La Mara Salvatrucha fue designada oficialmente este miércoles por el gobierno de los Estados Unidos como «organización terrorista», junto a la banda criminal venezolana El Tren de Aragua y a seis cárteles de la droga mexicanos.
En un documento difundido por el Registro Federal este miércoles, pero que se hará efectivo mañana, el departamento de Estado incluye como «terroristas» a seis organizaciones mexicanas: el cárteles de Sinaloa (fundado en los años 1980 por Joaquín «El Chapo» Guzmán e Ismael «El Mayo» Zambada), el cartel de Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el cártel del Noreste, el cártel del Golfo (también conocido como CDG, la organización de Osiel Cárdenas Guillén) y la Nueva Familia Michoacana.
Completan la lista la M-13 o Mara Salvatrucha (creada en Los Ángeles en los años 1980 pero que se extendió a El Salvador, Guatemala y Honduras) y al Tren de Aragua, una banda fundada en 2014 en Venezuela que está implicada en secuestros, robos, tráfico de drogas, prostitución y extorsión, así como en la explotación ilegal de oro y la trata de personas.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador estableció en una sentencia en agosto de 2015 que las pandillas son grupos terroristas, incluyendo la Mara Salvatrucha y su rival el Barrio 18.
El 20 de enero el presidente Donald Trump firmó un decreto que puso en marcha un proceso para declarar como organizaciones terroristas a varias pandillas y especialmente a los cárteles de la droga mexicanos, a los que acusa, entre otras cosas, de fabricar el fentanilo, un opioide sintético que causa estragos en Estados Unidos.
«Seguridad nacional»
El documento, firmado por el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio, estima que estas organizaciones amenazan «la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos».
Para la Casa Blanca los cárteles controlan «a través de una campaña de asesinatos, terror, violaciones y fuerza bruta, casi todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur de Estados Unidos», según el decreto firmado por Trump el 20 de enero, el día de su investidura.
La designación de organización terrorista amplía la capacidad del gobierno para combatir a estos grupos a través de todas las agencias y de imponer sanciones a sus miembros.
México teme que Estados Unidos use esta designación como excusa para intervenir en su territorio contra los cárteles, como vienen pidiendo algunos congresistas republicanos.
En represalia la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum amenazó con ampliar la demanda contra armerías de Estados Unidos.
El gobierno mexicano acusa a fabricantes estadounidenses de negligencia en la venta de armas que terminan en manos de cárteles, por lo que según Sheinbaum la querella daría lugar a un nuevo cargo por presunta complicidad con grupos terroristas.
«Si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, pues tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos porque, como ya reconoció el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen» de ese país, dijo la mandataria izquierdista en rueda de prensa el viernes.
Trump ha acusado al gobierno mexicano de tener «una alianza intolerable» con los cárteles del narcotráfico y asegura que «gran parte» del país vecino está controlado por los narcos.
«Contraproducente»
Según Rachel Levinson-Waldman, del centro Brennan para la Justicia, una institución que monitorea temas judiciales, «tratar a los cárteles como terroristas es innecesario para abordar la amenaza que representan, de hecho, podría ser contraproducente».
Si se descubre que los solicitantes de asilo han pagado dinero «a los cárteles que mantienen un control brutal sobre el flujo de migrantes» y estos han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras «podrían ser considerados financiadores del terrorismo», escribió en un artículo publicado por Just Security.
Por el mismo motivo podría poner en peligro a «las iglesias, sinagogas, bancos de alimentos y otras organizaciones que brindan servicios a las comunidades migrantes», las cuales podrían acabar procesadas o con sus activos congelados, añade Levinson-Waldman.
Donald Trump ha declarado la guerra a la migración ilegal y al tráfico de fentanilo, causante de decenas de miles de muertos por sobredosis al año en Estados Unidos.
A principios de febrero el republicano amenazó a México, así como a Canadá, con aranceles del 25% a todas las exportaciones si no redoblaban la lucha contra estos dos flagelos.
Desde entonces las autoridades mexicanas han multiplicado los anuncios sobre detenciones de narcos y decomisos de estupefacientes.
El mandatario aplazó la entrada en vigor de las tarifas aduaneras por un mes, hasta inicios de marzo, mientras negocia una salida con sus dos socios en el tratado de libre comercio T-MEC.
A cambio de la pausa en la imposición de aranceles, México desplegó a 10.000 militares a lo largo de los 3.100 km de frontera con Estados Unidos.
