La activista venezolana de derechos humanos Rocío San Miguel cumple el domingo un año en prisión a espera de un juicio por «terrorismo» y «traición a la patria», que debe comenzar esta semana.
Las autoridades vinculan a San Miguel, experta en temas militares y directora de la ONG Control Ciudadano, a un supuesto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro, lo que su defensa niega.
Solo puede recibir visitas de su hija y está a la espera de una cirugía por una fractura de hombro. Su defensa está a cargo de un defensor público, impuesto ante la negativa para que nombrara a abogados de su confianza.
Esto es lo que se sabe por ahora del caso San Miguel a 12 meses de su captura:
El arresto
San Miguel, de 58 años y de nacionalidad venezolana y española, fue detenida el 9 de febrero de 2024 a las 05H00 locales (3.00 am de El Salvador) en el área de migración del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.
Al momento de su detención se encontraba con su hija Miranda Díaz, de 25 años, quien fue también brevemente detenida y hoy tiene libertad condicional.
La fiscalía la vincula con «Brazalete blanco», un presunto complot para atacar una base militar en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y posteriormente a Maduro.
Su expareja, un militar retirado, también fue acusado de estar vinculado en esta supuesta conspiración.
Está recluida en El Helicoide, temida cárcel del servicio de inteligencia venezolano que organizaciones de derechos humanos califican como «centro de torturas».
El juicio
El inicio del juicio está previsto para el martes, aunque esta primera audiencia ya fue pospuesta en diciembre.
El tribunal argumentó que San Miguel no fue trasladada hasta la sede de los tribunales, causa frecuente en el retraso procesal de juicios contra opositores.
San Miguel, también abogada, ha insistido en nombrar su propia defensa, pero hasta ahora su representación recae en la defensoría pública, señalada por expertos de servir a la Fiscalía.
Juan González Taguaruco espera juramentarse como su abogado en la próxima audiencia, acceder al expediente y «apoyarla de ahí en adelante en lo que sea posible», según dijo a la AFP.
Además de «traición» y «terrorismo», precisó el defensor, se le imputan los cargos de «conspiración», «asociación para delinquir y del homicidio tentado en perjuicio» de Maduro y Freddy Bernal, gobernador del estado de Táchira.
Maduro, que suele denunciar planes para derrocarlo, ya la había acusado en 2014 de estar involucrada en «un alzamiento militar».
Además de su hija, otros tres familiares de San Miguel fueron detenidos y luego excarcelados bajo medidas cautelares.
La visita
Fotografías de San Miguel mientras reciben atención médica circularon en diciembre: lleva una camiseta verde y en una sostiene un cartel impreso con la fecha, en otra le toman la presión arterial.
Cumplía en ese momento cuatro meses con una fractura que requiere una cirugía y hasta ahora no se le ha realizado.
«Recibe analgésicos solamente y está muy limitada para vestirse, para asearse, para comer», explicó Taguaruco, que adelantó que la defensora pública se comprometió a pedir su excarcelación para que sea sometida al procedimiento.
«Es envidiable el temple que ha tenido para soportar todo lo que ha venido ocurriendo», añadió.
Los medicamentos los lleva su hija junto con comida cada vez que la visita: entre una y dos veces por semanas por hasta tres horas.
Oenegés venezolanas exigieron su liberación tras denunciar un «proceso viciado, plagado de irregularidades».
«Ha sido víctima de un proceso que criminaliza la defensa de los derechos humanos, buscando acallar su voz», indicó el Observatorio Venezolano de Prisiones en X.
«Solicitamos al gobierno venezolano que otorgue una medida humanitaria y libertad (…) Además del respeto al debido proceso», añadió PROVEA, que pide la intervención de España.
La detención de San Miguel fue cinco meses antes de los comicios presidenciales y los más de 2,400 arrestos que siguieron a protestas que estallaron contra la cuestionada reelección de Maduro.
Venezuela suma más de 18,000 detenciones por temas políticos desde 2014, según la ONG Foro Penal, que en la actualidad reporta 1,196 personas aún tras las rejas por esos motivos.
