Autor: Vero Crespin

Los salvadoreños que se encuentran amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) no serían «elegibles para las deportaciones» masivas que ha anunciado el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró la viceministra de Diálogo y Movilidad Humana, Cindy Portal.

Portal aseguró en Canal 21 que el presidente Trump, al hablar de deportaciones masivas, se refiere a las expulsiones de «aquellos malos residentes» que «llegan a incumplir las leyes o a irrumpir el orden social y la paz nacional».

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Aunque, según una entrevista ofrecida por el político norteamericano a la NBC News, la ola de deportaciones iniciará con los criminales convictos pero se extenderá a otros sectores paulatinamente.

«Si estas personas gozan de un estatus de protección, estas personas no son elegibles para deportaciones porque están bajo un estatus de protección».
Cindy Portal, viceministra de Diálogo y Movilidad Humana.

«Estamos empezando con los criminales y tenemos que hacerlo. Y luego empezaremos con los demás y veremos cómo va», dijo el magnate en la entrevista.

Trump aseguró en esa entrevista que, en el caso de las familias con estatus migratorios mixtos –unos miembros legales y otros ilegales– al no querer separar a las familias, tendrá «que enviarlos a todos de regreso» a sus países de origen.

Sin embargo, la viceministra aseguró que están «abogando desde siempre» para obtener una «solución migratoria integral, justa pero sobre todo permanente».

Por ello, han sostenido reuniones «de alto nivel» para negociar posibles medidas para los salvadoreños con estatus migratorio irregular en Estados Unidos.

Inicialmente, los salvadoreños beneficiarios del TPS eran cerca de 234,000; según una presentación de Diálogo Interamericano son 180,375.

El Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano prevé al menos 14,000 salvadoreños deportados anualmente durante el gobierno de Trump.

Al menos 30 organizaciones sociales y religiosas insistieron este miércoles al gobierno salvadoreño en la derogatoria de la nueva Ley general de minería metálica porque consideran es la única forma de evitar «consecuencias ambientales, sociales y económicas irreversibles».

Guadalupe Cortés, obispa de la iglesia luterana, leyó el comunicado de las organizaciones en el que lamentan que el gobierno y la Asamblea Legislativa «no hayan escuchado el clamor de la gran mayoría de la población que rechaza la minería metálica e instaron a los salvadoreños a «la resistencia ciudadana y popular» para mantenerse en contra de la nueva ley.

«Nos sumamos a las múltiples llamadas a revertir esta ley, consideramos que las autoridades competentes todavía tienen en sus manos la posibilidad de evitar una catástrofe nacional de graves proporciones y de consecuencias ambientales, sociales y económicas irreversibles». Guadalupe Cortés, obispa de la iglesia luterana.

Cortés recordó que, según publicaciones de medios de comunicación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) «ha admitido que no cuenta con ningún estudio técnico que valide» la reactivación de la explotación minera en el territorio nacional.

Las organizaciones reconocieron y «abrazaron» el acompañamiento de la iglesia católica y demás sectores «en la lucha de las comunidades» amenazadas que se encuentran situadas en zonas «de potencial minero».

Peter Nataren, de Ades Santa Marta, señaló que toda empresa que realice explotación minera debe tomar en cuenta «los riesgos de cualquier conflicto social con las comunidades, debe de pensarlo».

«Este gobierno no va a ser eterno, el oro no se saca en meses, son procesos de años, nadie garantiza que Bukele va a estar en los próximos 20 años todavía gobernando, entonces, las empresas deben pensar lo que van a hacer».
Peter Nataren, de Ades Santa Marta.

Por su parte, el obispo de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador, David Alvarado, aseveró que la minería «es muerte para el pueblo salvadoreño» tomando en cuenta que «todas las cuencas hidrológicas de este país van a dar» al río Lempa.

Alvarado advirtió no solo la muerte del medio ambiente por las consecuencias de la contaminación minera sino de fauna, flora y de vidas humanas. «Nos unimos a decir ‘no a la minería’, la vida es más importante», afirmó.

En la sesión plenaria de ayer, la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro, pidió la derogación de la ley minera vigente desde el 7 de enero, pero su petición obtuvo solo tres votos de la oposición.

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo anoche en una conferencia de prensa que «los ríos de El Salvador no están contaminados por la minería» sino que estarían contaminados «por otra cosa».

Sin embargo, un estudio de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) indica que desde 1870 hubo explotación minera en El Salvador hasta mediados del siglo XX en la mina de San Sebastián en La Unión. En 2017 se aprobó una prohibición a la minería metálica.

Solo el 58 % de los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) realizó su proceso de reinscripción al programa durante el último proceso de 2023, indicó el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, aseguró este miércoles durante una entrevista en Diálogo 21 que, de los 234,000 beneficiarios, solo 137,000 habían cumplido con su registro «en la reinscripción anterior».

La funcionaria atribuyó la falta de 97,000 salvadoreños para su reinscripción por temas de «desconocimiento» y porque pensaron que el proceso «era automático», por lo que explicó que la reinscripción es un trámite personal que los connacionales deben cumplir cada vez que el gobierno estadounidense decide habilitarlo.

«Por favor, no dejemos esto a última hora, se trata de su seguridad, se trata de su estabilidad pero también se trata de la permanencia en Estados Unidos».
Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana.

A finales de agosto de 2023, la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (Asosal) externó su preocupación por la baja afluencia de connacionales para completar su reinscripción y aseguró que, en ese momento, el 70 % de las personas que atendían cada año no habían completado el proceso.

La viceministra explicó que, si algún salvadoreño olvidó reinscribirse en el proceso anterior y desea completar el trámite en el nuevo proceso de este año, debe completar un proceso diferente con asesoría de Cancillería.

Algunos de los documentos a presentar si olvidó reinscribirse son:

• Informar y demostrar que ha residido en Estados Unidos.
• Constancia de no haber cometido faltas durante su permanencia en Estados Unidos.
• Escribir una carta de perdón.

Para atender estos casos y dudas sobre el proceso, la Embajada de El Salvador en Estados Unidos con sede en Washington, tendrá disponibles asesorías con un abogado experto en temas de TPS.

Los connacionales pueden consultar sus dudas en el consulado virtual al 1-888-301-1130 o al (503) 7070-1071. Todas las asesorías brindadas por Cancillería son gratuitas, indicaron las autoridades.

La ampliación del TPS inicia el 10 de marzo de 2025 y finalizará el 9 de septiembre de 2026. Para beneficiarse de este programa, los salvadoreños deben reinscribirse a partir de este 17 de enero. La reinscripción estará habilitada por 60 días.

Las emisiones de Documentos Únicos de Identidad (duis) en el exterior cayeron un 28 % en el último año, de acuerdo con datos de la Dirección General del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El sitio web del Observatorio Digital sobre Movilidad Humana de Cancillería muestra que, durante 2024, un total 127,616 connacionales tramitaron su documento de identidad en las representaciones consulares salvadoreñas.

De enero a diciembre, el mes con más emisiones fue enero, con 13,511; seguido de julio, con 11,770 documentos; noviembre, con 11,756; y febrero, con 11,671. Los demás meses no superan las 11,000 emisiones.

Sin embargo, durante 2023 se emitieron un total de 177,243 documentos frente a los 127,616 en 2024, lo cual, representa una disminución del 28 % entre los dos años.

Contrario a 2024, durante el 2023, el mes con más emisiones de duis fue octubre, con 22,599 documentos, según el registro de Cancillería. Le siguió noviembre, con 20,139 emisiones.

La disminución en las emisiones de duis coincide con el cierre del registro electoral para los comicios de 2024. El registro para el voto en el exterior se realizó el 5 de noviembre.

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En 2022, Cancillería reportó la emisión de 175,038 duis; por lo que, en 2023, se registró un aumento del 1 % en las emisiones de duis, con los 177,243 documentos entregados a los connacionales.

La "Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero" establece que los salvadoreños con DUI con dirección en el exterior pueden emitir el sufragio por la modalidad de voto por internet.

El último reporte del registro electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconocía a 741,094 salvadoreños con duis con dirección en el exterior hasta el 5 de noviembre de 2023. El trámite de duis en el exterior tiene un costo de $35 y para salvadoreños en el territorio nacional $10.31. El documento se puede tramitar en jornadas del RNPN en el exterior o en sedes consulares.

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La auditoría forense que se realizará a los últimos 20 años del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) iniciará con la fiscalización del período del actual presidente de Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Carlos García Saade, anunció él mismo este martes.

Durante una entrevista en radio YSKL, el

presidente del Coena, Carlos García Saade, dijo que la auditoría forense iniciará fiscalizando su período en el instituto político porque no pueden pedir transparencia a anteriores dirigencias, «si no comenzamos por nosotros mismos».

García Saade señaló que la auditoría iniciaría «en unos días» aunque reconoció que aún están «cotizando» con algunas empresas y explicó que la auditoría externa al partido se contrató desde 2023, pero la nueva fiscalización estará orientada a verificar los gastos efectuados por el partido.

Además, indicó que la auditoría financiera externa se ejecuta cada mes para «transparentar los gastos de la actual renovación».

«Como renovación de Arena vamos a iniciar el proceso de auditoría forense, iniciando por nuestro periodo porque no podríamos nosotros pedir transparencia para atrás si no comenzamos por nosotros mismos».

Carlos García Saade, presidente del Coena.

El dirigente del partido tricolor también criticó por qué «tanta gente ha saltado ante el anuncio de la auditoría». «¿Por qué se han molestado si lo que pedimos es transparencia?», cuestionó, refiriéndose a declaraciones de la diputada Marcela Villatoro, en las que

pedía que también se auditara la dirigencia actual del partido.

La semana pasada, el concejal de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, aseveró que en Arena hay

«amenazas de expulsión» contra los «pocos funcionarios públicos» que tiene el partido «por observar y opinar».

Al respecto, García Saade dijo sobre Nóchez que se debe «preguntar a Alejandro a qué se refiere» porque no ha «recibido ningún tipo de postura ni de iniciativa por parte de él».

García Saade indicó que, al concluir la auditoría a su período, van «a ir comenzando a ver hacia atrás». Reiteró su descontento con una deuda de $7 millones que dejaron las administraciones pasadas y el hallazgo dentro de esos $7 millones de «deudas ficticias».

Durante 10 años,

el partido habría recibido más de $70 millones en financiamiento, según un informe de Acción Ciudadana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reinauguró el lunes sus oficinas en Santa Ana para realizar trámites de auténticas y apostillas luego de que las instalaciones permanecieran cerradas para su remodelación.

La ministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, aseguró en sus redes sociales que esperan atender al menos a 1.4 millones de salvadoreños residentes en la zona occidental de país con trámites como registro familiar y atención a personas en movilidad.

«Hoy reinauguramos la Oficina Regional de Cancillería en Santa Ana, un espacio estratégico que beneficiará a más de 1.4 millones de salvadoreños en la zona occidental del país».
Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana.

Portal aseveró que los beneficiarios podrán acceder a servicios «modernos y de calidad». La oficina occidental de la Cancillería salvadoreña está ubicada sobre la calle Libertad, en la intersección entre la 9a. y 11a. avenida Norte en las instalaciones de Gobernación en Santa Ana.

Los empleados de Cancillería atenderán a los salvadoreños de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Al evento de reinauguración, asistió el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, y el presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco.

|| Hoy reinauguramos la Oficina Regional de @cancilleriasv en Santa Ana, un espacio estratégico que beneficiará a más de 1.4 millones de salvadoreños en la zona occidental del país, con servicios modernos y una atención de calidad. pic.twitter.com/KnGiX4t3BH

— Cindy Mariella Portal (@cindyportal) January 13, 2025

Al menos 178,870 salvadoreños han sido depurados del registro electoral desde enero de 2020 hasta abril de 2024, de acuerdo con los reportes de inscripciones y exclusiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El artículo 21 del Código Electoral establece que deben ser excluidos del registro electoral: ciudadanos fallecidos, los declarados muertos presuntos, los que hayan sido declarados como inhabilitados, inscripciones repetidas o fraudulentas.

La normativa también indica que el Tribunal debe llevar una lista de las inscripciones y exclusiones de ciudadanos del registro, la cual debe ser publicada “sin expresión de causa” cada seis meses.

El más reciente informe publicado tiene nueve meses de haber sido emitido por la autoridad electoral, que actualmente es dirigida por Roxana Soriano, propuesta por Nuevas Ideas y quien buscó una candidatura legislativa por ese partido en 2020.

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Más de 600,000 inscripciones

Por otro lado, la institución electoral, en ese mismo período, ha realizado 603,191 incorporaciones de salvadoreños al registro electoral, que sirve como base para la elaboración del padrón para cada comicio.

Los salvadoreños son incorporados al registro cuando cumplen 18 años o cuando recobran sus derechos políticos, luego de cumplir una condena por haber cometido algún delito.

En total, el registro ha sufrido 782,061 modificaciones entre inscripciones y exclusiones en los últimos cuatro años, según consta en los registros del TSE divulgados en su sitio web.

El último dato brindado por la autoridad electoral, señala que hasta el 5 de noviembre de 2023 habían 6,214,399 salvadoreños inscritos, entre connacionales en territorio nacional y en el extranjero.

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Decenas de personas pertenecientes a organizaciones de sociedad civil marcharon este domingo desde el Parque Cuscatlán hacia la Plaza Morazán, en el Centro Histórico para mostrar su rechazo contra la minería metálica en El Salvador y para pedir la liberación de inocentes capturados durante el régimen de excepción.

En el marco de la conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) exigió al gobierno la no aplicación de la minería en El Salvador, aunque la nueva ley ya fue sancionada y publicada en el Diario Oficial. Unas 200 personas participaron en la manifestación.

En ese sentido, el presidente de Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta), Ricardo Navarro, indicó que con la explotación minera «va a haber que desplazar miles de personas o habrá que deforestar hectáreas de terreno».

«(Bukele) tendrá que tomar la decisión, o le da agua a la industria del oro o le da agua a medio millón de personas y agua que va contaminar la industria del oro, que la va a regresar después y va a terminar en el río Lempa del cual dependemos más de 2 millones de personas».

Ricardo Navarro, presidente de Cesta.

Navarro exhortó al mandatario salvadoreño «a reflexionar» sobre las consecuencias que negativas que traería al país la explotación minera.

Por otro lado, Ivania Cruz, miembro de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidech), aseguró que los cuerpos de seguridad están jugando un rol «represivo» como en años anteriores. Cruz aseguró luego de 33 años de los Acuerdos de Paz hay «un retroceso total».

«Denunciamos como Unidech la violación de derechos humanos en todos sus contextos. En las comunidades con amenaza de desalojo, en los despidos injustificados, en la persecución política, en las víctimas del régimen de excepción y ahora con esta nueva ley, de no a la minería tenemos después de 33 años un retroceso total».

Ivania Cruz, miembro de Unidech.

Cruz también hizo un llamado a la comunidad internacional «a defender esa conquista de los instrumentos internacionales que El Salvador ha ratificado» y aseguró que no quieren «más delitos de lesa humanidad y las muertes» en el marco del régimen de excepción.

Organizaciones también pidieron la liberación de José Santos Melara, directivo de la Alianza El Salvador en Paz, quien fue capturado en junio. Además, familiares pidieron la liberación de inocentes capturados en el marco del Régimen de Excepción.

Los asistentes portaban carteles en rechazo a los despidos de empleados públicos por el recorte de plazas en instituciones del gobierno, así como mostraron su descontento por la diminución de presupuesto en ramas de educación y salud.