El Movimiento por la Defensa por los derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) pidió este jueves declarar inconstitucional la nueva Ley de Agentes Extranjeros, que inició su vigencia el pasado 7 de junio y que ha sido cuestionada por limitar el derecho de asociación y expresión.
Guillermo Antonio García Bernabé y Luis Baltazar Rivera García del Movimiento presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional contra la Ley de Agentes Extranjeros por considerar que atenta contra las organizaciones de sociedad civil.
Silvia Navarrete, miembro del Movimiento explicó que en el análisis de la ley identificaron que «al menos violenta de manera flagrante una decena de artículos de la Constitución de la República, especialmente los referidos a legalidad, igualdad, derechos de expresión, organización y participación.
«La Ley de Agentes Extranjeros busca criminalizar a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos como el caso de Ruth López, Enrique Anaya y otros defensores, quienes han denunciado públicamente violaciones de derechos humanos e indicios de actos de corrupción de los funcionarios». Silvia Navarrete, miembro del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora.
Morena Murillo, también miembro del Movimiento aseguró que en la demanda piden como medida cautelar que la Sala de lo Constitucional suspenda temporalmente la vigencia de la normativa «hasta que emita una resolución definitiva sobre nuestro demanda de inconstitucionalidad».
La semana pasada, la organización Cristosal anunció el cierre de operaciones en El Salvador, por considerar la situación del país como «insostenible de acoso estatal», por la captura de la jefa Anticorrupción y Justicia, Ruth López y por la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros.
La ley fue aprobada el 20 de mayo por la Asamblea Legislativa, fue publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo e inició su vigencia el 7 de junio. La normativa impone un impuesto del 30 % sobre los fondos que se reciban desde el extranjero.
Asimismo, otorgó un plazo de 90 días para que cualquier persona u organización que recibe fondos desde el extranjero pueda inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) y limita que los mismos participen en actividades «políticas».
El Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC) aseguró que la normativa permite el cierre «arbitrario de organizaciones de la sociedad civil» y a la prensa «como represalia por sus labores para combatir la corrupción y la impunidad».
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos humanos de las Naciones Unidas (OHCHR) dijo estar preocupada por el «lenguaje ambiguo y disposiciones que podrían restringir indebidamente los derechos a la liberar de asociación y expresión».
