Un grupo de expertos independientes de derechos humanos exhortaron al Gobierno de El Salvador «a avanzar con la agenda de justicia transicional para reparar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes perpetrados durante el conflicto armado, publicó en un comunicado de prensa la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas.
Los expertos del sistema de la ONU, independientes, reconocieron «los esfuerzos realizados hasta el momento» sobre la ‘masacre de los Jesuitas’, la apertura del caso por la ejecución de cuatro periodistas holandeses”, pero calificaron de «inadmisible» que los responsables de los crímenes «del pasado reciente, incluyendo al menos 200 masacres de civiles, permanezcan impunes».
Los expertos citados son los relatores especiales Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Morris Tidball-Binz, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Gabriella Citroni, Presidenta-Relatora; Grażyna Baranowska, Vicepresidenta, Aua Baldé, Ana Lorena Delgadillo Pérez, y Mohammed Al-Obaidi, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, todos parte de «Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos», la mayor instancia de expertos independientes de la ONU.
Según la Oficina del Alto Comisionado, estos expertos son independientes de «cualquier gobierno u organización y prestan sus servicio a título individual». Ellos consideraron el aniversario del Acuerdo de Paz salvadoreño, del 16 de enero de 1992, como «un importante recordatorio del daño sufrido por la sociedad salvadoreña» que fue «agravado por décadas de impunidad e insuficiente reparación» y de la necesidad de la justicia transicional.
Aseguran que en El Salvador se ven «efectos de la implementación incompleta del diseño de justicia transicional» y señalan la falta de políticas efectivas para buscar e investigar los casos de personas desaparecidas, además de advertir «obstáculos en el acceso a los archivos militares, la insuficiencia en los procesos de reparación y memoria histórica».
Los expertos independientes citados por la ONU señalan también que en El Salvador existe en la actualidad un «estrechamiento del espacio cívico que afecta a periodistas, víctimas y organizaciones de la sociedad civil”.
Según el grupo de expertos la mayoría de recomendaciones del anterior Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición «no han sido implementadas”, ni tampoco las recomendaciones del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias tras sus visitas al país.
