Redacción DEM ADMIN

Autor: Vero Crespin

  • Magistrados del TSE inspeccionan material electoral por auditoría de Corte de Cuentas

    Magistrados del TSE inspeccionan material electoral por auditoría de Corte de Cuentas

    Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inspeccionaron el martes el material electoral de los pasados comicios del 4 de febrero y 3 de marzo de 2024, los cuales, se mantienen en resguardo en la Dirección de Organización Electoral (TSE) como parte del seguimiento al examen especial que la Corte de Cuentas de la República (CCR) está ejecutando.

    La institución informó que esta inspección forma parte del seguimiento al examen especial que la Corte está ejecutando desde octubre de 2024, cuando la magistrada presidenta, Roxana Soriano, solicitó una auditoría. La CCR reportó en octubre equipo y documentación «en total descuido y abandono».

    Además, el Tribunal aseguró que la visita de los jueces electorales a la DOE, en San Marcos forma parte de «la primera etapa del ciclo electoral», cuyo objetivo sería «evaluar y clasificar los recursos tecnológicos, asegurando que se encuentren en óptimas condiciones».

    «Nos encontramos en la etapa preelectoral, la cual demanda una planificación meticulosa y estratégica. Nuestro compromiso es orientar todos los esfuerzos hacia procesos más eficientes, modernos y transparentes».
    Roxana Soriano, presidenta del TSE.

    La entidad electoral afirmó que el personal «colaboró de manera coordinada» para reordenar los recursos tecnológicos. En la visita participaron magistrados propietarios propuestos por Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como el magistrado suplente propuesto por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

    Los jueces electorales verificaron el estado de las instalaciones, el inventario de equipo y el levantamiento del material electorales que permanece en las bodegas. «Realizar esta inspección forma parte del reordenamiento y reorganización que el TSE necesita», aseveró la presidenta Soriano.

    La Corte inició la auditoría el 30 de septiembre, tres días después que Soriano, quien había sido presidenta de la CCR, asumiera su nuevo cargo frente al Tribunal. El 18 de octubre, la CCR informó en redes sociales sobre expedientes del registro electoral, vehículos, computadoras, pantallas y mobiliario «en total descuido y abandono».

    Fuentes electorales explicaron a El Mundo que la auditoría buscaría justificar la remoción de jefes y técnicos de la institución. Una de las fuentes aseguró que «se busca justificar la limpieza que quieren hacer» del personal técnico porque «la gente que se ha quitado es gente valiosa».

  • Capturan a nueve hombres por adquirir pornografía infantil de una red que opera en África

    Capturan a nueve hombres por adquirir pornografía infantil de una red que opera en África

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta madrugada de martes sobre la captura de nueve hombres acusados de comprar pornografía infantil proveniente de una red que explota sexualmente a menores en Arcadia, África.

    La Fiscalía giró 10 órdenes de captura.

    Las autoridades explicaron que presuntamente los sujetos compartían en grupos de la aplicación signal con material pornográfico de niños explotados sexualmente. La Fiscalía indicó que sobre estos sujetos se recibió el aviso en febrero de 2024 y «se impulsó esta diligencia como parte de la fase tres del caso Arcadia».

    La FGR detalló que junto a la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron registros en Guaymango, Ahuachapán Sur; Acajutla, Sonsonate; colonia Nuevo Ilamatepec, Santa Ana; San Cristóbal, Cuscatlán; Santa Tecla, La Libertad; Nuevo Cuscatlán, La Libertad; Santiago Texacuango, San Salvador; Planes de Renderos e Ilopango, San Salvador y Nueva Guadalupe, San Miguel.

    Los capturados son:

    1. Erick Abel Leó Amaya.
    2. Nelson Eduardo Aguilar Corado.
    3. Víctor Manuel Pérez Urruela.
    4. Elisandro Vladimir Munguía.
    5. Josué Javier Rivera Campos.
    6. Rodrigo Valentín Álvarez Alvarado.
    7. Geovanny Francisco Ramírez.
    8. Eleticio Gómez García.
    9. Un menor de edad.

    En el operativo se decomisaron: una unidad central de procesamiento (CPU), 17 teléfonos celulares, nueve laptops, cuatro tablets y 17 USB, los cual, aseguró la entidad fiscal que serán «intervenidos y presentados como prueba en el proceso judicial en contra de los imputados».

    Los nueve implicados serán procesados por los delitos de adquisición y posesión de material pornográfico de niñas, niños y adolescentes a través de las tecnologías de la información y la comunicación, además, también se les imputa el delito de agrupaciones ilícitas.

    La primera alerta sobre la difusión de este material, fue recibida por la FGR en 2021 y este es la tercer operativo realizado denominado «Arcadia». El primero fue «Pretoria», y «Fénix».

  • VMT: Si FGR localiza licencias compradas tendrían que someterse a los exámenes

    VMT: Si FGR localiza licencias compradas tendrían que someterse a los exámenes

    Dependiendo el grado en que la Fiscalía General de la República (FGR) logre individualizar a las personas que compraron licencias de forma ilegal, entonces el Viceministerio de Transporte (VMT) podría contemplar algunos mecanismos para que estos usuarios obtengan sus licencias de «forma adecuada».

    El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, aseguró el lunes en una entrevista de Canal 10 que en la medida que la Fiscalía logre «individualizar todas las licencias» que se obtuvieron ilegalmente entonces se podría considerar que estos usuarios deberán pasar por los exámenes necesarios para tramitar el documento.

    «Para saber hasta qué grado la Fiscalía va a poder individualizar todas las licencias que han sido obtenidas de esta manera y partir de eso se pueden plantear diferentes opciones… pasando por todos los exámenes debidos».
    Nelson Reyes,
    Viceministro de Transporte.

    Reyes recordó a los salvadoreños que la licencia «no es simplemente un plástico» sino que es una documento que «garantiza que ha pasado por los exámenes» correspondientes y que los conductores «tienen el conocimiento práctico, que tiene el conocimiento teórico para poder conducir de forma adecuada».

    En cuanto a las empresas examinadoras y tramitadoras que se están regularizando, el viceministro indicó que en una próxima fase que pretende «ordenar» cómo funcionan y atienden a los usuarios, pues explicó que han «visto demasiado desorden» y buscan que a los usuarios «se les atienda de una manera adecuada».

    La primera fase del plan presentado en febrero por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) se realizaría en 30 días y pretendía la implementación de un sistema para la realización de los exámenes, el cual, sería controlado por videovigilancia donde las autoridades podrían verificar la identidad de la persona que realiza la prueba.

    Hasta el 20 de febrero se contabilizaban al menos 100 escuelas de manejo brindaban servicios a usuarios sin estar autorizadas por el VMT. Se conoce que la FGR giró también al menos 28 órdenes de capturas contra personas supuestamente implicadas en una red de corrupción.

  • Fotomultas en carretera al puerto de La Libertad: «Lo queremos hacer despacio», dice viceministro

    Fotomultas en carretera al puerto de La Libertad: «Lo queremos hacer despacio», dice viceministro

    El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, aseguró el lunes que la implementación de las fotomultas en la carretera al puerto de La Libertad quieren hacerla «despacio» para que los salvadoreños se familiaricen con el sistema.

    Actualmente, las fotomultas están activas en el bulevar Monseñor Romero y en la autopista a Comalapa.

    Durante una entrevista en el estatal canal 10, el viceministro Reyes aseveró que el equipo de cámaras para las fotomultas en la carretera que conduce al puerto de La Libertad ya está instalado y que ya han avanzado en señalización de la vía, pero que aún no se implementarán para «que la población vaya familiarizándose».

    «Tenemos los equipo instalados en la carretera al Puerto de La Libertad, que va a ser el próximo punto. Se ha avanzado también en la señalización que eventualmente vamos a estar encendiéndolos también. Lo que queremos es que sea de forma gradual, lo queremos hacer despacio precisamente para que la población vaya familiarizándose».
    Nelson Reyes, viceministro de Transporte.

    Reyes no dijo una fecha aproximada para las fotomultas sean implementadas en esa carretera ni tampoco explicó las razones del atraso en su implementación. El ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez, dijo el miércoles 22 de enero que las fotomultas serían activadas la última semana de enero.

    Las autoridades han señalado que en esa carretera habrá ciertas zonas con reducciones de velocidad, no sobrepasando los 90 kilómetros por hora, siendo una de ellas, la curva «El Papaturro». Con esta medida, se busca la reducción de accidentes de tráfico.

    La carretera al puerto de La Libertad sería la tercera vía con el sistema de fotomultas activo, siendo las primeras el bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y la autopista a Comalapa, que conduce hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador.

  • Organizaciones advierten medidas internacionales si Sala no declara institucional ley de minería metálica

    Organizaciones advierten medidas internacionales si Sala no declara institucional ley de minería metálica

    Organizaciones sociedad civil y medio ambiente advirtieron que, si la «Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)» no resuelve inconstitucional la «Ley general de minería metálica», acudirán a instancias internacionales pues consideran que los daños de la explotación minera serán graves.

    Así lo aseguró el abogado de la asociación Cristosal, Jonathan Sisco, quien argumentó que de esta manera buscan detener la ejecución de proyectos de minería metálica en El Salvador.

    «Si la Sala no resuelve vamos a acudir a instancias internacionales; por eso hemos venido, para evidenciar este problema y, si la Sala no responde, nos queda abierta la vía internacional».
    Jonathan Sisco, abogado de Cristosal.

    El abogado explicó que la demanda incluye dos peticiones: la suspensión de cualquier proyecto de minería metálica en El Salvador como «medida cautelar» y una inspección judicial en el río San Sebastián, en La Unión, para que verifiquen las consecuencias de la minería en el país.

    Amalia López, representante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, aseguró que la demanda de inconstitucionalidad iba respaldada por las firmas de 59,906 salvadoreños y que la Sala declarará inconstitucionalidad «si se apega a derecho».

    La semana pasada, obispos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica salvadoreña (Cedes) presentaron 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa para pedir la derogación de la ley de minería metálica, estas fueron recolectadas en un poco más de un mes. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo que espera que «el Señor va a mover voluntades». La legislación fue aprobada en diciembre de 2024 por la Asamblea Legislativa.

  • Con 59,906 firmas, organizaciones piden declarar inconstitucional ley de minería metálica

    Con 59,906 firmas, organizaciones piden declarar inconstitucional ley de minería metálica

    Organizaciones como la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y Cristosal presentaron este lunes una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley General de Minería Metálica ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

    Las organizaciones esperan que la Sala declare inconstitucional la legislación aprobada el 23 de diciembre de 2024 y que derogó la ley de prohibición de minería metálica de 2017.

    Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, detalló que recolectaron 59,906 firmas de salvadoreños que respaldan la demanda de inconstitucionalidad contra la minería metálica y advirtió que si la Sala declarará la inconstitucionalidad si «se apega a derecho».

    Empezaron a recolectar firmas el 16 de enero hasta el 8 de marzo con las actividades del Día Internacional de la Mujer. El 21 de enero, las organizaciones anunciaron que buscaban recolectar al menos un millón de firmas contra la minería.

    Por su parte, el abogado de Cristosal, Jonathan Sisco, explicó que en la demanda se solicita que la Sala resuelva sobre una medida cautelar para prohibir todo proyecto minero con la presentación de la demanda porque «es evidente que todo proyecto de minería va a causar grave contaminación».

    «Es evidente que todo proyecto de minería metálica va a causar grave contaminación y lo más grave de esto es que la cuenca del río Lempa alimenta a cerca del 60 % de la población. Todo proyecto minero que pueda estar siendo aprobado en la zona norte va a perjudicar a esta cuenca del río Lempa, por eso es tan importante que la Sala resuelva esta solicitud».

    Jonathan Sisco, abogado de Cristosal.

    Sisco recordó que la gravedad de la contaminación del agua por minería es que la cuenca del río Lempa alimenta a cerca del 60 % de la población salvadoreña, por ello considera que todo proyecto minero aprobado en la zona norte «va a perjudicar la cuenca del río Lempa».

    Además, las organizaciones piden en la demanda que «vayan ellos y se percaten» de que el río San Sebastián, en La Unión, está contaminado con residuos mineros y solicitan una inspección judicial «para que puedan ver directamente cómo contamina la minería metálica». Están convencidos que «esta ley viola el medio ambiente, viola el derecho al agua, viola tratados internacionales».

    El pasado 21 de enero, la organización Justicia Social y Contraloria Ciudadana, en conjunto con cuatro movimientos de derechos humanos, presentaron otra demanda de inconstitucional en contra de la Ley de la Minería Metálica.

    De acuerdo con la abogada de Justicia Social, Roxana Cardona, la ley vulnera al menos tres artículos de la Constitución: el 133 en relación al proceso de formación de ley, el artículo 1 en relación al derecho a la vida, y el artículo 65 relacionado al derecho a la salud.

    La semana pasada, obispos de la Iglesia Católica presentaron 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa para pedir la derogación de la ley minera. Las parroquias recibieron firmas de feligreses desde el 7 de febrero. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo que esperan que a través de esas firmas, «el Señor va a mover voluntades».

    «Amalia López de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua informa que varias organizaciones recolectaron casi 60,000 firmas para una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley general de minería metálica. Estas firmas son adicionales a las 150,000 presentadas por la… pic.twitter.com/bO0I3n4weg». — Diario El Mundo (@ElMundoSV) March 24, 2025.

  • Abogados contratados por régimen de Maduro piden a la CSJ liberar a los 238 venezolanos encarcelados en el CECOT

    Abogados contratados por régimen de Maduro piden a la CSJ liberar a los 238 venezolanos encarcelados en el CECOT

    Un grupo de abogados contratados por el régimen de Nicolás Maduro presentó este lunes un hábeas corpus para pedir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ponga en libertad a los 238 venezolanos que fueron trasladados por el gobierno estadounidense para guardar prisión en El Salvador.

    El bufete Grupo Ortega ha sido contratado por el gobierno venezolano en coordinación con el Comité de Familiares de Migrantes, según indicó el abogado Jaime Ortega, quén además, aseguró que legalmente representan a 30 venezolanos, cuyos familiares han entregado poderes a los abogados.

    «Conforme a todos los documentos que traemos apostillados se considera que las personas que dignamente representamos son ciudadanos migrantes, dentro de ellos hasta un cantante. Son personas que han migrado de su país Venezuela, no tienen ningún antecedente criminal, pero extensivamente nosotros advirtiendo que el hábeas corpus es un acto jurídico que primeros auxilios y que puede cubrir a cada uno de los demás», dijo Ortega.

    El proceso de hábeas corpus tiene por objeto la tutela del derecho de libertad física y del derecho de integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas.

    El abogado Ortega aseveró que los venezolanos trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) no pertenecen a la banda criminal del Tren de Aragua sino que fueron capturados en Estados Unidos por su condición migratoria y aseguró que no poseen antecedentes penales.

    «No tenemos ni un ápice de prueba que pertenezcan a esa organización criminal», aseguró Ortega a los medios de comunicación.

    El abogado sostuvo que sus representados no tienen ningún antecedente penal.

    Ortega reiteró piden libertad para los 238 venezolanos o que en su defecto, sean trasladados hacia Venezuela, pues asegura que muchos de ellos estaban tramitando asilo y residencia en Estados Unidos.

    Por su parte, el abogado Salvador Ríos, del mismo bufete, aseveró que son «detenciones evidentemente Ilegales» porque los venezolanos no tienen procesos penales en El Salvador, Venezuela ni en Estados Unidos. Los abogados confirmaron que el hábeas corpus fue recibido en la Sala de lo Constitucional.

    Acusados de ser del Tren de Aragua

    Tanto el gobierno estadounidense como el salvadoreño han identificado a los venezolanos como miembros de la banda criminal Tren de Aragua.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que los migrantes venezolanos deportados y encarcelados en El Salvador fueron sometidos a un proceso «muy riguroso» para verificar que formaran parte de la banda de crimen transnacional Tren de Aragua.

    El pasado 16 de marzo, el presidente Nayib Bukele informó que recibió 238 miembros del Tren de Aragua fuera de Estados Unidos a cambio de una tarifa de $6 millones anuales a El Salvador, además de 23 pandilleros de la MS-13. La encargada de prensa de la Casa Blanca detalló que 101 de los deportados fueron expulsados bajo la ley migratoria Título 8.

    Diputadas opositoras de la Asamblea Legislativa salvadoreña han asegurado que no se siguió el proceso constitucional para traer los presos hacia El Salvador porque el artículo 131 señala que los tratados o pactos que suscriba el Ejecutivo con otras naciones deben ser ratificados por el Órgano Legislativo.

  • Fallece el sacerdote Rogelio Ponseele tras varios días hospitalizado por accidente

    Fallece el sacerdote Rogelio Ponseele tras varios días hospitalizado por accidente

    La Asociación Cebes Perquín informó que el sacerdote Rogelo Ponseele falleció la mañana de este lunes, luego de estar hospitalizado desde el miércoles por las severas lesiones que le ocasionó un accidente de tránsito en el que se vio involucrado mientras se dirigía hacia una homilía.

    Cebes detalló que Ponseele sufrió un paro cardiaco la madrugada de este lunes, lo que acabó con su vida tras cinco días internado en el Hospital de Nuestra Señora de La Paz en San Miguel. La asociación Alegría Franciscana dio a conocer el jueves que el sacerdote tenía cuatro costillas fracturadas e inmovilidad en sus pies y brazos.

    El paro cardiaco de este lunes habría sido el segundo sufrido por el religioso de origen belga. El primero lo habría sufrido el jueves 20 de marzo a las 10:45 de la mañana según afirmó Alegría Franciscana en sus redes sociales. Por su parte, Cebes informó que la autoridades estaban «investigando las causas del accidente».

    Cebes realizó jornadas de oración por la salud de Ponseele desde el viernes. Los médicos le reportaron a Cebes «una leve mejoría» en el ritmo cardíaco y respiración del sacerdote durante el fin de semana aunque su diagnóstico se mantenía crítico y en reserva.

    El sacerdote católico llegó a El Salvador en 1970 y fue ubicado inicialmente por el obispo Luis Chávez y González en la colonia Zacamil, luego fue transferido a Morazán, donde sirvió en su misión pastoral hasta su muerte.

  • Partidos políticos tendrán hasta julio de 2026 para elegir candidatos a diputados y alcaldes

    Partidos políticos tendrán hasta julio de 2026 para elegir candidatos a diputados y alcaldes

    Los partidos políticos salvadoreños legalmente inscritos tendrán hasta julio del próximo año para celebrar sus elecciones internas de candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales que competirán en los comicios del 28 de febrero de 2027.

    Dos fuentes internas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dijeron a Diario El Mundo que el calendario electoral aprobado por los magistrados señala el miércoles 29 de julio de 2026 como fecha límite para que los institutos políticos seleccionen a sus candidatos a cargos de elección popular.

    De no cambiar la legislación electoral vigente, los salvadoreños elegirían el próximo 28 de febrero de 2027 a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales.

    La Comisión Organizadora del TSE ya está trabajando en el cálculo presupuestario para los comicios de los salvadoreños en el exterior y en el territorio nacional.

    El 7 de abril de 2026 será la última fecha para que los partidos informen a sus afiliados el día que realizarán sus elecciones internas para que acudan a votar en las sedes que el partido habilite.

    ¿Cuál es el proceso de elecciones internas?

    La Ley de partidos políticos establece en el artículo 37 que los cargos de elección popular se deben elegir a través de voto libre, directo, igualitario y secreto de los afiliados de cada instituto político. Los votos son ejercidos de acuerdo con las circunscripciones donde están empadronados los miembros de los partidos.

    La normativa indica que las elecciones internas deben ser organizadas por la comisión electoral permanente en cada partido, la cual se encarga de convocar a elecciones internas «al menos seis meses antes de la convocatoria elecciones» que debe realizar el Tribunal.

    Las comisiones electorales también son las responsables de elaborar el calendario electoral del partido, donde se detallen las fechas habilitadas para inscribir precandidatos para diputados y alcaldes con sus respectivas planillas. En el calendario se debe detallar el proceso de selección que deben cumplir las precandidaturas.

    Actualmente están inscritos legalmente 11 partidos políticos:

    1. Nuevas Ideas.
    2. Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
    3. Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
    4. Partido Demócrata Cristiano (PDC).
    5. Partido de Concertación Laboral (PCN).
    6. Fuerza Solidaria (FS).
    7. Gran Alianza por la Unidad Nacional. (Gana).
    8. Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS).
    9. Partido Independiente Salvadoreño (PAIS).
    10. Vamos.
    11. Democracia Salvadoreña (DS).
  • TSE contratará renovación de licencias para equipos institucionales por $13,600

    TSE contratará renovación de licencias para equipos institucionales por $13,600

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pretende contratar la renovación de licencias para equipos fortiswitches –dispositivos para conectar redes con mayor seguridad– por $13,660.90, según la oferta de compra publicada el 14 de marzo en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    Según fuentes electorales, las licencias brindan seguridad a los switches, que se asemejan a «modems grandes» donde se conectan varios equipos. La renovación de licencias será contratada con fondos del presupuesto ordinario, detalla la oferta.

    El servicio que busca contratar el Tribunal tendría una vigencia de un año desde la fecha que determine la orden de inicio el administrador del contrato. El contrato estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026. El Tribunal ha indicado en la oferta que puede solicitar adendas o prórrogas al contrato.

    Las licencias que requiere el Tribunal:

    • 22 para FortiSwitch-124E Fortnet por $3,621.80.
    • Dos para FortiSwitch 524D por $1,649.76.
    • Dos para FortiSwitch 1048E por $6,552.90.
    • Dos para FortiSwitch 548D por $1,836.44.

    El Tribunal requiere a las empresas oferentes que les presenten un catalogo o una ficha técnica que detalle los modelos soportados, las funcionalidades, la duración y demás datos de las licencias que administrarían a la institución electoral.

    Uno de los encargados de verificar los documentos presentados con las ofertas técnicas de las empresas será el director administrativo del TSE, Mario César Doratt Artero. El pago a la empresa seleccionada se realizará en una sola entrega, en no más de 60 días calendario.

    Además, las empresas deberán presentar dos declaraciones juradas: una sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones generales solicitadas por el Tribunal y otra en la que certifiquen no estar inhabilitados por medio de acta notarial.

    A finales de febrero, la institución también publicó una oferta para contratar seguros de vida, médicos, de automotores, de fidelidad, por incendio y para equipo electrónico por $99,575. El seguro de vida y médico estaría valorado en $43,503 e incluiría a los magistrados y sus familiares. El TSE no se pronunció sobre el seguro de vida y médicos adquiridos.