamentales, a las que acusa de fraude y derroche.

Los congresistas estadounidenses cobran $174,000.

Su salario normalmente se ajusta al alza anualmente para seguir la inflación, pero desde 2009 los propios congresistas decidieron congelar estas subidas.

Elon Musk protestó en diciembre contra un borrador presupuestario en el Congreso que incluía por primera vez en 15 años un «ajuste en función del costo de la vida», y por lo tanto abría la puerta a un aumento salarial de los parlamentarios.

«Cualquier congresista de la Cámara o el Senado que vote a favor de este escandaloso proyecto de gastos merece perder» su escaño, declaró entonces.

El hombre más rico del mundo logró torpedear el texto y la nueva versión adoptada incluía de nuevo un congelamiento de la remuneración de los congresistas.
Numerosos parlamentarios, tanto republicanos como demócratas, están a favor de un aumento salarial.

Alegan que un buen salario es la mejor manera de atraer nuevos talentos a la política, teniendo en cuenta el elevado costo de las campañas electorales en Estados Unidos.

El estado de salud del papa Francisco, que padece una doble neumonía, siguió «mejorando» este jueves, anunció en la noche el Vaticano, cuando se cumplen 14 días desde la hospitalización del jesuita argentino de 88 años.

«La salud del papa sigue mejorando», indicó la Santa Sede en un breve comunicado, precisando que «dada la complejidad del cuadro clínico, se requieren más días de estabilidad» antes de modificar su pronóstico.

El líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo fue ingresado en la clínica Gemelli de Roma el 14 de febrero por una bronquitis, que derivó en una doble neumonía.

Pero todas las alarmas saltaron el pasado fin de semana cuando se deterioró su salud y, el martes por la noche, el Vaticano explicó que su estado era «crítico pero estable».

Su pronóstico sigue siendo «reservado», aunque el miércoles se anunció una nueva «leve mejoría», especialmente con la remisión de una ligera insuficiencia renal.

«Hoy ha alternado la oxigenoterapia de alto flujo con la ventimascarilla» y «ha dedicado la mañana a la fisioterapia respiratoria», reza el informe médico de este jueves.

El papa continuó con su trabajo desde el hospital que retomó a inicios de semana, a medida que se suceden las oraciones en el mundo por su pronta recuperación.

Esta hospitalización, la cuarta y más larga desde 2021, está causando gran preocupación por los problemas previos que han debilitado la salud del papa en los últimos años y ha reavivado las especulaciones sobre su eventual renuncia.