Autor: Vero Crespin

El partido político Vamos aún no ha podido solicitar la deuda política que le corresponde por los votos que obtuvo en las elecciones de 2024 debido al retraso del

Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la entrega de los documentos requeridos para acceder al financiamiento público.

La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, dijo a Diario El Mundo que aún no han solicitado ante el Ministerio de Hacienda la deuda política porque el “TSE no ha entregado documentos que son necesarios” para el trámite de solicitud.

Según un cálculo propio realizado por Diario El Mundo, Vamos recibió 165,745 votos en las elecciones legislativas y municipales, que equivalen a $322,730.78 en deuda política, según el precio de los votos designado por Hacienda para los comicios del año pasado.

“No se me ha entregado la certificación de mi credencial como Secretaria General, que es necesaria para los trámites”.
Cesia Rivas, secretaria general de Vamos.

Rivas aseguró a El Mundo que la secretaria jurídica del partido ha solicitado a la institución electoral: la credencial de secretaria general de Rivas y la certificación de registro del partido pero “hasta este momento no hay respuesta”.

Los afiliados de Vamos eligieron a Rivas como secretaria general y demás cargos de dirigencia el domingo 16 de julio de 2023, desde entonces, no se han entregado las credenciales por parte del TSE. Detalló que el partido solicitó ambos documentos en agosto y noviembre de 2024, bajo la administración de los nuevos magistrados del TSE pero tampoco han respondido su solicitud.

En noviembre de 2024, Diario El Mundo solicitó al TSE el desglose del informe de la mora jurisdiccional –los temas pendientes de revisar– que habían heredado los nuevos magistrados, entre ellas, peticiones de partidos, ciudadanos y otras, pero, en diciembre, la Secretaría General del TSE aseguró que estaba “desarrollando la búsqueda de expedientes y documentación” de temas pendientes.

La Ley de Partidos Políticos reconoce la deuda política como un derecho de los institutos políticos como un financiamiento público y es el Ministerio de Hacienda el encargado de establecer el precio del voto con base a la inflación acumulada reconocida por el Banco Central de Reserva (BCR).

La Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) pidió este viernes la nulidad de los despidos de sindicalistas a través de una docena de demandas interpuestas en el Tribunal de Servicio Civil (TSC) ubicado en el bulevar Tutunichapa, en San Salvador.

El secretario general de la UNT, Erick Zelaya, aseguró que «al parecer» el gobierno salvadoreño «se ha empeñado en destruir la organización sindical». Detalló que las demandas presentadas corresponden a sindicalistas despedidos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

«El Tribunal debe conocer y debe declarar la nulidad de estos despidos porque los compañeros directivos sindicales gozan a partir del 47 de la Constitución de fuero sindical, por lo tanto, no pueden ser despedidos».

Erick Zelaya, secretario general de la UNT.

El sindicalista aseguró que cerca de 450 empleados públicos en calidad de «sindicalistas» han sido despedidos en los últimos meses a pesar de tener fuero sindical. Calculó que las demandas deberían de ser resueltas en tres meses pero advirtió que hay procesos que tardan dos años.

«Nos negamos a entregar la institucionalidad del país», afirmó Zelaya, quien aseguró que los despidos han dificultado «la negociación de contratos colectivo» en las instituciones.

Desde junio de 2024 hasta enero de 2024, el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) ha registrado casi 6,000 empleados públicos despedidos. El presupuesto general 2025 contempla la reducción de más de 9,000 plazas en el gobierno para un gasto de $1,671,703,760.

Los salvadoreños en el exterior pagan anualmente miles de millones en impuestos al gobierno de los Estados Unidos, aseguró este viernes la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal.

Según Portal, esto destaca a los connacionales en «trabajadores honestos y cumplidores de la ley», por ello, aseveró que el gobierno salvadoreño está abogando «por medidas que reconozcan» el esfuerzo de los salvadoreños.

La funcionaria recordó que la mayoría de los compatriotas en Norteamérica trabajan en áreas de construcción, restaurantes, agricultura y hostelería, contribuyendo con $2 billones de impuestos, sumados los más de 17,000 connacionales que «son dueños de negocios».

La funcionaria aseveró en su post que los salvadoreños aportan dos «billones» de dólares, sin aclarar si se refería a millones de millones equivalentes al significado de la palabra en español o a los miles de millones equivalentes al significado de la palabra en inglés «billions».

«Nuestro Gobierno aboga por medidas que reconozcan el esfuerzo de nuestra diáspora en EE.UU., quienes aportan aproximadamente USD$2 billones al año en impuestos, destacándose como trabajadores honestos y cumplidores de la ley».

Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana.

La diplomática salvadoreña reconoció en una publicación en X que los connacionales en Estados Unidos conforman un socio estratégico para el desarrollo en El Salvador, porque contribuyen no solo con sus familias sino con inversiones «en educación, salud y actividades económicas».

Portal brindó estas declaraciones en el marco de la nueva ola de deportaciones de migrantes en Estados Unidos impulsada por el nuevo gobierno de Donald Trump. La funcionaria aseguró hace dos semanas que los salvadoreños amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) no serían candidatos a deportaciones.

Para la diplomáticas, los deportados serán los migrantes que hayan cometidos delitos. Esta semana el gobierno estadounidense anunció redadas de migrantes en sitios considerados «santuarios» como escuelas e iglesias.

Especialistas prevén que en los primeros dos años de la administración Trump, al menos 500,000 salvadoreños sean deportados desde Estados Unidos, teniendo un impacto en las remesas de entre $1,500 y $2,000 millones al año.

El presidente de la República, Nayib Bukele, defendió este miércoles la intervención de la Dirección de Obras Municipales en el hospital nacional Rosales, calificándolo como una «casa del terror».

Bukele aseguró en X que los salvadoreños que «tristemente tuvieron que utilizar ese hospital» pueden indicar que «no era posible seguir atendiendo pacientes ahí».

El mandatario salvadoreño aseguró que hay «más de 30 años de imágenes vídeos y relatos» del hospital y lo calificó como una «casa del terror». Bukele arremetió contra la oposición salvadoreña diciendo que «no hay nada más anacrónico».

El presidente retomó la publicación del usuario @RetroSivar que decía: «¡TRISTE! Así están acabando con el histórico hospital Rosales». El usuario de X eliminó la publicación luego de que fuera retomada por el mandatario.

“Los que, tristemente, tuvieron que utilizar ese hospital pueden dar fe de que no era posible seguir atendiendo pacientes ahí. Más de 30 años de imágenes, videos y relatos de esa casa del terror no me dejarán mentir”.
Nayib Bukele, presidente de la República.

La semana pasada, el ministro de Salud, Francisco Alabí, dijo que los “pabellones históricos” estaban sostenidos por “infraestructuras de soporte». «Esto es un atentado, realmente no es una situación funcional», afirmó.

El titular de Salud dijo que a esa infraestructura «no puede dársele» mantenimiento porque «no tiene soporte». «No se le puede dar mantenimiento porque no tiene soporte, está sujeta a una infraestructura de soporte», indicó durante una entrevista radiofónica.

El historiador Carlos Cañas Dinarte denunció la primera semana de enero que las «láminas históricas del hospital Rosales» que habían sido fabricadas en Bélgica estaban siendo demolidas por personal de la DOM.

El nuevo hospital Rosales aún se encuentra en construcción y aseguró que esperan su inauguración este año. «Esperamos que sea en el lapso de 2025, uno de los proyectos más esperados», dijo Alabi.

No hay nada más anacrónico que la oposición en El Salvador.

Los que, tristemente, tuvieron que utilizar ese hospital pueden dar fe de que no era posible seguir atendiendo pacientes ahí.

Más de 30 años de imágenes, videos y relatos de esa casa del terror no me dejarán mentir. https://t.co/miGvuGMgHm

— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 22, 2025

Al menos 500,000 salvadoreños con estatus irregular en Estados Unidos podrían ser deportados en los primeros dos años de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según las estimaciones personales del experto en migración y política exterior, Napoleón Campos.

Campos aseguró durante una entrevista en Telecorporación Salvadoreña que, si el presidente Trump «logra montar una logística razonable», en dos años podría retornar «de manera directa» a medio millón de salvadoreños. El período presidencial en Estados Unidos dura cuatro años.

«Yo creo que, si él logra montar una logística razonable, él estaría en capacidad de devolverle a El Salvador de manera directa aproximadamente a un medio millón de compatriotas».
Napoleón Campos, analista y experto de migración.

Campos aseguró que la caída en las remesas desde Estados Unidos a El Salvador podría andar entre los $1,500 millones y los $2,000 millones al año. Para este cálculo, Campos toma de referencia la última encuesta de la Dirección General de Estadísticas y Censos, que indicó que el promedio mensual de las remesas rondaba los $300.

El analista espera que este impacto en las remesas podría ser sentido totalmente hacia el año 2027, dependiendo del flujo de deportaciones anuales que el gobierno de Trump logré ejecutar.

Pese a sus propias proyecciones, Campos aún ve incierto el «nivel que van a alcanzar las redadas» de indocumentados. Aunque actualmente los connacionales amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) están en el proceso de reinscripción, Campos dijo la semana pasada a Diario El Mundo que el nuevo gobierno podría intentar «cancelar la extensión del TPS».

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, aseguró al semana pasada que los salvadoreños amparados al TPS «no serían elegibles» para las deportaciones masivas anunciadas desde la campaña electoral del magnate norteamericano.

Para Campos, la inmediata medida de Trump para realizar redadas en sitios «santuario» como iglesias y escuelas, responde a que «tenía que dar respuesta a su electorado» al que prometió deportaciones masivas de migrantes, puesto que en noviembre de 2026, los estadounidenses tendrán que elegir la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) emitió ayer un comunicado en el que dio a conocer que arrestarán migrantes en escuelas y colegios y aseguró que el presidente Trump «no atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden».

La mayoría de los salvadoreños aseguran que tienen una situación económica «regular» al inicio de 2025. El 49.8 % de los ciudadanos consultados dijeron que están económicamente «regular», según un estudio de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).

En ese mismo sentido, el 32.16 % dice que su economía está «buena» o «muy buena», de ellos, solo el 6.53 % dice que es «muy buena». El 1.06 % no respondió.

Por otro lado, el 16.98 % de los encuestados aseguraron que su situación económica es mala o muy mala. De los 1,225 salvadoreños encuestados presencialmente, el 13.96 % dice «es mala» su situación.

Solo las 81 láminas que contiene la IX Encuesta de Humor Social y Político denominada «Pensamiento religioso de los ciudadanos, temas de coyuntura y minería», solo una fue dedicada a la situación económica de los salvadoreños.

En octubre de 2024, un estudio de la UFG indicó que los salvadoreños afirmaban que les hacía falta $254.60 para cubrir sus necesidades. En ese momento, solo el 22.9 % de los salvadoreños dijeron que su presupuesto les permitía cubrir sus necesidades.

Para la encuesta se realizaron 1,225 entrevistas casa por casa desde el 11 hasta el 15 de enero de 2025. Además, la encuesta tiene un nivel de confianza del 95 %, según detalló Picardo.

El 55.27 % de los salvadoreños no cree que pueda haber minería sin contaminación ambiental o de agua, según la IX Encuesta de Humor Social y Político denominada «Pensamiento religioso de los ciudadanos, temas de coyuntura y minería».

El año pasado, el presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que se puede realizar «minería moderna y sostenible».

La encuesta de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) que consultó la opinión de 1,225 salvadoreños revela que el 22.12 % sí cree que se pueden evitar las consecuencias ambientales pese a la explotación minera.

Por otro lado, el 15.92 % dijo a los encuestadores que «tiene dudas» de que se pueda evitar el daño medioambiental e hídrico, mientras que solo el 6.69 % decidió no responder la interrogante.

La mayoría de quienes respondieron que no creen que haya minería sin contaminación, tienen escolaridad de bachillerato, mientras quienes sí creen que hay posibilidades de no dañar el ambiente tienen estudios de primaria.

El mismo estudio también indica que el 48.33 % de los salvadoreños consideran que El Salvador «no tiene las condiciones» para la explotación minera. De los encuestados, el 23.51 % dice que el país sí tiene las condiciones.

En ese sentido, también se les consultó a los encuestados si apoyan o no las idea del presidente Nayib Bukele de reactivar la minería: el 48.73 % dice que no la apoya y el 23.51 % dice que sí.

Según el director de Ciencias y Tecnología de la UFG, Óscar Picardo, la minería y el bitcoin son las dos iniciativas que los ciudadanos no han apoyado del presidente Bukele.

Picardo también considera que la reactivación de la minería le ha costado una baja en la calificación que los salvadoreños le otorgan al mandatario por su trabajo realizado, pues en 2025 alcanzó la nota más baja desde 2020.

Del 11 al 15 de enero, fueron entrevistados los salvadoreños y al presidente Bukele le asignaron una nota de 7.73 por su trabajo, siendo la más baja desde 2020. «Es la primera vez en seis años que sale del rango de ocho y que probablemente está muy vinculado al tema de minería», dijo Picardo.

Siete organizaciones y una universidad lanzaron este martes la «Iniciativa Causa Raíz de la migración en El Salvador» que busca combatir la migración a través de su incidencia en políticas públicas.

Las organizaciones reconocen que «se han precarizado las condiciones de trabajo».

Las organizaciones aseguran que tienen como finalidad «incidir fundamentalmente en las políticas económicas, migratorias, de derechos humanos y de desarrollo de la región» y aseveran que trabajarán para «abordar las causas profundas de la pobreza, la violencia y la corrupción que obligan a las personas a abandonar sus hogares».

La Iniciativa pretende:

• Formar líderes con conciencia crítica, analítica y con sentido de pertenencia.
• Elaborar un plan de salud.
• Promover proyectos de desarrollo comunitario.
• Vigilar el uso del dinero público.
• Velar que se respeten los derechos laborales.
• Exigir que el Ministerio de Trabajo ejerza su rol.
• Incidir en la creación de acuerdos para favorecer la migración regular.
• Oportunidades legales para favorecer la migración regular.
• Luchar por facilitar el reconocimiento del estatus de refugiado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su Observatorio Digital sobre Movilidad Humana contabiliza desde 2023, al menos 741 jornadas de sensibilización contra la migración irregular, ellas, se. han capacitado a unos 31,200 salvadoreños de todo el país.

Ante la ola masiva de deportaciones anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano prevé que anualmente al menos 14,000 salvadoreños sean deportados.

La Iniciativa «Causa Raíz» fue lanzada con el apoyo de Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa), Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), Comité de Familiares de Desaparecidos en El Salvador (Cofades), Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosos de El Salvador (JPIC Confres), Red Franciscana para Migrantes de El Salvador (RFM), Misión Cristiana Elim, Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA), y la Red Scalabriniana.

El 78.12 % de los salvadoreños se considera creyente en Dios, de ellos, la mayoría pertenecen a las iglesias cristianas evangélicas, de acuerdo a la IX Encuesta de Humor Social y Política realizada por la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador (UFG).

De los salvadoreños que se consideran creyentes, el 47.02 % pertenece a la iglesia cristiana evangélica; el otro 36.82 % es cristiano católico; mientras que, el otro 12.98 % asegura que no pertenece a ninguna denominación y solo 1.55 % dice que practica otra religión.

Asimismo, el 17.39 % de los 1,225 consultados casa por casa para la encuesta, dijeron que se consideran «muy religiosos», apenas el 2.86 % es agnóstico y solo el 1.63. % sería ateo.

Sin embargo, de los creyentes, el 38.53 % es «practicante» contrario al 27.92 % que se considera «no practicante» de la religión que dice profesar. Solo el 3.59 % dice que es muy practicante y el 13.31 % dice que tiene «responsabilidades dentro de la iglesia» aunque no se califica como «practicante».

La mayoría son predicadores

Del 13.31 % que dice tiene responsabilidades dentro de la iglesia, el 3.84 % dice que es predicador; el otro 2.78 % es misionero y el 2.04 % pertenece al coro de su respectiva iglesia. Solo el 1.55 % dice que es catequista; el 1.47 % es pastor y apenas el 0.65 % es acólito.

De los creyentes, el 39.43 % asegura que reza u ora todos los días, mientras que el 24.24 % dice que asiste a misa o al culto solo una vez a la semana. El 16.9 % dice que reza u ora «eventualmente» y el 9.8 % dice que no hace «ninguna» de las actividades. Solo el 8 % dice que asiste a misa o al culto todos los días.

De los encuestados entre el 11 al 15 de enero, solo el 46.04 % dice que alguna vez ha hecho ayuno, es decir, abstenerse completa o parcialmente de los alimentos como sacrificio espiritual; el 39.43 % dice que no ha hecho ayuno, promesas o flagelo.

El 12.49 % dice alguna vez «ha cumplido promesas» y apenas el 0.41 % asegura que alguna vez ha practicado el «cilicio o flagelo», que se refiere a usar artefactos que produzcan «una mortificación corporal».

El 48.33 % de los salvadoreños consideran que el país «no tiene las condiciones» para implementar la minería metálica. Sin embargo, más de 40 % cree que sí existe un tesoro en oro «bajo nuestros pies», revela la IX Encuesta de Humor Social y Política realizada por la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador (UFG).

La encuesta, que consultó a 1,225 salvadoreños y se realizó entre el 11 y 15 de enero, preguntó sobre la explotación minera en el país. De ellos, el 48.33 % dijo que El Salvador no tiene las condiciones para implementar la minería, contrario al 23.51 % que cree que el país sí tiene las condiciones.

El director de Ciencias y Tecnología de la UFG, Óscar Picardo, explicó en Telecorporación Salvadoreña que el estudio no repreguntó a los encuestados las razones de por qué consideran que el país no cuenta con las condiciones. «No exploramos si las condiciones se relacionan al estrés hídrico o a la alta densidad poblacional, pero la mayoría cree que el país no tiene las condiciones», afirmó.

Además, el 14.45 % de los entrevistados respondieron que el país «tiene pocas condiciones», mientras que el 1.71 % prefirió no responder la pregunta, de los encuestadores que visitaron a las familias salvadoreñas

La mayoría no apoya la minería

El estudio también consultó a los salvadoreños si apoyan «la idea del presidente Bukele de implementar la minería metálica», a lo que, el 48.73 % dijo que no la apoya y el 23.51 % dijo que sí la apoya.

Asimismo, el 19.92 % respondió que «tiene dudas» sobre si apoya o no la idea del mandatario salvadoreño y solo 7.84 % no contestó la interrogante de la encuesta, que cuenta con el 95 % de nivel de confianza, según dijo Picardo.

En ese sentido, Picardo aseguró que la implementación de la minería «es de las pocas pocas en que no lo han apoyado en lo que va de su historia política» y señaló que solo han habido dos iniciativas sin apoyo: bitcoin y minería.

Además, la encuesta señala que el 44.2 % de los salvadoreños «sí cree» en la «idea de que Dios ha puesto un tesoro de oro bajo nuestros pies», mientras que el 32.6 % respondió que no apoya la idea. Apenas el 14.7 % dice que tiene dudas sobre esa afirmación y solo el 8.5 % no respondió la interrogante.

La ley general de minería metálica fue aprobada en diciembre por la Asamblea Legislativa, a iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele. Iglesias de distintas denominaciones religiosas, movimientos ambientalistas, organizaciones y políticos opositores han rechazado la explotación minera alegando graves consecuencias en los ríos del país, además del desplazamiento de familias.