Autor: Redaccion DEM

Autoridades mexicanas detuvieron en Jalisco, occidente de México, a Walter ‘N’ alias ‘Will’ quien presuntamente se dedicaba a la compra y venta de armas de fuego y accesorios de uso exclusivo del Ejército a través de aplicaciones de mensajería instantánea y es identificado como proveedor de armamento para el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Fuentes oficiales señalaron que el hombre, identificado como Walter Fonseca Domínguez, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa (Defensa), Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional.

El arresto ocurrió luego de que las fuerzas policiales cumplimentaran dos órdenes de allanamiento, una de ellas en el municipio de Zapopan, en donde aseguraron siete armas cortas, dos armas largas, cajas con cartuchos de diversos calibres, dosis de marihuana, básculas grameras una contadora de billetes, dinero en efectivo, cuatro vehículos, una motocicleta, cinco bolsitas de plástico con polvo blanco y cargadores de armas.

Mientras que en el municipio de Tlajomulco, se hallaron 25 kilos de marihuana, cartuchos de diferentes calibres, dos placas metálicas, documentación diversa, dos básculas grameras y una motocicleta.

En un comunicado aparte, la SSPC precisó que la detención fue resultado de labores de investigación por las cuales se identificaron dos inmuebles ubicados en Residencial Bonanza, del barrio San Agustín, en Tlajomulco de Zúñiga y otro en Avenida de las Torres, en el barrio La Florida, en Zapopan, en los cuales se resguardaba Fonseca Domínguez.

El hombre fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente y los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

En la región operan el Cartel Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana, que el Gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos designó como agrupaciones terroristas en febrero.

Ante estas disputas del crimen organizado, Guanajuato, Jalisco y Michoacán están entre las seis de las 32 entidades del país con más homicidios a nivel nacional, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El sistema de distribución de alimentos impulsado por EEUU e Israel a través de la «Fundación Humanitaria en Gaza», lanzado hace un mes y que ha causado casi 500 muertos y casi 3.000 heridos, «debe ser desmantelado de inmediato», señaló la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) en un comunicado.

El esquema «degrada deliberadamente a la población palestina, obligándola a elegir entre morir de hambre o arriesgar la vida por suministros mínimos», aseguró MSF, instando a las autoridades israelíes y a sus aliados a levantar el bloqueo a la entrada de alimentos, combustible, suministros médicos y humanitarios.

Además, debe reinstaurarse el sistema de ayuda humanitaria coordinado por la ONU que existía antes de que el 3 de marzo comenzara el bloqueo casi total de entrada de asistencia a la Franja, impuesto por Israel incluso antes de que finalizara el alto el fuego.

«La forma en que se distribuyen los suministros obliga a miles de palestinos, privados de alimentos durante más de cien días de asedio israelí, a recorrer largas distancias hasta llegar a uno de los cuatro puntos de distribución y luchar por las sobras», describió MSF.

Los puntos de distribución tienen el tamaño de campos de fútbol, están rodeados de puestos de vigilancia, alambres de espino y montículos, y la única entrada a ellos es a través de una verja, describió el coordinador de emergencias de MSF en Gaza, Aitor Zabalgogeazkoa.

«Los trabajadores de la Fundación Humanitaria en Gaza dejan los palés y cajas de comida, abren la verja y permiten la entrada de miles de personas al mismo tiempo, por lo que éstas comienzan a pelearse hasta por el último grano de arroz», relató.

Los que intentan acceder a estos alimentos reciben disparos si llegan demasiado pronto y se acercan a los puestos de control, si intentan superar los alambres de espino y otros obstáculos durante el caos que se crea durante la distribución, o si llegan tarde, describió en el comunicado.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló este viernes a favor de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al levantar los bloqueos impuestos por tribunales inferiores contra su orden ejecutiva para restringir la ciudadanía automática por nacimiento, derecho garantizado por la Constitución para los hijos de migrantes indocumentados o con visados temporales.

Con una mayoría conservadora de 6 votos contra 3, el máximo tribunal respaldó la petición de la Casa Blanca, aunque aclaró que la decisión no aborda el fondo del decreto presidencial, sino la autoridad de los jueces de instancias menores para frenar su aplicación de forma generalizada.

La jueza conservadora Amy Coney Barrett, quien redactó la opinión mayoritaria, subrayó que los tribunales federales no tienen una «supervisión general» sobre el Ejecutivo. «Cuando un tribunal concluye que el Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el tribunal también exceda su poder», afirmó Barrett, quien recordó que solo el Congreso puede definir la extensión de la jurisdicción federal.

La orden de Trump, firmada el mismo 20 de enero cuando asumió su segundo mandato, ha estado bloqueada por decisiones de jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes consideraron que el presidente no tiene facultad para alterar la Enmienda 14 de la Constitución.

Un derecho constitucional en debate

El fallo establece que la restricción a la ciudadanía por nacimiento no entrará en vigor de inmediato: su aplicación se retrasará 30 días, período en el que organizaciones civiles podrían intentar nuevas demandas colectivas para impedir su ejecución.

De acuerdo con estimaciones del Migration Policy Institute, cerca de 255,000 bebés al año podrían perder su derecho a la ciudadanía automática si la medida entra en vigor, un cambio que encendería una nueva batalla legal sobre la vigencia de la Enmienda 14, aprobada tras la Guerra Civil para garantizar la igualdad de derechos a todos los nacidos en suelo estadounidense.

Duras críticas desde el ala liberal

El fallo generó una reacción inmediata entre los jueces progresistas. Sonia Sotomayor expresó su desacuerdo directamente desde el estrado —una señal poco habitual— advirtiendo que el Estado de derecho solo se sostiene si cada poder del Estado asume su responsabilidad de defenderlo. «Hoy, esta Corte renuncia a su papel vital en ese esfuerzo», reclamó.

Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson sostuvo en su voto disidente que la decisión permite al Ejecutivo violar los derechos constitucionales de quienes no están específicamente nombrados en demandas individuales. «El Gobierno está usando cuestiones técnicas como cortina de humo para ejercer un poder arbitrario e incontrolado, justo lo que los fundadores de Estados Unidos querían evitar», señaló.

Limitar la ciudadanía por nacimiento fue una de las principales promesas de campaña de Trump, quien regresó a la Casa Blanca con una agenda migratoria aún más restrictiva y una política de deportaciones aceleradas que ya genera debate dentro y fuera del país.

La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, rechazó este viernes en Budapest la prohibición de la marcha del Orgullo por parte del Gobierno ultranacionalista húngaro y aseguró que la UE no aceptará ningún tipo de discriminación.

«Hoy es una actividad de la comunidad LGBTI (lo que se prohíbe). Mañana podría ser cualquier otro, por cualquier motivo, bajo cualquier pretexto. No seamos ingenuos. La Historia nos enseña que siempre hay una buena excusa para discriminar», afirmó la comisaria belga en una rueda de prensa junto al alcalde de Budapest, Gergely Karácsony.

Lahbib ha acudido a Budapest para apoyar la manifestación organizada mañana por el Ayuntamiento para burlar la prohibición por parte del Gobierno central de la Marcha del Orgullo LGBTI bajo la excusa de que pone en peligro el desarrollo «normal» de los niños.

Con todo, la política no confirmó si desfilará mañana por las calles y dijo que no está en Budapest como una ciudadana más, aunque volvió a pedir al Gobierno del primer ministro Viktor Orbán que retire la prohibición.

Quienes sí estarán seguro desfilando por la calles de Budapest serán los 70 miembros del Parlamento Europeo que han venido a la ciudad para asegurar que los manifestantes se sienten protegidos, explicó en esa rueda de prensa Nicolae Stefanuta, uno de los vicepresidentes de esa cámara.

El eurodiputado rumano del grupo de Los Verdes recordó que la prohibición de la marcha del Orgullo puede suponer una violación de los tratados de la UE y advirtió al Gobierno húngaro que la pertenencia al grupo implica tanto obligaciones como beneficios y que «puede haber consecuencias para Hungría».

La UE ya ha sancionado en el pasado a Hungría, reteniendo fondos económicos, por violaciones de normas comunitarias.

«No podemos permanecer pasivos y tolerar lo que intolerable», advirtió por su parte la comisaria, quien insistió en que no se puede aceptar la discriminación de las personas LGBTI.

Lahbib denunció que cada vez más personas y grupos LGBTI sufren odio y acoso en sus vidas diarias.

«No lo aceptaremos», advirtió.

La comisaria dijo que los valores europeos están siendo atacados tanto dentro de la UE como fuera y que esas agresiones son parte de un movimiento más amplio para «hacer retroceder el progreso y deshacer los derechos por los que lucharon las generaciones anteriores».

El derecho de reunión, añadió, es uno de ellos.

La comisaria afirmó que ha pedido reunirse con miembros del Gobierno húngaro para buscar formas de defender los derechos comunes y se mostró abierta al diálogo.

«Durante décadas hemos construido la Unión Europa ladrillo a ladrillo y la protegeremos ladrillo a ladrillo», declaró.

Aparte de los eurodiputados y de numerosos representantes diplomáticos en Budapest, se espera que participen en la marcha la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, y el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, ambos del partido Sumar.

Además, se espera la participación de la ministra Igualdad, Ana Redondo, y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, los dos del partido socialista PSOE

El Gobierno ucraniano prevé incrementar de forma significativa la producción de drones de largo alcance, con el objetivo de intensificar sus operaciones militares dentro del territorio ruso, informó este viernes el ministro de Defensa, Rustem Umerov.

Según detalló el funcionario, durante el año pasado las fuerzas ucranianas lograron ejecutar «ataques regulares y precisos» contra infraestructuras militares clave de Rusia, incluso en zonas alejadas del frente, gracias a «miles de drones de largo alcance» desarrollados por la industria nacional.

«Hace dos semanas se decidió multiplicar en varias veces el número de operaciones y se está preparando contratos para decenas de miles más de drones de largo alcance para aumentar la intensidad y el alcance de los ataques», aseguró Umerov en declaraciones a medios ucranianos.

El ministro también se refirió a la presencia de tropas norcoreanas en territorio ruso, concretamente en la provincia de Kursk, donde unos 12,000 soldados del régimen de Kim Jong Un, integrantes de un escuadrón de élite conocido como «reserva personal», habrían sido desplegados para apoyar al ejército ruso.

«El uso de Rusia de este contingente de élite norcoreano indica no solo una creciente dependencia de los regímenes totalitarios, sino también problemas reales con la reserva y la movilización», afirmó Umerov. Asimismo, recalcó que Corea del Norte «no está sacando nada de provecho de esta guerra».

De acuerdo con sus declaraciones, Pyongyang estaría destinando recursos a un conflicto ajeno sin recibir beneficios tangibles, mientras Moscú no estaría cumpliendo con los compromisos asumidos con ese país. No obstante, el ministro no descartó que Kim Jong Un autorice un nuevo despliegue de tropas en los próximos días.