Autor: Vero Crespin

Todos los miembros de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) en pleno y sacerdotes representativos de las diócesis entregaron la mañana de este martes 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa, para reiterar su petición de derogar la Ley General de Minería Metálica aprobada en diciembre de 2024 por Nuevas Ideas y sus aliados a petición del presidente Nayib Bukele.

«Agradecidos por la respuesta inmediata que el pueblo ha manifestado. En cuanto a qué va a suceder, si van a aceptar la petición nuestra o no, no lo sabemos, no lo sabemos, pero sí estamos pidiendo y pidiéndole a Dios, por eso hicimos una jornada de oración y ayuno el 7 de febrero, y eso no ha parado. El Señor, esperamos, que va a mover las voluntades y que va a iluminar a las personas para que tomen esa buena decisión en favor del pueblo», dijo esta mañana el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar.

Obispos de la iglesia católica entregaron este martes 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa para que derogue la Ley general de minería metálica aprobada en diciembre de 2024.
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— Diario El Mundo (@ElMundoSV) March 18, 2025

Monseñor Escobar aseguró que las iglesias evangélicas se unieron a la petición presentada a los diputados; parte de las firmas entregadas provienen de iglesias evangélicas y de todas las parroquias católicas, incluidas las 175 parroquias de la arquidiócesis de San Salvador y ocho diócesis.

Thelma de Mejía, de la parroquia Jesús de la Misericordia, acompañó la petición. «Eso va a traer mucha contaminación, enfermedades, más pobreza, más problemas. A nuestro país no le conviene», expresó la feligrés.

Los obispos iniciaron una jornada de oración el 7 de febrero junto a una campaña de recolección de firmas no solo de católicos, sino de otros sectores de la sociedad, jornada que concluyó el 18 de marzo de 2025, es decir, durante un mes y 11 días.

«Sin ningún interés político, ideológico o de grupos de poder, sino movidos únicamente por el bien común de este pueblo, sobre todo el bien de los más vulnerables… estas firmas expresan la voluntad del pueblo que sobre cualquier interés económico privilegia la vida humana», expresaron los obispos, en un comunicado firmado por los monseñores José Luis Escobar Alas, José Elías Rauda Gutiérrez, William Ernesto Iraheta Rivera y Óscar Álvarez Orellana, como representantes de la CEDES.

Estamos haciendo un llamado a la Asamblea, en su conciencia, para que hagan el bien pero la Iglesia no está para sancionar; todo lo contrario, es un llamado pacífico, humilde». Monseñor José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador, ante la inquietud sobre una posible sanción a funcionarios que promuevan este tipo de iniciativas.

La Conferencia Episcopal anunció el 25 de enero la recolección de firmas para pedir la derogatoria de la Ley general de minería metálica aprobada por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de 2024 y cuya vigencia inició el 7 de enero de 2025. La recolección de firmas se realizó en diferentes parroquias católicas del país al finalizar las misas correspondientes a cada templo.

Ese día, la iglesia católica también inició una jornada de oración y ayuno ante el «posible desastre» que causaría la reactivación de la minería en El Salvador. Los obispos de la Conferencia Episcopal aseguraron en un comunicado que «no podemos mantenernos pasivos» ante las consecuencias de la explotación minera.

La iglesia católica participó en 2017 junto a movimientos sociales y universidades para que se aprobara la prohibición de la minería en El Salvador.

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo a mediados de enero durante una conferencia de prensa que «los ríos de El Salvador no están contaminados por la minería», sino que estarían contaminados «por otra cosa», aunque un estudio de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) indica que desde 1870 hasta mediados del siglo XX hubo explotación minera en San Sebastián, La Unión.

Los partidos Vamos y Alianza Republicana Nacionalista (Arena) consideran que el gobierno salvadoreño no siguió el debido proceso para traer desde Estados Unidos a los primeros 238 presos, supuestamente miembros del Tren de Aragua y de la MS13, tomando en cuenta que el acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos tuvo que haber sido conocido por la Asamblea Legislativa. Los reclusos fueron trasladados a El Salvador la madrugada de este domingo.

La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, aseveró a Diario El Mundo que el artículo 131 de la Constitución de la República establece que corresponde a la Asamblea Legislativa «ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación.

Consideró que el acuerdo entre ambos gobiernos para que El Salvador mantenga recluidos a convictos de Estados Unidos debió haber sido conocido por la Asamblea Legislativa y señaló que el artículo 146 inciso segundo de la Carta Magna establece que «no podrán celebrarse o ratificarse» tratados u otorgarse concesiones cuando se menoscabe la integridad del territorio «a la jurisdicción de un tribunal de un Estado extranjero».

«Considero que tal como lo establece la Constitución en las funciones de la Asamblea Legislativa sí debía conocerse porque, si bien en el artículo 131 dentro de las funciones de la Asamblea, en el séptimo dice que debe hacerse cuando se trate de tratados o pactos con otros Estados».
Cesia Rivas, secretaria general de Vamos.

Rivas argumentó que los 238 presos extranjeros no están bajo la jurisdicción salvadoreña sino de Estados Unidos porque «vienen bajo un juez de Estados Unidos, no es que vienen a someterse a legislación salvadoreña», por lo que el Estado salvadoreño estaría siendo «sometido a una jurisdicción de un tribunal extranjero».

«Es ahí donde sí tenía que haber pasado por la Asamblea, sí tenía que haberse conocido», agregó Rivas.

Cuestionó que podría generar controversia «si un día mueren esas personas venezolanas, criminales, verdad, ya condenados, pero están bajo la jurisdicción de Estados Unidos».

«Hay muchas preguntas y nada de respuestas respecto a esto», criticó, sobre la falta de transparencia de las personas enviadas por Estados Unidos a El Salvador.

También la diputada de Arena Marcela Villatoro afirmó que «no se ha el debido proceso porque tuvo que haber pasado por la Asamblea» y cuestionó que se desconozca información sobre las personas enviadas como su estatus penal.

Ni Estados Unidos, ni El Salvador, han revelado un listado de las personas enviadas con su respectiva información como: calidad de procesado o condenado, delitos por los cuales fue condenado o procesado, si fue absuelto, estatus migratorio, entre otros.

«Nosotros un papel donde nos diga cuántas personas van a ser enviadas, sus antecedentes penales, si ya han sido condenadas, si no son condenadas, si realmente pertenecen al Tren de Aragua… Entonces, digamos que no se ha respetado como el debido proceso que tuvo que haber pasado por la Asamblea».
Marcela Villatoro, diputada de Arena.

Villatoro dijo que solo conocen lo que se ha dicho en las publicaciones de X el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre que son «altos criminales».

«¿Qué nos puede pasar a los salvadoreños?», preguntó. Sugirió ver el tema no solo desde un punto de vista de números, sino desde las afectaciones que pueda traer a los salvadoreños.

Ayer, el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel «El Chino» Flores pidió transparencia en el acuerdo firmado y que se dé a conocer el documento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció el domingo a Bukele por «su compresión» ante la «horrible situación» criminal que enfrenta ese país. Los presos fueron expulsados de Estados Unidos por medio de la aplicación temporal de la ley de Enemigos Extranjeros.

El concejo de San Salvador Centro derogó cuatro ordenanzas municipales que aumentaron tasas y cobros por servicios, licencias y permisos en la municipalidad luego de la advertencia del presidente de la República, Nayib Bukele, en la que aseguró que si no se revertían los cobros, iba a promover legislación para «regular estos abusos a nivel nacional».

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La concejal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Liliana Andrade aseguró a Diario El Mundo que fueron cuatro las normativas derogadas durante una sesión extraordinaria convocada de forma virtual para el viernes pasado tras la advertencia de Bukele.

Las cuatro ordenanzas derogadas fueron:

• Ordenanza reguladora para la emisión de licencias de funcionamiento para entidades de servicio, comercio e industria en el municipio de San Salvador Centro (aprobada el 28 de noviembre de 2024).
• Ordenanza reguladora de comercio en el espacio público del municipio de San Salvador Centro (aprobada el 19 de noviembre de 2024).
• Ordenanza reguladora del comercio de las fiestas patronales del municipio de San Salvador Centro.
• Ordenanza reguladora para la protección del patrimonio arbóreo en el municipio de San Salvador Centro (publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2025).

Andrade detalló que la sesión fue convocada de forma «urgente» luego de que el presidente asegurara que habían «elevado desproporcionadamente los costos de licencias para negocios», lo cual consideró como una «medida que atenta contra la política gubernamental».

«Yo veo mal ese procedimiento que de un tuitazo vengan un concejo municipal que venga a quitar lo que ya se había aprobado».
Liliana Andrade, concejal del FMLN en San Salvador Centro.

Andrade explicó que salvó su voto porque «se hizo de forma expedita sin cumplir los procesos que se deben de cumplir, sin hacer ningún procedimiento de consulta a la ciudadanía». Cuestionó cómo el presidente Bukele no se había enterado del aumento de tasas y licencias cuando «en más de una ocasión se ha dicho que en este país no se mueve la hoja de un árbol si el presidente no quiere».

La regidora acusó al gobierno de resquebrajar el municipalismo con la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) y de los municipios, que a partir de mayo de 2024 pasaron de 262 a solo 44 alcaldías.

«El presidente lo que quiere hacer, como ha hecho con su Asamblea Legislativa, es tener figuras decorativas o pasapapeles, que sean también los alcaldes», afirmó durante la conferencia junto al secretario general del partido, Manuel «El Chino» Flores.

El mandatario salvadoreño aseguró que, si las municipalidades no revierten el aumento de tasas los acusará ante la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de extorsión. Alcaldías como Santa Ana Oeste, San Salvador Oeste, La Paz Este y La Libertad Este han aseverado que no han aumentado cobros por licencias de negocios, aunque algunas han aprobado o reformado otros cobros.

El Registro Nacional de las Personas (RNPN) brinda asesoría a los salvadoreños retornados sobre dificultades con su documentación y sobre la emisión de su Documento Único de Identidad (DUI), el cual, no tiene costo debido a un convenio con la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El RNPN informó, a través de una resolución de información pública con fecha 20 de febrero de 2025, que los salvadoreños en condición de «migrantes retornados» son asesorados sobre los servicios de la institución en la Gerencia de Atención al Migrante.

En esas oficinas ubicadas sobre el final bulevar Coronel Arturo Castellanos, colonia Quiñónez, sobre la 54 avenida Sur, los connacionales pueden expresar a las autoridades que poseen problemas con su DUI y en ese mismo lugar se realiza la emisión y entrega del documento.

Se verifica si el documento requiere renovación, actualización o reposición y se toma captura de los datos biométricos del ciudadano.

El proceso no tiene costo para los migrantes retornados debido al convenio firmado con la OEA que incluye un proyecto de «registro, emisión y entrega del DUI para garantizar el derecho a la identidad e identificación a las personas retornadas a la República de El Salvador».

Este procedimiento de emisión del DUI para salvadoreños retornados fue informada por la Dirección de Identificación Ciudadana del RNPN. Para los ciudadanos ordinarios, la emisión del DUI tiene un costo de $10.31.

La Gerencia de Atención al Migrante ofrece atención a familiares de retornados desde Estados Unidos o México por el teléfono 2133-7900 y así conocer el día y hora de regreso de su familiar al país.

La comisión organizadora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició la elaboración del Plan General de Elecciones (Plagel), integrado por 46 programas que se ejecutarán en las elecciones legislativas y municipales 2027.

La comisión organizadora está integrada por jefes técnicos del Tribunal, entre ellos el jefe de la Unidad de Sistemas Informáticos (USI), Ignacio Villagrán, quien fue calificado como «una persona inexperta» por el exmagistrado Guillermo Wellman en la revista Mundo Electoral.

Villagrán es uno de los pocos técnicos no despedidos por el nuevo organismo colegiado aunque fue el principal señalado de las fallas en las elecciones del año pasado. Los magistrados no han explicado las razones por las cuales se mantuvo en la institución. Entre octubre y diciembre de 2024, los nuevos magistrados despidieron a casi 200 empleados.

El Plagel incluirá los presupuestos de las áreas operativa, jurisdiccional, administrativa y contralora. La comisión también debe presentar el presupuesto de voto nacional y voto en el exterior.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) y calendario electoral ya fueron aprobados por el organismo colegiado. En junio, el Tribunal iniciará la formulación de los términos de referencia para la contratación de la empresa implementadora del voto electrónico y las empresas auditoras.

En 2024, el TSE pidía $159 millones a la Asamblea Legislativa para las elecciones. De esa cantidad, al menos $70 millones para el voto en el exterior y $89 millones para el voto nacional. Al final, la Asamblea aprobó $59 millones para el exterior y $70 para el voto nacional.

Este día, realizamos la instalación de la Comisión Organizadora del Plan General de Elecciones (PLAGEL), creada por el Organismo Colegiado y que incluye los 46 programas así como el Presupuesto Especial Extraordinario para las #Elecciones2027.

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— Tribunal Supremo Electoral (@TSEElSalvador) March 17, 2025

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) pide al gobierno salvadoreño que publique el documento firmado con el gobierno de los Estados Unidos que permitió que 238 criminales que guardaban prisión en el país norteamericano fueran trasladados este fin de semana hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en el distrito de Tecoluca, San Vicente Sur, El Salvador.

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El secretario general del FMLN, Manuel «El Chino» Flores, pidió este lunes al gobierno de El Salvador «transparencia» y consideró que la población salvadoreña necesita conocer «qué fue lo que se firmó entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos», por lo que solicitó «que se publique qué es lo que se firmó».

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la madrugada del domingo que habían llegado a suelo salvadoreño «los primeros 238 miembros» del Tren de Aragua.

Este tema es de debate en la población salvadoreña para que sepa qué está pasando, que transparenten lo qué está ocurriendo, no se trata de únicamente de negociar y decir esta cárcel está a disposición de otro gobierno y me va a pagar tanto por traerme a los presos».
Manuel «El Chino» Flores, secretario general del FMLN.

El dirigente de la izquierda salvadoreña consideró que, con la llegada de estos criminales, El Salvador se está convirtiendo «en una megacácel» y que el pacto es «delicado», por lo que requiere información. Agregó esperar que el país no convierta en «el patio trasero de Estados Unidos».

Flores reprochó al gobierno salvadoreño que, en lugar de negociar el Estatus de Protección Temporal (TPS) o de mejoras en la economía o en la agricultura, haya negociado «cárcel» con el gobierno estadounidense durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a quien Bukele le ofreció recluir presos a cambio de una tarifa acordada entre ambos gobiernos.

El secretario del partido de izquierda cuestionó que, en lugar de «médicos, especialistas en medio ambiente, especialistas en agricultura, especialistas en salud, científicos, académicos, artistas de renombre como lo prometieron», estén llegando criminales de prisiones estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció ayer a Bukele por «su compresión» ante la «horrible situación» criminal que enfrenta ese país. Los presos fueron expulsados de Estados Unidos por medio de la ley de Enemigos Extranjeros.

Este martes 18 de marzo es el último día para que los salvadoreños amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS) puedan reinscribirse al programa prorrogado por 18 meses, hasta diciembre de 2026, durante la administración de Biden.

El periodo de reinscripción inició el 17 de enero y concluirá mañana, según la información brindada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los salvadoreños que reinscriban gozarán de esta protección por 18 meses, es decir, hasta el 9 de septiembre de 2026.

La reinscripción ha estado habilitada por 60 días y se puede realizar en consulados o en la embajada de El Salvador en Estados Unidos, además de organizaciones de salvadoreños en el país norteamericano. Este proceso también está habilitado para Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudan.

Para reinscribirse debe presentar:

• Copia de ambos lados del último documento de autorización de empleo.
• En caso de problemas con la justicia, hay que llevar original y copia de la decisión de la Corte y todos los documentos relacionados al proceso.
• Si esta documentación ya fue presentada en preinscripciones pasadas, se necesitan copias legibles.
• Dos fotografías tamaño pasaporte con fondo blanco.
• Si ha realizado viajes fuera de los Estados Unidos, debe presentar una copia del pasaporte con el que viajó.
• Copia del Advanced Parol o autorización de viaje emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) por sus siglas en inglés.
• Copia del último formulario y registro de entrada y salida.
• Si es la primera vez que se reinscribirá en un consulado salvadoreño, debe llevar copias de los formularios anteriores de reinscripción.
• Dos cheques o money orders dirigidos a US Department of Homeland Security.

El Ministerio de Relaciones Exteriores estima que son 234,000 los salvadoreños amparados en el TPS, de ellos solo 137,000 habrían completado su reinscripción en el período pasado. De la reinscripción actual se desconoce la cantidad de beneficiarios que ya se reinscribieron.

A finales de febrero, la organización Alianza Las Américas advirtió a los beneficiarios del TPS que, de no inscribirse, podrían perder esta protección «en contra de la deportación y su permiso de trabajo». La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, ha asegurado que los connacionales amparados en el TPS no son elegibles para deportaciones.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha usado $29,735,319.95 en el uso del seguro colectivo de vida y seguro colectivo médico hospitalario para empleados del Órgano Judicial, según consta en la tabla de siniestralidad de los últimos cinco años de la institución.

Desde el 14 de abril de 2020 hasta enero de 2025, el monto usado de los seguros para trabajadores supera los $29 millones, siendo el período del 14 de abril de 2023 al 13 de abril de 2024 el que más gasto tuvo, con más de $7 millones.

El período con menor uso de seguros fue el comprendido del 14 de abril de 2024 a enero de 2025, con $5,055,029.91, aunque a este período le faltan los últimos tres meses que comprende el total de la póliza.

Desde 2020 hasta enero de 2025, la Corte ha usado $4,693,500 en seguros colectivos de vida y $25,041,820 en seguros médicos hospitalarios de empleados sumando $29,735,319.95. El seguro actual vence el 14 de abril de 2025 y, para la cobertura del próximo año, ya se está gestionando el proceso de compra en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

La semana pasada, la Corte inició el proceso de contratación de la empresa que brindará el servicio de seguro de vida y médico en el próximo año, en el período que comenzaría el 14 de abril de 2025 y finalizaría el 14 de abril de 2026, por un monto de $6,415,500. Por gastos funerarios se podrán entregar hasta $1,100 por el asegurado, cónyuge, hijos o hijastros.

Beneficios obligatorios en el seguro:

• Consulta externa con médicos fuera de red hasta por $35.
• Cobertura de medicamento, con límite de ocho consultas por año de póliza por cada asegurado.
• $35 diarios en casos de hospitalización.
• Incluye cobertura para enfermedades como hipertiroidismo, diabetes, ojo seco, glaucoma, conjuntivitis crónica, hipertensión, pequeñas cirugías, etc.
• Hasta $1,200 en alquiler o compra de muletas, sillas de ruedas, camas especiales, pulmón artificial u otros.
• Hasta $1,900 para cobertura por maternidad con periodo de carencia de 90 días para nuevas inclusiones.
• Hasta $500 para pacientes psiquiátricos.
• Hasta $500 por terapias psicológicas.

La nnProcuraduría General de la República (PGR) informó que ha atendido a 440 niños y adolescentes migrantesnna través del Centro Integrado de Atención Psicosocial de la PGR (CIAPNA) durante 2024.nnLa institución no detalló el tipo de atención que se le brindó a los infantes ni en las condiciones en las que fueron encontrados.nnPara este año, la PGR tiene un presupuesto de $34,411,037, de ellos, un total de $6,222,415 se destinan a la dirección y administración institucional; otros $26,088,622 a la asistencia legal, atención psicosocial, mediación y conciliación; y $2,100,000 para la Oficina de Adopciones (OPA).nnNiños en condiciones vulnerables y en adopciónnnLa PGR registró 273 niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad atendidos en 46 operativos de enero a diciembre del año pasado. La Procuraduría, que forma parte del Sistema Nacional de Protección, verifica la permanencia de menores de edad en barras show, discotecas y centros de entretenimiento en distintos lugares del país como parte de la Ley Crecer Juntos.nnAdemás, recibieron 25 solicitudes de adopciones para menores de edad a través de la CIAPNA, una oficina creada para «atender y agilizar los servicios» de protección a menores.nnLa institución estima que ha realizado 17,500 mediaciones para la resolución de conflictos entre varias partes para encontrar «soluciones sin necesidad de recurrir a procesos largos y costosos». En ese sentido, desde el 1 de enero hasta el 10 de marzo, se reportan 33,609 personas atendidas en la Procuraduría auxiliar de San Salvador para diversos trámites.nnComo una de las grandes apuestas de esta gestión, nn#CIAPNA es una oficina de la #PROCU, la cual ha sido creada para atender y agilizar los servicios enfocados en la protección de derechos de nuestra niñez y adolescencia.nnPara más información, llámanos a CAVAL al 2231-9484 pic.twitter.com/O9tE4bVCei

La oposición política salvadoreña rechazó los procesos de contratación de seguros de vida y médicos hospitalarios que han iniciado instituciones como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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La secretaria general y diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, aseguró a Diario El Mundo que que la contratación de seguro de salud privado «es un abuso de poder» y «un acto vergonzoso y una falta de respeto para la ciudadanía», tomando en cuenta que están «en medio de una crisis económica» en la que no se ha aumentado al salario mínimo.

Rivas estima que estas acciones también constituyen una violación de la Ley de Ética Gubernamental, pues el artículo 5 establece que uno de los deberes éticos es «utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados».

«Considero que el tener un seguro de salud privado es un abuso de poder… Es un acto ilegal, es un acto vergonzoso y es una falta de respeto a la ciudadanía».
Cesia Rivas, diputada suplente de Vamos.

La legisladora también recordó que el TSE cuenta con una clínica interna del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). «Entonces, qué barbaridad, qué barbaridad. No es posible que estos funcionarios continúen al igual que todos los demás de este gobierno con los privilegios», añadió.

Por otro lado, el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Francisco Lira, dijo a El Mundo que la adquisición de seguros privados para los funcionarios «es una forma descarada de estar usando los recursos del Estado», tomando que cuenta que estos servicios son para «beneficio propio y un interés de sus familiares». Enfatizó que los funcionarios «tienen la suficiente cantidad de dinero de sus sueldos para pagarse sus seguros privados».

Lira aseveró que, si el Estado le pide a la ciudadanía «socarse el cincho», «los primeros que se tienen que socar el cincho son ellos» como funcionarios. El TSE inició el proceso de contratación de seguros de vida y médico para los magistrados y familiares que asciende a $43,503.

«Es una forma descarada de estar usando los recursos del Estado, simplemente para un beneficio propio y un interés de sus familiares, ellos tienen la suficiente cantidad de dinero de sus sueldos para pagarse sus seguros privados». Francisco Lira, diputado de Arena.

El Mundo consultó a Lira sobre el voto de Cecilia Marroquín, magistrada del TSE propuesta por Arena, a lo que respondió que cada funcionario tendrá «la responsabilidad» de las decisiones que tome en el cargo que ejerce. «Nosotros no podemos influir en las decisiones porque al final de cuentas ellos están ahí con principios y valores», agregó.

El año pasado, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adquirieron seguros de vida de $100,000 para cada uno de los 15 jueces que integran el organismo colegiado. Esta semana la Corte lanzó la oferta de compra de seguros de vida y médicos para 9,100 empleados por $6.4 millones.