Autor: Redaccion DEM

Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la producción de cocaína en Colombia, quien es el mayor exportador de esta sustancia del mundo, aumento un 53% en 2023 cuando se compara con el 2014.

Mas de cinco décadas de persecución del narcotráfico en ese país, con la asistencia multimillonaria de Estados Unidos, pero el negocio sigue creciendo. Y seguirá creciendo, según Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien en declaraciones recientes dijo: Si uno quiere la paz hay que desmantelar el negocio (del narcotráfico)”, agregando “Se podría desmantelar fácilmente si legalizan la cocaína en el mundo. Se vendería como los vinos”.

¿Pero que está diciendo el presidente de Colombia? ¿Se ha vuelto loco? ¿Como vamos a legalizar una sustancia que tanto daño hace a nuestras sociedades?

Al revisar la literatura científica al respecto, nos damos cuenta, que la racionalización lógica del presidente colombiano se encuentra sustentada por un estudio científico (Daños causados por los medicamentos en el Reino Unido: análisis de decisiones con criterios múltiples), publicado en la famosa revista medica The Lancet en noviembre del 2010.

El informe, publicado en «The Lancet», mide los efectos perjudiciales que tienen las drogas no sólo en el consumidor sino en su entorno y en la sociedad. El informe, elaborado por dos exasesores del gobierno británico, David Nutt y Leslie King, sostiene que, si las drogas se clasificaran sobre la base del daño real que causan, el alcohol ocuparía el primer puesto. Para demostrar su punto el experto llevó a cabo un modelo en el que se clasificó a 20 drogas y sustancias de abuso según su impacto sobre 16 factores: nueve daños individuales y siete daños a los demás, entre los que se incluyen salud mental, daños físicos, daños familiares, adicción, costo a la economía y crimen, entre otros.

«Nuestros resultados mostraron que, aunque en daños al individuo el alcohol no está entre las sustancias más peligrosas, en daños a la sociedad es la más peligrosa principalmente por su impacto en accidentes de tráfico, violencia doméstica, discapacidad, pérdida de rendimiento laboral, etc.» explicó el científico a la BBC. «Y en general, el alcohol fue calificado como la sustancia más perjudicial para la sociedad del Reino Unido debido a su vasto uso y a que está ampliamente disponible», agrega. El costo social del alcohol fue calculado en US$48 mil millones anuales. El alcohol, dice, «es una droga enormemente costosa. En el Reino Unido cada contribuyente paga en promedio unos US$1.600 cada año para subsidiar los costos y pérdidas del alcohol, que suman casi US$5.000 millones de gastos de policía, US$5.000 millones en costos al Sistema Nacional de Salud, etc.»

Según este estudio, la cocaína es mucho menos dañina que el alcohol. Al combinar daños individuales y sociales, el alcohol ocupa el primer lugar, mientras que la cocaína ocuparía el quinto lugar, por debajo de la heroína, el crack y la metanfetamina.

En esta evidencia se basa el argumento, no solo del presidente de Colombia, sino de muchos otros políticos, referente a la legalización de la cocaína. Si el alcohol se ha estado bebiendo entre habitantes de civilizaciones tan antiguas como la egipcia y la china desde hace más de 7000 años, con muy pocas prohibiciones como la muy famosa ley seca de los Estados Unidos, desde 1920 hasta 1933, que si estimulo la producción y venta ilegal por los famosos mafiosos como Alfonso Capone y otros, ¿porque no legalizar la cocaína, que es mucho menos dañina a la sociedad que el alcohol?

El argumento de políticos y académicos de la región en favor de esta acción es su efecto en la reducción de la criminalidad. «Una guerra que no se ha ganado en 40 años es una guerra perdida. Hay que reinventar esta guerra contra el narcotráfico y las drogas y una de las formas más efectivas es quitarle la prohibición a todo lo que tiene que ver hoy con el tráfico de drogas, y racionalizarlo para poderlo controlar mejor”, señaló el expresidente colombiano Juan Manuel Santos en entrevista con la agencia EFE. Otros factores que se mencionan son: ingresos para el estado, reducción de precios, y un enfoque de salud pública.

En todo caso bien dicen por ahí: Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes.

A nivel criminológico el homicidio intencional es un delito que se comete con la clara intención de matar a una persona o causarle lesiones graves. El término «intencional» se refiere a la voluntad del autor de los hechos de producir la muerte. El homicidio intencional también se conoce como homicidio doloso.

A nivel penal o jurídico se clasifica, se denominada y se sanciona de acuerdo con la legislación de cada país.

La propuesta de aumentar las penas de prisión para el delito de homicidio es recurrente en el debate público, en las diferentes escuelas criminológicas, penalistas y del derecho en general, sectores de justicia especialmente en momentos de creciente preocupación por la violencia en el mundo, y sobre todo en América donde las tasas de homicidio continúan al alza comparado con los otros cuatro continentes. Sin embargo, esta medida, a menudo presentada como una solución rápida y efectiva, merece un análisis más profundo desde una perspectiva criminológica.

Históricamente, se ha creído que penas más severas actuarían como un disuasivo, reduciendo así los índices de criminalidad. Sin embargo, numerosos estudios empíricos y evidencia criminológica han demostrado que esta relación no es tan directa como se piensa. Aumentar la severidad de las penas no necesariamente conduce a una disminución significativa de la delincuencia y tampoco solo el hecho del incremento de penas funciona en una sociedad, no se resuelve la violencia homicida por decreto.

La Asamblea Legislativa aprobó el viernes 7 de febrero 2025 con 56 votos una reforma al Código Penal para realizar una segunda ampliación a las penas de prisión para los condenados por homicidio simple y homicidio agravado. La reforma se incorporó en la propuesta hecha por el órgano Ejecutivo para aumentar las penas relacionadas con los delitos contra el patrimonio. Cuando se presentó la reforma no incluía aumentar las penas por el delito de homicidio. Sin embargo, luego que la Corte Suprema de Justicia por medio del presidente de la Sala de lo Penal advirtió a la comisión respectiva que las penas propuestas para los delitos contra patrimonio los ubicaban en el mismo rango de penas que los delitos contra la vida surgió la modificación.

La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia dictaminó favorable la reforma en su reunión del pasado miércoles y acordó subir la pena de prisión por el homicidio simple, para que esta pasara de tener de 15 a 20 años a tener de 20 a 26 años, pero al momento de la plenaria se modifico y fue aprobada con una pena de entre 25 y 35 años de prisión. Mientras, en el caso del homicidio agravado el artículo 129 del código penal determina 11 casos en los que un homicidio se considera agravado será dependiendo de cada caso de cuál de estas ocurra la pena a imponer.

A continuación, expongo las variables, la primera, si el homicidio ocurre con alevosía, premeditación o con abuso de superior, con veneno u otro medio insidioso, o por motivos abyectos o fútiles, se sancionaba con pena de prisión entre 20 y 30 años, con la reforma, ahora tendrá una pena entre 35 a 40 años.

Existen siete casos en los que el homicidio agravado tenía penas entre 30 a 50 años. Ahora, cuando ocurra uno de estos, tendrán pena entre 45 a 50 años. El primero de estos casos es cuando se cometa homicidio contra un familiar ascendente o descendente, adoptante o adoptado, hermano, cónyuge o persona con quien se convive maritalmente.

Los otros casos son cuando el homicidio ocurra para facilitar, consumar u ocultar secuestros, violación, agresión sexual, robo, extorsión, y otros delitos; así como también cuando ocurra con ensañamiento o aumento deliberado de dolor del ofendido; cuando ocurra por precio, recompensa o promesa remuneratoria; cuando ocurra ejecutado por autoridad militar; cuando se haga uso de artificios para dificultar el descubrimiento del hecho; y cuando este motivado por odio racial, étnico, religioso, político, a la identidad y expresión de género o la orientación sexual. En todos los casos mencionados en el párrafo anterior, la pena aumentará y será entre 45 a 50 años.

Finalmente, el último motivo para considerar un homicidio como agravado es cuando este se ejecuta contra un funcionario público, autoridad pública, miembro de la Fuerza Armada de El Salvador, y otros funcionarios. Hasta antes de la reforma este agravante se sancionaba con una pena entre 50 a 60 años. Las y los diputados que emitieron su voto a favor aprobaron la pena mínima pero no la máxima y ahora tendrá una pena entre 55 a 60 años.

Es mi opinión que lo que más funciona y esta siendo evidente, y seguirá siendo una fortaleza y le temen los delincuentes en la actualidad en El Salvador es la disminución categórica de la impunidad en el delito de homicidio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC) con el invaluable apoyo de la Fuerza Armada, y las herramientas y apoyo administrativo que proporcionan el Ministerio de Justicia y Seguridad y Ministerio de la Defensa Nacional que para el año anterior lograron un nivel de efectividad de 98.2% del total de casos registrados y con alta posibilidad que en los primeros seis meses del presente año se logre en sede judicial el 100%.

En el reciente finalizado mes de enero del 2025 la PNC y FGR lograron 100% efectividad en los seis casos determinados de homicidios intencionales registrados. Gracias al trabajo especializado, técnico científico y la estrecha coordinación como el trabajo en unidad han logrado que los sicarios, asesinatos, gatilleros ya no puedan vivir, lucrase y satisfacer sus necesidades psicópatas de asesinar.

*Por Ricardo Sosa, Doctor y máster en Criminología

@jricardososa

Es muy probable que el legado político del presidente colombiano Gustavo Petro esté signado por la manera que la crisis del Catatumbo sea resuelta, aunque su situación se aprecia gravemente afectada con la acusación de que revelo al Ejército de Liberación Nacional, ELN, una agrupación identificada con el narco terrorismo, información relacionada con la seguridad nacional.

El gobierno del presidente Petro no parece tenerlas todas consigo. En muchas partes del territorio colombiano hay serios problemas de gobernabilidad. Diferentes grupos armados ejecutan actos violentos una situación que amenaza extenderse a más regiones en momentos en que analistas e investigadores coinciden en que las Fuerzas Armadas de Colombia se han debilitado y reducido sus efectivos, al igual que el presupuesto, por decisión del propio presidente.

Las fuerzas militares han dado una alerta ante el grave recorte del presupuesto asignado al 2025. El propio general Hugo López, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, advirtió sobre las posibles consecuencias negativas que eso pueda tener en las operaciones militares.

El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, departamento de Antioquia, acuso a Petro de querer convertir a Colombia en otra Venezuela o Cuba, al procurar el aislamiento de país y afectar a las Fuerzas Armadas en beneficio de estructuras criminales como las que operan en el Catatumbo.

El regidor de Medellín aparentemente no tiene pelos en la lengua. Hizo numerosas y severas críticas al mandatario por desfinanciar proyecto de su ciudad y el departamento, dijo que otra de las principales entidades afectadas en la reducción del presupuesto fue el Consejo Nacional Electoral, CNE, una acción que en su opinión evidencia que Petro no se quiere ir en 2026, al intentar desestabilizar esa autoridad restándole más de un 50 por ciento de su presupuesto.

El Catatumbo es una rica región agrícola de Colombia, transfronteriza con Venezuela, que se extiende desde la Cordillera Central hasta el venezolano Lago Maracaibo, el mayor de América Latina y probablemente el más contaminado y con mayores problemas ambientales, por la ineficiencia del ecologista Nicolas Maduro.

Este territorio, según las informaciones, se caracteriza por una serie de fuertes relámpagos, descargas eléctricas de manera casi continúa acompañados de truenos poderosos que pueden oírse de forma casi ininterrumpidas, aunque esa ya no es su mayor identificación.

El área, se ha convertido en una zona de conflictos en la que el Ejército de Liberación de Colombia, ELN, las llamadas disidencias de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Clan del Golfo y las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela han transformado esa superficie en el enclave cocaleros más importantes del país. Un informe de Naciones Unidas de 2024, estima que el Catatumbo contaba en 2023 con al menos 43.000 hectáreas de hoja de coca.

Esta parte de Colombia, a pesar de ser muy rica en recursos naturales, ha sido una de las regiones más convulsas del país. La violencia nunca ha estado ausente y en los últimos meses los enfrentamientos entre los grupos narcoguerrilleros, FARC y ELN, aparte de dejar decenas de muertos, también ha provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas.

La situación tiende a agravarse, porque aparte de la reacción a la que esta obligado el estado colombiano en contra de los criminales, también está involucrado el estado venezolano a través de sus unidades militares, ejercito o guardia nacional, que se han aliado con facciones del ELN y de las FARC, dos grupos del crimen organizado que han servido de diferentes maneras a la dictadura venezolana, a la vez que han recibido el respaldo de esta.

El gobernante Petro, promovió un acuerdo de “paz total” con la narcoguerrilla del ELN, los irregulares mas activos y numerosos del país, proyecto que fracaso. Posteriormente, el antiguo guerrillero ordeno maniobras militares junto a las fuerzas armadas de Maduro, calificado de aliado de su gobierno, mientras es asociado del ELN y de los remanentes de las FARC, un arreglo que parece señalar que son los mismos y los mismísimos.

Mas de un analista considera que en cualquier diálogo futuro con el ELN, el gobierno colombiano tendrá que aceptar a Caracas como un tercer interlocutor, no como mediador, algo así como fueron las conversaciones en La Habana con las FARC auspiciadas por el presidente Juan Manuel Santos en la que los Castro fueron partes y no mediadores.

• Pedro Corzo es periodista cubano