El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) sancionó, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2024, a 15 empleados públicos por cometer infracciones éticas y les impuso multas que superan los $17,000.
Los 15 sancionados fueron multados por la institución por transgredir las normativas de la Ley de Ética Gubernamental (LEY). La primera sanción fue impuesta el 25 de enero que ascendía a $304.17, informó el TEG a Diario El Mundo a través de una solicitud de información pública.
Las multas impuestas van desde los $304.17 hasta los $7,178.34, esta última impuesta a un empleado del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) por utilizar bienes de la institución para otras actividades y por excusarse de intervenir en procesos que le suponían un conflicto de interés.
Los sancionados fueron condenados por las siguientes infracciones éticas:
- Utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados.
- Excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales familiares tengan algún conflicto de interés.
- Realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo, salvo las permitidas por la ley.
- Percibir más de una remuneración proveniente del presupuesto del Estado, cuando las labores deben ejercerse en el mismo horario, excepto las que expresamente permita el ordenamiento jurídico.
- Aceptar o mantener un empleo, relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado, que menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de interés en el desempeño de su función pública.
- Exigir o solicitar a los subordinados que empleen el tiempo ordinario de labores para que realicen actividades que no sean las que se les requiera para el cumplimiento de los fines institucionales.
- Nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, parientes, excepto los casos permitidos por la ley.
De las 15 personas sancionadas, tres fueron denunciadas; y otras 12 fueron investigados por avisos interpuestos por ciudadanos, ninguno por oficio, es decir, por iniciativa de la institución. La última sanción se registró en octubre.
Los sancionados proceden de las instituciones:
- Ministerio de Educación.
- Corte Suprema de Justicia (CSJ).
- Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
- Hospital Nacional de El Salvador.
- Centro Nacional de Registros.
- Consejo Superior de Salud Pública.
- Fondo Social para la Vivienda.
- Universidad de El Salvador.
- Alcaldía Municipal de Cojutepeque.
- Ministerio de Economía.
- Alcaldía de San Juan Opico.
Las 15 sanciones impuestas suman $17,970.01, monto del cual solo $3,674.17 ha sido cancelado, es decir, que están pendientes de pago $14,295.84. El empleado del Ministerio de Educación, con la mayor multa, sigue pendiente pago.
Las personas multadas tienen 60 días para pagar las multas desde que son notificados de la resolución del TEG y pueden pedir pagar la multa por cuotas periódicas. En caso de no cancelar la multa, el TEG debe remitir el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con el artículo 46 de la LEG.
Para declarar culpable a un empleado público por transgredir alguna norma ética, el TEG realiza una investigación inicial, permite presentación de alegato al investigado y solicita información a instituciones del gobierno para determinar la culpabilidad del trabajador.
