Autor: Redaccion DEM

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este sábado el requerimiento contra el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya Barraza, a quien acusa del delito de lavado de dinero y activos.

El requerimiento se presentó ante el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, donde también pidió que el proceso judicial se realice bajo reserva total.

Según la acusación, Anaya fue investigado entre 2015 y 2024. “La representación fiscal hizo una investigación en la cual resulta acreditada la existencia del delito por el cual se ha requerido esta tarde, un dato importante que hay que hacer mención es que la Fiscalía está solicitando la reserva total del proceso, por lo cual no se puede dar mayores datos al respecto”, dijo el fiscal a cargo en una vídeo compartido por la FGR.

El Ministerio Público solicita además que se decrete detención provisional de Anaya durante la primera audiencia, que el Juzgado ha fijado para el 24 de junio de 2025, a las 8:00 a.m.

El abogado constitucionalista fue detenido el 7 de junio de 2025. Para la defensa, Anaya tuvo que haber sido puesto a la orden de los tribunales después de su detención administrativa, 72 horas, la presentación de la acusación ocurrió 15 días después.

Anaya es una de las voces críticas del gobierno de Nayib Bukele desde su reelección. En 2023, fue uno de los abogados que presentaron un escrito al Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde pidieron que se denegara la inscripción de Bukele como candidato a la Presidencia de la República porque esto contravenía seis artículos de la Constitución.

Este sábado también se conoció que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó parcialmente la demanda de hábeas corpus a favor de Anaya ante la vulneración de los derechos de salud y defensa.

En la resolución, la Sala declaró improcedente la petición de la defensa de un hábeas corpus por los fundamentos de privación ilegal de libertad y superación del plazo de la detención administrativa.

Sin embargo, aceptó el trámite por vulneración de los derechos a la salud y la defensa del favorecido.

La defensa argumentó que a Anaya se le negó la petición de realizar una ultrasonografía esquelética y no tuvo acceso a una revisión médica integral. Después se conoció que las autoridades informaron que fue trasladado al Hospital Nacional Zacamil sin que se le notificaran los motivos de la movilización.

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 20 años de prisión a seis pandilleros que intentaron asesinar a una persona en el distrito de Ayutuxtepeque, ahora municipio de San Salvador Centro, en 2021.

La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que los hombres fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio en grado de tentativa y agrupaciones ilícitas.

Como resultado del proceso, José Manuel Gonzálu00e9z Ostorga, Ezequiel Antonio Hernu00e1ndez Ayala, Marvin Alexander Juu00e1rez Dubón, Elmer Alexis Méndez Ascencio y David Ernesto Escobar López fueron condenados a 15 años de prisión.

«Francisco David Rojas Espinoza, imputado ausente, recibió la condena mu00e1s alta de 20 años, por los delitos de homicidio tentado y agrupaciones ilícitas», añadió la FGR.

Todos, a excepción de Rojas Espinosa, estuvieron presentes durante el proceso. Los hombres pertenecen a la tribu Cuscatancingo, cancha Santa Rosa, de la pandilla del Barrio 18 Revolucionarios.

La FGR dijo que el 7 de julio de 2021, en dicha jurisdicción, los condenados privaron de libertad a la víctima, luego la llevaron a un predio, la golpearon e hirieron con un arma blanca.

«La acusación fiscal establece que los pandilleros amarraron a la víctima y la metieron en un saco para tirarla a una quebrada, pero fueron sorprendidos por agentes policiales», añade el reporte de Fiscalía.

En el lugar, los delincuentes dejaron a la víctima tirada y luego fue rescatada y auxiliada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC detuvo a tres de los hombres en los alrededores de la zona, el resto escaparon pero fueron capturados por órden fiscal.

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de cárcel a un hombre que transportaba más de 100 gramos de droga.

Según una publicación de Centros Judiciales, Denis Otoniel González Menjívar fue capturado en flagrancia en la colonia Santa Lucia, distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste por un grupo de militares.

Los elementos de la Fuerza Armada procedieron a revisarlo tras detectar una actitud sospechosa dando como resultado material vegetal y $1,800 en efectivo.

Posteriormente las autoridades realizaron pruebas a la droga dando positivo a marihuana, con un peso de 114.5 gramos y un valor de $404.18.

“El dinero presentaba rastros de marihuana, cocaína y metanfetamina”, señaló Centros Judiciales en su publicación.

Los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2024 y el sujeto fue condenado por los delitos de posesión y tenencia con fines de tráfico.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció la tarde de este sábado que cerca de 2,000 agentes policiales y militares realizaron un cerco en San Bartolo, Ilopango, debido a que «algunos pandilleros han intentado regresar y reorganizarse».

En una publicación en su cuenta de X, el mandatario detalló que el cerco militar se levantó la madrugada de este sábado con 1.500 soldados y 500 policías.

«En San Bartolo, Ilopango, algunos pandilleros han intentado regresar y reorganizarse. Inteligencia Policial y las denuncias de la población lo han confirmado», añadió Bukele.

«Vamos a extraer hasta el último terrorista que esté escondido en esa zona. No les permitiremos reorganizarse. El país más seguro del continente se respeta», sostuvo.

Cercos en los últimos tres años

La Administración Bukele comenzó a implementar los cercos militares en 2022 como parte de la quinta fase de plan de seguridad denominada «extracción», la cual, según explicaciones de Bukele en ese momento, consistía en sacar a los pandilleros de las comunidades, especialmente, en ciudades grandes.

El 2 de octubre de ese año, se levantó el primero en Comasagua, en La Libertad Sur, después de que un mandador de una finca fue asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha, en cuyos operativos se detuvieron a 155 personas que fueron acusadas por los delitos de agrupaciones ilícitas.

Luego, en diciembre de 2022 se levantó otro cerco en Soyapango. También se instaló uno en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, así como otro en la comunidad La Granjita, en San Salvador.

En mayo de 2023, el gobierno desplegó otro cerco en cinco en el distrito de Nueva Concepción, en Chalatenango, luego de que un agente policial fue asesinado por supuestos pandilleros.

En agosto de 2023, se instaló otro cerco en Cabañas después de que dos policías fueron heridos en una emboscada por pandilleros en el cantón Maquilishuat, en Ilobasco.

En octubre de 2023, también se levantó un cerco militar en las colonias Popotlán y Valle Verde, en Apopa, así como en la comunidad La Campanera, en Soyapango, luego del asesinato de una menor de 7 años de edad.

En mayo de 2024, también se levantó un cerco en Apopa después de recibir denuncias ciudadanas.

Ramón Atilio Muñoz Ramírez fue condenado a 10 años de prisión tras ser encontrado culpable por violar a una adolescente de 17 años, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La institución indicó que los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2023 en la zona de las Tres Cruces, cantón Apastepeque, distrito de Alegría, en el departamento de Usulután.

La FGR dijo que la joven era empleada del condenado y que el crimen fue cometido mientras iba a dejar a la víctima a su vivienda.

En su comunicado, la Fiscalía sostuvo que el hombre fue condenado en rebeldía por el Juzgado de Sentencia de Usulután.

Según el Código Procesal Penal, esto último significa que el hombre no se presentó al juzgado ni a las audiencias del proceso, pese a haber sido citado y notificado por los medios regulados. Sumado a esto, el acusado no reportó ninguna causa por la que se ausentó del proceso.

La rebeldía también se refiere a personas que se fugan de su lugar de privación de libertad.

Condenas

Este no es el único caso relacionado con delitos sexuales en los últimos días. Carlos René Pérez fue condenado en el occidente del país por agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.

La FGR señala que el hombre fue sentenciado a 26 años de prisión por agredir en repetidas ocasiones a una menor de edad.

Las investigaciones arrojaron que la menor se quedaba en casas de sus abuelos y el condenado aprovechaba esos lapsos de tiempo para agredir a la niña.

Por su parte, Andrés Abelino Alvarenga Ramírez fue condenado a 26 años y ocho meses de prisión por violación en menor o incapaz agravada continuada.

Las pruebas colectadas evidenciaron que el hombre abusó de la menor mientras esta se quedaba sola en su casa desde el 2018, en el distrito de Ciudad Delgado, municipio de San Salvador Centro.