Autor: Vero Crespin

Los partidos políticos salvadoreños legalmente inscritos tendrán hasta julio del próximo año para celebrar sus elecciones internas de candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales que competirán en los comicios del 28 de febrero de 2027.

Dos fuentes internas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dijeron a Diario El Mundo que el calendario electoral aprobado por los magistrados señala el miércoles 29 de julio de 2026 como fecha límite para que los institutos políticos seleccionen a sus candidatos a cargos de elección popular.

De no cambiar la legislación electoral vigente, los salvadoreños elegirían el próximo 28 de febrero de 2027 a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales.

La Comisión Organizadora del TSE ya está trabajando en el cálculo presupuestario para los comicios de los salvadoreños en el exterior y en el territorio nacional.

El 7 de abril de 2026 será la última fecha para que los partidos informen a sus afiliados el día que realizarán sus elecciones internas para que acudan a votar en las sedes que el partido habilite.

¿Cuál es el proceso de elecciones internas?

La Ley de partidos políticos establece en el artículo 37 que los cargos de elección popular se deben elegir a través de voto libre, directo, igualitario y secreto de los afiliados de cada instituto político. Los votos son ejercidos de acuerdo con las circunscripciones donde están empadronados los miembros de los partidos.

La normativa indica que las elecciones internas deben ser organizadas por la comisión electoral permanente en cada partido, la cual se encarga de convocar a elecciones internas «al menos seis meses antes de la convocatoria elecciones» que debe realizar el Tribunal.

Las comisiones electorales también son las responsables de elaborar el calendario electoral del partido, donde se detallen las fechas habilitadas para inscribir precandidatos para diputados y alcaldes con sus respectivas planillas. En el calendario se debe detallar el proceso de selección que deben cumplir las precandidaturas.

Actualmente están inscritos legalmente 11 partidos políticos:

1. Nuevas Ideas.
2. Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
3. Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
4. Partido Demócrata Cristiano (PDC).
5. Partido de Concertación Laboral (PCN).
6. Fuerza Solidaria (FS).
7. Gran Alianza por la Unidad Nacional. (Gana).
8. Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS).
9. Partido Independiente Salvadoreño (PAIS).
10. Vamos.
11. Democracia Salvadoreña (DS).

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pretende contratar la renovación de licencias para equipos fortiswitches –dispositivos para conectar redes con mayor seguridad– por $13,660.90, según la oferta de compra publicada el 14 de marzo en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

Según fuentes electorales, las licencias brindan seguridad a los switches, que se asemejan a «modems grandes» donde se conectan varios equipos. La renovación de licencias será contratada con fondos del presupuesto ordinario, detalla la oferta.

El servicio que busca contratar el Tribunal tendría una vigencia de un año desde la fecha que determine la orden de inicio el administrador del contrato. El contrato estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026. El Tribunal ha indicado en la oferta que puede solicitar adendas o prórrogas al contrato.

Las licencias que requiere el Tribunal:

• 22 para FortiSwitch-124E Fortnet por $3,621.80.
• Dos para FortiSwitch 524D por $1,649.76.
• Dos para FortiSwitch 1048E por $6,552.90.
• Dos para FortiSwitch 548D por $1,836.44.

El Tribunal requiere a las empresas oferentes que les presenten un catalogo o una ficha técnica que detalle los modelos soportados, las funcionalidades, la duración y demás datos de las licencias que administrarían a la institución electoral.

Uno de los encargados de verificar los documentos presentados con las ofertas técnicas de las empresas será el director administrativo del TSE, Mario César Doratt Artero. El pago a la empresa seleccionada se realizará en una sola entrega, en no más de 60 días calendario.

Además, las empresas deberán presentar dos declaraciones juradas: una sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones generales solicitadas por el Tribunal y otra en la que certifiquen no estar inhabilitados por medio de acta notarial.

A finales de febrero, la institución también publicó una oferta para contratar seguros de vida, médicos, de automotores, de fidelidad, por incendio y para equipo electrónico por $99,575. El seguro de vida y médico estaría valorado en $43,503 e incluiría a los magistrados y sus familiares. El TSE no se pronunció sobre el seguro de vida y médicos adquiridos.

Este 2025 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cumple 50 años de permanencia en El Salvador y en ese marco ha asegurado que seguirán contribuyendo «a la construcción de un El Salvador más inclusivo».

La representante residente del PNUD en El Salvador, Maribel Gutiérrez, aseguró que seguirán «aportando a la construcción de un El Salvador más inclusivo», que a su vez sea «sostenible y dé oportunidades para todas las personas».

Gutiérrez señaló en una publicación del PNUD que la organización llegó a El Salvador con la misión de «impulsar el desarrollo humano» de los salvadoreños y aseveró que en este medio siglo han sido «testigos de transformaciones sociales, económicas y políticas».

La representante del PNUD sostuvo que «siguen firmes en su compromiso» de contribuir en El Salvador a pesar de «un mundo lleno de desafíos». «Medio siglo de compromiso para un futuro más justo y equitativo», agregó la institución en sus redes sociales.

En junio de 2024, el PNUD informó que Gutiérrez se reunió con funcionarios del gobierno salvadoreño para «el desarrollo sostenible, facilitando recursos y conocimientos». En esa oportunidad, la representante del PNUD se reunió con el director país del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Alejandro Zelaya, y con la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira.

Gutiérrez presentó sus cartas credenciales a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, en septiembre de 2022 y para ese momento reiteró su compromiso de apoyar al país en la búsqueda del desarrollo humano a través de colaboraciones con el gobierno para enfrentar desafíos y alcanzar el desarrollo sostenible en economía, social y medio ambiente.

50 años impulsando el desarrollo humano en El Salvador. Medio siglo de compromiso para un futuro más justo y equitativo. #PNUD50Años #DesarrolloSostenible #ElSalvador pic.twitter.com/jR5HfynuiS

— PNUD El Salvador (@PNUDSV) March 21, 2025

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador donó el jueves 1,612 escáneres al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, luego de un acuerdo unánime del organismo colegiado, pero sin que todos los magistrados asistieran al evento.

El acto de entrega fue presidido por la presidenta del TSE, Roxana Soriano, y la embajadora de Ecuador en El Salvador, Laura Donoso, sin presencia de la prensa.

Para Soriano aseguró, esta donación es un intercambio que permite construir «democracias sólidas» y «es un paso más en la consolidación del TSE como un referente regional en materia de integridad electoral».

Según el TSE, la embajadora Donoso agradeció el apoyo del Tribunal para «generar procesos transparentes y confiables». A la diplomática ecuatoriana también la acompañó la directora nacional de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alejandra Santa Cruz.

«Esta donación simboliza no solo un gesto de apoyo técnico, sino también la convicción de que el intercambio de conocimientos y recursos entre nuestros países nos permite construir democracias sólidas».

Roxana Soriano, presidenta del TSE.

De parte del TSE, asistieron al evento la presidenta Soriano, las magistradas propietarias Sofía Paniagua y Karla Guandique (propuestas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los magistrados suplentes Irvin Castillo (propuesto por Arena) y Francisco Molina (propuesto por la CSJ).

El Tribunal aseguró en sus redes sociales que el equipo «se encuentra en óptimas condiciones» pero que es donado porque «ya no se apega a nuestro sistema electoral».

«Realizamos esta contribución con el objetivo que continúe siendo de apoyo en la ejecución de procesos electorales democráticos», aseguró la institución electoral.

En marzo de 2023, los exmagistrados también donaron al Ministerio de Educación 501 laptops, 49 impresoras y siete escáneres. Estos aparatos habrían dejado de ser utilizados tras las elecciones legislativas y municipales de 2021, cuando se empezó a usar el sistema automatizado.

A casi dos semanas de haber destituido al alcalde de San Salvador Este, José Chicas, el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no ha recibido la certificación de la decisión que tomó el concejo municipal el sábado 8 de marzo para remover a Chicas del cargo para el que fue electo popularmente el 3 de marzo de 2024.

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Dos fuentes internas dijeron a Diario El Mundo que la certificación de la destitución aún no ha sido recibida por el organismo colegiado del TSE. El Código Municipal establece en el artículo 28 que el concejo municipal debe remitir al Tribunal la certificación correspondiente «en el plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha en que la resolución adquiera estado de firmeza».

Concejales de San Salvador Este consultados por Diario El Mundo desconocen si la certificación ya fue enviada a la Secretaría General del Tribunal. El Código indica que la destitución de funcionarios del concejo procede cuando: no se reúnen los requisitos exigidos, por pérdida de los derechos, contratistas o concesionarios del municipio, cuando se tiene pendiente juicios administrativos o controversias judiciales, enajenados mentales, empresarios municipales, militares, ministros y pastores.

La normativa vigente también indica que para destituciones de miembros del concejo se debe tener el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros propietarios del concejo, mientras que para suspensiones se debe tener la mitad más uno de los votos. En ambos casos se debe remitir la certificación al Tribunal.

En la sesión extraordinaria del concejo municipal, los concejales decidieron también nombrar al tercer regidor Marvin Elías Alas Aragón como nuevo jefe edilicio. Luego de la reunión, el regidor del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Cayetano Cruz, aseguró que la destitución no habría sido fundamentada legalmente.

La destitución de Chicas fue solicitada por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien pidió esta decisión por la polémica ocurrida en Ilopango, uno de los distritos de San Salvador Este, por maltrato animal en el refugio municipal. Bukele aseguró que no se puede capturar a un edil por «mala gestión o negligencia administrativa». Chicas también fue expulsado del partido Nuevas Ideas.

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro, aseguró esta semana que a Chicas «le dieron la oportunidad de irse» sin rendir cuentas y aseveró que si «fuera un alcalde de oposición, inmediatamente le hubiera caído la Fiscalía y ya estuviera preso y ya anduviera con las chancletillas blancas».

El Comité Nacional Monseñor Romero informó este jueves que el lunes presentarán una demanda de constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley general de minería metálica en El Salvador. A la demanda esperan anexar al menos 50,000 firmas de salvadoreños que se oponen a la normativa aprobada en diciembre de 2024.

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El vicepresidente del Comité, Trinidad de Jesús Nieto, aseguró que el lunes como parte de las actividades en conmemoración del martirio de San Óscar Arnulfo Romero, presentarán una demanda para solicitar la inconstitucionalidad de la ley minera aprobada por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de 2024.

Nieto aseveró que la demanda ha sido redactada por abogados de la organización y añadió que también están solicitado que se promueva la derogación de la misma ley y del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que ya suma más de 84,000 personas capturadas.

«Saldremos directo a la Corte Suprema llevando otras, allá llevaron 150,000 firmas, posiblemente el lunes sean entregadas a la Corte otras 50,000 firmas con las cuales se está planteando la demanda».
Trinidad de Jesús Nieto, vicepresidente del Comité Nacional Monseñor Romero.

Por su parte, el secretario del Comité, Gustavo de León, indicó que se unen a la petición de la Iglesia Católica para que el Órgano Legislativo derogue la ley minera porque recordó que la normativa vino a «sustituir» la ley que prohibió la explotación minera en El Salvador como «un hecho histórico» en 2017.

«Queremos apoyar la acción de la Iglesia en el acto reciente de la entrega de las 150,000 firmas para pedir la derogación de la ley» sostuvo de León, quien indicó que la prohibición de la minería servía como una «protección» para los salvadoreños.

La Alianza Nacional contra la privatización del agua también señaló que se unirá el lunes para presentar la demanda. Amalia López de la Alianza, aseguró ayer que en la recolección de firmas llevan «un número bastante elevado» aunque admitió que «siguen recopilando» e instó a quienes tienen listados que «los hagan llegar» para anexarlos en la demanda.

A finales de enero, organizaciones de sociedad civil aseguraron que buscaban recolectar 1 millón de firmas contra la minería. Hasta el momento se desconoce la cantidad de firmas recolectadas por los movimientos, quienes aseguran que aún no cierran la recolección.

La Conferencia Episcopal de El Salvador presentó el martes en la Asamblea Legislativa 150,000 firmas de salvadoreños que apoyan la derogación de la ley minera. «Sin ningún interés político, ideológico o de grupos de poder, sino movidos únicamente por el bien común de este pueblo, sobre todo el bien de los más vulnerables», afirmó el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.

La organización Cristosal denunció este jueves ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) al ministro de Salud, Francisco Alabí, y al expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge Aguilar, por supuestamente haber beneficiado a empresas familiares en contrataciones durante la pandemia.

El abogado de Cristosal Jonatan Sisco explicó que acusan a los funcionarios de desvío de fondos y por conflicto de intereses en la ejecución de compras durante la pandemia por Covid-19 en 2021. Sisco aseguró que han presentado el documento de cotización de caretas de la empresa que supuestamente pertenece a la hija de Jorge Aguilar, expresidente del FONAES, donde presuntamente él también era accionista y se habría beneficiado de las compras del Estado.

Sisco dijo también que por medio del periodismo de investigación conocieron de una supuesta cotización donde la empresa habría comercializado las caretas a $1.13 pero al gobierno salvadoreño se las vendió a $2.50. Con base a este documento, Cristosal estima que el sobreprecio sería del 121 %. El contrato de compra fue suscrito por $250,000 para la adquisición de $100,000 protectores faciales.

«Los fondos que estaban destinados para la compra de mascarillas quirúrgicas certificadas no se utilizaron para eso, terminaron en manos de familiares de funcionarios y de los mismos funcionarios que eran accionistas de estas sociedades». Jonathan Sisco, abogado de Cristosal.

A través de un comunicado de prensa, la organización explica que Jorge Aguilar ejercía el cargo de presidente del FONAES cuando se dio la contratación de protectores faciales y supuestamente, en ese mismo periodo «mantenía su condición de accionista y beneficiario final» de la empresa de su hija.

La organización también ha señalado que los protectores faciales comprados «no estaban incluidos en el catálogo de insumos médicos autorizados para compras directas, según el decreto legislativo» aprobado «lo cual sugiere un posible desvío de fondos destinados a la adquisición de insumos médicos esenciales».

Cristosal entregó en anexos a la denuncia: acuerdos ejecutivos, declaraciones patrimoniales, órdenes de compra, cotizaciones y credenciales que presuntamente relacionarían a Jorge Aguilar con la empresa de su hija y sugirió al TEG que pida informes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al Ministerio de Hacienda para determinar si «recibió salarios o dividendos de dicha sociedad».

Por su parte, la jefa anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth López, aseguró que estos casos están casi por prescribir en el Tribunal por cumplirse el periodo de cinco años e indicó que esta denuncia se suma a la presentada el 13 de noviembre contra el ministro Alabi «por haber favorecido a sus familiares».

Las peticiones de salvadoreños para obtener protección internacional en España han aumentado en un 73 % durante el último mes, según los datos del Ministerio del Interior del país europeo.

Al menos 112 salvadoreños han pedido protección internacional en España desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2025.

Durante enero de 2025, el Ministerio del Interior de España recibió 41 solicitudes de asilo o refugio por parte de salvadoreños; la cifra aumentó en un 73 % para febrero, con 71 solicitudes, 30 peticiones más que en enero.

El promedio diario de solicitudes de salvadoreños es 1.89 en los últimos dos meses. Aunque la cifra de salvadoreños que buscan protección incrementó en febrero, en el ranking global, bajó de posición.

En enero, El Salvador ocupó la posición 19 en países con más solicitudes y en febrero cayó hasta la posición 21.

El Salvador fue desplazado dos posiciones abajo del ranking de casi 100 países cuyos ciudadanos solicitan protección en España. El primer país que lo movió hacia abajo fue Somalia que pasó de 35 solicitudes en enero a 105 en febrero, mientras que Cuba pasó de 35 peticiones en enero a 79 el último mes.

Refugiados, rechazados y archivados

En lo que va de 2025, un total de 66 salvadoreños lograron el «estatus de refugiados», 20 en enero y 46 en febrero. Sin embargo, otros 236 que tuvieron resultados «desfavorables» en sus peticiones; en enero fueron 93 rechazados y, en febrero, 143.

Por otro lado, el Ministerio del Interior reporta solo seis casos archivados, uno en enero y cinco en febrero; 12 solicitudes por «razones humanitarias», seis en cada mes; y ninguna solicitud de protección subsidiaria de salvadoreños.

En enero de 2025, el gobierno español recibió 13,384 solicitudes de protección y en febrero la cifra casi se duplicó, llegando a 26,409 peticiones de refugio. De los más de 26,000 peticionarios, al menos 22,480 son hombres y 17,313 son mujeres. La mayoría de los peticionarios tienen entre 18 y 34 años de edad.

En total, al menos 1,413 personas han recibido refugio en España en los primeros dos meses de 2025, un 2 % son salvadoreños. Asimismo, unos 17,644 han sido rechazados, 4 % son compatriotas salvadoreños. El país con más ciudadanos refugiados en febrero fue Colombia, con 199 solicitudes aprobadas.

La Mesa Territorial de la Zona Norte de La Libertad y el Foro del Agua presentaron este miércoles una propuesta de «Ordenanza ambiental marco para la protección del acuífero de San Juan Opico» en la alcaldía de La Libertad Centro, que prohíbe el cambio en el uso de suelo en zonas protegidas.

La propuesta de normativa municipal pretende que no se pueda modificar el uso del suelo en zonas protegidas por motivos industriales, urbanísticos, turísticos y comerciales.

Las organizaciones no informaron si la propuesta fue recibida en la comuna.

A través de una publicación en redes sociales, el Foro del Agua indicó que la ordenanza también busca la creación de un régimen hídrico y administrativo para «la protección, conservación y restauración» del acuífero de San Juan Opico. Asimismo, sugirió la creación de una nueva tasa municipal para «el monitoreo» del mismo acuífero.

La propuesta buscaría la creación de un Comité de Cuenca del acuífero para su vigilancia y protección, además de promover la participación ciudadana. Asimismo, se constituiría un régimen de infracciones para sancionar la contaminación en el acuífero.

El municipio de La Libertad Centro está integrado por los distritos de San Juan Opico y Ciudad Arce. De acuerdo con el Foro del Agua, la propuesta fue formulada a partir de la «consulta popular» en localidades como Quezaltepeque, San Matías, San Juan Opico, San Pablo Tacachico y Ciudad Arce.

La organización Alianza Américas, red transnacional de defensa de los derechos de migrantes latinoamericanos, aseguró esta semana que el traslado de venezolanos desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador supone «graves problemas legales y éticos» porque se desconoce el organismo que habría determinado la supuesta afiliación a pandillas.

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Más de 200 integrantes del Tren de Aragua llegaron este domingo a El Salvador

El gobierno salvadoreño informó el domingo que recibieron 238 presos de Estados Unidos acusados de pertenecer a la pandilla venezolana «Tren de Aragua» y de la MS13. Sin embargo, Alianza Américas sostiene que los venezolanos han sido detenidos «en circunstancias legales ambiguas» y acusó a El Salvador de ser «cómplice de un peligroso precedente: normalizar la represión y el abuso institucionalizado de las personas migrantes».

«El traslado de estas personas a otro país plantea graves problemas legales y éticos. Sigue sin estar claro qué organismos determinaron sus supuestas afiliaciones, bajo qué autoridad fueron deportados o las condiciones de su detención y posible puesta en libertad».

Alianza Américas en un comunicado divulgado esta semana.

Consideró que el despojo de los derechos de los presos, clasificarlos como terroristas «y subcontratar su encarcelamiento a un gobierno extranjero» es «una maniobra cruel» que parte de la política anti-inmigración y «no por la justicia o seguridad» de Estados Unidos.

La red también rechazó el uso del CECOT «para detener a miles de personas acusadas de pertenecer a pandillas» y señaló que la prisión salvadoreña ha sido cuestionada «por sus condiciones inhumanas de subsistencia».

Alianza Américas condenó «enérgicamente» la decisión del gobierno de Donald Trump de invocar la Ley de enemigos extranjeros de 1798 por considerar que constituye «un abuso de poder que socava la democracia, el debido proceso y los principios que Estados Unidos dice defender». Esta ley permite que un presidente estadounidense pueda detener y deportar a ciudadanos de lo que considera «una nación enemiga»; ha sido usada en 1812, 1942 y en 1946.

El fin de semana, el gobierno estadounidense informó que envió 238 miembros del Tren de Aragua fuera de Estados Unidos a cambio de una tarifa de $6 millones anuales a El Salvador, además de 23 pandilleros de la MS-13. La encargada de prensa de la Casa Blanca detalló que 101 deportados fueron expulsados bajo la ley migratoria Título 8.

Diputadas de la Asamblea Legislativa salvadoreña

han asegurado que no se siguió el proceso constitucional para traer los presos hacia El Salvador porque el artículo 131 señala que los tratados o pactos que suscriba el Ejecutivo con otras naciones deben ser ratificados por el Órgano Legislativo.