Autor: Vero Crespin

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión avaló este martes el proyecto de Ley de Tecnologías Robóticas que está basada en tres ejes: diversificación económica, competitividad regional y atracción de inversión, según explicó el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), Mario José Flamenco Rivas.

Con los votos de los diputados presentes se aprobó que el dictamen pase al pleno para que sea autorizado por los legisladores en pleno. Previo al aval, los diputados recibieron al vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco, Manuel Napoleón Cardona Gutiérrez, y al director de la ANIA, Mario Flamenco.

El equipo de Flamenco pidió a los legisladores que modificaran la letra e del artículo 8 para omitir la parte en que se establecía que era la ANIA la entidad encargada de imponer multas. Los diputados aprobaron el cambio determinando que la Agencia solo tiene facultad para «fiscalizar y vigilar el cumplimiento de esta ley y de las normas de seguridad».

«Las intenciones del señor Presidente para con esta ley es crear un referente de El salvador como pioneros de la tecnología de la robótica y atraer inversión de las empresas que tengan el más alto grado de integridad ética y de tecnología».
Mario Flamenco, director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).

Flamenco calificó la normativa de «permisiva» porque se enfoca en brindar «facilidades de entendimiento» a las empresas sobre las regulaciones vigentes en el país, en «lugar de ser restrictiva» como leyes de otros países. «Está enfocada en atraer inversión… a El Salvador le urge una diversificación económica» dijo.

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El recién nombrado titular de la ANIA explicó que el mundo «necesita automatización de muchos procesos» y aseveró que eso es «inevitable» y que por ello, El Salvador requiere «evolucionar y adaptarnos porque lo vamos a tener que hacer en un punto».

Aseguró que con esta legislación pretenden «intentar modernizar el sector de salud, educación y seguridad» porque considera que se «pueden utilizar sistemas robóticos para agilizar las cosas, hacerlas más baratas, hacerla de mejor calidad».

La comisión también recibió al vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco (UDB), Manuel Cardona, quien aseveró que la iniciativa «incluye los elementos clave» para la gestión de este tipo de tecnologías, así como de seguridad para la protección de datos.

Cardona propuso que se enfatizará en la ley la exigencia de certificaciones para comprobar la capacidad técnica de quienes instalen u operen robots en El Salvador, que se promovieran líneas de crédito para empresarios y que la ley no solo contemple incentivos para nuevas empresas sino para antiguas, sin embargo, estas recomendaciones no fueron sometidas a votación por los legisladores.

La cantidad de miembros que integran los concejos municipales se mantendría invariable para las elecciones municipales de 2027, según indica el estudio «Implicaciones del censo de población y vivienda de El Salvador 2024» de Acción Ciudadana.

Según el estudio, más de la mitad de los concejos estarían integrados por 10 miembros.

El Código Electoral establece que rangos de población para determinar la cantidad de miembros que integrarán los concejos municipales. Acción Ciudadana atribuye que la cantidad de miembros se mantendrá porque «los umbrales de población a superar para que una circunscripción municipal cambie de tamaño son bastante altos, mientras que la población ha crecido a un ritmo bajo».

Miembros por cada concejo municipal:

• San Salvador Centro 16 miembros.
• San Salvador Este 16 miembros.
• San Salvador Norte 10 miembros.
• San Salvador Oeste 10 miembros.
• San Salvador Sur 10 miembros.
• Santa Ana Norte 10 miembros.
• Santa Ana Centro 14 miembros.
• Santa Ana Oeste 10 miembros.
• Santa Ana Este 10 miembros.
• San Miguel Norte 10 miembros.
• San Miguel Centro 14 miembros.
• San Miguel Oeste 10 miembros.
• La Libertad Norte 10 miembros.
• La Libertad Centro 10 miembros.
• La Libertad Oeste 10 miembros.
• La Libertad Este 10 miembros.
• La Libertad Costa 10 miembros.
• La Libertad Sur 10 miembros.
• Usulután Norte 10 miembros.
• Usulután Este 10 miembros.
• Usulután Oeste 10 miembros.
• Sonsonate Norte 10 miembros.
• Sonsonate Centro 10 miembros.
• Sonsonate Este 10 miembros.
• Sonsonate Oeste 10 miembros.
• La Unión Norte 10 miembros.
• La Unión Sur 10 miembros.
• La Paz Oeste 10 miembros.
• La Paz Centro 10 miembros.
• La Paz Este 10 miembros.
• Chalatenango Norte 10 miembros.
• Chalatenango Sur 10 miembros.
• Chalatenango Centro 10 miembros.
• Cuscatlán Norte 10 miembros.
• Cuscatlán Sur 10 miembros.
• Ahuachapán Norte 10 miembros.
• Ahuachapán Centro 10 miembros.
• Ahuachapán Sur 10 miembros.
• Morazán Norte 10 miembros.
• Morazán Sur 10 miembros.
• San Vicente Norte 10 miembros.
• San Vicente Sur 10 miembros.
• Cabañas Este 10 miembros.
• Cabañas Oeste 10 miembros.

«Como puede verificarse, no hay cambios con respecto a lo producido por el Censo 2007. Esto obedece a que los umbrales de población a superar para que una circunscripción municipal cambie de tamaño son bastante altos».
Acción Ciudadana en su último informe.

Los datos indican que solo dos concejos municipales tendrán 14 miembros, siendo los más poblados. Otros dos tienen 14 miembros y los otros 40 concejos estarían integrados por 10 miembros. La legislación establece que en cada municipio se elige: un alcalde, un síndico, dos regidores propietarios y cuatro suplentes.

Además, en los municipios con más de 10,000 ciudadanos se asignan otros dos regidores; en los municipios con más de 10,000 hasta 20,000 se asignan cuatro regidores; desde 20,000 hasta 50,000 pobladores se asignan seis regidores; desde 50,000 hasta 100,000 se otorgan seis concejales.

En los municipios que tienen más de 100,000 ciudadanos se le asignan 10 regidores. El Código Electoral indica que es el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el que debe informar a los partidos políticos la distribución en los concejos municipales con base al último censo, a más tardar el último día de marzo del año anterior de la elección.

La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados (Acnur) brinda asistencia para conocer el procedimiento para presentar la solicitud de estatus de «refugiado» en El Salvador y recuerda que todos los servicios son gratuitos.

En caso de ser un extranjero que ya vive en El Salvador, se debe acercar a las oficinas de la Comisión para la Determinación de la condición de Personas. Refugiadas (CODER), ubicadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el bulevar Cancillería, en Ciudad Merliot.

En cambio, si acaba de llegar a El Salvador y se encuentra en el Aeropuerto Internacional, debe dirigirse a un funcionario de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y explicarle que desea solicitar refugio. O si se encuentra en el Centro de Atención Integral al Migrante para personas extranjeras y migrantes (CAIPEM) debe informar a la Gerencia de Atención al Migrante (GAMI) sobre sus intenciones de pedir refugio.

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En cualquiera de estos tres escenarios, las personas que le atiendan deben entregarle un formulario, el cual, deberá completar de forma oral o escrita. Acnur enfatiza que los extranjeros solo tienen cinco días hábiles desde que ingresaron a El Salvador para presentar la solicitud.

Es derecho de los extranjeros contar con un abogado, por lo que, pueden acudir a la Procuraduría General de la República (PGR) para que les sea asignado un defensor público. Luego de entregar la solicitud, el CODER deberá notificar la fecha en que se le realizará su entrevista.

Acnur aconseja que durante la entrevista se expliquen todos los detalles de las situaciones que no le permiten regresar a su país de origen y por qué ha huido de ahí y recuerdan «siempre decir la verdad» y si se tienen pruebas, entregarlas.

Posteriormente, le harán saber si su solicitud fue aceptada y de lo contrario, tiene tres días hábiles para apelar. Si la solicitud es admitida, debe gestionar en Migración un carnet de permanencia provisional que tiene vigencia de 30 días prorrogables.

Cuando las solicitudes son aprobadas y se le reconoce como refugiado, puede tramitar en la DGME un carné de permanencia temporal especial en calidad de refugiado, que le confiere también un permiso para trabajar.

En caso que la solicitud sea rechazada, puede pedir la revisión de la resolución ante el CODER. La revisión debe solicitarse por escrito y en tres días hábiles debe ser notificado nuevamente de la decisión final.

El último informe de tendencias de Acnur señala que durante 2024 hubo 120 extranjeros que consiguieron refugio en El Salvador. Sin embargo, la cantidad de solicitudes recibidas fueron 272.

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) ha capacitado a 6,700 empleados públicos que laboran en 136 instituciones del Estado desde junio de 2024 hasta mayo de 2025, según consta en la memoria de labores de la institución ética.

Las capacitaciones son impartidas por la Escuela de Ética e Integridad Pública en jornadas que duran entre dos y cuatro horas. La entidad asegura que una de las estrategias de la Escuela es «la gestión y capacitación» de los servidores públicos.

Las capacitaciones han sido impartidas en modalidad presencial y virtual. En las capacitaciones se abordan temas como: la ética en la función pública, la aplicación de la Ley de Ética Gubernamental (TEG) y de su respectivo reglamento.

Las cinco instituciones con más empleados capacitados:

• Superintendencia del Sistema Financiero capacitó a 487 empleados en una sola jornada.
• Fondos Social para la Vivienda capacitó a 286 empleados en una sola jornada.
• Ministerio de Relaciones Exteriores capacitó a 170 empleados en una sola jornada.
• Comisión Ejecutivo Hidroeléctrica del Río Lempa capacitó a 150 empleados en una sola jornada.
• Banco Salvadoreño de Desarrollo capacitó a 134 empleados en una sola jornada.

Asimismo, la entidad capacitó también a las máximas autoridades de las instituciones y de los 44 concejos municipales para «fortalecer las competencias técnicas, administrativas y de gerenciamiento» y que apliquen «valores y principios» en sus tareas diarias.

Entre las comunas capacitadas está: San Salvador Norte, San Salvador Sur, La Libertad Centro, La Libertad Costa, La Libertad Este, Santa Ana Centro, Chalatenango Sur, entre otras. El curso impartido fue «Ética pública y marco ético legal».

En total se capacitaron 240 empleados y funcionarios que ejercen «autoridades máximas» en instituciones y municipalidades. El TEG realizó seis jornadas de capacitación y no detalló cuánto tiempo duraron los encuentros.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habría acordado solicitar más de $130 millones como presupuesto extraordinario para las elecciones legislativas y municipales de 2027. Más del 70 % de los fondos serían destinados para los comicios en el territorio nacional.

La institución aprobó el lunes, por unanimidad, en organismo colegiado, el presupuesto extraordinario.

Una fuente interna del Tribunal reveló a Diario El Mundo que los magistrados acordaron pedir al Ministerio de Hacienda más de $100 millones para el voto nacional y cerca de $40 millones para el voto en el exterior de 2027.

En 2024, el entonces colegiado pidió $159 millones para las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y de Parlamento Centroamericano (Parlacen). De ese monto, $70,699,979.74 eran para la elección en el exterior y $89,040,535 millones para el voto nacional.

La fuente explicó que el incremento en el presupuesto aprobado por el TSE para voto nacional obedece a que la institución ha previsto la compra de kits tecnológicos, para las más de 8,000 Juntas Receptoras de Votos (JRV) que se instalarían en 2027.

Además, aseguró que hay otros programas en el Plan General de Elecciones (Plagel) en los que se ha incrementado el presupuesto previsto. Sin embargo, el Plagel no ha contemplado explícitamente la implementación del voto electrónico para los comicios nacionales y aún no es un documento público.

Con este presupuesto aprobado, el Tribunal debe enviarlo al Ministerio de Hacienda y luego presentarlo a los diputados de la Asamblea Legislativa. Los legisladores estudian el proyecto en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y luego emiten dictamen con el monto final que se entregará a la institución electoral.

Para las elecciones de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó $70 millones de los $89 solicitados para el voto nacional y $59 de los $70 presupuestados para voto en el extranjero, un total de $129.3 millones para voto nacional y electrónico en el exterior.

Es decir, el TSE estaría pidiendo $30 millones más de lo aprobado en 2024 para las votaciones nacionales, pese a que en 2024 se trataba no solo de elecciones legislativas y municipales, sino también de presidenciales y de Parlacen.Algunos de los gastos del TSEPara los procesos electorales el Tribunal adquiere gastos en alimentación para capacitaciones, papel membretado, medicamentos, impresiones de leyes, impresiones de papeletas, tinta, implementos de los paquetes electorales, pantallas para el escrutinio final, montajes audiovisuales.

Además, de servicios y productos complementarios como mobiliario, equipo tecnológico, insumos de oficina, servidores y equipo informático, servicios de publicidad y arrendamiento de instalaciones.

El partido Vamos promueve un proyecto de ley para la creación de megaescuelas, que serían grandes escuelas con capacidad para aglutinar a un número elevado de alumnos y con suficiente espacio para enfermerías, psicólogos y enseñanza complementaria.

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Doña Zoila, una ciudadana que prefirió decir solo su nombre, acompañó a la diputada a presentar públicamente la iniciativa. Ella aseguró que tiene un nieto con discapacidad, a quien le sería beneficioso acceder a este proyecto para recibir la atención que necesita, especialmente psicológica, sin que eso implique un costo económico extra para la familia. Considera que, por esos beneficios, vale la pena estar «luchando para que la megaescuela crezca y se haga realidad».

«En las escuelas si hay para discapacitados tienen la oportunidad todos los niños, nuestros hijos, nuestros nietos. Ya no tengo hijo yo, pero tengo nietos, tengo un niño discapacitado que le haría bastante bien que haya psicólogos, que el tratamiento sea mejor para ellos y para todos los niños».
Zoila, abuela de un niño con discapacidad que busca se apruebe la ley para la creación de megaescuelas.

La pieza de correspondencia fue ingresada el lunes por la diputada Ortiz, pero será la Asamblea Legislativa la que decida si el proyecto pasa a estudio.

Por su parte, el partido sostiene que el proyecto consultado a través de talleres con casi 200 personas para tomar sus aportes e incorporarlos al anteproyecto.

Los ciudadanos consultados son originarios de San Vicente, San Salvador, La Libertad y La Paz, entre ellos, padres y madres de familia, universitarios y profesionales, como maestros. Estas consultas habrían llevado a que el partido decidiera incorporar en el documento final la atención de niños con discapacidad y mejoras en la red vial.

La propuesta contempla que las megaescuelas tengan capacidad para laboratorios, servicios básicos, bibliotecas, limpieza y seguridad, y calcula un costo de $12 millones por cada megaescuela.

El organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó este lunes el Plan General de Elecciones (Plagel) y el presupuesto extraordinario para los comicios legislativos y municipales del 28 de febrero de 2027. No ha hecho público el monto que solicitará a la Asamblea Legislativa.

La entidad electoral informó que la decisión se tomó por unanimidad con los votos de los cinco magistrados propietarios, y destacó en su comunicado que la decisión ha sido tomada 20 meses antes de las elecciones. El Tribunal tendrá que entregar la petición de presupuesto en la Asamblea Legislativa.

La magistrada presidenta, Roxana Soriano, prometió que la jornada electoral de 2027 se está «construyendo con transparencia, anticipación y responsabilidad». De mantenerse las reglas electorales vigentes, los salvadoreños elegirían 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales.

«Estamos cumpliendo con hechos concretos la visión de un TSE moderno, ordenado y al servicio de la ciudadanía. Invitamos a todos los salvadoreños que viven dentro y fuera del país a sumarse a esta gran Fiesta Electoral».
Roxana Soriano, presidenta del TSE.

Por otro lado, la institución indicó que el Plagel de las votaciones dentro de territorio nacional está integrado por 24 programas y el Plagel de las votaciones en el extranjero tiene 22 programas. La propuesta inicial de Plagel y de presupuesto fue presentada desde el 21 de mayo hasta el 6 de junio Los técnicos encargados presentaron a los magistrados la propuesta

Una vez el presupuesto sea presentado a la Asamblea, los diputados lo estudian con representantes del Ministerio de Hacienda para determinar el monto final. En 2024, el TSE pidió $89 millones para el voto nacional, pero le aprobaron $70; para el voto en el exterior solicitó $70 millones y solo le otorgaron $59 millones.

Para concluir, la institución aseveró que «reafirma su compromiso con la democracia, demostrando que es posible organizar elecciones con eficiencia, calidad y visión». El actual TSE está conformado por magistrados propuestos por Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El partido Vamos presentó este lunes el proyecto de ley para crear las megaescuelas, que incluirían transporte, alimentación y cursos complementarios para los estudiantes. El proyecto inicial fue presentado a inicios de marzo por el partido de oposición.

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Acompañada de una decena de personas, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, llegó a la Asamblea Legislativa para presentar el proyecto de «Ley especial del sistema de megaescuelas y servicios complementarios a la educación pública». Cada megaescuela es valorada en $12 millones.

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El partido presentó el proyecto de las megaescuelas en marzo, en ese momento indicó que este sería sometido a un proceso de consulta con los ciudadanos. Este lunes, la legisladora dijo que realizaron talleres de consulta para mejorar la propuesta inicial.

«Este día nos acompañan madres de familia de diversos sectores de nuestro país, quienes han participado en las diferentes consultas que como equipo parlamentario hemos hecho… Fuimos a hacer talleres de consulta con diferentes comunidades y diferentes sectores del país en el área urbana y rural».
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

De esos talleres de consulta, Ortiz explicó que se acordó incluir en el proyecto la atención para menores con discapacidad, mejoramiento en la red vial y las mejoras salariales para los docentes.

Sin embargo, el proyecto final no incluyó mejoras salariales para los docentes; Ortiz explicó que esto se debió a que ya se ha planteado en otras normativas.

En las consultas, se incluyeron a padres de familia, estudiantes y docentes para conocer «las necesidades y deficiencias» del sistema educativo público; una de las deficiencias mencionadas fue que sean los padres de familia quienes deban hacer aportes económicos para material didáctico, alimentación escolar, limpieza y servicios de mantenimiento.

El proyecto contempla transporte gratuito para los estudiantes de las zonas más inaccesibles, alimentación subsidiada para estudiantes y la ejecución de cursos complementarios durante una jornada de estudio extendida.

«Se entenderá por megaescuela un complejo escolar oficial que centraliza los niveles de educación inicial, básica y media en una sola infraestructura… Las megaescuelas sustituirán y absorberán la matrícula de los centros oficiales de educación de menor capacidad».
Texto del proyecto de ley.

Cada megaescuela costaría al menos $12 millones y serían grandes complejos con gran cantidad de estudiantes, cuya infraestructura contaría con laboratorios, servicios básicos, bibliotecas, enfermería, limpieza y seguridad.

En las jornadas extendidas se impartirían actividades extracurriculares como:

• Deportes y educación cívica.
• Artes plásticas, música, danza y teatro.
• Clases de idiomas extranjeros.
• Informática, programación y robótica.
• Comunicación, diseño, fotografía y edición audiovisual.
• Clubes de ecología.
• Clubes de emprendedurismo.
• Programas de voluntariado y servicio comunitario.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizará una prueba extra para el escrutinio nacional debido a los errores de transmisión ocurridos en la elección legislativa del 4 de febrero de 2024.

Dos fuentes internas del Tribunal confirmaron a Diario El Mundo que el personal técnico y el organismo colegiado –los magistrados en pleno– han programado una prueba específicamente para el escrutinio nacional con el fin de evitar que los errores de la elección legislativa de 2024 no se vuelva «a repetir» en 2027.

En 2024, las elecciones se dividieron en dos jornadas: el 4 de febrero, se dieron las presidenciales y legislativas; y el 3 de marzo, las municipales y de Parlamento Centroamericano. El calendario electoral incluía una prueba general de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados para el 4 de febrero y otra prueba para el 3 de marzo.

Para febrero de 2027, el Tribunal solo debe ejecutar las elecciones legislativas y municipales e incluye las siguientes verificaciones: una prueba al sistema de registro y transmisión de las Juntas Receptoras de Votos (JRV); otra prueba general de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados; y una tercera prueba para el sistema de escrutinio final. El plazo de dos de las pruebas finaliza a menos de un mes antes de las elecciones del 28 de febrero de 2027.

Plazos para las pruebas de las elecciones municipales y legislativas de 2027:

• Prueba del registro y transmisión de las JRV: entre el 14 de julio de 2025 y el 7 de octubre de 2026.
• Prueba de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados: entre el 14 de julio de 2025 y el 12 de febrero de 2027.
• Prueba del sistema de escrutinio final: entre el 14 de julio de 2025 y el 7 de febrero de 2027.

Fallas en el escrutinio legislativo de 2024La noche del 4 de febrero de 2024, las Juntas Receptoras de Votos (JRV) no pudieron transmitir las actas de los votos legislativos porque el sistema de transmisión se había caído y no les permitía transmitir las actas de la elección legislativa.

Además, en estos comicios, se reportaron inicialmente duplicación de resultados.

Las mesas también reportaron que algunos paquetes electorales no estaban completos y no contenían papel de seguridad para las actas. Luego, durante el escrutinio legislativa, algunas irregularidades denunciadas fueron papeletas marcadas con plumón y papeletas que parecían nunca haber sido dobladas.

El exmagistrado Guillermo Wellman señaló directamente al jefe de la Unidad de Sistemas informáticos (USI), Ignacio Villagrán, de ser el responsable de haberlos «hecho tropezar» a la institución en las elecciones legislativas y atribuyó las fallas a la inexperiencia, negligencia y falta de plan de contingencia. Pese a la ola masiva de despidos en el TSE, Villagrán mantiene su cargo como jefe de la USI.