Autor: Vero Crespin

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) sancionó, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2024, a 15 empleados públicos por cometer infracciones éticas y les impuso multas que superan los $17,000.

Los 15 sancionados fueron multados por la institución por transgredir las normativas de la Ley de Ética Gubernamental (LEY). La primera sanción fue impuesta el 25 de enero que ascendía a $304.17, informó el TEG a Diario El Mundo a través de una solicitud de información pública.

Las multas impuestas van desde los $304.17 hasta los $7,178.34, esta última impuesta a un empleado del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) por utilizar bienes de la institución para otras actividades y por excusarse de intervenir en procesos que le suponían un conflicto de interés.

Los sancionados fueron condenados por las siguientes infracciones éticas:

• Utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados.
• Excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales familiares tengan algún conflicto de interés.
• Realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo, salvo las permitidas por la ley.
• Percibir más de una remuneración proveniente del presupuesto del Estado, cuando las labores deben ejercerse en el mismo horario, excepto las que expresamente permita el ordenamiento jurídico.
• Aceptar o mantener un empleo, relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado, que menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de interés en el desempeño de su función pública.
• Exigir o solicitar a los subordinados que empleen el tiempo ordinario de labores para que realicen actividades que no sean las que se les requiera para el cumplimiento de los fines institucionales.
• Nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, parientes, excepto los casos permitidos por la ley.

De las 15 personas sancionadas, tres fueron denunciadas; y otras 12 fueron investigados por avisos interpuestos por ciudadanos, ninguno por oficio, es decir, por iniciativa de la institución. La última sanción se registró en octubre.

Los sancionados proceden de las instituciones:

• Ministerio de Educación.
• Corte Suprema de Justicia (CSJ).
• Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
• Hospital Nacional de El Salvador.
• Centro Nacional de Registros.
• Consejo Superior de Salud Pública.
• Fondo Social para la Vivienda.
• Universidad de El Salvador.
• Alcaldía Municipal de Cojutepeque.
• Ministerio de Economía.
• Alcaldía de San Juan Opico.

Las 15 sanciones impuestas suman $17,970.01, monto del cual solo $3,674.17 ha sido cancelado, es decir, que están pendientes de pago $14,295.84. El empleado del Ministerio de Educación, con la mayor multa, sigue pendiente pago.

Las personas multadas tienen 60 días para pagar las multas desde que son notificados de la resolución del TEG y pueden pedir pagar la multa por cuotas periódicas. En caso de no cancelar la multa, el TEG debe remitir el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con el artículo 46 de la LEG.

Para declarar culpable a un empleado público por transgredir alguna norma ética, el TEG realiza una investigación inicial, permite presentación de alegato al investigado y solicita información a instituciones del gobierno para determinar la culpabilidad del trabajador.

El concejo municipal de Santa Ana Oeste acordó en sesión del 29 de noviembre las tarifas para la comercialización de agua embotellada marca «SAO». Los precios están vigentes desde el 20 de diciembre.

En el artículo 10 de la «Ordenanza para la creación de la empresa municipal de agua embotellada» publicada en el Diario Oficial del 10 de diciembre, se establece que el garrafón de cinco litros costará $1.75 y la botella de 500 mililitros costará $0.35.

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El alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, aseguró en X que el agua que distribuirá la empresa es «agua de manantial», por ello, «tiene varios nutrientes» aunque no detalló cuáles.

«Esta por ser agua de manantial tienen varios nutrientes (después de las respectivas pruebas de laboratorio) a diferencia de las que han andado circulando en el mercado que son en su mayoría del chorro».
Jorge Castro. Alcalde de Santa Ana Oeste.

En el Diario Oficial del 25 de noviembre se divulgó oficialmente la creación de la empresa con la publicación de los estatutos, que indicaban que el precio de las botellas de agua sería establecido por el concejo.

La empresa tiene como domicilio el distrito de Chalchuapa y tiene según estatutos «autonomía técnica, administrativa y financiera» para comercializar el producto en todo el territorio nacional. La empresa es administrada por la Junta Directiva, que estará vigente por dos años y ha sido nombrada por el concejo municipal. La Junta deberá rendir informes contables cada tres meses.

El concejo le cedió a la junta la facultad de suscribir contratos con entidades públicas, privadas y personas naturales que ejerzan actividades «relacionadas con la venta de agua embotellada».

Al respecto, sin dar más detalles, el alcalde Castro explicó a usuarios de X que la empresa «casi es netamente municipal«. Indicó que la ley permite a las alcaldías «tener empresas mercantiles y es totalmente legal comercializar productos por medio de ellas».

La Junta Directiva nombrada por el concejo es:

• Rodolfo Rodríguez Martínez (presidente).
• José Arturo Batarse Orante (vicepresidente).
• Elías Cabrera Velásquez (secretario).
• Néstor Edilberto Castro Salas (Tesorero).
• Carlos José Méndez Henríquez (primer vocal).
• Mirna Alcira Peña de Linares (segunda vocal).

El Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de las los Pueblos Ancestrales (Milpa) aseguró que la nueva Ley General de Minería Metálica traerá consigo “conflictos por la tenencia de las tierras” y prevén afectaciones agrícolas.

Ángel Flores, miembro del sindicato de trabajadores de Conamype y del movimiento Milpa, aseguró que “esta ley se traduce en conflictos por la tenencia de la tierra” de los habitantes de las zonas potencialmente explotadas, especialmente en la zona norte del país.

Flores explicó que la disputa por los terrenos traerá también afectaciones en la producción agrícola, no solo por la falta de los mismos sino porque considera que “la minería vendría a dejar obsoletos los territorios”.

“Estaría aniquilando la biodiversidad e inclusive los elementos fundamentales para la producción campesina e indígena del país”.

Ángel Flores, miembro del sindicato de trabajadores de Conamype y del movimiento Milpa.

Por estas razones, el sindicalista advierte “una reducción en la producción de alimentos”, sumándose los problemas de salud que causaría la contaminación de la minería por el uso de químicos para la extracción del oro.

Esto ocasionaría que “el país pierda la capacidad de producir sus propios alimentos”, recurriendo cada vez más a la importación de alimentos, que cree “beneficia a ciertos grupos”.

La ley de minería metálica fue aprobada el lunes 23 de diciembre por la Asamblea Legislativa con los votos de Nuevas Ideas y sus partidos aliados. La misma ley derogó la prohibición de la minería metálica que estuvo vigente en El Salvador desde 2017.

Las autoridades de la Dirección de Energías, Hidrocarburos y minas ha prometido que uno de los beneficios de la nueva ley será “la limpieza de los ríos del país”, aunque sectores ambientales critican que los gobiernos salvadoreños no cumplieron con el cierre total de minas explotadas en el pasado, que han seguido contaminando el agua del río San Sebastián, en La Unión.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) recordó este viernes a los salvadoreños que solo cuatro sedes están habilitadas para realizar trámites migratorios con motivo de las fiestas de fin de año.

A partir de mañana, todas las sedes estarán cerradas y vuelven a sus labores oficialmente hasta enero de 2025. La institución había ampliado sus horarios de atenciones en fechas “extraordinarias”, según informó a través de sus redes sociales.

Las sedes habilitadas hasta este viernes son:

• Sucursal Cascadas.
• Sucursal Santa Ana.
• Sucursal San Miguel.
• Sucursal Usulután.

Las sucursales de Santa Ana, San Miguel y Usulután han atendido este jueves 26 y viernes 27 de diciembre en horario de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. A excepción de sucursal Cascadas que abre sus puertas a las 8 de la mañana y cierra sus instalaciones a las 4 de la tarde.

No obstante, si no logra realizar sus trámites o tiene dudas sobre algún tema migratorio, puede llamar al 2535-6212 para comunicarse con un técnico de la institución.

La institución a recordado a los viajeros que entran o salen de las fronteras salvadoreñas vía terrestre, que los trámites migratorios en fronteras “son gratuitos y no requieren intermediarios”.

¿Necesitas realizar trámites migratorios durante estas vacaciones de fin de año?

Este viernes 27 de diciembre, aprovecha el último día de horario extraordinario en 4 de nuestras sucursales: Cascadas, Santa Ana, San Miguel y Usulután. pic.twitter.com/8gOUmHzRDD

— Migración y Extranjería El Salvador (@migracion_sv) December 27, 2024