Autor: Vero Crespin

  • Iglesia Elim se suma a recolección de firmas contra la minería metálica en El Salvador

    Iglesia Elim se suma a recolección de firmas contra la minería metálica en El Salvador

    La iglesia evangélica Elim se sumó este fin de semana a una jornada de recolección de firmas de ciudadanos contra la minería metálica, aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Legislativa a petición del presidente de la República, Nayib Bukele.

    Recolectarán firmas este martes y miércoles.

    Aunque la iglesia evangélica no lo ha hecho oficial ni ha divulgado ningún comunicado, usuarios de redes sociales han compartido vídeos sobre la primera jornada de recolección de firmas que se realizó el pasado domingo 26 de enero.

    En las imágenes compartidas en X y en Tik Tok, se observan jóvenes con camisetas blancas con el lema: «Embajadores de la creación. No a la minería, sí a la vida», y habían colocado canopis en el parque para que los feligreses firmaran la moción.

    «Como embajadores de la creación decimos: sí a la vida, no a la minería».
    Jóvenes que recolectan firmas contra la minería en la iglesia Elim.

    Los denominados «embajadores de la creación» cuentan con una página en Facebook donde anuncian las jornadas que realizarán para recolectar firmas que serán anexadas a una «solicitud de inconstitucionalidad» contra la nueva ley minera.

    La recolección de firmas contra la minería en la sede central se extendió para este lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de enero de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en los horarios de cultos.

    La primera jornada la realizaron desde las 8:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. Los «embajadores de la creación» aseguraron en sus cuentas de redes sociales que próximamente anunciarán recolecciones de firmas en las filiales Elim de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, La Paz y San Miguel.

    Esta iniciativa se suma a la anunciada por organizaciones ambientalistas, comunidades y la iglesia católica para recolectar firmas de ciudadanos que se oponen a la explotación minera, para anexarlas a una solicitud de inconstitucionalidad que será presentada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

    El pasado 21 de enero, la organización Justicia Social y Contraloria Ciudadana en conjunto con cuatro movimientos de derechos humanos presentaron, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de la Minería Metálica.

    El presidente Bukele ha señalado que se puede realizar «minería moderna y sustentable», mientras que ambientalistas aseguran que toda explotación minera contaminaría los recursos naturales e hídricos.

    La IX Encuesta de Humor Social y Político denominada «Pensamiento religioso de los ciudadanos, temas de coyuntura y minería» de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) indica que el 55.27 % de los salvadoreños no cree que haya explotación minera sin contaminación y el 48.73 % de los encuestados no apoya la idea del presidente de realizar minería en El Salvador.

  • Temen más capturas tras militarización en Santa Marta previo a repetición de juicio

    Temen más capturas tras militarización en Santa Marta previo a repetición de juicio

    Habitantes de Santa Marta, localidad de ciudad Victoria, en Cabañas, temen que las autoridades

    realicen más capturas luego de que la comunidad haya sido militarizada previo a la repetición del juicio de cinco líderes ambientales

    por supuestamente haber cometido un asesinato durante el conflicto armado.

    Peter Nataren, de Ades Santa Marta, aseveró este martes que entre «los últimos acontecimientos» en la comunidad está la presencia de fiscales, agentes de inteligencia y militares

    para la «supervisión de los hogares donde viven las personas que están más al frente de la lucha desde hace dos años

    con respecto a la exigencia de la liberación definitiva de los cinco ambientalistas».

    «Esto (militarización de la zona) nos lleva a pensar, incluso por información que ha circulado en un medio de comunicación que sí está en marcha la posibilidad de que podrían capturar a más de 40 personas, la mayoría de liderazgos de la comunidad y muchas otras personas que integran la comunidad».

    Peter Nataren, miembro de Ades Santa Marta.

    Nataren también aseguró que no descartan la captura de líderes de otras organizaciones que han «estado acompañando este proceso durante dos años en Santa Marta». La repetición del juicio se desarrollará del 3 al 6 de febrero en el Tribunal de Sentencia de San Vicente.

    A través de un comunicado difundido por Tutela Legal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y Ades Santa Marta, las organizaciones denuncian «la militarización» de esta y otras comunidades «organizadas de la zona» percibiendo la presencia de la Fuerza Armada y «personas extrañas que se mueven por las noches en carros sin placas».

    Piden medidas cautelares

    En este contexto, Nataren señaló que no confían en las decisiones que pueda tomar el Tribunal de Sentencia de San Vicente sobre el caso contra ocho personas, entre ellos,

    cinco líderes que son juzgados por supuestamente haber cometido un asesinato durante el conflicto armado.

    Por ello, junto a otras organizaciones han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir que imponga medidas cautelares de protección a los cinco líderes,

    pues temen que puedan ser condenados en el nuevo proceso.

    «Nosotros no confiamos en lo que pueda pasar la próxima semana» afirmó Nataren, quien aseguró que «las instancias internacionales deben estar ya pendientes» del caso y del juicio programado para la próxima semana.

    Alejandro Díaz, miembro de Tutela Legal aseguró que las medidas han sido solicitadas «por la gravedad del caso» por los malos tratos, el encarcelamiento y el agravamiento en las enfermedades que sufren, por eso. La petición se realizó ayer a través de las organizaciones que firmaron el comunicado.

    «Sería fatal que fueran nuevamente encarcelados en un proceso donde no hay garantías judiciales o un debido proceso».

    Alejandro Díaz, miembro de Tutela Legal.

    Además, Nataren mencionó que están indagando cuál sería el proceso a seguir en caso que los líderes fueran declarados culpables. «Debemos saber

    cuál es el proceso que nosotros tendríamos seguir a nivel internacional si este sistema cometiera el gravísimo error de condenar

    a estos activistas en un contexto donde todo el país está alerta por el tema minero», aseguró el líderes comunitario.

    Los ocho acusados del asesinato son:

    Fidel Dolores Recinos Alas

    Saúl Agustín Rivas Ortega

    Teodoro Antonio Pacheco

    Miguel Ángel Gámez

    Pedro Antonio Rivas Laínez

    Alejandro Laínez García

    José Eduardo Sancho Castañeda

    Arturo Serrano Ascencio

    La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que los acusados eran exguerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y que habrían sacado a una mujer de su casa, la habrían llevado al campamento para torturarla para luego asesinarla.

    Con el juicio inicial, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque declaró el 18 de octubre de 2024 como «absueltos» de los delitos a los implicados. El caso tomó especial relevancia porque de los ocho acusados, cinco son líderes ambientales que han encabezado la lucha contra la minería.

    En diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó la nueva Ley General de Minería Metálica. Desde entonces, organizaciones, iglesias de diferentes denominaciones y ciudadanos han pedido la derogatoria de la misma.

    Organizaciones sociales informan que han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que imponga medidas cautelares para resguardar a los cinco líderes ambientales que serán reenjuiciados por un supuesto asesinato durante el conflicto armado.

    Vía:… pic.twitter.com/kmTmr7052c

  • Bukele augura que tasa de homicidios será inferior a uno durante 2025 en El Salvador

    Bukele augura que tasa de homicidios será inferior a uno durante 2025 en El Salvador

    El presidente de la República, Nayib Bukele, auguró este martes que la tasa de homicidios en El Salvador será inferior a uno durante 2025. El mandatario compartió la publicación de un usuario que comparaba la tasa de homicidios en los últimos nueve años.

    Aunque no detalló cómo lo logrará, el presidente Bukele se comprometió a reducir, a lo que sería un nuevo récord histórico en las tasas de homicidios del país, la cual llegó al 1.9 durante 2024.

    «Este año, nuestra tasa de homicidios será inferior a 1». Nayib Bukele, presidente de la República.

    Para finalizar el 2024, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que 2024 cerró con la cifra récord de 114 personas asesinadas intencion, lo que representa un promedio diario de 0.3.

    El fiscal Delgado también aseguró que de los 114 asesinatos, el 98.2 % fue resuelto, es decir, 112. En diciembre 2024, las autoridades reportaron solo un homicidio.

    «Estas estadísticas reflejan el compromiso y el esfuerzo del equipo operativo e interinstitucional ejecutado en coordinación con el Gabinete de Seguridad», dijo en ese momento Delgado en su cuenta de X.

    Las cifras de asesinatos registrados por el Instituto de Medicina Legal, no son actualizadas desde marzo de 2022, misma fecha en que inició el régimen de excepción.

  • Magistrados del TSE reducen 166 plazas y mantienen salarios de más de $5,000

    Magistrados del TSE reducen 166 plazas y mantienen salarios de más de $5,000

    Los magistrados propietarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantendrán sus salarios mayores a los $5,000 para el año 2025 aunque han reducido 166 plazas de empleados por diferentes formas de contratación según la Ley de Salarios de 2025.

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    Los magistrados propietarios ganan casi $6,000 mensuales, incluyendo gastos de representación y los magistrados suplentes perciben $3,003.97 mensuales, manteniendo los ingresos que tenían en 2024.

    Los salarios se desglosan así:

    • Magistrada presidente, Roxana Soriano, salario mensual de $5,980, que incluye $4,270 de sueldo y $1,710 en gastos de representación.
    • Magistrados propietarios Rubén Alvarado, Cecilia Marroquín, Karla Guandique y Sofía Paniagua: salario mensual de $5,630, que incluye $4,200 de sueldo y $1,610 de gastos de representación.
    • Magistrados suplentes tienen salario mensual de $3,003.97, que incluye $1,981.11 de sueldo y $1,022.86 de gastos de representación.

    Por otro lado, el presupuesto de la institución electoral que se encuentra en ejecución contabiliza la eliminación de 166 plazas para 2025, de ellas, 14 por ley de salarios y 152 por contratos. En el documento de ley de salarios se evidencia que se suprimen plazas de jefes, colaboradores, técnicos, recepcionistas y motoristas.

    Los salarios ostentados en esas plazas eliminadas iban desde los $703.50 hasta los $1,801.12. El salario más bajo lo ostentaban motoristas, técnicos de mantenimiento automotriz y técnicos de mantenimiento, mientras que el salario más alto lo tenía un Jefe del Departamento de Servicios Administrativos.

    Las plazas que ya no son contratadas por ley de salarios:

    • 1 colaborador de Secretaría General.
    • 1 técnico de Auditoría.
    • 1 encargado de prensa.
    • 1 colaborador de comunicaciones.
    • 1 jefe del Departamento de Servicios Administrativos.
    • 1 secretaria de transporte.
    • 4 motoristas.
    • 1 técnico de mantenimiento automotriz.
    • 1 técnico de mantenimiento.

    Entre octubre y diciembre de 2024, casi 200 empleados del TSE fueron despedidos, no se les renovaron sus contratos o se les pidieron sus renuncias a sus cargos. A inicios de 2025, la institución mostró como un logro la reducción de $151,848 en remuneraciones. Entre los despedidos se cuentan personas con enfermedades terminales, sobrevivientes de cáncer y directivos sindicales.

  • Decretan detención provisional contra sujeto capturado con 2 kilos de cocaína en San Miguel

    Decretan detención provisional contra sujeto capturado con 2 kilos de cocaína en San Miguel

    El Juzgado Tercero de paz en San Miguel decretó prisión provisional contra Diego Josael Calderón Hernández, quien fue capturado el la segunda semana de enero con 2 kilos de cocaína valorados en $50,473.58. La captura se realizó en San Miguel.

    Calderón Hernández es procesado por el delito de «tráfico ilícito», quien fue detenido por la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras se conducía en un vehículo en el que transportaba la droga.

    La detención provisional permite que el capturado se mantendrá detenido mientras enfrenta el proceso penal en su contra. La cocaína fue encontrada en el vehículo en «dos paquetes rectangulares». La acusación fue presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) la semana pasada.

    En ese momento, la representación fiscal aseguró que contaba con «los indicios suficientes para poder acreditar la participación» de Calderón Hernández » en el delito que se le está atribuyendo». El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, aseguró sobre este caso que continuarán «capturando a todos aquellos que estén involucrados en el negocio sucio de las drogas».

  • Sujeto acusado de estafar $22,000 con falsas inversiones seguirá en prisión, según FGR

    Sujeto acusado de estafar $22,000 con falsas inversiones seguirá en prisión, según FGR

    El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador decretó prisión provisional contra Miguel Humberto Arroyo Ibarra acusado de estafar a dos personas con falsas inversiones en la bolsa de valores prometiéndoles ganancias de hasta el 50 %.

    Arroyo Ibarra continuará en prisión por supuestamente haber estafado a dos personas con al menos $22,500. El acusado les aseguraba que tenía un bot que les permitía realizar inversiones que les dejarían ganancias del 20 % hasta el 50 %, según lo informado este lunes por la Fiscalía General de la República (FGR).

    La fiscal del caso indicó que las inversiones realizadas por las víctimas van desde los $3,000 hasta los $18,500. Inicialmente se contabilizaron 20 denunciantes, pero en el proceso actual solo se encuentran dos víctimas.

    La FGR informó el 17 julio de 2024 sobre la orden de captura en contra de Arroyo Ibarra, quien ahora es procesado por el delito de estafa agravada. En ese momento, la Fiscalía informó que había 20 personas que habían denunciado.

    En ese momento, la entidad fiscal también dijo que solo una de las víctimas le había entregado $49,000, sin embargo, el monto que ahora se le imputa a Arroyo es solo de $22,500. Entre las denunciantes iniciales habían dos sociedades que habría estafado con $200,0000.

    Los hechos que se le imputan a Arroyo Ibarra habrían ocurrido el 20 de septiembre de 2023, de acuerdo a la versión fiscal.

  • Las ráfagas de viento han alcanzado los 49.8 km/h en Ishuatán, Sonsonate

    Las ráfagas de viento han alcanzado los 49.8 km/h en Ishuatán, Sonsonate

    Las ráfagas de viento alcanzaron los 49.8 kilómetros por hora en la localidad de Ishuatán, en Sonsonate, convirtiéndose en la zona con las velocidades más elevadas en el territorio salvadoreño, según el reporte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

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    El reporte del Marn de las últimas tres horas, indica que muy por debajo de Ishuatán, se encuentra Candelaria de la Frontera, en Santa Ana con ráfagas de hasta 34.6 kilómetros por hora. Le sigue el distrito de Ilopango, en San Salvador con vientos de hasta 31.3 km/h.

    Los cinco lugares con las ráfagas más fuertes:

    • Ishuatán, Sonsonate con 49.8 km/h.
    • Candelaria de la Frontera, en Santa Ana con 34.6 km/h.
    • Ilopango, en San Salvador con 31.3 km/h.
    • Las Pilas, Chalatenango con 28.7 km/h.
    • Berlín, en Usulután con 27.2 km/h.

    De los 13 lugares monitoreados por Medio Ambiente, en el que se reportaron las velocidades más bajas fue La Palma, en Chalatenango con 18.9 kilómetros por hora; le siguió la autopista a Comalapa con ráfagas de 20.4 km/h y el parque El Imposible con vientos de 21.9 km/h.

    El reporte del Marn sobre el clima, señala que los vientos nortes disminuyan sus velocidades este lunes con relación a los días anteriores, sin embargo, se prevé que vuelvan a aumentar para mañana.

  • Colectivo pide a países de la ONU que vigilen el cumplimiento de las recomendaciones hechas a El Salvador

    Colectivo pide a países de la ONU que vigilen el cumplimiento de las recomendaciones hechas a El Salvador

    El Colectivo Epu pidió este lunes a los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que vigilen que El Salvador dé cumplimiento a las recomendaciones que le realizaron en el marco del cuarto Examen Periódico Universal (OPU).

    «A los países que han realizado recomendaciones, a que puedan estar vigilantes del cumplimiento de las mismas» sugirió el colectivo a través de un comunicado dado a conocer este lunes en redes sociales.

    El examen fue realizado el pasado lunes 20 de enero en Ginebra, Suiza por el Consejo de Derechos Humanos, en el que los países hicieron 74 recomendaciones a El Salvador. En el examen, rindieron un informe las autoridades salvadoreñas a representantes de Brasil, Chequia e Indonesia.

    Irlanda reconoció las mejoras en materia de seguridad, pero reconoció que le «preocupa» que en el país ocurran «arrestos arbitrarios» en el marco del régimen de excepción, así como la denegatoria del debido proceso» para los capturados.

    El colectivo también pide a la ONU que preste especial atención a «la criminalización promovida por el Estado en contra» de los cinco miembros de Santa Marta, a quienes se les repetirá el juicio en su contra, luego que el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas, los absolviera de un supuesto homicidio en el conflicto armado.

    En ese sentido, el Colectivo indica que el gobierno salvadoreño se centró en «la narrativa de reducción de la violencia tomando como única variable la disminución de homicidios» aunque «no se reconoció las flagrantes violaciones a los derechos humanos».

    El Colectivo también aprovechó para pedirle a la Asamblea Legislativa la derogación de la nueva Ley general de minería metálica «por los impactos nocivos que representa para la vida» de los salvadoreños, así como la «contaminación del agua con metales pesados, muerte de flora y fauna», entre otros.

    Este fin de semana, la iglesia católica también oficializó que estará recolectando firmas para pedir al Primer Órgano de Estado que revierta la ley que derogó la prohibición de la minería promovida por la iglesia, movimientos sociales y universidades en El Salvador.

  • TSE despide a oficial de información pública y aún no contrata a sucesor

    TSE despide a oficial de información pública y aún no contrata a sucesor

    El organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) despidió en diciembre al oficial de información, Duque Mártir Deras Recinos.

    En el nuevo año, los magistrados aún no han nombrado a un nuevo oficial de información para dar trámite a las solicitudes de los ciudadanos.

    Tres fuentes internas del TSE confirmaron a Diario El Mundo que Deras Recinos fue despedido en diciembre, junto con otros 140 empleados de la entidad electoral. El Mundo remitió una solicitud de información el 8 de enero, pero esta aún no ha sido ni siquiera notificada de admitida.

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    Otras dos fuentes indicaron que la institución aún no ha contratado a otra persona para que asuma el cargo que dejó Deras. Según el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el oficial de información es nombrado «por el titular de la entidad», en este caso Roxana Soriano, quien fue propuesta para la presidencia del TSE por Nuevas Ideas, partido del cual fue precandidata en el pasado.

    Una fuente indicó que durante los últimos días de trabajo de Deras Recinos, se le dio la orden de no responder solicitudes. Las resoluciones de organismo colegiado no se actualizan desde abril de 2024.

    Para ser oficial de información se requiere:

    • Ser salvadoreño.
    • De reconocida honorabilidad, con experiencia en la administración pública.
    • De preferencia con titulo universitario.
    • No haber sido condenado por cometer delitos.
    • Estar solvente de pagos.
    • Tener más de 21 años de edad.
    • Acceder al cargo por concurso transparente y abierto.
    • Recibir un curso preparatorio impartido.

    El oficial de información tiene dentro de sus funciones: publicar periódicamente la información pública de la institución, realizar los trámites internos para buscar y entregar la información pública solicitada por ciudadanos, además, debe llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información., sus resultados y sus costos.

    Se podría afectar el derecho de los ciudadanos

    El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dijo a El Mundo que se debería conocer si el Tribunal tiene a alguien «ejerciendo la función de manera eventual», pues recordó que con la inicial aplicación de la LAIP, el TSE no nombró un oficial de información sino que «tenía a un funcionario ejerciendo ese rol».

    «Tiene que haber un nombramiento de la persona y una dedicación exclusiva al tema del acceso a la información sino, entonces estaría incumplimiento el Tribunal Supremo Electoral».
    Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.

    De no haber un nombramiento exclusivo para la necesidad de oficial de información, el TSE «estaría incumpliendo» la ley, según Escobar, quien advierte que esta situación podría «significar en algún momento alguna afectación al derecho de acceso a la información».

    Además, considera que el derecho a acceder a información pública de los ciudadanos que soliciten información podría verse «dificultado» si la persona que ejerce el cargo «no tiene los conocimientos sobre acceso a la información» porque «no va a realizar una buena gestión».

    A inicios de 2025, el TSE presentó como un logro de los primeros 100 días de gestión un ahorro de $151,848 en remuneraciones luego de que despidiera a casi 200 empleados, mediante renuncias voluntarias solicitadas.

  • Pago de recibos de agua no incluyen a usuarios de juntas de agua y alcaldías, advierte Foro del Agua

    Pago de recibos de agua no incluyen a usuarios de juntas de agua y alcaldías, advierte Foro del Agua

    La organización Foro del Agua considera que el beneficio del pago de las facturas de agua para los usuarios de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es «limitado» porque no tomó en cuenta a otros sectores.

    El gobierno salvadoreño anunció el 14 de enero que pagará con dinero público los recibos de agua y luz de los salvadoreños en la factura de enero, siempre y cuando no sobrepase los $30 y $80 respectivamente.

    Carlos Flores, miembro del Foro del Agua, calificó de «limitado» el beneficio del pago de facturas de agua potable por no tomar en cuenta a salvadoreños que se abastecen del vital líquido por medio de juntas de agua, empresas privadas y alcaldías. El beneficio aplica para usuarios de ANDA.

    «Una extensión en este sentido es limitada, no tiene ningún impacto más allá de que se le reduce el pago a este grupo reducido de la población salvadoreña».

    Carlos Flores, miembro del Foro del Agua.

    En ese sentido, Flores asegura que la medida «está bien» para «mejorar la imagen del presidente», pero no así para «reducir el impacto en la economía familiar» porque «es la población de las zonas rurales la que menos será beneficiada y es la que tiene menores ingresos».

    El Foro estima que son 1.7 millones de salvadoreños los que se abastecen con juntas de agua y unas 50,000 que reciben el servicio de las alcaldías. Además, de 368,000 que usan empresas privadas.

    ANDA prevé que unos 770,000 salvadoreños serán los beneficiados con el pago de recibos de agua, quienes son suministrados por la entidad autónoma, equivalentes al 95 %.