Autor: Redaccion DEM

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y la Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, dialogaron este miércoles en Tegucigalpa sobre la protección de los derechos de los migrantes hondureños y el fortalecimiento de la cooperación en seguridad y migración.

«Hablamos de varios temas. El punto principal fue la protección de nuestros migrantes» en Estados Unidos, dijo el canciller hondureño, Javier Bu, en una comparecencia ante los medios junto con el secretario privado e hijo de la mandataria, Héctor Zelaya, en la que no se aceptaron preguntas de la prensa.

Castro hizo énfasis en «la protección de los derechos de los migrantes» que residen en EE.UU. y abogó por la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para cerca de 55.000 hondureños, señaló Bu.

Durante la reunión, celebrada en la Casa Presidencial, Honduras y EE.UU. firmaron una carta de intenciones para un nuevo acuerdo de comparación biométrica, y hablaron de nuevos acuerdos de colaboración en seguridad fronteriza, señaló Bu.

También suscribieron «un acuerdo para la revisión del examen de refugiados», enfatizó el canciller hondureño, quien afirmó que Honduras y EE.UU. seguirán colaborando mutuamente en temas de seguridad migratoria, seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico.

Bu calificó la visita de Noem como «excelente», destacando la continuidad de una agenda bilateral iniciada con el excanciller hondureño Eduardo Enrique Reina, en marzo pasado.

Noem, quien no ofreció ninguna declaración en Tegucigalpa, inició el martes en Panamá su gira por Centroamérica, que continuó este miércoles con visitas a Costa Rica y Honduras, y concluirá en Guatemala.

El canciller también reveló que Estados Unidos ha mostrado «muchísimo interés» en el proyecto del tren interoceánico, una ambiciosa obra de infraestructura que busca conectar el océano Pacífico con el Atlántico, uniendo Puerto Castilla (Colón) con Amapala (Isla del Tigre) en el Golfo de Fonseca.

El Golfo de Fonseca es compartido por Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Con una inversión estimada de 20.000 millones de dólares y un plazo de ejecución de entre 10 y 15 años, el proyecto es liderado por la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (Confi), bajo la dirección de Héctor Zelaya.

Tanto Bu como Zelaya informaron que viajarán a Estados Unidos en las próximas semanas para avanzar en las gestiones relacionadas con la iniciativa.

Héctor Zelaya calificó la visita de Noem como una señal del fortalecimiento de la relación entre ambos países, sustentada en «diálogo, respeto y beneficio mutuo».

Destacó que la alianza entre Honduras y Estados Unidos es «natural» y busca un «futuro próspero para ambos pueblos, fortalecer las economías y más seguridad de sus países».

El encuentro entre la presidenta Castro y la secretaria Noem es un reflejo de la «construcción de una agenda común» para beneficio de nuestros países y de la región centroamericana, afirmó.

Estados Unidos considera a Honduras «un país amigo» y a la presidenta Castro «una gran aliada», apostilló Zelaya.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, enfrenta una nueva acusación por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral, un hecho que ha intensificado su confrontación con el fiscal general Carlo Díaz y que incluso lo llevó a encabezar una marcha para exigir su salida del cargo.

«Vinimos a cambiar las reglas del juego, a devolverle a usted (al pueblo) una de las tres patas del Estado, se los aseguro con el corazón en la mano y sin temor a las amenazas de Carlo Díaz y las absurdas denuncias que me hace», afirmó el mandatario en su conferencia de prensa semanal este miércoles.

La Fiscalía General presentó el lunes ante la Corte Suprema de Justicia una acusación contra Chaves, el primer vicepresidente Stephan Brunner, el canciller Arnoldo André y cuatro diputados oficialistas: Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero. En la solicitud, se pidió levantar el fuero de los involucrados para abrirles juicio.

Según la investigación iniciada en 2022, se habrían utilizado dos estructuras paralelas de financiamiento en la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD): un fideicomiso privado y cuentas bancarias personales a nombre de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal independiente. Ambos mecanismos habrían operado fuera del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del partido.

La legislación costarricense prohíbe este tipo de maniobras. El Código Electoral establece que las contribuciones a partidos o campañas deben provenir únicamente de personas físicas nacionales, estar plenamente identificadas y ser canalizadas a través de vías oficiales.

Esta es la segunda vez que la Fiscalía solicita al máximo tribunal el levantamiento del fuero del presidente. En abril, presentó otra acusación contra Chaves por el delito de concusión, relacionado con presuntas contrataciones irregulares de servicios de comunicación financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La Corte deberá decidir si remite las acusaciones al Congreso, donde se discutiría el posible levantamiento de la inmunidad presidencial. No se ha establecido un plazo para resolver el asunto.

Durante su administración, Chaves ha mantenido una tensa relación con el Congreso, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Judicial, a quienes ha señalado constantemente por presunto sesgo político y falta de eficacia.

El enfrentamiento con el fiscal Díaz ha sido particularmente hostil. En marzo, el mandatario lideró una manifestación contra el funcionario, a quien tildó de «matón de barrio» y «títere». Tras esa marcha, el fiscal denunció un «preocupante ataque a la división de poderes» y señaló que la movilización tenía como trasfondo las investigaciones en curso contra el presidente.

La leyenda del narcotraficante ‘Fito’, el líder criminal más buscado de Ecuador, sumó este miércoles un nuevo capítulo al ser recapturado tras casi año y medio prófugo desde su sorprendente fuga de prisión, donde cumplía una condena de 34 años de prisión por varios delitos, entre ellos narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada.

El principal líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua y grande que opera en Ecuador, era el gran objetivo que perseguía el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para dar un golpe de efecto en su «guerra» lanzada contra el crimen organizado, con la que busca aplacar la escalada de violencia que ha puesto al país andino entre los más violentos de Latinoamérica.

‘Fito’, de 45 años, fue detenido en Manta, su ciudad natal, en la costera provincia de Manabí, la misma que vio nacer a Los Choneros en 1998, pese a que contaba con una alerta roja de captura internacional emitida por la Interpol, y tras especularse durante muchos meses si podía haberse refugiado en otros países como Colombia o Argentina.

Fue ubicado en una vivienda donde aparentemente se encontraba escondido, sin haber variado excesivamente su apariencia, señal de la confianza que tenía en estar a buen recaudo.

Con apenas 20 años, ‘Fito’ fue detenido por primera vez por un robo, y en 2011 volvió a ser capturado por narcotráfico y delincuencia organizada, lo que lo llevó por primera vez a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, ubicada en Guayaquil.

Una primera fuga multitudinaria

Desde La Roca protagonizó su primera fuga carcelaria al escaparse en febrero de 2013 junto a otros 17 integrantes de Los Choneros, entre los que se encontraba Jorge Luis Zambrano (‘Rasquiña’), el entonces capo de Los Choneros, con el que la banda llegó a monopolizar prácticamente la actividad criminal en el país.

En aquella fuga inmovilizaron a guardias y escaparon en barcas y lanchas por el río Daule, aunque todos fueron recapturados en el transcurso de los siguientes nueve meses. A ‘Fito’ la libertad le duró tres meses, pues volvió a ser arrestado en mayo de 2013.

Sin embargo, desde prisión, Los Choneros siguieron amplificando su poder, dedicados a proveer al cartel de Sinaloa (México) de cocaína producida mayormente en Colombia. En concreto, ‘Fito’ lo hizo como el líder de Los Fatales, uno de los brazos armados de la organización criminal, lo que lo llevó a convertirse en mano derecha de ‘Rasquiña’.

El asesinato de ‘Rasquiña’ en 2020 aupó a ‘Fito’ a liderar Los Choneros, lo que hizo completamente en solitario desde mayo de 2023, cuando fue aparentemente asesinado en Colombia Junior Roldán (‘JR’), líder de Los Águilas, otra facción de Los Choneros.

Un dron bomba para el regreso de «papá ‘Fito'»

Para entonces, la banda criminal ya dominaba varias cárceles en el país, entre ellas la Cárcel Regional de Guayaquil, donde ‘Fito’ tenía su particular búnker, donde contaba con todo tipo de lujos, comodidades e internet para estar comunicado. De allí se marchó entre finales de 2023 e inicios de 2024 sin que nadie se lo impidiera.

Su segunda fuga fue silenciosa.

Semanas antes, ‘Fito’ había conseguido su propósito de retornar a la Cárcel Regional después de que lo recluyeran en La Roca, donde no estuvo mucho tiempo, pues un dron bomba voló por los aires el techo y le permitió volver a su particular búnker, donde los reclusos se amotinaban para demandar el regreso de «papá ‘Fito'».

De su fugaz estancia en La Roca corresponde la última fotografía que existía públicamente de ‘Fito’ antes de que fuera capturado este miércoles. En esas imágenes aparece descamisado, con una profusa barba y una larga y desaliñada melena que se había dejado crecer en prisión para hacer honor a su otro apelativo: ‘El León’.

El narcocorrido del ‘León’

Durante su tiempo en prisión, ‘Fito’ cursó estudios de Derecho y buscó legalmente la forma de ser absuelto de los múltiples procesos que tiene encima, a la vez que protagonizó un videoclip grabado dentro de la cárcel para ilustrar su propio ‘narcocorrido’, titulado ‘El corrido del león’, que interpretan Mariachi Bravo y Queen Michelle (hija de ‘Fito’).

La pieza musical glorifica la figura del jefe de ‘Los Choneros’ al más puro estilo del ‘narco’ mexicano, al presentarlo como un hombre bueno y honesto, que «no es como malinforman».

En su letra narra que ‘Fito’ sufrió la pérdida de un hermano, el secuestro de su hija y un atentado contra otro hijo, pero «él es el patrón de los patrones», «el líder de ‘Los Choneros'», que junto con su hermano «cuida a su familia como león».

Precisamente, su hermano fue detenido a inicios de este junio con otros miembros del círculo cercano de ‘Fito’ por presuntamente haber lavado al menos 24 millones de dólares del narcotraficante.

Casi siete de cada diez detenidos en las redadas migratorias en Los Ángeles del 1 al 10 de junio no tenían antecedentes penales, lo que contradice las afirmaciones de la Casa Blanca de que su objetivo era detener a «delincuentes», según reveló este miércoles un análisis del periódico Los Angeles Times.

Alrededor de 722 personas fueron detenidas en la región metropolitana de Los Ángeles en los diez primeros días de junio, cuando las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) iniciaron las redadas, de acuerdo a las cifras obtenidas por el Proyecto de Datos de Deportación de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Berkeley.

El rotativo angelino analizó las cifras y encontró que el 69 % de los arrestados durante ese período por ICE no tenía antecedentes penales y el 58 % nunca había sido acusado de ningún delito.

Los datos contradicen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que este martes dijo en un comunicado que desde el pasado 6 de junio ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) iniciaron una operación «para expulsar a los peores delincuentes extranjeros ilegales».

Por su parte, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin advirtió que las detenciones hacen parte de la promesa del presidente Donald Trump de asegurar la frontera expulsando a criminales, entre ellos narcotraficantes de Los Ángeles, sin aportar mayores datos.

Al respecto, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo la semana pasada en una entrevista con la CNN que a pesar de que la Casa Blanca había dicho que iba a perseguir a delincuentes violentos se había enfocado en trabajadores.

«No era una guarida de narcos, era un Home Depot», dijo Bass cuestionando los espacios en los que se estaban llevando a cabo las redadas.

A la crítica de la alcaldesa demócrata se unen la de activistas que han denunciado que las redadas se han centrado en trabajadores vulnerables y fáciles de detener.

El análisis de Los Angeles Times encontró que la edad promedio de los arrestados era de 38 años y que, en su mayoría, se trataba de hombres. Casi el 48 % eran mexicanos, el 16 % guatemaltecos y el 8 % salvadoreños.