Organizaciones defensoras de derechos humanos creen que los menores de 18 años procesados o condenados por crimen organizado podrían sufrir agresiones físicas y sexuales en las prisiones de adultos donde sean trasladados, a raíz de la reforma a la Ley Penal Juvenil aprobada el miércoles, además de que señala que se están violando tratados internacionales.
La abogada de Cristosal, Zaira Navas, explicó a Diario El Mundo que los menores corren el riesgo de sufrir agresiones físicas y sexuales a pesar que de que la reforma plantea que estarían «separados» de los adultos por pabellones. Advirtió que podrían asumir nuevas «conductas violentas», tomando en cuenta que «El Salvador tiene cárceles con un nivel de hacinamiento altísimo».
«Es una situación sumamente grave, que lo que hace es condenar de antemano a personas inocentes, someter a niños y adolescentes a un régimen que desde ya los está condenando y probablemente condenando a morir, a ser víctimas de agresiones sexuales, físicas y probablemente condenándolos a la muerte».
Zaira Navas, abogada de Cristosal.
La representante de Cristosal considera «mucho más grave» que la reforma contemple trasladar a los menores a prisiones de adultos aún cuando no han sido condenados, tomando en consideración que «están ocurriendo muertes por desnutrición, por violencia física con responsabilidad estatal».
Por su parte, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, consideró que las prisiones salvadoreñas «están hacinadas» y «son insalubres», por lo que no garantizan «su seguridad» y advirtió que se trata de personas capturadas «sin orden judicial.
Violación a tratados
La representante de Cristosal explicó a El Mundo que la reforma violaría tratados y convenios que El Salvador ha suscrito y el artículo 35 de la Constitución salvadoreña, que indica que los menores con «conducta antisocial» estarían sujetos a «un régimen jurídico especial». El régimen especial contemplaría «medidas socioeducativas» que tienen por finalidad la «resocialización y la reeducación» de los menores para el «deshabituamiento de las conductas violentas que llevaron a los adolescentes a cometer delitos».
«Una medida de esta naturaleza que no busca la reeducación y el deshabituamiento de las conductas, difícilmente podrá deshabituar a los adolescentes de este tipo de de conducta violenta».
Zaira Navas, abogada de Cristosal.
Navas indicó que, antes de la reforma, los centros de reeducación para adolescentes tenían programas especiales con clases, desahabituación de conductas violentas y del consumo de drogas «u otro tipo de sustancias que los hacen dependientes».
Cristosal consideró que la reforma podría violar el artículo 37-C de la Convención sobre Derechos del Niño y las reglas de Beijing o «Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores». El artículo citado indica que todo niño privado de libertad «estará separado de los adultos» y que se debe ser tratado «con la humanidad y el respeto que merece».
El jueves, una declaración firmada por representantes de las agencias de Naciones Unidas Comité de los Derechos del Niño (CRC), Fondo para la Infancia (Unicef), Alto Comisionado de los Derechos Humanos (Oacnudh-CA) y el Fondo de Población (Unfpa) señalaron la reforma como «un retroceso importante respecto a los compromisos asumidos por El Salvador en cuanto a contar con un sistema de justicia juvenil con enfoque diferenciado, individualizado y especializado, aplicable a todos los adolescentes acusados de delitos», advirtieron.
Villatoro dice respetan Constitución y convenios
En contraste, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseveró que la reforma respeta los tratados internacionales. «Hemos sido muy respetuosos de nuestra Constitución, de los convenios internacionales, que velan por los menores de edad y también de nuestras leyes secundarias», dijo el martes pasado.
«Los menores que e encuentren en prisión preventiva estarán separados de los adultos y recluidos en establecimientos distintos o en recintos separados en los establecimientos en que haya detenidos adultos», leyó Villatoro el punto el punto 13.4 de las «Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores» o reglas de Beijing.
El funcionario citó el artículo 26.3 de las reglas de Beijing, que indica que «los menores confinados en establecimientos penitenciarios se mantendrán separados de los adultos y estarán detenidos en un establecimiento separado o en una parte separada de un establecimiento en el que también estén encarcelados adultos».
Mencionó que el artículo 34 de la Convención de los Derechos del Niño, literal c, que indica que «todo niño privado de libertad será tratado con la humanidad y el respeto que merece, la dignidad inherente a la persona humana y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad, en particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño y tendrán derecho a tener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visita, salvo en circunstancias excepcionales».
El funcionario público también mencionó el inciso segundo del artículo 35 de la Constitución.
Villatoro aseveró que el gobierno de El Salvador sí cree en ha rehabilitación y en la readaptación de los delincuentes comunes o menores, pero no creen «en la rehabilitación de terroristas, independientemente de la edad».
La reforma plantea que los menores acusados de agrupaciones ilícitas u delitos relacionados a crimen organizado y pandillas purguen sus penas o sean detenidos provisionalmente en las mismas cárceles que los adultos aunque estarían separados por pabellones.
