Autor: Vero Crespin

Al menos 3,770 veteranos y excombatientes del Instituto Administrados de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve) subsanaron la documentación requerida y podrán cobrar con normalidad su pensión desde mayo.

La institución suspendió en noviembre el pago de pensión a más de 20,000 personas por inconsistencias en sus registros.

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El Inabve informó este miércoles que 3,770 del registro «han subsanado documentación» y que a partir de la publicación del calendario de pagos de mayo de 2025 «podrán realizar su cobro de la pensión con normalidad».

«Se notifica a 3,770 personas del registro Inabve que han subsanado documentación que a partir de la próxima publicación del calendario correspondiente a mayo de 2025, podrán realizar su cobro de pensión con normalidad».
Instituto Administrados de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve).

En el sitio web de la institución https://www.inabve.gob.sv/2025/04/6621/ se encuentra el listado de los casi 4,000 veteranos y excombatientes para ser consultado por los beneficiarios. En noviembre, el Instituto le suspendió el pago de pensión a 20,248 beneficiarios por hallazgos de inconsistencias en sus expedientes de registros.

Las pensiones habrían sido suspendidas porque los expedientes no cumplían con los requisitos que establece la Ley especial del Instituto en los artículos 2 y 3, en los que se establece quienes aplican cono veteranos y excombatientes para recibir pensiones del Inabve.

Para recuperar la pensión, los beneficiarios debían «presentarse para subsanar sus observaciones». La institución les otorgó a los veteranos y excombatientes un plazo de 60 días calendario para presentarse a centros de atención para subsanar sus observaciones.

A finales de noviembre de 2024, eran 2,381 veteranos y excombatientes habían subsanado sus inconsistencias, ese total representaba el 11 % de los afectados. El plazo para subsanar las observaciones concluyó con el 18.6 % de los beneficiarios. Al menos 16,478 no enmendaron las observaciones de sus registros.

El coordinador nacional de Alianza Ciudadana, movimiento que aspira a ser partido político, René Landaverde Hernández, se desempeñó como cónsul durante el segundo gobierno del FMLN y durante el primer mandato del presidente Nayib Bukele, a quien respalda.

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Según el currículum disponible en la página de transparencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Landaverde Hernández fue cónsul en la representación diplomática y consular de El Salvador en Guatemala en 2016, durante el gobierno del expresidente del FMLN Salvador Sánchez Cerén.

Luego, en la cuenta de X de la Cancillería salvadoreña, hay una publicación del 18 de marzo, cuando la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, anunció que lo presentó como cónsul general en Ciudad de México, durante el primer periodo del presidente Bukele.

Landaverde fue cónsul en la agencia consular de El Salvador en Comitán de Domínguez, Chiapas, en México, aunque no se precisa el periodo en qué desempeñó tal función. Además, fue candidato a diputado por San Salvador por Cambio Democrático (CD) para las elecciones de 2024. Landaverde es graduado de la licenciatura de Ciencias jurídicas de la Universidad de El Salvador (UES).

«Lo que tenga que ver con mi trayectoria profesional no tiene nada que ver con la visión del proyecto porque la Alianza a final de cuentas, como somos un colectivo, es entre todos los que vamos a decidir las agendas de trabajo, ahí cada quien tiene su perfil y su trayectoria».
René Landaverde Hernández, coordinador nacional de la Alianza Ciudadana.

Landaverde Hernández aseguró que su trayectoria profesional «no tiene nada que ver con la visión del proyecto» de conformación del partido Alianza Ciudadana, porque al final «es entre todos los que vamos a decidir las agendas de trabajo» e indicó que «es absolutamente cierto» que haya trabajado como cónsul en los tres lugares antes mencionados.

Además, dijo a El Mundo que su trabajo en el servicio exterior «fue precisamente con la población migrante» y que en el pasado trabajó como querellante en el caso contra el expresidente de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Francisco Flores. Asimismo, promovió junto a Eduardo Escobar y Ramón Villalta en 2012 una demanda de inconstitucionalidad contra la «omisión total» del mecanismo de votación para los salvadoreños en el extranjero.

Sobre el futuro del movimiento, asegura que, si bien actualmente es el coordinador nacional, no está interesado en asumir la secretaría nacional del partido porque su trabajo es más de organización. «Yo soy el coordinador del movimiento, pero no voy a ser el secretario general del partido porque el secretario lo va a elegir la militancia, es más, personalmente no tengo interés», afirmó a Diario El Mundo.

«No voy a ser el secretario general del partido porque el secretario lo va a elegir la militancia, es más, personalmente no tengo interés de asumir la secretaría general del partido, porque mi trabajo es más de organización».
René Landaverde Hernández, coordinador nacional de la Alianza Ciudadana.

Alianza Ciudadana está validando las firmas de las personas interesadas en ser fundadores del partido para la constitución de la escritura pública para poder presentar la solicitud de proselitismo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y recoger las firmas de los respaldantes para inscribirse formalmente como partido y participar en las elecciones de 2027.

El domingo, el movimiento informó que busca promover «agendas de trabajo desde la sociedad civil» y que apoyarían al presidente de la República, Nayib Bukele, para que «siga gobernando este país por cinco años más o por el tiempo que el pueblo le dé la gobernabilidad». Landaverde aseguró que el movimiento se financia con fondos propios.

La

Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) pidió al Ministerio de Trabajo que realice inspecciones en las instituciones de gobierno por el despido de más de 450 directivos sindicales desde octubre de 2024.

La UNT ya había reportado en diciembre que 58 sindicatos habían sido desarticulados.

El secretario general de la UNT, Erick Zelaya, exigió el lunes al ministro de Trabajo, Rolando Castro, que «inicie las inspecciones por los más de 4,450 directivos sindicales» despedidos desde el 19 de octubre, fecha en que se realizó la primera marcha blanca contra la reducción de presupuesto y plazas en instituciones de gobierno.

Zelaya aseguró que se trata de «persecución sindical» generalizada y reprochó al ministro Castro que haya iniciado inspecciones de oficio en empresas privadas y de construcción y cuestionó: «¿Por qué no ha hecho de oficio las inspecciones por todos los despedidos, directivos sindicales en el Estado que son cientos».

«Exigimos al ministro de Trabajo, Rolando Castro, que inicie las inspecciones por los más de 450 directivos sindicales que han sido cesados de sus trabajos a partir del 19 de octubre que se organizó la primera marcha blanca del año pasado. Esta persecución sindical se está generalizando, tenemos dos compañeros procesados del Sindicato de Trabajadores de salud, de Fosalud, que están siendo procesados en la Comisión de Servicio Civil».

Erick Zelaya, secretario general de la UNT.

Zelaya indicó que han registrado dos casos de sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Fondo Solidario para la Salud (Sitrasalud), que estarían siendo procesados en la Comisión de Servicio Civil del Tribunal de Servicio Civil. Al respecto, la secretaria de Sitrasalud, Silvia Navarrete, explicó a Diario El Mundo que los dos fueron acusados «de haber trabajado en otra institución con el tiempo que tenían para la labor sindical».

Navarrete dijo que ese proceso se desarrolló y que había demostrado que «no se había cometido esa falta» y había quedado «como cosa juzgada» pero que, luego de haber denunciado el despido de mujeres embarazadas, les caso se habría vuelto a abrir en su contra.

El lunes, el Sindicato del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU) y la Federación Sindical de Trabajadores Municipales (ASTRAM) denunciaron violaciones a derechos laborales y sindicales, pues les restringen el tiempo de organización sindical y presionan para desafiliaciones.

El u003cstrongu003eSindicato del Instituto Salvadoreu00f1o para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU) y la Federación Sindical de Trabajadores Municipales (ASTRAM)u003c/strongu003e denunciaron este lunes supuestas violaciones a derechos laborales y sindicales en las alcaldías de El Salvador y pidieron al Ministerio de Trabajo inspecciones urgentes.nnLa secretaria general del USTTISDEMU, u003cstrongu003eSonia Viñertau003c/strongu003e, aseveró que las autoridades de la institución le habrían dicho a las empleadas afiliadas al sindicato que u0022sus nombres iban a ser enviados en una lista a Capres (Casa Presidencial)u0022 para ser despedidas. Por ello, aseguró que ha habido u0022una desafiliación muy importanteu0022 para u0022acabar con el sindicatou0022.nnViñerta dijo también que, desde diciembre, en el ISDEMU se ha promovido u0022una narrativau0022 para asegurar que el sindicato ya no existe y que tampoco hay Junta Directiva, sin embargo, la sindicalista mostró un documento supuestamente emitido por el Ministerio de Trabajo que certifica a la junta y se le nombra a ella como secretaria general.nnu003cblockquoteu003enu003cpu003eu0022Se ha generado una cultura antisindical y violatoria de derechos laborales que incluso ha pasado por atacar la libertad sindical… (Les decían que si) seguían en el sindicato sus nombres iban a ser enviados en una lista a Capres, que se les iba a despedir por continuar sindicalizadas. Eso ha generado una fuga, una desafiliación muy importante porque han pretendido acabar el sindicatou0022.nu003cstrongu003eSonia Viñerta, secretaria general del USTTISDEMU.u003c/strongu003eu003c/pu003eu003c/blockquoteu003enLa u003cstrongu003esecetaria general de ASTRAMu003c/strongu003e, u003cstrongu003eGuadalupe Centenou003c/strongu003e, pidió al Ministerio de Trabajo que realice inspecciones en las 44 alcaldías del país u0022porque están coartando el derecho sindicalu0022 y que en algunas alcaldías se les restringe el tiempo sindical y les están pidiendo trabajar días de asueto sin el pago correspondiente.nnCenteno agregó que, en una alcaldía de San Salvador, se les informó a los trabajadores de desechos sólidos que u0022es obligaciónu0022 que se presenten a trabajar los días jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de abril, aunque los tres días sean asuetos, y que se les pagaría u0022como día festivou0022 y no asueto.nnu0022¿A dónde se ha visto que van a sancionar a un trabajador para que venga a trabajar el día de vacación?u0022 cuestionó. El Ministerio de Trabajo atendió a los sindicalistas luego de la conferencia de prensa.nnu003cblockquoteu003enu003cpu003eu0022Necesitamos unas inspecciones urgentes a nivel nacional de todas las alcaldías porque están coartando el derecho sindical, también están amenazando que, si no vienen a trabajar los días de vacaciones, van a ser sancionadosu0022.nu003cstrongu003eGuadalupe Centeno, secretaria general de ASTRAM.u003c/strongu003eu003c/pu003eu003c/blockquoteu003ennEl Registro Federal de Estados Unidos informó la semana pasada que el u003ca href=u0022https://diario.elmundo.sv/politica/marco-rubio-certifico-que-gobierno-de-el-salvador-combate-la-corrupcion-y-respeta-los-derechos-humanosu0022u003esecretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, certificó que el gobierno salvadoreñou003c/au003e protege los derechos de defensores de derechos humanos y sindicalistas, entre otros.nnLa Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió este año al Gobierno salvadoreño que u003ca href=u0022https://diario.elmundo.sv/politica/oit-pide-a-el-salvador-terminar-con-persecucion-de-lideres-sindicalesu0022u0022ponga fin inmediatamenteu0022 a la persecución, violencia, amenazas, estigmatización, intimidación y agresiones contra líderes sindicalesu003c/au003e y que u0022ponga finu0022 a la violencia contra sindicalistas y que u0022adopte medidas para garantizar que tales actos no se repitanu0022.nnu003cimg alt=u0022Los sindicalistas se reunieron este lunes con la Directora de Trabajo, el Jefe de Organizaciones Sociales y el Jefe del Departamento de Inspecciones del Ministerio de. Trabajo. / Cortesía.u0022 src=u003cimg src=u0022https://static.elmundo.sv/u003cbr/u003ennAdemás, Centeno consideró que la ampliación en el servicio de recolección de basura de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) u0022no viene ni siquiera a beneficiar a la poblaciónu0022, pues recordó las quejas de la recolección de desechos en San Salvador Este.nnu0022Entonces, ¿adónde está que quieren meter esa empresa en todos los municipios si sabemos que no le van a dar un buen servicio a la población?, no es lo mismo conocido que lo nuevo por conoceru0022 afirmó Centeno. Señaló que los trabajadores municipales ya conocen las rutas de recolección de basura, y que los motoristas y los recolectores de ANDRES u0022no sabenu0022.nnu003ca href=u0022https://diario.elmundo.sv/nacionales/andres-ampliara-cobertura-a-la-libertad-costa-la-libertad-este-y-la-paz-esteu0022u003eANDRES anunció que sus servicios se extenderán a La Libertad Costa, La Libertad Este y La Paz Esteu003c/au003e, alcanzando 17 distritos atendidos por ANDRES, que inició operaciones en diciembre.

El movimiento Alianza Ciudadana pidió el domingo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no atrase su proceso para inscribirse formalmente como partido político y así poder competir en las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y de alcaldes de febrero de 2027. Aseguran que presentarán más de las 50,000 firmas requeridas para completar su inscripción.

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René Landaverde, coordinador nacional de Alianza Ciudadana, aseveró que no van a permitir que la institución electoral los atrase en su proceso de inscripción, una vez hayan completado los requisitos exigidos por la ley para completar el procedimiento. Asegura que confía en el Tribunal.

«Lo que sí queremos es que el Tribunal Supremo Electoral como representante, como tribunal administrador de la justicia electoral, nos inscriba como partido una vez hayamos completado todos los requisitos, lo que no vamos a permitir es que nos estén atrasando».
René Landaverde, coordinador nacional de Alianza Ciudadana.

Landaverde sostuvo durante la conferencia de prensa que van «a cumplir con todos los requisitos» que establece la ley. Uno de los requerimientos es presentar al menos 50,000 firmas de salvadoreños en pleno ejercicio de sus derechos para que funjan como respaldantes del instituto político en organización.

Alianza Ciudadana pretende presentar 100,000 «como una forma de decir ‘no, es que no completaron las firmas’, no, si quieren más firmas, les vamos a traer más firmas», afirmó Landaverde, quien aseguró que detrás de cada líder comunitario que integra el movimiento «hay un montón de gente que eventualmente va a ser convocada para el proceso de constitución».

El líder del movimiento también dijo que confían «en que el Tribunal Supremo Electoral va a inscribir a la Alianza, obviamente cumpliendo todos los requisitos que la ley establece», pues indicó que no tienen «antecedentes» del Tribunal «que nos afecte como ciudadanos».

La Ley de partidos políticos en el Título II establece que los partidos se constituyen a partir de una escritura pública iniciada por al menos 100 ciudadanos en pleno goce de sus derechos, luego el partido en organización debe presentar una solicitud de proselitismo ante el TSE para que le sean autorizados libros oficiales para la recolección de las firmas en 90 días que duran las actividades de proselitismo.

Ayer, Alianza Ciudadana dio a conocer oficialmente que buscará inscribirse como partido político. Presentándose con una línea ideológica de «centro», aseguran que no serán oposición y que apoyan al presidente de la República, Nayib Bukele, para que siga gobernando «este país por cinco años más o por el tiempo que el pueblo le dé la gobernabilidad».

El u003cstrongu003eTribunal Supremo Electoral (TSE)u003c/strongu003e gastó casi medio millón de dólares en 247 viajes de los 10 exmagistrados y de empleados técnicos y operativos durante el período que inició el 1 de agosto de 2019 y que concluyó el 31 de julio de 2024. El mayor gasto fue en entrega de viu00e1ticos para los funcionarios electorales.nnLos reportes de viajes de misiones oficiales del TSE publicados en el portal de transparencia revelan que, en la anterior gestión, se realizaron 247 viajes internacionales, en la mayoría, los funcionarios participaron como observadores electorales y empleados que capacitaron organismos electorales en el exterior.nnEl primer viaje registrado en las bitu00e1coras se realizó el 8 de agosto de 2019 y el último el 29 de julio de 2024, dos días antes que los jueces electorales dejaran sus cargos de cinco años. De acuerdo con el cu00e1lculo realizado por Diario El Mundo, la institución solo en viu00e1ticos gastó $284,970. El magistrado que menos gastó en viajes fue Julio Olivo, el 7.8 % del gasto total.nnLa institución electoral gastó $70,624.24 en pagos de pasajes, la mayoría fue financiada por organizaciones que invitaban a los magistrados como observadores, capacitaciones y eventos. El gasto de viajes ascendió a $11,780 y en pagos de terminales y otros, $10,845.nnu003cstrongu003eEstimaciones del gasto total por cada magistrado propietario:u003c/strongu003enu003culu003entu003cliu003eExmagistrado del TSE, Guillermo Wellman: $80,845.63.u003c/liu003entu003cliu003eExpresidenta del TSE, Dora de Barahona: $62,156.45.u003c/liu003entu003cliu003eExmagistrado del TSE, Rubén Meléndez: $53,815.47.u003c/liu003entu003cliu003eExmagistrado del TSE, Noel Orellana: $39,429.58.u003c/liu003entu003cliu003eExmagistrado del TSE, Julio Olivo: $37,595.10.u003c/liu003enu003c/ulu003ennDe acuerdo con los datos de transparencia, en viajes del magistrado Wellman, el TSE erogó $15,950.63 en pasajes; $45,425 en viu00e1ticos; $18,030 en gastos de viaje y $1,440 para pagos de terminales u00e1reas. El gasto representa el 16.87 % del total. Le sigue la expresidenta Dora de Barahona, con $6,811.45 en pagos de pasajes; $37,980 en viu00e1ticos; $16,150 en viaje y $1,215 en pagos de terminal, representando el 12.97 % del gasto.nnLe sigue el exmagistrado Rubén Meléndez, en quien se gastaron $6,190.47 en pasajes; $33,135 en viu00e1ticos; $13,410 en viaje y $1,080 en pagos de terminales, lo que representa el 11.22 % del gasto total. Ademu00e1s, la institución erogó $9,202.08 en concepto de pasajes del exmagistrado Noel Orellana; otros $21,300 para viu00e1ticos; otros $8,252.50 en viajes y $675 en pagos de terminal, es decir, 8 % del total.nnEn el magistrado que menos gastó el TSE fue el exmagistrado Julio Olivo con $9,627.60 en pasajes; otros $19,180 en viu00e1ticos; ademu00e1s de $8,337.50 en «viaje» y $450 en pagos de terminal, lo que significó el 7.8 % de los $479,219.24 que gastó el Tribunal en los 247 viajes realizados a 27 países.nnu003ch2u003e71 viajes para capacitaciones de voto electrónico en el exterioru003c/h2u003enDesde el 16 de enero hasta el 23 de febrero de 2024, se realizaron 71 viajes de magistrados y técnicos para capacitar a los miembros de las Juntas Receptoras de Voto en el Exterior en países como Estados Unidos, Suecia, Nicaragua, Perú, México, Bélgica, España, Alemania, Costa Rica, Honduras, Costa Rica, Argentina, Colombia, Ecuador, Panamu00e1, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay.nnLos informes de los viajes de los nuevos magistrados del TSE aún no se han publicado en el portal de transparencia de la institución. Aunque se conoce que en los primeros meses viajaron a presenciar las elecciones de noviembre en Estados Unidos y en Ecuador.