Autor: Vero Crespin

Una pugna interna tiene dividido a Alianza Republicana Nacionalista (Arena) sobre la eliminación de la deuda política que sería aprobada este miércoles a través de una reforma constitucional al artículo 210 de la Constitución de la República.

Los diputados y la dirigencia tienen opiniones diferentes sobre si debe o no eliminarse.

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El partido publicó este miércoles un comunicado donde exhorta a los diputados de la Asamblea Legislativa a no eliminar la deuda política como financiamiento público para los partidos políticos, tomando en cuenta que es «el costo de mantener la democracia representativa».

Para la dirigencia de Arena, la deuda permite una «competencia electoral en condiciones de equidad» y señala que este financiamiento «impide» de cierta forma «la intromisión del crimen organizado y del narcotráfico» para financiar campañas electorales.

Las estructuras departamentales de ARENA alzan la voz!

Nuestra gente en los territorios lo tiene claro: sin financiamiento justo, el poder se concentra y se debilita la participación ciudadana. ¡Por eso decimos #AquíEstamos defendiendo la base de una democracia fuerte y plural!… pic.twitter.com/X4ZSOskERL

— ARENA (@ARENAOFICIAL) February 12, 2025

Ante esta publicación, la diputada de Arena, Marcela Villatoro, mencionó al presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena (Coena), Carlos García Saade, acusándolo de pedir en una reunión que la expulsaran del partido si votan a favor de la eliminar la deuda.

Al mismo tiempo, Villatoro acusó a los partidos de usar la deuda «como fiesta». «Tenés mi teléfono, podrías llamarme y explicarme», escribió la legisladora en su cuenta de X.

Si @cpgsaade ya se que en una reunión pediste que me expulsaran si votábamos por eliminar la deuda.
Y que esa era la excusa que ibas a pedir junto a tus asesores que te dijeron que no hablaran del tema de la minería, que también se dijo en esa reunión.
La deuda lo han ocupado… https://t.co/bnX0xB9Nvz

— Marcela Villatoro (@Villabull) February 12, 2025

Por otro lado, el diputado Francisco Lira aseveró que la eliminación de la deuda «tiene como objetivo suprimir la pluralidad y la equidad» del sistema democrático de El Salvador.

Además, considera que esta reforma constitucional «es arbitraria, inconsulta, inconstitucional y populista» porque cree que pretende «darle más poder al poder, que en el país se llama Nuevas Ideas«.

#Plenaria| La eliminación del art. 210 de la constitución que habla sobre el financiamiento público, simplemente tiene como objetivo suprimir la pluralidad y la equidad del sistema democrático del país, esta reforma es arbitraria, inconsulta, inconstitucional y populista ya que…

— Francisco Lira (@franciscolirasv) February 12, 2025

El dictamen favorable para reformar la Constitución y eliminar la deuda política fue aprobado ayer por la Comisión Política.

La Asamblea Legislativa sesiona este miércoles y se espera que el dictamen esté en agenda para su aprobación.

El partido Vamos renunció la semana pasada a solicitar la deuda política de las elecciones de 2024 con base a los votos obtenidos en los comicios.

Solo el año pasado, el Ministerio de Hacienda reportaba el desembolso de más de $10 millones en deuda.

Hacienda ha planificado la erogación de $38 millones en deuda de 2024, de los que al menos $27 millones serían para Nuevas Ideas.

Con la eliminación de la deuda, Acción Ciudadana y y la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda) temen que haya financiamiento «oscuro» en los partidos políticos, además de desigualdad electoral en próximas contiendas.

A casi un año de su elección en la dirigencia, Manuel «El Chino» Flores reveló este lunes que ya recibió la credencial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que lo acredita como secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Flores aseguró este lunes que «hace menos de una semana» recibió la credencial que lo acredita como el representante legal del partido de izquierda, por lo que ya puede firmar documentos, dar informes contables y firmar en el banco como representante del partido de izquierda.

Con la credencial, la dirigencia elegida el domingo 14 de julio de 2024 queda inscrita en el «libro de registro de partidos» del TSE. Los militantes del FMLN eligieron en los comicios internos al secretario general, secretaria adjunta, 13 miembros del Consejo Nacional, secretaría de la mujer y de la Juventud.

«Hasta hace menos de una semana recibí la credencial del Tribunal Supremo Electoral, o sea ya está inscrito en el libro del registro de partidos del Tribunal, la nueva dirección nacional del FMLN».
Manuel «El Chino» Flores, secretario general del FMLN.

En septiembre de 2024, Flores dijo a medios de comunicación que habían cumplido con todo lo requerido para el proceso de acreditación y que los documentos habían sido recibidos en la institución electoral que en ese momento aún no tenía magistrados elegidos para el período 2024-2029.

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Flores denunció en ese momento que la falta de acreditación no le permitía «solicitar el complemento de la deuda política» de las elecciones de 2024 según los votos que obtuvieron en los comicios presidenciales, legislativos, municipales y de Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Por otro lado, la secretaria general del partido Vamos, Cesia Rivas, elegida el 16 de julio de 2023, denunció la semana pasada que no ha recibido las credenciales que la certifican en el cargo.

Al menos 31,200 salvadoreños han sido sensibilizados contra la migración irregular en El Salvador, según los datos de la Dirección de Movilidad Humana y Atención a Personas Migrantes del Ministerio del Relaciones Exteriores contra la migración irregular.

De acuerdo con el Observatorio Digital sobre Movilidad Humana, la sensibilización trata sobre los riesgos de migrar irregularmente en 741 jornadas realizadas desde 2023 hasta la fecha.

Los datos indican que la mayoría de los beneficiados con las jornadas son mujeres, un 56.53 % de los sensibilizados, mientras que los hombres sensibilizados alcanzan el 39.99 %.

El departamento en el que más campañas de sensibilización se han realizado es Santa Ana con el 19.43 %, mientras que Usulután, Suchitoto, Morazán, Lislique y Colón son las locales con menos jornada, teniendo solo el 0.13 % cada uno.

Los departamentos con más jornadas:

• Santa Ana: 19.43 %.
• Ahuachapán: 15.25 %.
• Sonsonate: 13.36 %.
• La Libertad: 11.74 %.
• San Salvador: 9.04 %.
• Chalatenango: 5.94 %.

Se estima que en 2023 se realizaron al menos 293 jornadas que beneficiaron a unos 12,400 salvadoreños, mientras que hasta septiembre de 2024 se realizaron unas 337 jornadas que alcanzaron a 12,200 salvadoreños.

El Gran Ducado de Luxemburgo inauguró la semana pasada las instalaciones de su nueva sede de operaciones en San Salvador a través de la Agencia de Cooperación Lux Dev. Las autoridades no informaron dónde está ubicada la nueva sede.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, aseguró que la inauguración de estas oficinas refleja el «compromiso continuo de fortalecer nuestros lazos bilaterales» y para «seguir trabajando en iniciativas conjuntas» para los salvadoreños.

Durante su discurso, Mira también agradeció a la nación «el respaldo de esta nación europea por medio de iniciativas enfocadas al autoempleo de jóvenes» en el que se han usado 7.5 millones de euros.

«Esta apertura de sede es la culminación de un trabajo constante y que es la decisión de instalarse en El Salvador. Estamos muy contentos porque esto significa que hay planes de trabajo a futuro».
Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores.

De parte del gobierno salvadoreño estuvieron presentes en el evento la vicecanciller, Adriana Mira, y la directora de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla de Palma.

Mientras que, por parte del Gran Ducado de Luxemburgo, asistió el director de la Agencia, Manuel Tonar, el representante residente de la agencia, Frank Wolff, y el encargado de programas, Thierry Girad.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) calificó la Ley Anticorrupción como «impopular» y aseveró que ha sido creada por el gobierno para proteger «a sus corruptos» y perseguir «a los empleados».

La ley aprobada el viernes por la Asamblea Legislativa sería «impopular» entre los salvadoreños según el secretario general del FMLN, Manuel «El Chino» Flores, pues asegura que la normativa busca «proteger a sus corruptos» mientras persigue «a los empleados».

«Después de estar aprobando leyes impopulares como por ejemplo, la ley anticorrupción que prácticamente es una ley que protege a sus corruptos porque de aquí en adelante a los que van a perseguir son a los empleados no a los funcionarios».
Manuel «El Chino» Flores, secretario general del FMLN.

Flores considera que con esta normativa se deja «fuera a Probidad» la sección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde los funcionarios deben presentar sus declaraciones patrimoniales antes de asumir un cargo y después de ejercelo.

La nueva legislación fue aprobada el viernes con 59 votos de los diputados de Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido de Concertación Nacional (PCN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Solo Vamos se abstuvo en la votación.

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Por otro lado, Acción Ciudadana y Cristosal señalan que la Ley Anticorrupción promovida por el presidente Nayib Bukele reúne lo ya «regulado en otras leyes», por ello, la califican como un «recopilatorio» pues los funcionarios y empleados siempre deberán presentar sus declaraciones a la Sección de Probidad de la CSJ.

Actualmente, la declaraciones patrimoniales no son públicas, por lo que, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, aseguró que «cada vez hay menos información respecto a la presentación de estas declaraciones».

Con esta nueva ley, la Fiscalía General de la República (FGR) tendría que asumir la dirección del nuevo Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (Sinac). La semana pasada, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que tienen «la capacidad de asumir estas nuevas responsabilidades».

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) señala al Gobierno de Nayib Bukele de «esconder» las cifras de los salvadoreños deportados desde Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró la semana pasada de no han recibido deportaciones masivas.

El secretario general del FMLN, Manuel «El Chino» Flores acusó este lunes al gobierno de «esconder completamente toda la información» sobre los salvadoreños deportados aunque dijo que los salvadoreños se enteran «a través de las redes».

«Hay deportaciones que no se están dando a conocer en nuestra población, están escondiendo completamente toda la información respecto a las deportaciones».
Manuel «El Chino» Flores, secretario general del FMLN.

Flores aseguró que tienen información de «ya hay persecución por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos». «Pero siempre en las redes encontramos la información», afirmó el dirigente partidario.

El dirigente de izquierda señaló al gobierno y a los diputados de «guardar silencio» ante los compatriotas deportados. Las autoridades salvadoreñas no han revelado la cifra de deportaciones desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió su segundo mandato.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, asegura la semana pasada que solo han recibido las deportaciones «habituales» pero no masivas como habían sido anunciadas por el presidente Trump durante su campaña presidencial.

«Han venido regular los (vuelos ordinarios), pero no en esa deportación masiva que ha sido anunciada en otros países, definitivamente que no», indicó la vicecanciller a medios de comunicación.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) reportó en 2024 que 15,284 salvadoreños con estatus irregular en el país norteamericano habían sido deportados siendo el tercer año con más deportaciones desde 2018.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó esta semana a la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) que autorizó al partido Fuerza Solidaria para integrarse a este ente fiscalizador, sin embargo, Vamos denuncia que no se aumentó el presupuesto y que se mantienen deudas.

La directora de Vamos ante la JVE, Wendy Alfaro, aseguró que el TSE les envió esta semana una correspondencia para informarle que Fuerza Solidaria había sido autorizado para integrarse la Junta y les solicitó que «fueran incluidos dentro del presupuesto».

Alfaro criticó que «el presupuesto actual de $865,010 es para ocho partidos» y no para 11 como se le pide actualmente. Este presupuesto se mantiene desde 2021, y aunque nuevos partidos han sido inscritos, este no se ha aumentado para la fiscalización.

El Código establece que el TSE debe incluir en su presupuesto anual, el presupuesto de la JVE y solicitar un refuerzo presupuestario “al constituirse un nuevo partido político”.

«Esta semana que inició hemos leído esa correspondencia, donde se nos informaba que ellos ya habían sido autorizados y que pues se solicitaba que fueron incluidos dentro del presupuesto».

Wendy Alfaro, directora de Vamos ante la JVE.

Por ello, Alfaro dijo a Diario El Mundo que han solicitado un refuerzo presupuestario de $200,000 para «incluir a los partidos que no están dentro del presupuesto», así como para «suplir las otras necesidades de vigilancia» que no se están cumpliendo por falta de fondos.

En ese sentido, la representante partidaria aseguró que la Junta de Vigilancia Electoral «no está jugando el papel que mandata la ley», pues «hay deficiencia en las economías y no tenemos presupuestos». «Hay muchos procesos que no se cumplen porque dependemos directamente del TSE», afirmó Alfaro a los medios de comunicación.

Persiste deuda en las dietas

Además, Alfaro indicó que aún persiste una deuda acumulada con representantes partidarios de institutos políticos desaparecidos como Nuestro Tiempo y Cambio Democrático (CD), cuyos representantes no recibieron el pago de sus dietas.

«A la fecha se va acumulando una deuda desde partidos que no existen pero que se tiene que cumplir porque así lo dice la ley, pero sumado a ello, ahora se integra un nuevo partido a la Junta», indicó.

Hasta junio de 2024, Diario El Mundo documentó que «en dietas se debían al menos $134,642.40 acumulados desde 2021» hasta mayo de 2024. Las dietas se debían a representantes de del Partido Independiente Salvadoreño (PAIS), Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y a los partidos cancelados Nuestro Tiempo y CD.

El Código Electoral reconoce a la JVE como un organismo permanente que debe fiscalizar la conformación del Registro Electoral, la emisión y entrega de los Documentos Únicos de Identidad (duis) y el estricto cumplimiento de la ley en los procesos electorales de El Salvador.

Las organizaciones Acción Ciudadana y Cristosal señalan que la nueva Ley Anticorrupción aprobada a propuesta del presidente Nayib Bukele reúne lo ya «regulado en otras leyes» y la califican como un «recopilatorio» de obligaciones contempladas en otras disposiciones.

Además, dudan de la capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para asumir sus nuevas responsabilidades.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, aseguró a Diario El Mundo que lo planteado en la ley anticorrupción «ya está regulado en otras leyes» como la obligatoriedad de presentar declaraciones de patrimonio de los funcionarios contemplada en el artículo 3 de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos.

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Escobar criticó que «muchos» funcionarios del gobierno actual «no han presentado» sus declaraciones patrimoniales en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y señaló que «cada vez hay menos información respecto a la presentación de estas declaraciones».

«Mucho de lo que está planteando el presidente en esa supuesta ley ya está regulado en otras leyes. Por ejemplo, el tema de las declaraciones de patrimonio. Es cierto que en la ley está que se presenta cada inicio o final de gestión y que debe de ser público, pero nosotros lo que vemos es que muchos de sus funcionarios no la han presentado».
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.

Por su parte, la jefa Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López, aseveró a El Mundo que la ley «es una recopilación de obligaciones que ya se encuentran recogidas en otras regulaciones», aunque reconoce que estas «podrían considerarse ampliadas para todas las instituciones públicas y no solo para el Ejecutivo», de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE).

Sin embargo, López asegura que «en el país ninguna institución constitucional y legalmente a cargo cumple con su función de enfrentar seriamente la corrupción y en la impunidad», mientras que Escobar considera que el actual gobierno «no ha tenido nunca una actitud de combate a la corrupción». «Solo ha perseguido selectivamente la corrupción», afirmó.

«El anteproyecto es una recopilación de obligaciones que ya se encuentran recogidas en otras regulaciones y que si bien podrían considerarse ampliadas para todas las instituciones públicas… Lo cierto que en el país ninguna institución constitucional y legalmente a cargo cumple con su función de enfrentar seriamente la corrupción».
Ruth López, jefa Anticorrupción y Justicia de Cristosal.

Escobar reprochó que, pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública contempla la divulgación de las declaraciones patrimoniales, esto «no lo están cumpliendo» los funcionarios actuales. «Lo que está diciendo el presidente son cosas que ya están reguladas y que no están cumpliendo ellos», indicó.

¿La Fiscalía está capacitada?

Ambos analistas coinciden que, para conocer si la Fiscalía General de la República (FGR) está capacitada para asumir la dirección del nuevo Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (Sinac), se debe conocer si es independiente para «perseguir la corrupción».

Escobar considera que la independencia es necesaria porque, si no, «no van a perseguir adecuadamente la corrupción, porque van a responder a los intereses políticos de la Presidencia o de la Asamblea Legislativa».

Para López, en la FGR no solo se requiere de «más presupuesto» para cumplir con sus nuevas funciones, sino que hay que tomar en cuenta «la curva de aprendizaje» que ha significado «la salida de muchos fiscales de experiencia» que fueron retirados en 2021 por decreto.

Además, considera que «es evidente la falta de independencia del titular» de la FGR, pues considera que «responde a intereses políticos partidarios»; Rodolfo Delgado asumió la Fiscalía el 1 de mayo de 2021 cuando el entonces fiscal fue destituido por Nuevas Ideas.

El miércoles pasado, el fiscal Delgado aseguró a los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa que tienen «la capacidad para asumir estas nuevas responsabilidades». La nueva normativa fue aprobada por el pleno este viernes.