Autor: Redaccion DEM

Japón ejecutó este viernes al conocido popularmente como «asesino de Twitter», que asesinó y descuartizó a nueve personas en 2017 en su piso al sur de Tokio, a donde las atrajo después de que las víctimas manifestaran pensamientos suicidas en redes sociales, adelantó la cadena pública NHK citando a fuentes gubernamentales.

Takahiro Shiraishi, de 34 años, fue condenado a muerte por asesinar, desmembrar y almacenar los cuerpos de las víctimas en su entonces domicilio en la localidad de Zama, en la prefectura de Kanagawa. Las víctimas, ocho mujeres y un varón de entre 15 y 26 años, fueron asesinadas entre agosto y octubre de 2017.

El Ministerio de Justicia japonés dará una rueda de prensa en las próximas horas para ofrecer más detalles sobre la ejecución.

Shiraishi fue ejecutado esta mañana en el centro de detención de la capital en el que se encontraba recluido y en la que supone la primera ejecución en el país asiático desde julio de 2022 y después de que tomara posesión el primer ministro Shigeru Ishiba.

Su abogado y principal defensor en el caso, Akira Omori, dijo tras la misma que «es repentina» y pidió tiempo para reflexionar al respecto, según declaraciones recogidas por la cadena estatal.

Durante el juicio, el principal punto de debate entre la acusación y la defensa fue si el acusado obtuvo consentimiento de las víctimas.

La defensa había pedido que se evitara la pena de muerte, alegando que su defendido sólo era culpable de homicidio con consentimiento, porque tenía la aprobación tácita de las víctimas en los mensajes que habían intercambiado con anterioridad.

El testimonio de Shiraishi, en el que señaló que los fallecidos se resistieron al estrangulamiento, contribuyó a desmontar su defensa. También el hecho de que les robara dinero y agrediera sexualmente a las víctimas femeninas, según detalles recogidos por NHK y la agencia de noticias Kyodo.

Shiraishi contactó a sus víctimas femeninas a través de Twitter (ahora X) y las atrajo a su domicilio con ofertas para ayudarlas a morir.

El único varón asesinado era la pareja de una de las mujeres a las que había matado con anterioridad, quien se puso en contacto con él tras la desaparición de su novia.

Durante el juicio, Shiraishi declaró que no tenía intención de apelar la sentencia, incluso si se trataba de la pena capital.

Las autoridades de Honduras informaron este jueves que se han detectado 92 casos de infestación por gusano barrenador en humanos y están en análisis cuatro muertes por miasis, por lo que la Secretaría de Salud pidió a la población reforzar las medidas de prevención.

Hasta la semana pasada, el país centroamericano había reportado 82 casos positivos de miasis por gusano barrenador en humanos, cifra que aumentó ahora a 92, según un comunicado de la Secretaría de Salud.

Cuatro de los casos resultaron en fallecimientos que actualmente están siendo evaluados por el Comité de Mortalidad, con el fin de determinar si la causa fue directamente atribuible a esta enfermedad, añadió.

La miasis por gusano barrenador es una enfermedad parasitaria causada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente, incluidos los humanos.

Las larvas emergen pocas horas después y se alimentan de tejido vivo, provocando lesiones graves, pérdida de función en órganos e incluso la muerte en casos severos.

La institución hondureña indicó que los casos se han reportados en las 18 regiones sanitarias del país, siendo el departamento de Olancho, este de Honduras, y el Distrito Central, que confirman las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, las más afectadas, al concentrar en conjunto el 25 % del total.

«Estas cifras reflejan que el vector causante de la infestación puede adaptarse tanto a zonas urbanas como rurales, lo que incrementa el riesgo de exposición en diversos entornos», subrayó.

El 68 % de los contagios confirmados corresponde a hombres; el grupo de edad más afectado es el de 50 a 59 años, con un 29 % de incidencia; y en el 37 % de los casos las larvas se localizan en heridas abiertas, siendo esta la forma más común de infestación, detalló la Secretaría de Salud.

Ante el aumento de casos de infestación por gusano barrenador en humanos, la Secretaría de Salud exhortó a la población a fortalecer las medidas de prevención y anunció que ha intensificado las acciones de vigilancia epidemiológica, reforzado la capacitación del personal y ampliado la difusión de campañas informativas a nivel nacional.

El primer caso en humanos se detectó el 6 de febrero de 2025, en un hombre residente en Catacamas, departamento de Olancho, al este del país.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por 400 millones de dólares para apoyar a Ecuador en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para prevenir y responder a la violencia criminal y a los flujos financieros ilícitos.

La operación, realizada bajo la modalidad de Préstamo Programático en Apoyo de Reformas de Política (PBP, por sus siglas en inglés), se enmarca en un contexto de creciente inseguridad en el país, la más grave de su historia al registrar el mayor índice de homicidios de Latinoamérica, con un promedio que supera un asesinato por hora desde inicios de 2025.

Frente a este escenario, el «Programa de Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Respuesta a la Violencia y la Criminalidad en el Ecuador» propone una respuesta integral, multisectorial y basada en evidencia, según detalló el BID en un comunicado donde no precisa las condiciones del préstamo.

Esta incluye la creación de nuevos marcos normativos, mecanismos de coordinación interinstitucional, estrategias de intervención y herramientas de trazabilidad y control de activos ilícitos, con el objetivo de contribuir a reducir la violencia criminal y de las economías de las estructuras criminales mediante reformas estructurales.

Para ello, se enfocará en cuatro áreas clave: la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos criminales; la modernización de la función policial; el combate al lavado de activos y la recuperación de bienes ilícitos; y la reducción de la minería ilegal.

El programa respaldado por el BID contempla beneficios directos para más de 5 millones de niños, niñas y adolescentes, 641,000 residentes de la Amazonía ecuatoriana, estudiantes de 1.785 escuelas priorizadas por su exposición al riesgo de reclutamiento y 5,8 millones de habitantes de 23 cantones (municipios) vulnerables.

La previsión del BID y de las autoridades ecuatorianas es que hacia 2027, la tasa promedio de homicidios en estos cantones se reduzca de 73,9 a 66,6 por cada 100.000 habitantes, y que aumente en un 10 % la percepción de seguridad en las comunidades educativas.

El plan también incluye medidas específicas para proteger a niños y adolescentes migrantes, como la implementación de un protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes y un procedimiento de regularización migratoria para menores no acompañados.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de la ‘Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo’, la estrategia regional del BID para fortalecer la capacidad de los países de la región de coordinar sus esfuerzos contra el crimen organizado.

Entre las medidas destacadas se encuentran la aprobación de una estrategia nacional para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y la implementación de un nuevo modelo de servicio policial con enfoque territorial y basado en evidencia.

También es parte de ello la promulgación de una nueva ley antilavado conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la creación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero para enfrentar la minería ilegal.

Asimismo, se apoyará la implementación de innovaciones como la Notificación Plateada de Interpol, que mejora la recuperación de activos ilícitos en el extranjero, y la creación y uso del registro Rebefics (Reporte de beneficiarios finales y composición societaria), que permite identificar los beneficiarios finales que están detrás de «empresas fantasma» usadas para lavar activos.

El proyecto será ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, en coordinación con instituciones clave de los sectores seguridad, justicia, educación, minería y finanzas. La operación incluye mecanismos de monitoreo y evaluación rigurosos, así como asistencia técnica para asegurar la sostenibilidad de las reformas.