Leo con interés una confrontación de ideas, conceptos y afirmaciones y sentencias que se emiten en torno a la calificación de la gestión gubernamental del presidente Nayib Armando Bukele Ortez, quién aparentemente se ha venido inclinando hacia el ejercicio de un régimen autoritario. Esto nos plantea varias interrogantes sobre qué se entiende por régimen autoritario, si se ejerce en este caso, si se ha optado por darle la espalda el régimen legal establecido, visualizado en la Constitución Nacional. Venezuela, por ejemplo, no es un régimen autoritario, tampoco lo es Nicaragua, Cuba o Irán. Estos países están gobernados por tiranos, donde la ley, la Constitución son ellos, sus ideas políticas y religiosas.
No existe en ellos seguridad jurídica civil, penal o administrativa; ni siquiera la elemental de sus ciudadanías y terceros, por aparentar un orden legal común para todos y cada uno de sus habitantes. En consecuencia, el Estado de Derecho, con lo que ello conlleva en su alcance y significado concreto, simplemente es inexistente.
La pirámide de Kelsen que describe tan bien el orden y prevalencia de la norma jurídica una e igual para todos, que parte de una ordenanza municipal, por ejemplo, y llega la hasta cúspide de esa pirámide donde se encuentra la Constitución, nos otorga la seguridad jurídica necesaria para la convivencia humana, y entre las instituciones públicas o privadas, laicas o religiosas.
Por ello la Constitución es tan importante en la vida común y diaria de los ciudadanos entre sí y, entre estos y la estructura legal, sea en una república como El Salvador o en una monarquía constitucional como en España.
La Constitución salvadoreña del 20 de diciembre de 1983, fue una de las más avanzadas del continente; quizá por su fecha de presentación, que pauta un equilibrio total y adecuando entre los tres poderes (no tuvo la necesidad de crear tres o cuatro poderes más, como hizo Chávez en su Constitución del 2001, realizada a su imagen y semejanza, donde el poder el Poder Ejecutivo tiene prevalencia sobre el resto de los poderes, de una manera abierta o encubierta.
Los siete primeros artículos de la Constitución salvadoreña prácticamente define los fines inherentes a su espíritu, propósito y razón. Y este no es otro que la protección de su ciudadanía, de su pueblo, en todos los aspecto. En el 168, ordinal 3, se le atribuye al Presidente la obligación de «Procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad».
Esta es una atribución mandatoria que se encuentra escrita en todas la constituciones existentes en el orbe, pues la primera obligación de un presidente es la protección de su pueblo. De ella se derivan todas las otras atribuciones para sí o por medio de las organizaciones administrativas. En ese mismo sentido se alinean los tres clásicos poderes republicanos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; en sistema conocido de pesos y contrapesos.
Luego de una de las guerras internas más cruentas que haya conocido el continente hispanoamericano, la de El Salvador, culminada en los Acuerdos de Paz de Chapultepec firmados el 16 de enero de 1992, entre el FMLN y el gobierno salvadoreño, representado por Alfredo Cristiani, presidente del país por aquél entonces, se inició a partir de esa fecha, un lento pero constante y creciente conflagración interna tan cruenta, pero más tenebrosa, como la que acababa de concluirse.
Fue una curiosa guerra civil innecesaria, injusta y destructiva, que tuvo su origen en el hecho mismo de la guerra pasada, y en la exteriorización de bandas criminales organizadas de altísimo nivel de efectividad, graduadas en el exterior, concretamente Estados Unidos, donde emigrantes salvadoreños se vieron en la necesidad de agruparse para defenderse de bandas locales.
A su regreso, trasladaron a El Salvador sus operaciones criminales organizadas en carteles denominadas localmente como «maras». No hay mucho que decir, las conocí. De hecho asesinaron, desaparecieron a un buen amigo en los alrededores de Ilopango. Leí sobre sus crímenes horrendos, supe de los sitios donde no se debía circular, conocí los diferentes diálogos del gobierno con las maras; incluso el fatídico y ridículo presenciado y firmado por el inefable Secretario General de la OEA, de ingrata recordación, José Miguel Insulza. Donde prácticamente el gobierno negoció su soberanía territorial y jurídica.
De allí que el haber rescatado el ejercicio de la soberanía nacional, para el pueblo salvadoreños; garantizar la libre circulación por el territorio nacional a propios y extraños ha sido uno de los logros indiscutibles, del actual presidente. Ya no solo los domiciliados en el país pueden ir y venir, con sus hijos y familia por sus Departamentos, sino que inversionistas extranjeros se sienten tentados invertir en un país que asegura sus inversiones, la libertad y seguridad del personal instalado en el país.
Hasta el presente, observo que hubo una ruptura generacional con el languideciente y acartonado pasado; recuperado la libre circulación no solo en la capital sino en las regiones y, un hecho intangible: el respeto, el amor propio, el orgullo sustentado del ser salvadoreño, que forma parte de un algo, de un proyecto histórico compartido.
No dudo que pueden aparecer manifestaciones que pudieren asimilarse a autoritarias, pero debemos asumir, reconocer que la totalidad de la Asamblea Nacional ha sida elegida por el electorado salvadoreño, quien le otorgó no solo legalidad sino legitimidad a las actuaciones presidenciales. Poder Legislativo, donde reposa la soberanía nacional que designa sus jueces y autoridades pertinentes.
Esta realidad, por supuesto que trae consigo la tentación autoritaria, es una debilidad humana que todos poseemos, y la sociedad debe estar atenta para evitarla. Lo que debemos en no caer en la tentación, por diversos motivos, de sembrar dudas en el futuro, porque la búsqueda de la inclusión, de la superación nacional en todos los rincones del territorio, la puesta al día de las instituciones, y visiones sobre el deber ser de la sociedad nacional e internacional, es un hecho irreversible.
El solo hecho de haber sacado del juego político real a un partido comprometido ideológicamente con organizaciones y países totalitarios, terroristas, unipartidistas como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, Hamás, Hezbollá, ETA, el Socialismo del Siglo XXI, donde no existen derechos humanos, entre ellos la libertad, ha sido un paso gigantesco para la paz y el desarrollo interno.
Los partidos tienen la obligación, al igual que las organizaciones republicanas de diversas índoles, la obligación dentro la realidad y autenticidad, de mantener ese equilibrio, ese control que se exige de los pesos y contrapesos en cualquier actividad humana pero no perder la objetividad ni los fines nacionales propuestos. Así como interiorizar que el pasado, tal como lo conocimos está en plena salida tanto en lo humano como en lo institucional. Los partidos políticos tal como los conocimos y luchamos por ellos, ya no es suficiente, la actitud ante la ciencia y la tecnología, los medios de comunicación son diferentes y de un alcance inimaginables.
Es lo que conocemos como «cambio epocal», en una dimensión tan intensa y generalizada como lo fue la Edad Media del Renacimiento; hay que estar alertas, abiertos para entender y guiar la conducción de nuestras vidas y la de las sociedades, sin perder nuestra personalidad, ni valores. Es asumir para contrapesar.
• Juan José Monsant Aristimuño, diplomático venezolano, exembajador en El Salvador
