Autor: Vero Crespin

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha elaborado preliminarmente una propuesta de Plan General de Elecciones (Plagel) sin contemplar la implementación del voto electrónico para los comicios nacionales. El mecanismo electrónico de votación está siendo planificado solo para salvadoreños en el exterior.

Dos fuentes internas del Tribunal confirmaron a Diario El Mundo que el personal técnico encargado de la elaboración del Plagel no ha planificado la implementación del voto electrónico para la jornada electoral en territorio nacional del 28 de febrero de 2027.

Una de las fuentes explicó que se ha trabajado un Plagel “normal” y que posiblemente la determinación de un nuevo mecanismo de votación nacional no ocurra al interior del organismo colegiado, sino en otras instancias.

Una fuente técnica que pidió anonimato por seguridad explicó a Diario El Mundo que, en todo caso, es facultad de la Asamblea Legislativa establecer en el Código Electoral un nuevo mecanismo de votación nacional, mediante reformas que deberían tomar en cuenta opiniones técnicas del TSE.

El artículo 186 del Código Electoral establece la forma de impresión de las papeletas físicas con los sellos correspondientes; el 187 indica el procedimiento para determinar la cantidad de papeletas que deben imprimirse y ordena que las papeletas sobrantes sean destruidas.

El técnico indicó que, de implementarse el voto electrónico en El Salvador, la opción más viable es el voto presencial con urnas electrónicas, por lo que el TSE tendría que alquilar o comprar igual número de máquinas que Juntas Receptoras de Votos (JRV), de las cuales se instalaron 8,562 juntas en 2024.

Además, la Asamblea Legislativa tendría que permitir el desembolso de los fondos necesarios.

El lunes, el TSE informó que concluyó el estudio de los programas propuestos por el personal técnico en el Plagel nacional para voto en el exterior. Una fuente señaló que todavía falta que se presenten correcciones y que el organismo colegiado apruebe el documento definitivo.

Presidenta del TSE, a favor de voto electrónico nacional

La Asamblea Legislativa entrevistó en julio a los entonces aspirantes a magistrados del Tribunal. En ese momento, la ahora presidenta, Roxana Soriano, aseguró que la aplicación del voto electrónico en el territorio nacional y en el exterior era posible porque hay “bastante talento en el área de la tecnológica” y criticó que la contratación de 2024 se haya hecho con una empresa internacional que al final se llevó la plataforma “y dejan solo los archivos”, en referencia a la empresa española Indra.

Para el voto electrónico de los salvadoreños en el exterior en 2024, se presupuestaron $59,066,690 de los que se gastaron $32,012,918, dejando $27,053,772 que no se utilizaron. Es decir, se usaron más de $32 millones para la votación electrónica de 331,756 salvadoreños.

El último dato del registro electoral publicado por el TSE corresponde tal 5 de noviembre de 2023 y contenía a 6,214,399 salvadoreños habilitados para votar, 741,094 se encontraban registrados con dirección de residencia en el extranjero.

La secretaria general del Sindicato del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU), Sonia Viñerta, expuso el martes la pérdida de 20 contratos colectivos, la desarticulación de sindicatos y el despido de sindicalistas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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Durante la plenaria general de la 113 conferencia internacional de la OIT, la sindicalista aseveró que «la situación en El Salvador es grave» ya que el régimen de excepción ha sido utilizado por el gobierno salvadoreño para «reprimir a dirigentes sociales, indígenas, populares y sindicales».

Señaló que contabilizan 16 dirigentes sindicales encarcelados, cinco se mantendrían en prisión; dos sindicalistas fallecidos bajo custodia del Estado; más de 450 dirigentes sindicales despedidos; la desarticulación de más de 50 sindicatos y de juntas directivas; y la pérdida de al menos 20 contratos colectivos.

«Esta represión política y criminalización de las luchas se suma a la recientemente aprobada Ley de Agentes Extranjeros, que criminaliza el derecho de asociación y libertad de expresión».
Sonia Viñerta, secretaria general del Sindicato del USTTISDEMU.

Requirió a la OIT y otros organismos internacionales que velen «por los derechos humanos y las garantías a la vida de las dirigencias sindicales» en El Salvador, que promuevan políticas públicas que «garanticen trabajo decente, justicia social, democracia, sostenibilidad ambiental y respeto irrestricto a la libertad y autonomía sindical».

La líder sindical calificó el clima de represivo e intimidatorio y pidió que la comunidad internacional dé «respuestas firmes».

En febrero, la OIT publicó un informe en el que pidió al gobierno salvadoreño que «ponga fin inmediatamente» a la persecución, violencia, amenazas, estigmatización y agresiones contra líderes sindicales y organizaciones «legítimas» y que «adopte medidas para garantizar que tales actos no se repitan». La organización internacional pidió al gobierno que acelere el registro y la emisión de credenciales a las juntas directivas de sindicatos para que se puedan «establecer y elegir libremente» a sus representantes.

El gobierno húngaro otorgará 10 becas a diplomáticos salvadoreños como parte de un memorándum de entendimiento firmado la semana pasada entre Hungría y El Salvador, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El acuerdo fue firmado por la
ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, y el ministro de de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, Péter Szijjartó. El documento suscrito por los diplomáticos contempla el intercambio diplomático entre el Instituto «Doctor José Gustavo Guerrero» y la Academia Diplomática del país europeo.

La Cancillería salvadoreña indicó que la alianza incluye el intercambio para programas de estudio, académicos, diplomáticos, conferencias y publicaciones digitales, de libros y revistas.

«Esta propuesta nace de la necesidad de fortalecer los conocimientos de los servicios diplomáticos de ambos países», afirmó Relaciones Exteriores de El Salvador.

«Para el gobierno la cooperación constituye una manifestación de solidaridad, buscando con ello tender puentes con naciones hermanas que nos permitan el intercambio de conocimientos y la consolidación de nuestro servicio diplomático”.
Alexandra Hill Tinoco, ministra de Relaciones Exteriores.

El Salvador estaría ofreciendo a diplomáticos húngaros las maestrías en diplomacia y en movilidad humana. El ministro Szijjartó dijo, según Cancillería, que está orgulloso de que «dos países con similares realidades» hagan sentir su voz al mundo.

Los dos diplomáticos se reunieron en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y habrían resaltado como áreas de desarrollo la seguridad, innovación, intercambio comercial, tecnologías, turismo, modernización, energía renovable y la agroindustria.

Walter Márquez y Reyna Cárdenas, abogados de seis venezolanos encarcelados en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), buscarán entregar este jueves a tribunales salvadoreños las evidencias que comprobarían que sus representados no tienen vinculación con alguna banda criminal como han sido señalados públicamente por los gobiernos estadounidense y salvadoreño.

Uno de los representados por este grupo de juristas que ayer visitaron las oficinas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) es Andry José Hernández Romero, un maquillista de 31 años deportado el 16 marzo y recluido en el CECOT, megacárcel construida en 2023 ubicada en el distrito de Tecoluca del municipio de San Vicente Sur.

Márquez aseguró que esta semana formalizarán y presentarán «todas las pruebas» de que sus representados «no tienen antecedentes penales» ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, y que algunos se encontraban en el trámite para obtener asilo en la nación norteamericana. El jueves, en la Cámara de Segunda Instancia de San Vicente, presentarán un recurso de hábeas corpus y, en el Juzgado de Cuscatlán interpondrán un escrito ante el juez de vigilancia penitenciaria.

Amnistía Internacional publicó el lunes una campaña para exigir la liberación de Andry Hernández antes del 1 de julio. «Exigimos al Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos que devuelva inmediatamente a Andry y a todos los demás, garantice que puedan continuar sus procedimientos de inmigración en Estados Unidos y detenga cualquier otra expulsión. ¡Envíe su mensaje por correo electrónico ahora. Envíe una carta a Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional. Publicar en redes sociales», anunció la organización internacional en su sitio web.

Hernández huyó de Venezuela «porque temía por su vida, siendo perseguido por ser homosexual y por sus ideas políticas, llegó a Estados Unidos el año pasado buscando seguridad y su audiencia de asilo estaba programada para el 17 de marzo» pero, dos días antes de su audiencia, «Estados Unidos lo detuvo ilegalmente y lo expulsó durante la noche a CECOT, una de las prisiones más peligrosas de América».

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«Los que nosotros representamos no tienen antecedentes penales ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, y muchos de ellos están en trámite del asilo y otros no fueron deportados a Venezuela y fueron deportados a El Salvador incumpliendo la orden del juez».
Walter Márquez, abogado de seis de los venezolanos.

La abogada Reyna Cárdenas aseveró que los seis representados «jamás han estado involucrados en un hecho delictivo», no poseen antecedentes penales y no tienen vinculación con la banda «Tren de Aragua». Sostuvo que fueron relacionados con esta banda criminal «solo por unos tatuajes». «Los muchachos no tienen antecedentes penales… Podemos dar fe y con evidencia de que son personas de bien», afirmó.

Los seis venezolanos representados por los abogados son:

1. Carlos Alexis Uzcategui Vielma.
2. Edison David Quintero Chacón.
3. Widmer Josneyder Agelviz Sanguino.
4. Andry José Hernández Romero.
5. Wilmer José Vega Sandia.
6. Wladimir Vera Villaizar.

Este martes, pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que les informe sobre el estado de salud y situación procesal de sus defendidos, y a la Dirección General de Centros Penales le solicitaron que les permita visitarlos en el CECOT ubicado en Tecoluca, San Vicente.

Más de 250 venezolanos guardan prisión en El Salvador como resultado de un acuerdo suscrito con Estados Unidos, que incluye una tarifa carcelaria de $6 millones o $20 anuales por detenido. La Casa Blanca ha indicado que al menos 101 deportados fueron expulsados por el gobierno estadounidense bajo la ley migratoria Título 8. Los deportados a El Salvador han sido señalados de pertenecer al Tren de Aragua. y a la MS-13. Según CATO Institute, 50 de los extranjeros recluidos en el CECOT habían ingresado legalmente a los Estados Unidos.

Tres abogados representantes de familiares de los venezolanos encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) pidieron este martes a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que les informe sobre el estado de salud de los extranjeros y, a la Dirección de Centros Penales, que les permita visitarlos.

El abogado Walter Márquez detalló que quieren conocer el estado de salud y la situación procesal especialmente de sus seis representados. Además, exigen que sean puestos en libertad los venezolanos que no hayan cometido delitos.

«Estamos requiriendo a la Procuraduría que se informe sobre el estado de salud y también la situación procesal de ellos y que sean puestos en libertad los que no tengan ninguna responsabilidad. Ellos recibieron el planteamiento, lo van a estudiar y luego nos darán la respuesta «. Walter Márquez, abogado de seis venezolanos.

El abogado Marquez dijo que esperan que la PDDH y Centros Penales den una respuesta a sus peticiones antes de este fin de semana, pues regresarán a Venezuela. Asimismo, esperan reunirse con la procuradora, Raquel Caballero de Guevara.

Política | Walter Márquez, abogado seis venezolanos recluidos en Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), llega a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH): «Estamos requiriendo que se informe del estado de salud y la situación procesal». pic.twitter.com/zhpW6bsEKQ

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) June 10, 2025

La abogada Reyna Cárdenas aseveró que no «existe una prueba como tal» de que los venezolanos estén en el CECOT solo «los vídeos» difundidos por el gobierno salvadoreño, donde se muestran a los venezolanos siendo trasladados a la megacárcel. «En algunos de los casos puntuales no han aparecido en esos vídeos y en eso solicitamos saber su estado de salud», pues desconocen las condiciones en las que se encuentran, afirmó Cárdenas.

A finales de marzo, el bufete Grupo Ortega presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un hábeas corpus para pedir la liberación de los 238 venezolanos que fueron trasladados por el gobierno de los Estados Unidos hacia El Salvador para guardar prisión en el CECOT.

El bufete había sido contratado por el régimen venezolano de Nicolás Maduro y representaba oficialmente a 30 de los venezolanos, cuyos familiares les entregaron poderes para representarlos.

A inicios de marzo, el presidente Nayib Bukele informó que recibió 238 miembros del Tren de Aragua para recluirlos en el CECOT a cambio de una tarifa de $6 millones anuales. Entre los encarcelados se encontrarían 23 pandilleros de la MS-13. La encargada de prensa de la Casa Blanca detalló que 101 de los deportados fueron expulsados bajo la ley migratoria Título 8.

Diputadas opositoras de la Asamblea Legislativa salvadoreña han asegurado que no se siguió el proceso constitucional para que los reclusos fueran traídos a El Salvador porque el artículo 131 señala que los tratados o pactos que suscriba el Ejecutivo con otras naciones deben ser ratificados por el Órgano Legislativo y el acuerdo fue suscrito únicamente con la Presidencia.

La organización Acción Ciudadana (AC) y la representante de Vamos en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) consideran que el nuevo proceso de contratación de la empresa que desarrollará el sistema de votación electrónica y las compañías auditoras debe ser más transparente y abierto a la población, por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La formulación de los términos de referencia para la adjudicación de las empresas implementadora y auditora del voto electrónico iniciará en junio.

El coordinador del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana, Malcolm Cartagena, aseguró que el nuevo proceso de contratación debe ser «más transparente» y claro, es decir, deben establecer con precisión desde un inicio las condiciones de la contratación. Calificó de «atropellado» el proceso de 2024 cuando varias empresas retiraron sus ofertas de servicios como «muestra de su descontento» porque las autoridades aceptaron adendas a las ofertas y otras irregularidades.

«Esto no debería de ocurrir en esta ocasión, sino que se debería de tener claridad desde el inicio para todos de las reglas, de qué es lo que quiere o requiere, mejor dicho, el Tribunal de cara al voto desde el exterior».
Malcolm Cartagena, coordinador del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana.

Ademas, el técnico de la AC señaló que, hasta el momento «no se conocen los resultados de las auditorías» que se ejecutaron al sistema de votación, al registro y al escrutinio de voto electrónico de 2024. «Eso no debería ser el caso, puesto que son las que permiten mejorar», consideró.

El índice de información del TSE indica que los informes de auditoría a las elecciones 2024 están en reserva por siete años.

Cartagena sugiere que se den a conocer los resultados de las auditorías para formular los términos de referencia de las contrataciones, tomando en cuenta lo que se debe corregir en este nuevo proceso electoral.

Por su parte, la directora ante la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) por Vamos, Wendy Alfaro, dijo a El Mundo que el Tribunal debe «actuar con verdadera apertura» para garantizar la transparencia «en todas las etapas del proceso electoral» especialmente en el proceso de contratación.

» La transparencia no puede ser una promesa, debe ser una práctica permanente y tal parece que quieren tener de lejos a la Junta de Vigilancia, porque no nos hacen parte de estos procesos a pesar que así lo establece la ley».
Wendy Alfaro, directora ante la Junta de Vigilancia Electoral por Vamos.

Alfaro considera que la institución electoral debe publicar los términos de referencia para las contrataciones, abrirlos a consulta, establecer principios técnicos claros y verificables, y permitir acompañamiento ciudadanos y técnico en todo el proceso. Considera que solo así se garantizará «la legitimidad y confianza en los resultados».

La representante partidaria aseguró que, si bien el Código Electoral establece que la Junta tiene «pleno acceso a las actividades» de fiscalización electoral, esto «en la mayoría de ocasiones no ha sido así». Instó a los magistrados a «apegarse al cumplimiento» de la normativa para permitirles vigilar todo el proceso electoral.

Sugieren que sistema y equipo le quede al TSE

El coordinador político de AC, Malcolm Cartagena, considera que sería bueno que el Tribunal avance en el proceso de contratación asegurando que el sistema implementado para el voto exterior sea de su propiedad, al igual que las máquinas de votación electrónica presencial para hacerlo «autosostenible».

En 2024, el Tribunal pagó $2.6 millones a la empresa española Indra por el alquiler de las máquinas de votación. Al final el proceso, la institución regresó el equipo técnico a la empresa. Cartagena dijo que fuera «formidable» que el TSE se quedara con las soluciones tecnológicas, aunque advierte que «los costos se incrementarían».

Un 2.6 % de los fondos que ejecutó el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en El Salvador fueron destinados a programas de gobernabilidad, estado de derecho y participación ciudadana en el año 2024, según el informe de anual de resultados.

El sistema de la ONU indicó que ejecutó $104.3 millones durante 2024 para 153 proyectos y programas. De ese monto, $2.7 millones fueron destinados para ocho programas de «gobernabilidad democrática, estado de derecho, participación política y cívica inclusiva, prevención y combate de la corrupción, transparencia y rendición de cuentas».

Las restantes áreas de trabajo en donde la ONU destinó fondos feron: protección y defensa de derechos humanos ($2.1 millones); mecanismos y espacios de participación cívicos, políticos y electorales ($383,500); gestión de políticas públicas por resultados ($187,000) y prevención, combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas ($10,100).

El informe señala que al menos 238 miembros de grupos comunitarios han sido capacitados sobre mecanismos de participación cívica y política.

Entre los logros mencionados por la organización internacional está el diseño de ocho normativas y herramientas de protección de derechos humanos, y tres espacios de participación cívica y política en los que se integraron grupos en vulnerabilidad.

Fondos destinados por grupos poblacionales:

• Mujeres y niñas: $804,200.
• Jóvenes: $563,500.
• Desplazados internamente: $397,600.
• Personas LGTBI: $216,600.
• Refugiados y solicitantes de asilo: $216,600.
• Otros grupos: $507,100.

Los fondos ejecutados provienen de cooperantes como países aliados, organizaciones y empresas privadas.

El mayor donante fue el gobierno de los Estados Unidos ,con $51 millones; Fondo verde del clima, con $9 millones; multidonantes de Acnur regional, $7.4 millones; el gobierno salvadoreño desembolsó $4.7 millones, entre otros.

Para este nuevo año, el equipo país de la ONU dice que trabajará en acciones que fortalezcan «las capacidades institucionales, promuevan los derechos humanos» y aborden desafíos estructurales. Prometieron intensificar su acompañamiento en «la transformación económica del país».

La Comisión que renegocia el contrato de arrendamiento del Mercado Cuscatlu00e1n desde 2024 no ha brindado informe al concejo sobre cómo avanza la negociación, mientras que la empresa encargada del arrendamiento ya puso en alquiler las instalaciones para empresas de call center.

Miembros del concejo aún esperan que se rinda un informe en los próximos días.

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Dos regidores del concejo municipal de San Salvador Centro afirmaron a Diario El Mundo que la comisión encargada de renegociar el contratado de alquiler no han rendido ningún informe en las sesiones de reunión. Una fuente indicó que la comisión fue creada en la reunión de trabajo del 8 de agosto de 2024.

La sindicatura de la comuna indicó en esa sesión que la comisión tendría como objetivo «la renegociación del contrato de arrendamiento y promesa de venta que recae sobre el inmueble en el cual se encuentra ubicado el Bazar Cuscatlu00e1n».

La comisión es integrada por seis miembros:

• Carlos Ernesto Palacios Castro, director de Finanzas.
• Beatriz Leonor Flamenco. de Cañas, síndica municipal.
• Michelle Alejandra Castro Amaya, directora de Desarrollo Municipal.
• Juliu00e1n Seledonio Mendoza, gerente legal.
• Ricardo Alfredo Su00e1nchez Orellana, administrador general de Mercados.
• Amado Santos Cartagena Alas, administrador del Bazar Cuscatlu00e1n.

Otra fuente indicó que el anuncio del alquiler de las instalaciones es «una medida de presión que hizo el dueño para agilizar el pago de la deuda o la entrega del inmueble».

Por otro lado, la concejal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Liliana Andrade, dijo en sus redes sociales que esperan un próximo informe de la comisión.

La empresa Desarrollo Universal S.A. de C.V. publicó esta semana en medios de comunicación que ponían a disposición las instalaciones del «exmercado Cuscatlu00e1n» para oficinas de empresas de call center. Ofrece a las compañías que ubiquen hasta 5,000 empleados y 250 vehículos.

En 2016, la alcaldía de San Salvador dirigida por Nayib Bukele negoció que el contrato de alquiler del mercado Cuscatlu00e1n se firmara por 25 años con una tarifa de alquiler de $96,050. Dos años después, el inmueble fue puesto en alquiler sin previa notificación, por lo que la alcaldía renegoció con la empresa y se acordó reducir el plazo a 23 años y la tarifa se fijó en $67,000.

Luego, la empresa ofreció una nueva negociación. Así, el plazo de arrendamiento se redujo a seis años y la tarifa se estableció en los $67,500 mu00e1s IVA. Se acordó que el precio aumentaría 5 % cada tres años.

Un año después de iniciado el nuevo plazo, en octubre de 2020, el entonces alcalde Ernesto Muyshondt anunció que la alcaldía había decidido dejar de pagar el alquiler del mercado tomando en cuenta el «sobrecosto» y dijo que la Corte de Cuentas (CCR) les había indicado que el mu00e1ximo a pagar era $46,000.

La Corte de Cuentas realizó 10 reparos por responsabilidad patrimonial de $3 millones y responsabilidades administrativas contra Bukele y 17 funcionarios que dirigían la comuna. La Cu00e1mara Sexta de Primera Instancia de la CCR concluyó que existía un sobrecosto del 3,479 % en el arrendamiento del mercado en el plazo de 25 años.